diciembre 3, 2025

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Estado

Ruth González respalda a candidatos del Verde a diputaciones locales

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La candidata al Senado de la República acompañó a las y los candidatos de la coalición y del Partido Verde al Congreso del Estado en su presentación

Por: Redacción

Ruth González Silva, candidata al Senado de la República por el Partido Verde Ecologista de Mexico (PVEM), acompañó en su presentación a las y los candidatos de la colación “Juntos Sigamos Haciendo Historia” y del PVEM al Congreso del Estado.

“Hoy se presenta otra parte del bloque verde que próximamente arrancarán campañas, destaca la participación de las mujeres que durante estos años han sido pieza fundamental del movimiento transformador que desde hace más de dos años ha cambiado el rostro de San Luis Potosí”, dijo Ruth González Silva durante la rueda de prensa con las y los candidatos a diputados locales.

Ruth González pidió a las y los candidatos recorrer todas las colonias, barrios y comunidades de sus distritos, a fin de que el mensaje de apoyo total llegue a todos los rincones del territorio potosino.

“Las y los candidatos de la coalición “Juntos Seguiremos Haciendo Historia” y del Partido Verde, son mujeres y hombres con probada experiencia en la atención a las necesidades de la ciudadanía, que han dedicado su vida al servicio a la comunidad y comparten los ideales de trabajo arduo a favor de los grupos vulnerables de San Luis Potosí”, declaró Ruth González Silva.

Finalmente, la candidata del PVEM al Senado de la República hizo un llamado a las y los potosinos para que el próximo 2 de junio voten por las y los candidatos del Partido Verde para que desde las cámaras y el Congreso local se garanticen los recursos para los programas sociales, y que los proyectos de infraestructura del Gobierno del cambio continúen.

Las y los candidatos que recibieron reconocimiento son, por el PVEM: Distrito 2, Dulcelina Sánchez De Lira; Distrito 3, Cesar Arturo Lara Rocha; Distrito 5, Ana Rosa Pineda Guel; Distrito 6, Martha Patricia Aradillas Aradillas; Distrito 8, Maribel Torres Vilet; Distrito 9, Luis Fernando Gámez Macías; Distrito 14, Roxana Hernández Ramírez; y Distrito 15, Brisseire Sánchez López.

Por el Partido del Trabajo (PT): Distrito 1, Juan Ramón Sánchez Velázquez; Distrito 4, Jacquelinn Jáuregui Mendoza; Distrito 10, Diana Ruelas Gaitán; y Distrito 11, María Leticia Vázquez Hernández.

Y por Morena: Distrito 7, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno; Distrito 12, Roberto García Castillo; y Distrito 13, Nancy Jeanine García Martínez.

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Estado

100 mil pesos de 27 diputados: el gesto que no apaga ninguna emergencia

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La aportación ayuda pero no cubre una mínima parte de costos operativos de la corporación: Bomberos

Por: Cristian Betancourt

Un total de 27 diputados del Congreso del Estado realizaron una aportación económica de cien mil pesos para apoyar al H. Cuerpo de Bomberos como parte de un esfuerzo en conjunto para fortalecer la operación de la corporación durante el cierre de año.

Aunque el apoyo es un gesto positivo está lejos de representar una solución real para las necesidades de la corporación.

En ese contexto los cien mil pesos donados por cada uno de los 27 diputado

s (es decir tres mil 700 pesos cada uno) no alcanza para cubrir totalmente una reparación de unidad o la adquisición de equipo básico.

Aún así el Cuerpo de Bomberos agradeció el gesto reiterando la necesidad de fortalecer mecanismos institucionales de financiamiento para garantizar que la corporación siga operando con seguridad y eficiencia.

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Estado

Villa de Pozos Destaca Interés de Visitantes

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Más de siete mil turistas visitan mensualmente al municipio y se consolida como un destino gastronómico y religioso

Por: redacción

El Gobierno Municipal de Villa de Pozos, a través de la dirección de Turismo Municipal, reportó que más de siete mil turistas visitan el municipio cada mes, cifra que refleja el constante crecimiento del sector y el posicionamiento de la localidad como un atractivo referente turístico.

