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Responsabilizan a ciudadanos por tiraderos clandestinos de autopartes en SLP
La titular de la Segam dijo que no es “descontrol de la autoridad”, sino “inconsciencia de la ciudadanía que va y tira la basura de manera inadecuada”
Por: Redacción
La titular de la Secretaría de Ecología estatal (Segam), Yvett Salazar Torres, aseguró que esa dependencia hace “todo lo posible para tener en control a todas las empresas automotrices generadoras de residuos. Pero estamos viendo que hay un descontrol en los transportistas que van y les venden ilegalmente a estos lugares, entonces tendremos que analizar la posibilidad de ir retirando estos permisos de transporte y turnarlos como delitos ambientales”.
Aseguró que esa situación no se debe a “descontrol de la autoridad”, sino “inconsciencia de la ciudadanía que va y tira la basura de manera inadecuada o que quiere hacer un mal negocio con esta situación”.
En una rueda de prensa realizada ayer, Yvett Salazar Torres fue cuestionada sobre el incendio de desechos industriales que se registró en un tiradero clandestino el pasado 3 de abril en la localidad de Peñasco.
Ante esto, Salazar Torres respondió que se hicieron dos oficios, uno dirigido a Catastro Municipal “porque cuando llegamos al sitio no había nadie”, e indicó que es un lugar que está ocupado como un “confinamiento sin permisos”.
“Cuando llegamos, casi la totalidad de las autopartes estaban consumidas. No hubo manera de identificar cuál fue la fábrica que lo generó o cuál fue la industria que lo generó”.
La secretaria de Ecología agregó que también se pidieron recomendaciones a la Dirección de Ecología Municipal, pues indicó que dentro del reglamento urbano “faculta al municipio a que multe a todos aquellos propietarios que tengan propiedades que estén sin uso y los obliga a que los cerquen”.
Salazar Torres dijo: “requerimos que todos los responsables y dueños de terrenos baldíos los cerquen para evitar que se dé una inadecuada disposición de los residuos sólidos urbanos o los de manejo especial”.
JALÓN DE OREJAS DE INECC
Ayer por la mañana, la organización Cambio de Ruta informó que la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) no mide eficazmente la calidad del aire en la zona metropolitana de San Luis Potosí, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), que dio a conocer el pasado 1 de abril el Informe Nacional de Calidad del Aire.
En dicho informe, se revela que San Luis Potosí “no genera información que permita evaluar la situación que viven los potosinos respecto al aire”.
La organización señaló que “a pesar de que la Segam asegura que mide de manera eficiente la calidad del aire, es una realidad comprobada que, al día de hoy, la población potosina no sabe si el aire que respira representa un riesgo para su salud”.
Además, los integrantes de Cambio de Ruta aseguraron que “sí se observa que las enfermedades que provoca la contaminación del aire están afectando a gran parte de la población”.
Por último, la organización aseguró que continuarán su “activismo jurídico y social respetuoso, para que el cuidado del medio ambiente en San Luis Potosí, y por consecuencia nuestra salud, sea una prioridad, en beneficio de todo”.
Como respuesta, Yvett Salazar Torres informó, según se dio a conocer en un boletín de prensa, que de los estudios realizados por el INECC sobre las ladrilleras de la zona metropolitana de San Luis Potosí, se desprende que de los contaminantes analizados (SO2, NO2,CO, O3,PM10), únicamente las PM10 fue el contaminante que ha rebasado los límites máximos permisibles en algunas horas y estaciones del año, sin que esta situación nos coloque por encima de otras ciudades, como la Ciudad de México.
Incluso recalcó que el contaminante se encuentra por debajo de las normas nacionales, de la Unión Europea y de la Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades, además informó que dicho estudio determinó que no existen riesgos a la salud por plomo ni benceno.
La titular de la Segam dijo que el Colegio de San Luis realizó un estudio socio ambiental sobre la actividad ladrillera, donde se determinó la existencia de 125 hornos operando en la Zona Metropolitana de San Luis Potosí, así mismo, detalló que el informe constató que los ladrilleros han operado en la zona norte desde hace más de 35 años, siendo esta actividad la principal fuente generadora de ingresos de dicho sector.
Salazar Torres comunicó que la contaminación proveniente de hornos ladrilleros es una problemática nacional, pues se registran más de 17 mil ladrilleros en el país. Por eso, según el boletín de gobierno del estado, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático presentó un análisis costo-beneficio de las tecnologías y métodos cero emisiones para la fabricación de ladrillos.
