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¿Quién quiere ser dirigente del PRI en SLP?
Políticos en activo, funcionarios y empresarios son algunos de los perfiles que podrían ocupar la directiva estatal debido a su trayectoria en el partido
Por: Ana G Silva y Daniel Villa
El pasado viernes 26 de mayo, se anunció que Sara Rocha Medina ejercerá las funciones de la presidencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Luis Potosí, luego de que Elias Pesina Rodríguez y Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, presentaron su renuncia como dirigente estatal y secretaria general, respectivamente, de este instituto político. Existen varios perfiles que podrían ocupar el puesto y quienes, al mismo tiempo, pueden representar una “ventaja” para cabezas políticas en el estado.
El proceso para elegir al nuevo dirigente en el estado se realizará mediante la Comisión de Procesos Internos del partido, encabezada por Edmundo Torrescano, diputado local. Mediante esta comisión, se deberá emitir la convocatoria respectiva, para que sea aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, y en un máximo de 60 días, convocar al proceso respectivo para elegir la nueva dirigencia.
La Orquesta consideró a ocho posibles figuras políticas del partido tricolor, que podrían tomar el cargo debido a sus respectivos perfiles, pero en esta ocasión, además de sus curriculums tomamos en cuenta a los posibles aliados que estos podrían tener:
Luis Antonio Mahbub Sarquís
Ha representado a nivel local, estatal y nacional al sector privado como presidente de Canaco; es integrante de la Organización Mundial de Turismo; vicepresidente para América Latina y el Caribe de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio; fue consejero nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social y consejero nacional del Infonavit; consejero y fundador de ProMéxico y ha participado por más de 13 años como consejero nacional de CCE. Además de su militancia priísta, es un perfil relacionado al sector empresarial, del sector inmobiliario y es director de Canal 7.
Yolanda Cepeda Echavarría
Actual diputada local, que a pesar de pertenecer al grupo de oposición, ha votado a favor de las iniciativas presentadas por el gobierno del estado, encabezado por Ricardo Gallardo. Fue presidenta municipal de Aquismón entre 2015 y 2018; además, fue Secretaria General del Comité Directivo Estatal del PRI.
Fernando Chávez Mendez
Forma parte de la organización Vía Alterna que encabeza el licenciado y empresario Pablo Valladares. También fue secretario general del Ayuntamiento de San Luis Potosí; fungió como Secretario Particular del Gobierno del Estado, posteriormente fue regidor del Ayuntamiento de la capital potosina. Rindió como secretario de Desarrollo Social y Regional en el estado para después entrar como diputado en el Congreso del Estado. Uno de sus últimos puestos en el gobierno estatal fue como secretario de Comunicaciones y Transportes hasta el 2021.
Edmundo Azael Torrescano Medina
Diputado local en el Congreso del Estado. Con una amistad muy cercana con Elias Pesina, hoy ex dirigente estatal del partido, quien estuvo a su lado para que este consiguiera su cargo, y con el ex gobernador Juan Manuel Carreras, con quien fue su secretario particular. El actual legislador se desempeñó como auxiliar jurídico en la Procuraduría General de Justicia del Estado; además de haber sido asesor de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de San Luis Potosí y en 2012 como asesor jurídico de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Sara Rocha Medina
Fue nombrada como secretaria de Organización del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sin embargo con la reciente renuncia de Elias Pesina funge como dirigente virtual del partido en el estado; abiertamente ha expresado su apoyo al gobierno municipal de Enrique Galindo. Ha trabajado como diputada federal por San Luis Potosí, fue presidenta del Comité Municipal del PRI en San Luis Potosí, presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, presidenta estatal del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, dirigente nacional de la mujer campesina, vicepresidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, dirigente del Frente Juvenil Revolucionario de Catorce.
Alejandro Leal Tovías
Actual diputado local y presidente de la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal en el Congreso del Estado. Fue secretario general de Gobierno en el periodo de Juan Manuel Carreras; entre sus cargos destaca que fue subsecretario general de Gobierno del Estado en el periodo de 1989-1990.