La directora de Turismo, Aurora Zamora Vázquez, detalló que la mayoría de los visitantes son extranjeros y señaló que este flujo turístico contribuye al fortalecimiento económico local y al impulso de los prestadores de servicios.

Informó que Villa de Pozos continúa consolidándose como un punto clave para el turismo religioso y gastronómico, dos de los pilares que distinguen a la localidad gracias a sus tradiciones históricas, festividades y su oferta culinaria.

La funcionaria resaltó el creciente interés de turistas y visitantes por seguir conociendo el municipio, lo que motiva al Gobierno Municipal a continuar trabajando en acciones que favorezcan el desarrollo turístico y preserven la identidad cultural de Villa de Pozos.

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Ciudad

Educación superior gratuita y de aplicación inmediata a nivel nacional

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Triunfo del colectivo Praxis Combativa obliga a universidades públicas a eliminar cuotas de inscripción por amparo

Por: Angel Bravo

El colectivo Praxis Combativa, a través de dos de sus integrantes anunció que se logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratifique la gratuidad e inmediatez de la educación superior, incluyendo los posgrados, en instituciones públicas del país.

Desde hace casi una década, Praxis Combativa ha promovido cientos de amparos para que las cuotas universitarias no sean un impedimento para que jóvenes continúen sus estudios. Desde 2016 a la fecha, se han promovido más de 300 amparos en este sentido.

La reciente sentencia de la SCJN otorga una victoria al colectivo y, si bien surge de un caso particular en San Luis Potosí, sus alcances son de impacto nacional:

La Corte resolvió que el derecho a la educación superior gratuita debe ser inmediato y no gradual, como sostenía la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). La SCJN subraya que una ley secundaria, como la Ley General de Educación, no puede estar por encima de lo que ya establece la Constitución, que es la gratuidad inmediata.

El fallo establece jurisprudencia. Esto significa que ahora cualquier estudiante de cualquier institución pública de educación superior (universidades autónomas, tecnológicos, normales, etc.) en el país puede tramitar un juicio de amparo para no pagar cuotas de inscripción o colegiaturas, replicando el caso ganado.

El amparo en revisión 305 del 2025 confirma el derecho de una estudiante de posgrado de metalurgia a no pagar las cuotas universitarias de manera permanente.

A pesar de esta victoria, el colectivo Praxis Combativa manifestó su preocupación por la omisión de las autoridades federales y estatales en garantizar el presupuesto necesario para la educación pública, lo que podría generar una crisis financiera en las instituciones.

Los integrantes del colectivo señalaron que si bien la sentencia judicial obliga a las universidades a no cobrar, el efecto del amparo

no ha obligado aún a las autoridades de los otros niveles de gobierno a destinar los recursos necesarios:

“El problema es que no han dado el poder judicial ese paso de decirle al Gobernador, al Congreso de la Unión, ‘Oigan, sí está muy bien todo, sí es responsable la Universidad Autónoma, pero ustedes también tienen que dar recurso’.”

En juicios anteriores, la justicia ha reconocido que autoridades como el Congreso de la Unión, el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado han sido omisos en garantizar el presupuesto para la educación.

El colectivo hizo un llamado a las instituciones de educación superior a implementar prácticas de austeridad republicana, recordando que el 80% de los recursos se destina a salarios, y señalando las grandes desigualdades que existen, como el bajo pago por hora clase a muchos docentes.

Sin embargo, insisten en que el problema de fondo es la falta de compromiso de las autoridades gubernamentales: “Congreso de la Unión, Gobierno Federal y Gobierno del Estado deben dar los recursos para la educación pública. ¿Por qué? Porque si no, entonces a quien afecta es al desarrollo del país.”

El colectivo anunció que escalará su estrategia jurídica, tramitando más juicios de amparo con el objetivo de buscar el cumplimiento del efecto respecto a las autoridades presupuestales, es decir, que el Poder Judicial finalmente obligue al Gobierno Federal, Estatal y al Congreso a garantizar y aportar los recursos que requiere la educación superior pública.

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