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Rector de la UASLP se deslinda de acusaciones de extorsión
“Jamás he pedido dinero a nadie”, dijo Alejandro Zermeño ante el proceso legal en su contra
Por: Redacción
Ante la denuncia penal interpuesta por la empresa Distribuidora VEM S.A. de C.V. en la que se acusa al rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, de estar implicado en una supuesta red de extorsión relacionada con el contrato de arrendamiento del predio donde se planeaba construir el “Centro Deportivo Santa Fe”, el rector rechazó cualquier implicación en actos indebidos.
En entrevista, Zermeño Guerra informó que el proceso legal por la rescisión del contrato con la empresa ya está en marcha, pero será encabezado directamente por la abogada general de la universidad, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, y que no emitirán declaraciones públicas al respecto mientras el caso se encuentra en manos de las autoridades.
“Lo va a manejar ella. No vamos a hacer comentarios en prensa porque queremos que sea presentado ante las autoridades y estamos a la espera de los resultados”, declaró el rector.
Zermeño también aprovechó para rechazar las acusaciones que lo señalan como beneficiario de un intento de extorsión a través de un empresario de medios: “Yo cuando llegué a la rectoría hace cinco años, conocí a muchos directores de medios. Había dos que conocía desde antes por cuestiones familiares y de escuela, pero la gran mayoría los conocí al llegar aquí. Y a ninguno le he pedido en ningún momento que haga una negociación a mi petición. Nunca hemos pedido a nadie que solicite dinero para mí, absolutamente a ninguno 
Sobre los señalamientos del apoderado legal de VEM, Fabián Espinosa Díaz de León, que involucran tanto a miembros de la comunidad universitaria como a periodistas y empresarios de medios, Zermeño dijo que se trata de una acusación de mala fe, cuyos elementos deberá esclarecer la autoridad judicial.
“Nosotros como institución estamos haciendo los trámites que consideramos correctos. Habrá una autoridad superior que decida qué es lo procedente en este contrato, y cumpliremos lo que la autoridad nos diga”, concluyó.
La denuncia interpuesta por VEM acusa a cuatro personas de extorsión, cohecho, ejercicio abusivo de funciones, asociación delictuosa y otros delitos, y sostiene que se intentó presionar al empresario para aumentar el monto de la renta o entregar beneficios económicos, presuntamente con conocimiento y aprobación del rector. La universidad sostiene, por su parte, que el contrato fue rescindido conforme a derecho y espera que el proceso judicial deslinde responsabilidades.
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La detención se da tras múltiples exigencias ciudadanas por justicia; el joven fue asesinado a las afueras de un antro en la zona de Tequis
Por: Redacción
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó sobre la captura de Brayan Guadalupe “N”, señalado como uno de los presuntos responsables del homicidio de Sua Jocsan Marín, un joven de 24 años asesinado la madrugada del 1 de mayo de 2023 a las afueras de un bar en avenida Carranza, en el barrio de Tequisquiapan.
De acuerdo con las investigaciones, Sua fue atacado por al menos dos personas con un arma blanca cuando salía de un centro nocturno, presuntamente al resistirse a un asalto. Gravemente herido, fue trasladado a un hospital, donde perdió la vida horas más tarde. El caso generó una fuerte movilización social, particularmente entre la comunidad juvenil, que exigió justicia y denunció la inacción de las autoridades.
Tras una larga espera, la Policía de Investigación (PDI) logró identificar y ubicar a uno de los presuntos agresores. La detención de Brayan Guadalupe “N” se realizó mediante una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado. El detenido fue trasladado al centro penitenciario de San Luis Potosí, donde permanecerá recluido mientras se define su situación jurídica. La audiencia inicial ya ha sido programada.
El caso Sua se convirtió en un símbolo del hartazgo juvenil ante la violencia en San Luis Potosí. A pocos días del asesinato, más de 700 personas firmaron un pliego petitorio dirigido a los gobiernos estatal y municipal, acusando: Ineficiencia en la investigación y omisión de las autoridades, revictimización de la familia y minimización del crimen, falta de presencia policial en zonas de alto riesgo y ausencia de protocolos de seguridad en centros nocturnos.
El homicidio ocurrió a tan solo una cuadra del inmueble conocido como el “Nido del Crimen”, una casa abandonada en la avenida Carranza 905, señalada por vecinos como refugio de delincuentes y epicentro de múltiples delitos. La comunidad vecinal denunció años de omisión gubernamental frente al deterioro de la seguridad en la zona.
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El gobernador Ricardo Gallardo Cardona mencionó que Villa de Reyes y Matehuala han evidenciado a policías municipales sin requerimientos para su función
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, dio a conocer que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), han acudido a los municipios a realizar las evaluaciones de control y confianza a las corporaciones de seguridad pública en los municipios.
Derivado de ello, han resaltado los casos de Villa de Reyes y Matehuala, en los que se han tomado medidas para el cese de elementos no aptos para su función pública, o llamados directos a los presidentes municipales.
En el caso de Matehuala, recordó que hace un par de días se realizó la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad, en la que se le hizo la recomendación al presidente municipal, Raúl Ortega, para continuar con la limpieza de sus policías municipales, ante lo que el alcalde camelense ha mostrado la disposición de actuar. Mientras que en Villa de Reyes se evidenció la situación de su director de Policía municipal, que dio positivo al consumo de sustancias no aptas para el desempeño de su función.
Gallardo Cardona enfatizó que al inicio de su administración, las corporaciones municipales se comprometieron a evaluar a todos sus elementos municipales. Sin embargo, al no hacerlo, la acción del Ejecutivo ha sido realizar estas pruebas municipio a municipio con el objetivo de hacer cumplir la ley y como parte de la profesionalización de los elementos.
Finalmente, el gobernador del estado recordó que la SSPCE continuará estas evaluaciones a los municipios de manera sorpresiva, para no alertar a las corporaciones, en las que se realizan los exámenes toxicológicos y de polígrafo, y al momento se les entrega una certificación que les indica si son capaces de desempeñar su función o deben someterse a lo que mandate la autoridad.
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Esta es la iniciativa que discute el Congreso de Jalisco, pero ¿qué tan viable sería un contrato de convivencia civil de 2 a 5 años en la entidad potosina?
Por: Redacción
Enrique Velazquez, diputado local en el Congreso del Estado de Jalisco, presentó una iniciativa a la legislatura local de aquella entidad para agregar la figura de “matrimonio por tiempo determinado”. Una iniciativa que pretende replantear el concepto del matrimonio entre las nuevas generaciones, como un método de adecuar las leyes civiles a las nuevas formas de unión civil de las parejas, además de reducir los costos económicos, legales y emocionales ante los divorcios.
Ante esta iniciativa, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, diputado local y presidente de la Directiva en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, considera necesario el análisis d el contexto social en la entidad potosina
El legislador remarcó que el matrimonio es un contrato, por lo que hacerlo efectivo por un periodo determinado de tiempo lo consideró inviable para San Luis Potosí. No obstante, enfatizó que este tema debe analizarse para considerar una iniciativa similar en el estado.
“Habrá que leer esta propuesta del Congreso de Jalisco, pero está sujeto a interpretaciones. Habrá que analizarla, ver las condiciones que existen en San Luis Potosí, pero de entrada aquí no se ha visto nada de ese tema”, mencionó.
La iniciativa del diputado jalisciense contempla matrimonios temporales, mediante un contrato de convivencia civil con vigencia de entre 2 y 5 años. Algunos puntos destacados son la opción de las parejas a renovar su vínculo, modificar los términos, o disolverlo sin necesidad de un proceso judicial complejo.
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