La senadora aseguró que los partidos políticos deben asumir la responsabilidad de revisar los perfiles de sus candidatos y no el INE

Por: Redacción

La senadora potosina Ruth González Silva consideró que los partidos políticos deben asumir la principal responsabilidad en la revisión de perfiles de sus candidatos, luego de la discusión nacional sobre la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para reforzar los filtros contra posibles vínculos del crimen organizado en procesos electorales.

La legisladora respaldó la postura expresada por la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, quien recientemente señaló que el organismo electoral no tiene facultades para investigar antecedentes criminales de aspirantes, ya que su función es organizar elecciones y no actuar como autoridad ministerial o judicial.

“Estoy de acuerdo con el INE”, declaró Ruth González al ser cuestionada sobre la propuesta federal y el debate en torno a los llamados “narcocandidatos”.

La senadora sostuvo que cualquier ciudadano debe tener derecho a competir políticamente, pero insistió en que corresponde a los propios partidos establecer mecanismos internos más estrictos para seleccionar a sus candidatos.

“Yo creo que más es una responsabilidad de cada partido, una responsabilidad que los filtros se hagan a través de los partidos y de manera interna”, afirmó.

Ruth González añadió que los institutos políticos deben apostar por perfiles no solo capaces, sino también con una conducta pública y privada intachable.

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En la institución potosina ya trabaja en herramientas para detectar trabajos hechos con inteligencia artificial

Por: Redacción

El Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí (Cobach) reconoció que la inteligencia artificial ya forma parte de la vida académica de estudiantes y maestros, por lo que actualmente trabaja en estrategias para evitar que esta herramienta sea utilizada de manera indebida dentro de las aulas.

Ricardo Daniel Centeno Trejo, director general del Cobach, explicó que a nivel nacional cerca del 70 por ciento de alumnos y docentes de educación media superior y superior ya utilizan herramientas de inteligencia artificial, tendencia que —aseguró— también se refleja en San Luis Potosí.

El funcionario señaló que el principal reto no es prohibir el uso de estas plataformas, sino evitar que los estudiantes dependan completamente de ellas para realizar tareas, investigaciones o actividades escolares.

“Estamos de acuerdo en implementar las herramientas, más no abusar de ellas”, afirmó.

Centeno Trejo detalló que el subsistema ya analiza mecanismos para detectar contenido generado por inteligencia artificial, mediante plataformas especializadas que permiten identificar textos o trabajos realizados automáticamente.

Indicó que el objetivo es que la IA sea utilizada como apoyo académico y no como un sustituto del aprendizaje.

“Lo que buscamos es que realmente lo utilicen como una herramienta de estudio y de trabajo, más no una herramienta que les haga el trabajo”, sostuvo.

El director del Cobach añadió que también se trabaja en la capacitación del personal docente para comprender el funcionamiento de estas nuevas tecnologías y aprender a incorporarlas de manera responsable en el ámbito educativo.

Explicó que durante los periodos vacacionales del alumnado se desarrollan jornadas de capacitación para maestros, donde además de temas de seguridad y educación continua, ya se incluyen cursos relacionados con inteligencia artificial.

Centeno Trejo reconoció que la IA representa uno de los desafíos educativos más importantes de los próximos años, debido al rápido crecimiento de estas herramientas y su impacto dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

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El periodismo se defiende con el método; la simulación destruye el derecho a saber

Por: La Orquesta 

En los últimos días, San Luis Potosí se ha visto inmerso en un debate tan enconado como confuso tras la detención de personas vinculadas a diversas páginas de Facebook e involucradas en procesos del orden penal.

Mientras que las narrativas oficiales encuadran los hechos estrictamente en la persecución de delitos tecnológicos y comunes, diversas organizaciones de derechos humanos y libertad de expresión a nivel nacional e internacional han alertado de inmediato sobre una presunta “cacería” en contra de voces críticas.

Ante este escenario, este medio de comunicación fija una postura clara, rigurosa y desprovista de corporativismos: la libertad de expresión es un derecho inalienable de los ciudadanos, pero el periodismo no puede ser utilizado como patente de corso ni como un escudo de impunidad para el anonimato calumnioso.

El periodismo no se define por el soporte tecnológico ni por el volumen de interacciones en una red social; el periodismo se define por su método.

Nuestra profesión descansa en la verificación factual, el contraste de fuentes, el apego a los géneros periodísticos —la nota, la crónica, el reportaje— y, sobre todo, en la responsabilidad ética y legal de firmar con nombre y apellido lo que se publica, garantizando siempre el derecho constitucional de réplica.

Confundir la gestión de comunidades digitales de ataque o la difusión anónima de contenidos sin sustento con el ejercicio de la prensa libre es un grave error de diagnóstico.

Cuando organizaciones defensoras de comunicadores omiten auditar la naturaleza y la responsabilidad editorial de los cascarones que defienden, terminan desprotegiendo al periodista real.