En dicho estudio se observa que el costo de inversión para el cambio de tecnología varía entre los 400 mil pesos hasta el 1.7 millones de pesos por productor, para ello se analizan las mejores alternativas para atender este tema.
En el boletín, Salazar Torres refirió que el descontrol en el crecimiento urbano ha generado inconformidad social y ha puesto en riesgo la salud de los vecinos, por lo que pidió a las autoridades municipales suspender los permisos de construcciones habitacionales cercanas a las ladrilleras con la finalidad de evitar posibles daños a la salud.
CAMBIO DE RUTA RESPONDIÓ
Otro boletín de prensa de la Segam presumía que la Sierra de Álvarez cumplirá 38 años de protección federal. Cambio de Ruta contestó a ese boletín.
“La titular de la Secretaría de Ecología de gobierno del estado, Yvett Salazar Torres, comentó que el Área Natural Protegida Federal denominada Sierra de Álvarez, se encuentra decretada desde el año 2000, misma que este mes cumple 38 años de conservación”, dice el boletín del gobierno del estado.
Cambio de Ruta respondió que esta información era falsa, ya que la Sierra de Álvarez fue declarada como Área de Protección de Flora y Fauna el 7 de abril de 1981. Si hubiera sido en el 2000, no hubiera cumplido 38 años.
“Asimismo, informó a los interesados en la protección de la Sierra de Álvarez que a la fecha no existen recursos legales, medios de impugnación o sentencias que pongan en riesgo la categoría del Área natural”, dice el boletín de Segam.
A esto, Cambio de Ruta dijo que es cierto, situación que “ha informado oportunamente ante diversos medios de comunicación, la Sierra de Álvarez no perdió su categoría de ANP”.
El grave problema que tiene, es el desinterés de las autoridades federales, estatales y municipales en su protección mediante un programa de manejo.
El programa de manejo es el instrumento rector de planeación y regulación que establece las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración del Área Natural Protegida, dijo Cambio de Ruta.
El boletín del gobierno estatal además menciona que “en lo que refiere al Programa de Manejo de la Sierra de Álvarez, la Secretaria dio a conocer que el borrador de dicho programa fue sometido a consulta pública con la finalidad de promover la participación de habitantes, poseedores, propietarios, dependencias, organizaciones y personas interesadas para dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente”.
“Mencionó que para reforzar tal participación la Conanp incluyó una estrategia de difusión, que se apoyó en publicaciones en los periódicos de mayor circulación, una rueda de prensa con cobertura estatal, la exhibición de lonas informativas que rotaron en diversos puntos estratégicos en la cobertura geográfica delimitada, entrega de trípticos, carteles colocados en lugares selectos de las localidades y ejidos involucrados, invitaciones masivas y el uso de redes sociales, además de invitaciones personalizadas y el libre acceso a descargar el borrador del programa de manejo en el sitio oficial de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas”.
Cambio de Ruta informó que la Sierra de Álvarez no cuenta desde hace 38 años un programa de manejo. “Es cierto que existió un borrador de programa de manejo, en agosto del 2018, y desde esa fecha, se desconoce qué pasó con el resultado de la mañosa consulta que se realizó; es decir han pasado más de 250 días sin que se sepa qué ocurrió con ese supuesto proceso, y en Cambio de Ruta estamos interesados en que no transcurran otros 38 años sin materializar el programa de manejo”.
El boletín de Segam “comentó que aún faltan procesos internos de la Conanp pendientes por cumplir para lograr la publicación del Programa de Manejo en el Diario Oficial de la Federación, pero que, sin embargo, el Estado estará dando seguimiento a que se
cumplan los plazos establecidos por la autoridad Federal”. Cambio de Ruta contestó que “Nuestra súplica tiene como intención que no transcurran 38 años más, dado que los plazos no los fija la autoridad federal, sino la normatividad ambiental aplicable”.
Según el comunicado de prensa de Segam, la titular de esa dependencia, Yvett Salazar, “solicitó a las asociaciones civiles a informarse de tal situación con el ánimo de brindar tranquilidad a sus seguidores y de comunicar adecuadamente el proceso y alcances de los Programas de Manejo”.
Ante esto, la asociación Cambio de Ruta respondió que “parece que la Segam requiere allegarse mayor información, razón por la cual el próximo viernes 12 de abril del 2019 solicitaremos por escrito, más de 12 mil potosinos, que el gobernador del estado intervenga directamente en esta situación”.