Martín Juárez Córdova
Titular de la secretaría de Bienestar Municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí que preside Enrique Galindo. Su anterior puesto fue de titular de la Dirección de Desarrollo Social del Ayuntamiento capitalino. Dentro de su experiencia laboral se ha desarrollado como diputado local por la vía plurinominal en el Congreso del Estado en el 2018, además de servir como el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en 2016, año donde fungió como Consejero Político Nacional del mismo partido político.
Joel Ramírez Díaz
Actualmente rinde como el titular de la Dirección de Administración y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de la capital potosina con Enrique Galindo, y ejerció como secretario de Educación General del Estado en la gestión de Juan Manuel Carreras, ex gobernador de San Luis Potosí.
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Ciudad
Presunto abuso contra ocho niñas sacude nuevamente a la Iglesia potosina
Arquidiócesis admite salida del señalado y surgen dudas sobre actuación de Fiscalía
A más de una década del escándalo del sacerdote Eduardo Córdova, nuevas denuncias de violencia sexual infantil alcanzan a una capilla de Prados. Familias señalan que la Fiscalía dejó libre al presunto agresor, mientras la Iglesia informa que el trabajador renunció voluntariamente y ofrece colaborar con las investigaciones.
Por: Redacción
La Arquidiócesis de San Luis Potosí enfrenta un nuevo caso de presunto abuso sexual infantil que revive los cuestionamientos sobre la protección de menores en espacios religiosos, la responsabilidad de las autoridades eclesiásticas y la capacidad de las instituciones de justicia para responder a denuncias de esta gravedad.
Esta vez el señalado no es un sacerdote, sino un trabajador de una capilla ubicada en la colonia Prados, a quien se atribuyen presuntas agresiones sexuales contra al menos ocho niñas de entre cinco y 13 años de edad.
La diferencia en su condición laboral o religiosa no disminuye la gravedad de los señalamientos ni elimina la necesidad de esclarecer qué mecanismos de vigilancia y protección existían dentro del recinto, cómo se permitió el contacto del trabajador con las menores y cuál fue la reacción de los responsables de la capilla al conocer las acusaciones.
Mientras las familias exigen justicia, la respuesta pública de la Arquidiócesis se ha concentrado en informar que el señalado dejó de trabajar en el lugar mediante una renuncia voluntaria, que está dispuesta a colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) y que ofrecerá acompañamiento psicológico a las posibles víctimas.
Sin embargo, permanecen sin respuesta preguntas fundamentales: ¿cuándo conocieron las autoridades religiosas los primeros señalamientos?, ¿qué medidas adoptaron para proteger a las niñas?, ¿se investigó la posible existencia de otras víctimas? y ¿qué responsabilidad corresponde a quienes tenían a su cargo la supervisión del trabajador?
A ello se suma un señalamiento particularmente delicado: de acuerdo con información proporcionada por familiares de las menores, la Fiscalía habría dejado en libertad al presunto agresor, una circunstancia cuya situación jurídica y razones deben ser aclaradas por la autoridad ministerial.
Representantes de la Arquidiócesis confirmaron que el trabajador señalado ya no presta servicios en la capilla y explicaron que presentó su renuncia de manera voluntaria. Según la información proporcionada, habría dejado el lugar desde el pasado viernes.
También reconocieron que, ante la naturaleza de las acusaciones, no podían permitir que continuara teniendo contacto con menores de edad mientras se esclarecen los hechos.
Sin embargo, la salida del trabajador no resuelve las interrogantes sobre la responsabilidad institucional.
La Arquidiócesis no ha explicado públicamente si existieron reportes anteriores sobre su conducta, qué controles se aplicaban al personal que convivía con niñas y niños o si se abrió alguna investigación interna para determinar posibles omisiones de quienes estaban al frente del recinto religioso.
Tampoco ha quedado establecido si la separación ocurrió por una decisión preventiva de la institución o exclusivamente por la renuncia presentada por el propio señalado.
El caso exige respuestas que van mucho más allá de confirmar que el trabajador ya no se encuentra en la capilla.
Familias denuncian liberación del presunto responsable; Fiscalía debe aclarar su situación
Otro de los aspectos que incrementa la preocupación es la actuación de la Fiscalía General del Estado.
Familiares de las menores sostienen que el presunto responsable fue dejado en libertad, pese a la existencia de denuncias por posibles agresiones sexuales.
