julio 13, 2026

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Ciudad

Respaldaron a regidora perredista que sufrió violencia de género en SLP

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violencia de género

La regidora Ana Rosa Pineda Guel denunció violencia de género por parte del alcalde Xavier Nava durante una sesión de Cabildo

Por: Redacción

La regidora capitalina Ana Rosa Pineda Guel fue respaldada por diversos funcionarios públicos luego de haber denunciado violencia política y de género por parte integrantes del Cabildo.

Cabe recordar que en la sesión de Cabildo del Ayuntamiento de San Luis Potosí que se realizó este pasado martes 29 de enero, a la regidora constantemente se le interrumpió y se le arrebató la palabra ante los señalamientos que realizaba de irregularidades cometidas por el alcalde Xavier Nava, mismas que intentaron callar el secretario general y otros funcionarios municipales.

Al respecto, la diputada local Beatriz Benavente, señaló que a ella jamás le impidieron expresarse en las sesiones de Cabildo, por lo que lamentó que se hayan presentado esta clase de circunstancias que atentan contra la democracia, además de vulnerar los derechos políticos de las mujeres.

“La democracia se construye en base a la pluralidad de voces, ese es el gran reto, y limitar el uso de un micrófono cuando es en términos decentes legales creo que agravia a todos, no es posible construir acuerdos limitando la libertad de expresión”, señaló la congresista.

Por otra parte, Yolanda Josefina Cepeda, secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI, aplaudió la valentía de la regidora por denunciar este hecho y exhortó a las mujeres que ostentan algún cargo público a no desanimarse en caso de vivir una situación similar.

“Que lastima y que triste que haya en estos puestos personas que nos quieran hacer sentir mal, pero si alguien alza la voz y en su caso es un hombre el que no nos deja participar, pues hay que alzar la voz más fuerte, con respeto, con sensibilidad, con valentía y haciendo nuestro trabajo”.

Finalmente, Marco Antonio Baños, consejero electoral del INE, dijo que todos los casos de violencia política son tajantemente rechazados por la autoridad electoral, por lo que no avalan este tipo de prácticas y buscarán, en medida de sus facultades, atender la situación que se presentó en el Cabildo potosino para sancionar en caso de ser necesario.

“Todos esos casos que se acrediten, se documenten y demuestren, serán rechazados y combatidos por el INE; si en el caso de San Luis hubiese una situación de esa naturaleza y el INE tuviese una competencia de atención así lo haremos, con acciones concretas para erradicar esta clase de acciones”.

Con información de: CN13

El Mijis no irá a Harvard; EU le negó la visa

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Galindo: Estado construye sin permisos; municipio mantiene 600 millones parados

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Enrique Galindo afirmó que no ha recibido ningún comunicado oficial sobre el arranque de los proyectos anunciados en conjunto con el Gobierno del Estado

Por: Haniel Valdés

Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, aseguró que el Gobierno del Estado inició por su cuenta las obras que ambas administraciones habían anunciado de manera conjunta, sin notificar oficialmente al Ayuntamiento ni solicitar los permisos municipales correspondientes.

“No tengo ningún comunicado oficial, ninguno, incluso ni del arranque de la obra”, declaró este lunes al ser cuestionado sobre el paquete de proyectos presentado por ambos gobiernos. El alcalde dijo suponer que los trabajos ya no se realizarán de manera coordinada, aunque aclaró que se trata de una suposición y no de un dato confirmado.

Galindo reconoció el arranque de obras estatales —entre ellas la salida a Guadalajara— y celebró que se ejecuten proyectos para la ciudad porque, dijo, los potosinos se los merecen. Sin embargo, afirmó que esas obras avanzan “sin autorización, sin licitación, sin ningún trámite” y sostuvo que, hasta ahora, no ha encontrado publicada la licitación correspondiente. Añadió que las obras estatales requieren permisos municipales que, según el alcalde, no han sido solicitados.