“Estamos convencidos que las declaraciones son respuesta al movimiento social generado por la defensa de la Sierra de Álvarez, ya que anterior a nuestra petición no existió interés alguno por dicha zona. Pero la respuesta nos llena de satisfacción porque es muestra de que en San Luis Potosí se ha iniciado una preocupación y un debate por atender los conflictos ambientales. En el caso de la titular de esa dependencia no hubo pronunciamiento hasta ahora que anunciamos la recolección de miles de firmas”.
“Mientras el matiz de Segam ha sido informar que no pasa nada, los ciudadanos hemos puesto la alerta de problemas reales que nos aquejan a los potosinos y que sí estamos preocupados en recuperar el capital verde potosino”.
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#4 Tiempos
MO-VI-LI-ZA-CIÓN | Apuntes de Jorge Saldaña
APUNTES
Veremos de qué tan desabridas vienen las campañas para personas juzgadoras. Las federales ya comenzaron, solo una potosina, Alma Delia González, compite entre cientos de perfiles para alcanzar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La magistrada, que no se esperaba hace unos meses estar involucrada en un proceso electivo, comenzó su campaña en TikTok y se ha dado a conocer con productos audiovisuales en sus redes sociales.
No hay mucho más que hacer, las reglas del juego así lo contemplan. Los aspirantes a cargos de magistrados y jueces, 74 en total en el estado, comenzarán hasta abril, sin embargo, desde ahora se avizora un escenario pardo, sin emoción ni expectativas aunque sea medianas.
Los cálculos más entusiastas indican que solo entre el 9 y el 14 por ciento de los ciudadanos tienen la intención de participar con su voto en la histórica, primera y extraordinaria elección de ministros, magistrados y jueces que se llevará a cabo el próximo primero de junio.
El bajo interés en el proceso es explicable: No hay un intercambio simbólico entre candidatos y votantes, no hay una promesa de valor que motive al ciudadano a votar en la renovación del Poder Judicial, un poder además que históricamente ha sido distante del ciudadano.
El gran riesgo que ese desinterés generalizado plantea es que grupos, con buenas o malas intenciones, se metan en la movilización pagada el día de la elección.
Con un calculo simple, hay que tomar en cuenta que con mucho menos de 2 mil votos– y eso si es que se llega a una participación de 100 mil potosinos- se pueden ganar los cargos.
De las campañas de los interesados se espera muy poco, todos intentarán colocar su número y color de boleta en la cabeza de la gente, sin embargo no están contemplando que muy difícilmente podremos recordar 74 combinaciones. Ni las del Melate son tan difíciles.
¿Los candidatos qué nos pueden ofrecer? Solo su trayectoria e imparcialidad, de ahí en fuera sus mensajes tenderán a lo emocional y a la confianza que puedan generar de manera orgánica en sus redes. En resumen todos nos dirán las mismas tres cosas: que son buenas personas, que son capaces y que son incorruptibles.
Lamentablemente este mismo punto se podrá poner en duda desde el momento en que algunos se presten al juego de la movilización el día electoral, pues estarían vendiendo su llegada al cargo a cambio de favores.
Ojalá que no se preste ninguno, sean los menos y los que lo hagan pierdan. (Permítame algo de idealismo aunque sea).
Al respecto de la elección, a través de la Secretaría General de Gobierno se hizo un llamado a los organismos electorales, y secretarías de estado involucradas en la seguridad, derechos humanos y Fiscalía para que se unan en la revisión de protocolos en búsqueda de mantener la paz y la gobernabilidad durante las campañas federales, que ya iniciaron, como las estatales que comenzarán los últimos días de abril.
Se busca un proceso “justo y ordenado” y que bueno que haya esas intenciones, no obstante eso de “justo” irónicamente está en veremos porque lo mismo que partidos políticos, gobiernos, instituciones, sindicatos, grupos magisteriales, gremios y hasta el crimen organizado -hay que decirlo- podrían de manera “ordenada” (literalmente por una orden) enviar o comprar con relativa facilidad a cientos de personas con la intención de hacer ganar a candidatos que estarán comprometidos con sus impulsores para hacerles favores durante años (por lo menos 5 y por lo más 9) a los patrocinadores de la movilización.