Hasta ahora, con la información disponible, no se ha establecido oficialmente si el señalado fue detenido, presentado ante el Ministerio Público o sujeto a alguna medida cautelar, ni bajo qué circunstancias habría quedado libre.
Toca a la Fiscalía esclarecer estos puntos, así como precisar el estado procesal de las denuncias y las medidas adoptadas para proteger a las niñas y evitar cualquier riesgo de intimidación o acercamiento por parte del investigado.
La reserva legal de las carpetas de investigación no impide que la autoridad proporcione información general sobre sus actuaciones, sin comprometer las indagatorias ni revelar la identidad de las víctimas.
La activista Marilú González, quien hizo públicos los señalamientos, aseguró que existen ocho carpetas de investigación relacionadas con los hechos y advirtió sobre la posibilidad de que haya más menores afectadas.
De confirmarse la existencia de múltiples víctimas, la investigación tendría que establecer si las presuntas agresiones ocurrieron durante un periodo prolongado y si existieron circunstancias que facilitaron su repetición.
El arzobispo, ausente de la primera respuesta
La actuación de la jerarquía eclesiástica también ha generado cuestionamientos.
Tras hacerse públicas las denuncias, representantes de la Arquidiócesis señalaron inicialmente que el arzobispo no estaba enterado del caso y que se encontraba fuera de la ciudad.
Explicaron que las madres habían anunciado su intención de acudir al Arzobispado, aunque no precisaron horario ni identidades por razones de protección.
La respuesta incluyó la posibilidad de que el arzobispo se reuniera con ellas posteriormente, sin establecer una fecha concreta.
La activista Marilú González denunció que acudió a buscar un acercamiento con el máximo representante de la Iglesia católica potosina, pero no fue recibida.
La situación plantea un cuestionamiento sobre los mecanismos internos de comunicación y atención a víctimas: ¿cómo se informa a la máxima autoridad religiosa sobre acusaciones de violencia sexual contra menores y quién asume la responsabilidad inmediata de atenderlas?
La ausencia física del arzobispo no debería impedir la activación de protocolos de protección ni una respuesta institucional oportuna ante denuncias de esta naturaleza.
La sombra del caso Eduardo Córdova vuelve sobre San Luis Potosí
Las denuncias en Prados adquieren una dimensión particularmente sensible por los antecedentes de la Iglesia católica en San Luis Potosí.
En 2014 estalló públicamente el escándalo del sacerdote Eduardo Córdova Bautista, quien había ocupado cargos de relevancia dentro de la Arquidiócesis, incluido el de representante legal, y fue señalado por múltiples víctimas de abuso sexual.
Las denuncias revelaron una historia de acusaciones que se remontaba a años anteriores y dieron lugar a graves cuestionamientos sobre el conocimiento que las autoridades eclesiásticas tenían de los hechos y su actuación frente a ellos.
El caso se convirtió en uno de los episodios más graves y emblemáticos de las denuncias de abuso sexual clerical en San Luis Potosí.
Más de una década después, las acusaciones de la colonia Prados obligan a revisar si las lecciones de aquel escándalo se tradujeron en mecanismos eficaces de prevención, vigilancia y atención a víctimas.
Aunque los hechos y las personas señaladas en ambos casos son distintos, existe una preocupación institucional común: la seguridad de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades religiosas y depositan su confianza en quienes tienen responsabilidades dentro de esos espacios.
La Iglesia potosina enfrenta nuevamente el desafío de demostrar que su compromiso con la protección de menores se traduce en acciones verificables, y no únicamente en declaraciones públicas después de que las denuncias salen a la luz.
Otras posibles víctimas y la obligación de evitar nuevos daños
Representantes de la Arquidiócesis reconocieron que dos madres acudieron a informar sobre los presuntos abusos y señalaron que, de acuerdo con lo que les comunicaron, podría haber más víctimas.
Según la información proporcionada, las madres conocieron los hechos el pasado 10 de noviembre, después de que sus hijas les relataron lo ocurrido, y acudieron a presentar denuncias formales.
La institución religiosa invitó a otras familias que pudieran tener información sobre posibles agresiones a denunciar ante las autoridades.
También ofreció proporcionar a la Fiscalía los expedientes, datos de identificación del trabajador y acceso a los espacios de la capilla que resulten necesarios para las investigaciones, además de acompañamiento psicológico especializado.