Cuestionado sobre el destino del presupuesto que la capital tenía previsto para esos proyectos, respondió que el Ayuntamiento cuenta con proyectos ejecutivos listos y que el recurso podría reorientarse a otras obras

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El alcalde aseguró que el municipio mantiene sin ejercer más de 600 millones de pesos destinados a obra pública, recursos que permanecen detenidos porque la Contraloría General del Estado no ha autorizado más de 30 licitaciones municipales.

Ese monto, explicó, permanece sin ejercerse debido a que la Contraloría estatal mantiene pendientes de autorización más de 30 procesos de licitación, entre ellos el correspondiente a la obra de El Saucito, cuyo trámite inició el pasado 21 de marzo. Sostuvo que el retraso ya no obedece a cuestiones técnicas ni presupuestales, sino a la falta de voluntad, pues hasta el momento no se les han informado las razones por las que las autorizaciones siguen detenidas.

Al abundar sobre el tema, el alcalde aseguró que prácticamente ninguna obra estatal cuenta con permisos municipales, incluida la Arena Potosí. Consideró que ese trato desigual termina afectando a los potosinos, pues varias obras proyectadas para la zona norte de la ciudad podrían retrasarse o permanecer detenidas mientras, dijo, los proyectos estatales avanzan sin contar con las autorizaciones municipales correspondientes.

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Villa de Pozos inaugura el Campamento de Verano 2026

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Patricia Aradillas destacó que el objetivo del campamento es brindar a la niñez la oportunidad de vivir unas vacaciones diferentes

Por: Redacción

Con el objetivo de ofrecer a la niñez espacios seguros de aprendizaje, recreación y desarrollo integral durante el periodo vacacional, el Gobierno Municipal de Villa de Pozos inauguró el Campamento de Verano 2026

en la Biblioteca Municipal, donde durante más de dos semanas participarán más de 100 niñas y niños en actividades educativas, culturales, deportivas y formativas impulsadas por la Dirección de Educación.

Durante el acto inaugural, la presidenta concejal, Patricia Aradillas destacó que el objetivo del campamento es brindar a la niñez la oportunidad de vivir unas vacaciones diferentes, donde el aprendizaje, el deporte, la cultura y la recreación contribuyan a su desarrollo integral.

Subrayó que este tipo de actividades no solo ocupan el tiempo libre, sino que también permiten descubrir talentos, fortalecer la autoestima y fomentar valores como el respeto, la solidaridad y el trabajo en equipo, los cuales contribuyen a la construcción de un mejor futuro para el municipio.

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Gobierno de Soledad y federación capacitan a personal para combate a delitos de extorsión

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Durante las jornadas de capacitación se dio a conocer el alcance de la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Extorsión

Por: Redacción

Juan Manuel Navarro Muñiz, alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, informó sobre la colaboración que el Ayuntamiento ha iniciado con el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para fortalecer las estrategias operativas de atención, combate y prevención del delito de extorsión, luego de la vigencia de la nueva legislación en torno a esta práctica ilícita; recientemente, especialistas de la Unidad Antisecuestro y Extorsión impartieron dos capacitaciones a agentes de la Guardia Civil Municipal y a representantes del sector comercial, seguridad privada y autotransporte, para robustecer la difusión de las líneas de auxilio y denuncia de este delito.

El edil puntualizó que derivado de los acuerdos impulsados en la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, en la que él participa, el Gobierno de México reconoció a Soledad de Graciano Sánchez

como el único municipio de San Luis Potosí que desarrolla una estrategia integral de colaboración para prevenir este delito, con acciones que involucran a corporaciones de seguridad, iniciativa privada, instituciones educativas y diversos sectores sociales.

Durante las jornadas de capacitación se dio a conocer el alcance de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que unifica el tipo penal en todo el país, establece que este delito se persigue de oficio y contempla penas de 15 a 25 años de prisión, que pueden incrementarse hasta 42 años cuando participan servidores públicos; además, incorpora alrededor de 34 agravantes, que refuerzan los mecanismos de actuación de las instituciones.

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