¿Cómo evitar el asunto de la movilización interesada y peligrosa? La pregunta es para las autoridades y no solo las electorales, que además gastarán una millonada de recursos en la organización de la elección y muy poco en explicar, conmover y convencer al ciudadano común para que vaya a votar libremente.
Por cierto que no juegan a favor los simulacros que se han hecho respecto a los tiempos que se tomará cada ciudadano para emitir su voto, que se calculan desde la entrada de la casilla, identificación, entrega de boletas, votación, inserción de cada boleta en las urnas y retiro, entre 15 y 20 minutos por persona.
Imagine Usted, Culto Público, que cuando llegue usted a la casilla el primero de junio, estén 10 personas formadas antes que usted, el tiempo que le tomará para que sea su turno será de más de 2 horas.
¿Habrá alguien dispuesto a perder tanto tiempo de su domingo por pura buena voluntad y civismo? Esa buena voluntad será directamente proporcional a la cantidad de votantes.
BEMOLES
MORALES
En el parque de Morales hay mas grilla que pasto y las indirectas entre el gobernador y el alcalde están a la orden del día.
En el primer acto, el gobierno del estado anunció la rehabilitación de este sitio desde mayo del año pasado (en plenas elecciones) y entró a intervenirlo sin contar con los permisos que el proyecto requería, por lo tanto, hubo quien encontró en esta omisión motivo para ampararse y detener la obra.
En el segundo acto, el gobierno municipal detuvo el mantenimiento del parque, quizás pensaron algo como que “al fin y al cabo lo estaría llevando el palacio de enfrente”.
En el tercer acto pasó más de un año y ni el gobierno estatal pudo hacer realidad la rehabilitación ni el municipal dio mantenimiento sostenido al sitio.
Ayer Ricardo Gallardo afirmó que Morales cada vez está “más jodido” y es cierto, por su parte el municipio ya por lo menos lo está regando y anunció la inversión en una planta tratadora.
¿Cómo se llamó la obra? Se llamó “Todavía no hay obra”.
Si continúan los celos y pleitos entre palacios, se caerán todos los arboles Moralescos y lo único verde que veremos serán los moños en los puestos de los elotes.
Hasta la próxima
Jorge Saldaña
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Ciudad
Calles del Centro Histórico de SLP serán “Zona 30”
El alcalde Enrique Galindo dijo que esta designación permitirá la circulación de vehículos a velocidades no mayores a 30 kilómetros por hora
Por: Bernardo Vera
Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, indicó que existe un proyecto de movilidad para la zona Centro de la capital, en la que las calles principales se adhieran a un esquema de Zona 30, que permita la movilidad de vehículos hasta una velocidad de 30 kilómetros por hora.
El alcalde capitalino detalló que este esquema existe en ciudades como Madrid, España y la Ciudad de México, por lo que se estudiará su viabilidad en la capital potosina.
Además de las calles del cuadro principal d el Centro Histórico, el alcalde Galindo Ceballos indicó que se estudiará esta viabilidad en la calle de Mariano Arista, desde el parque de Morales hasta el Centro Histórico.
Este proyecto permitiría la movilidad de transportes como bicicletas, scooters eléctricos y otros vehículos alternativos, en armonía con el parque vehicular ya existente.
Finalmente, Galindo Ceballos dijo que para dicho proyecto se espera su integración en el Reglamento de Tránsito para la capital potosina, lo que permitiría la ejecución de una posible obra bajo una normativa fundamentada.
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Destacadas
Descartan intromisión de grupos de poder en elección judicial
El magistrado presidente del PJESLP dijo que los organismos deben vigilar que la elección de jueces se realice con ética y responsabilidad
Por: Redacción
Arturo Morales Silva, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, aseguró que no existen riesgos de injerencia del crimen organizado, partidos políticos o grupos de poder en la elección extraordinaria de jueces y magistrados que se llevará a cabo en este 2025.
El magistrado enfatizó que, desde su perspectiva, no hay indicios de que actores externos busquen influir en el proceso. No obstante, destacó la importancia de que los organismos competentes se mantengan en alerta para garantizar la legalidad y transparencia de la elección.
“Desde mi punto de vista, considero que no existe ese riesgo como tal. Desde luego que los organismos competentes deben estar vigilantes, y también las personas que participan deben hacerlo con ética y responsabilidad por lo justo”, expresó Morales Silva.
La elección extraordinaria de jueces y magistrados es un proceso clave para el sistema judicial del estado, por lo que se espera que se realice bajo estrictos estándares de transparencia e imparcialidad.
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