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Gobierno de El Salvador detiene a egresado de la UASLP
Alejandro Henriquez realizaba la defensa de habitantes de “Cooperativa El Bosque”, sitio donde se pretende un desalojo; UASLP calificó la detención de “arbitraria”
Por: Redacción
Elementos de la Policía Nacional Civil de El Salvador detuvieron esta mañana a Alejandro Antonio Henriquez Flores, abogado salvadoreño, egresado de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y asesor de “Ecos El Salvador”, una organización dedicada a la preservación del medio ambiente en aquel país.
De acuerdo a medios de comunicación locales, habitantes de la Cooperativa El Bosque –comunidad localizada en el cantón El Triunfo, de Santa Tecla, La Libertad– realizaron una manifestación pacífica el día de ayer, para evitar el desalojo (considerado como ilegal) de unas 300 familias de esa zona. Sin embargo, la Policía Nacional Civil detuvo a cinco líderes comunitarios de esta Cooperativa, en una detención que califican como arbitraria.
El portal Bálsamo Radio TV dio a conocer el momento en que Alejandro Henriquez fue llevado por elementos de la misma corporación, y que pudiera estar relacionado con las mismas acciones cometidas el día de ayer, luego de darse a conocer que Henriquez Flores funge como abogado de la Cooperativa en el litigio legal que sostienen, y en el que ha acompañado a las familias, presumiblemente reprimidas el día de ayer.
Junto a él, ha sido detenido el presidente de la Cooperativa El Bosque, José Ángel Pérez 
La Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, emitió un comunicado en el que condenó la detención del abogado, quien es egresado de este programa de estudios. Así mismo, se mostraron preocupados por el contexto de persecución política contra activistas y defensores de los derechos humanos, los pueblos y la tierra en El Salvador.
Habitantes de la Cooperativa El Bosque se han visto presionados ante el intento de desalojo de sus viviendas, en un proceso que consideran como fraudulento, pues se trata de un sitio con tierras fértiles y recursos hídricos. El desalojo fue decretado por mandato judicial emitido por el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla con fecha límite del 22 de mayo de este mes.
Esta tarde se prevé una manifestación frente al consulado de El Salvador, ubicado en la capital de San Luis Potosí, para exigir la liberación inmediata del abogado y defensor de derechos humanos.
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Los cierres se deben a incumplimiento de medidas de seguridad y falta de permisos. Este fin de semana se clausuró un establecimiento tras un ataque armado
Por: Redacción
En lo que va del año, la Coordinación Estatal de Protección Civil ha clausurado alrededor de 16 centros nocturnos por incumplir con las medidas de seguridad establecidas, informó su titular, Mauricio Ordaz Flores.
El funcionario detalló que tan solo este fin de semana fue cerrado un establecimiento en la capital potosina donde se registró un incidente en donde murieron dos personas, mismo que no contaba con los permisos correspondientes por parte del Gobierno del Estado.
Señaló que los operativos de revisión se mantienen de manera constante, principalmente durante fines de semana, con el objetivo de verificar que bares y centros nocturnos cumplan con las condiciones necesarias para operar de forma segura.
Ordaz Flores reconoció que no siempre es posible detectar irregularidades en el momento en que ocurren los hechos; sin embargo, aseguró que la dependencia mantiene vigilancia permanente para prevenir riesgos y salvaguardar a la población.
Finalmente, reiteró que Protección Civil continuará aplicando medidas contra los establecimientos que no cumplan con la normativa, priorizando la seguridad de quienes acuden a estos espacios.
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El gobernador indicó que se prioriza protección de la Huasteca, pero se mantiene coordinación con la Federación
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, afirmó que actualmente no existe ningún proyecto autorizado, en exploración o en desarrollo relacionado con el fracking en el estado, particularmente en la región Huasteca, donde el tema ha generado preocupación social.
El mandatario estatal explicó que cualquier iniciativa de este tipo requeriría un proceso prolongado que incluiría al menos un año de estudios técnicos y otro más de exploración,
“No hay nada autorizado, no hay nada visto, no hay nada explorado”, puntualizó.
G allardo Cardona subrayó que, más allá de una postura de rechazo, su administración priorizará la protección del medio ambiente en la Huasteca potosina
“Vamos a cuidar la Huasteca”, aseguró, al tiempo que indicó que se mantendrá coordinación con el Gobierno Federal ante cualquier eventual planteamiento en materia energética.
El gobernador también consideró que, en caso de que el fracking se desarrolle en el país, es más probable que ocurra en otras zonas como el Golfo de México, donde —dijo— existen estudios avanzados desde hace varios años.
Finalmente, insistió en que no hay condiciones actuales para que esta técnica de extracción se implemente en San Luis Potosí, por lo que llamó a la población a no generar alarma ante un escenario que, aseguró, no está en puerta.
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Galindo Ceballos dice que no existe alternativa institucional y que el municipio solo revisa condiciones mínimas
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, reconoció que existe un vacío institucional en torno al funcionamiento de los llamados anexos o centros de rehabilitación, al señalar que actualmente no hay otra opción formal para atender a personas con problemas de adicciones.
“El fondo de los anexos es que no hay otra alternativa”, declaró el presidente municipal al ser cuestionado sobre estos espacios.
Galindo sostuvo que, ante la falta de una respuesta institucional más amplia, el Ayuntamiento únicamente interviene para revisar condiciones básicas de operación, aunque aclaró que varias de esas tareas no corresponden legalmente al municipio.
“O sea, no hay una alternativa institucional para atender a estas personas”. El edil explicó que las acciones municipales se concentran en supervisar aspectos mínimos como medidas de seguridad y condiciones sanitarias dentro de estos establecimientos.
“Lo que hacemos nosotros es darles condición, es decir, protección civil, sanidad, que no son nuestras facultades”. Añadió que el objetivo de estas revisiones es permitir que los centros operen bajo ciertos parámetros y evitar riesgos para las personas internadas.
Galindo aseguró que hasta el momento estos espacios se mantienen bajo observación de la autoridad municipal y sin situaciones fuera de control. “Seguimos revisando. No se salen de control”, afirmó.
Las declaraciones del alcalde se dan en medio del debate recurrente sobre la regulación de anexos en la capital potosina, donde distintas instancias han señalado la necesidad de una supervisión más estricta y modelos públicos de atención a las adicciones.
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