Lejos de salvaguardar el derecho a la información, se fomenta un ecosistema donde la denostación secreta queda blindada, dejando a la sociedad en la indefensión y diluyendo el valor de quienes arriesgan la vida ejerciendo el oficio de manera honesta y transparente.

Debemos entender que la desinformación no es solo mentira; es una arquitectura emocional, algorítmica y económica diseñada para capturar atención, polarizar sociedades y erosionar la confianza pública.

En nuestra región, este fenómeno es doblemente peligroso. La vulnerabilidad de San Luis Potosí y de toda Latinoamérica frente a la desinformación aumenta exponencialmente debido a la desigualdad educativa, la hiperpolitización, la concentración mediática, la dependencia tecnológica extranjera y el consumo masivo de información vía plataformas cerradas como WhatsApp, donde el origen de los datos se difumina y la rendición de cuentas desaparece.

Por ello, exigimos a las autoridades locales actuar con estricto apego a la legalidad, con total transparencia procesal y sin utilizar los tipos penales de forma selectiva u oportuna para silenciar disidencias legítimas.

Las causas penales ordinarias deben resolverse en los tribunales bajo el debido proceso, no en la arena del martirizadero mediático.

Al mismo tiempo, llamamos al gremio y a los colectivos de derechos humanos a una profunda autocrítica: defender la libertad de prensa exige, primero, saber distinguir el periodismo de la propaganda y de la difamación oculta. Validar la simulación solo acelera la degradación del debate público. El periodismo en San Luis Potosí se defiende con la verdad, con la metodología y de frente a la ciudadanía; nunca desde las sombras.

Hacerle creer a organismos nacionales e internacionales de protección al periodismo que Eréndira Reyes Aguillón, su hija Alejandra Hermosillo y el hasta ahora desconocido personaje de Christian Herrera —detenido por participar en el asalto a una farmacia— son “víctimas” de una persecución del Estado en su contra, es una medida oportunista sostenida en una narrativa tramposa, equivocada y peligrosa.

Equiparar a un medio de comunicación serio —con estructura, reporteros, directorio, ubicación física y registros legales ante la SHCP, el Indautor y el IMPI— con simples páginas o comunidades anónimas de Facebook, es un error gravísimo de criterio. Al proteger sin mayor contexto a personas que no ejercen la profesión ni sus métodos, las organizaciones internacionales desvirtúan su propio propósito, fomentando colateralmente la calumnia, la irresponsabilidad editorial y el impulso a las noticias falsas con autores ocultos.

Eso no es periodismo y, por lo tanto, no se le puede cobijar en los mismos términos.

El código penal potosino, desde el 2009, no resuelve los delitos contra el honor a través de la vía penal, sino por la vía civil. Por lo tanto, si la Fiscalía y el Poder Judicial de San Luis Potosí consideraron tener elementos para la integración de una carpeta de investigación que derivó en la ejecución de una orden de aprehensión de tipo penal con medidas precautorias, es claro que no se les acusa ni persigue como consecuencia de ningún acto relacionado con el ejercicio de la libertad de expresión.

De no ser así, y si los personajes mencionados fueron apresados arbitrariamente, sin procedimiento, sin una denuncia o bajo imputaciones de cárcel por delitos que no lo ameritan, entonces exigimos al Estado su inmediata liberación.

Pero si están respondiendo ante la ley por asaltar una farmacia, por fraudes o por cualquier otra conducta delictiva, demandamos que se les aplique la norma: que vayan a juicio, que ejerzan su derecho a la defensa y, de encontrarse culpables, se les castigue. Igual que a cualquier otro ciudadano, de forma rápida y expedita.

Ser reportero, periodista, o llamarse así a conveniencia, no es un manto protector ni un salvoconducto para estar por encima de la ley.

Por último, sobre la lista de diez o más reporteros contra los que se presume existen órdenes de aprehensión, hacemos un llamado enérgico a las autoridades competentes: al órgano de control interno de la Fiscalía General del Estado, a sus mandos medios, a la titular de la institución y a la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, para que expliquen públicamente cómo es que documentos de carácter reservado terminaron circulando en las redes.

No solo en este, sino en todos los casos, es un despropósito estructural que las investigaciones y órdenes de captura estén a disposición de los acusados o fluyan en listas informales escritas por cualquiera.

El Poder Judicial y la Fiscalía deben responder y aclarar esta filtración si es que responde a la verdad.

De otra forma y si se comprueba que no existen tales órdenes de aprehensión en contra de periodistas locales —argumento con el que se sostiene la narrativa de la “cacería”—, entonces la sociedad y autoridad debe exigir cuentas a los promotores de este engaño.

Manipular la opinión pública, saturar a la autoridad con solicitudes de amparo sin sustento real y utilizar tramposamente a los organismos protectores para generar un blindaje injustificado, es un acto de profunda irresponsabilidad.

Tengamos las cosas claras: El periodismo se firma; el delito se juzga.

Jorge Francisco Saldaña Hernández
Director General de LaOrquesta MX