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Ricardo García Rojas, el “Huele Calzones” | Columna de Jorge Saldaña
TERCERA LLAMADA.
Tres sujetos, cobijados por la oscuridad de una noche de abril, ingresaron a un domicilio ubicado en la colonia Loma Alta de la capital potosina. Forzaron la puerta con habilidad y sigilo, se escurrieron por la propiedad ajena, hurgaron, buscaron y desordenaron.
No hubo robo de joyas ni dinero, ni siquiera cargaron con computadoras o dispositivos valiosos. Nada. El botín, por increíble que parezca, fue el enfermizo manoseo y grotesco olfateo de prendas íntimas ajenas por parte de uno de ellos, que satisfizo a placer su fetichismo.
La asquerosa escena del “huele calzones”, la protagonizó ni más ni menos que un ex profesor de educación física de la primaria del Instituto Manuel José Othón, el “líder” del campamento para niños y adolescentes privilegiados “Quinta Camp”, y dejó evidencia incontrovertible de su bajo acto ni más ni menos que al que apodan “ El pelón” y todavía director de Deporte Municipal, Ricardo García Rojas Flores.
Así es Culto Público, la “finísima persona”, el “intachable y cumplido” cuñado de Oscar Valle Portilla, director de Desarrollo Social del municipio; el primo político del tesorero, Rodrigo Portilla, y elemento nuclear de la vida política y social del alcalde capitalino en ocaso, Xavier Nava Palacios, es ni más ni menos el actor principal de una degradante historia de acoso sexual, violencia de género, tráfico de influencias y hasta invasión a la propiedad privada.
“El Pelón” o “El huele calzones” (como supongo le apodarán próximamente en La Pila) tiene una carpeta de investigación abierta que contiene pruebas documentales contundentes que lo ligan, sin lugar a dudas, al acoso sexual de dos extranjeras y empleadas bajo su mando como entrenadoras en la dirección de deporte municipal, así como a la invasión enferma en la que participó en el domicilio de las mismas.
La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Olga Regina García López, está enterada, conoce las pruebas de primera mano por parte de la Juez que integró la carpeta y apuró a la misma a notificar al presunto desde hace un par de semanas.
El “presunto” Ricardo N. García N. Rojas N. (para mayor referencia) no pudo ser notificado de inmediato, pues resulta que al salir a la luz pública la valiente denuncia de las ofendidas, por mera casualidad, el alcalde decidió cambiar de ubicación las oficinas de deporte municipal y las sacó sigilosamente de la Unidad Administrativa.
Total que en los últimos días no hubo cómo encontrarlo: no asistió a su lugar de trabajo y al fin cuando fue notificado, envió al abogado, Néstor Fiallo Samayoa, a defenderlo en la primera audiencia.
Todo el derecho tiene a defenderse el calzonolfativo funcionario, a defenderse y ser vencido en juicio, a lo que no tiene derecho es a que su abogado sea pagado con dinero público, y es que Fiallo Samayoa, está contratado por la administración navista desde enero del 2019, como asesor especializado con nivel de director cobrando, nada más, 50 mil pesos mensuales, es decir Culto Público, que usted y yo estamos pagando la representación legal de “El Pelón” acusado de violencia de género y acoso sexual. ¿Qué lindo no le parece?
Por si fuera poca la desvergüenza, el olfativo líder de Quinta Camp evadió acudir a declarar ante la autoridad, justificando su ausencia por sentirse un poquito malo y tener supuestos “síntomas de Covid”.
Caray, pues que Ricardo García Rojas nos pase a todos los potosinos el remedio a la pandemia porque de tener “síntomas de Covid”, se recuperó milagrosamente y el miércoles presidió la entrega del Premio al Deporte Municipal.
No se le veía con calentura, en ningún momento tosió, tampoco se veía débil o desganado, y se ignora si tenía o no diarrea (no hubo reportes al respecto).
El “Pacto Patriarcal” se cumplió a cabalidad, no solamente el presidente municipal, Xavier Nava, defendió a su congénere hablando maravillas y figuradamente metiendo las manos al fuego por quien, se dice, también es su socio.
El resto de los funcionarios de primer nivel del Ayuntamiento capitalino, hicieron lo propio y defendieron a ciegas al afecto a aspirar prendas íntimas ajenas y acosar a sus compañeras de trabajo como si pudieran “cuidar” los modales y formas de su congénere las 24 horas del día.
El asunto ha cobrado relevancia no solamente en la opinión pública a la que con valentía han salido las víctimas y re-víctimas de García Rojas y el gobierno municipal en turno, también ha encendido las alertas en los consulados y embajadas de los países respectivos de las entrenadoras deportivas, que desde hace meses denunciaron sin éxito a su violentador.
Hoy las condiciones son muy distintas, a partir de la intromisión perversa de abril y las pruebas que tiene a la mano el Poder Judicial, la ingenua versión del chantaje y la venganza que sostiene “El Pelón” y sus amigos, así como la altanera actitud de “yo todas las puedo”, está a punto de derrumbarse.
El video, del que no puedo abundar ni mucho menos publicar para no entorpecer las investigaciones e incluso sea desestimado como prueba contundente, hunde a García Rojas, quien muy pronto tendrá sobre su pelona, una orden de aprehensión.
Si la autoridad judicial o ministerial tuviera algún problema para encontrarlo, les recomiendo acudan a la calle de Plan de Ayutla 123-A de la colonia el Saucito, donde sin previo aviso se instalaron discretamente las oficinas de deporte municipal y se puede encontrar al aludido.
Qué chistoso, en menos de una semana dos integrantes del gobierno de Xavier Nava, del clan de los “niños sin hambre”, de los pulcros y honestos defensores de la dignidad, estarán en la cárcel. Uno por ratero, el otro por acoso sexual y robo de ropa interior.
¿Dirá una vez más Xavier Nava que todo es “falso de toda falsedad”? ¿Que se trata de un montaje, porque nadie lo quiere? Apueste a que sí, pero la terca verdad pondrá cada cosa en su lugar.
Por cierto, en estos últimos días, Xavier Nava asegura a propios y extraños (le pregunten o no le pregunten) que será nombrado cónsul de México en Londres al terminar su encargo como alcalde.
Una versión tan creíble como aquella de que doña Conchita Calvillo viuda de Nava, le iba a conseguir la candidatura al gobierno del Estado a través de una llamada telefónica al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Seguro Marcelo Ebrard y todo su equipo del Servicio Exterior Mexicano están súper entusiasmados porque Xavier Nava llegue y los brinque en la fila, desafíe toda norma y procedimiento y por arte de magia se coloque en el consulado inglés. De risa loca.
Es todo por lo pronto, Culto Público. Hasta la próxima.
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Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
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El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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