Estas medidas deberán traducirse en una atención efectiva, con personal capacitado, protección de la identidad de las niñas y procedimientos que eviten obligarlas a repetir innecesariamente sus testimonios.
La prioridad debe ser la seguridad y recuperación de las posibles víctimas, sin presiones para retirar denuncias, conciliar hechos de naturaleza penal o guardar silencio en nombre de la reputación institucional.
Una prueba para la Iglesia y para la justicia potosina
Las acusaciones de Prados colocan bajo escrutinio a dos instituciones: la Arquidiócesis, por su responsabilidad de garantizar entornos seguros en sus espacios de culto y formación, y la Fiscalía, por su obligación de investigar con diligencia los posibles delitos contra menores de edad.
La presunción de inocencia del trabajador señalado debe respetarse, pero ello no limita el derecho de las niñas a recibir protección ni la obligación de investigar de manera exhaustiva.
La renuncia del acusado tampoco extingue posibles responsabilidades penales ni sustituye el esclarecimiento de eventuales omisiones institucionales.
Para una sociedad que aún recuerda el caso Córdova, las respuestas no pueden reducirse a informar que el presunto responsable ya no trabaja en una capilla o que la autoridad eclesiástica se reunirá eventualmente con las familias.
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Destacadas
“Hay mucho trabajo que hacer por la capital y estoy listo”: Juan Carlos Valladares
El diputado federal del PVEM dijo que las definiciones para los nombres de las candidaturas del proceso electoral potosino están en su recta final y aseguró que siempre ha estado preparado para participar.
Por: Redacción
Juan Carlos Valladares Eichelmann, diputado federal del PVEM, se declaró listo para el proceso electoral y adelantó que muy pronto habrá noticias sobre las definiciones: “Estamos preparados, siempre he estado… estoy listo”.
A pregunta expresa sobre su posicionamiento en encuestas y las menciones tanto de la dirigencia de su partido como del propio gobernador del estado, el también empresario indicó que en estos momentos se está en la recta final de las definiciones y adelantó que pronto habrá noticias al respecto.
Sobre las encuestas con las que el Verde elegirá a sus candidatos dijo confiar en las que son serias y cree en ellas y anticipó que “Seguramente, si hemos hecho un buen trabajo, vamos a estar arriba”.
Sobre la capital potosina, Valladares Eichelmann indicó que hay todavía “mucho trabajo que hacer, mucho por construir y muchas áreas de oportunidad”
Juan Carlos Valladares es uno de los perfiles que el Partido Verde baraja para la alcaldía de la capital. En julio, Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del PVEM, lo mencionó junto con Sonia Mendoza Díaz así como el propio gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, que lo ha mencionado en distintas ocasiones.
Las definiciones de los y las candidatas del Partido Verde se tomarán en la primera semana de enero del 2027 como se ha dado a conocer en otras oportunidades.
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Ciudad
SSPC capitalina alista campaña para cuidar el aguinaldo
El director de la SSPC capitalina dijo que la policía cibernética encabezará la campaña y que se reforzará la presencia en el centro histórico y las principales plazas
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital prepara una campaña para cuidar el aguinaldo, con énfasis en la policía cibernética, ante la temporada en que muchas personas recibirán su aguinaldo y sus fondos de ahorro. Lo informó su director, Juan Antonio Villa Gutiérrez.
Dijo que reforzarán la presencia en el centro histórico y en las principales plazas, “sin dejar de lado” las colonias.
Cajeros del centro histórico
Villa Gutiérrez explicó que en los cajeros se cubrirán principalmente los del centro histórico, “donde hay una mayor cantidad de gente que acude”. No precisó cuántos elementos se destinarán.
Añadió que estarán atentos a los “desplazadores de tarjetas”
, personas que llegan con engaños a intercambiar una tarjeta mala por una buena. Después, dijo, la víctima no se da cuenta de las disposiciones de efectivo que hacen con ella.Fraudes en línea
El director recordó que en estas fechas aumentan los fraudes, con páginas que ofertan productos a un costo muy bajo, y que “ha habido ocasiones en que la gente cae” en ellos. Durante el Buen Fin, la policía cibernética dio de baja 60 páginas apócrifas.
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