abril 1, 2025

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México

¿Quién es Norma Lucía Piña, la nueva presidenta de la Suprema Corte?

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Como ministra han destacado por su voto a favor de la despenalización del aborto, el uso lúdico de la marihuana y la eliminación de la prisión preventiva oficiosa

Por: Redacción

Ayer, Norma Lucía Piña Hernández, fue elegida como la nueva presidenta del la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para el periodo 2023-2026, lo que la convierte en la primera mujer, en más de 200 años de existencia del máximo tribunal, en ocupar tal cargo luego de vencer al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

La ministra presidenta es licenciada en Derecho, por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Derecho por la misma institución.

Piña Hernández fue maestra normalista (1974-1978). Inició profesionalmente en el Poder Judicial en 1988 hasta llegar a la Corte en 2012, a propuesta del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Unas de sus participaciones más destacadas como ministra fue: su voto en favor de la despenalización del aborto en Coahuila, del uso lúdico de la marihuana, de la militarización de la fuerza pública, así como de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa.

Por otro lado, otra de sus intervenciones se suscitó en octubre de 2019, presentó un proyecto para negar un amparo a un individuo despedido de su centro de trabajo por llevar un tatuaje de una cruz esvástica,

la ministra consideró que la libertad de expresión del individuo no lo protegía de mantener el respeto a sus compañeros de trabajo.

La abogada se desempeñó como técnica Académica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México; fue secretaria Proyectista en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Prier Circuito y secretaria de Estudio y Cuenta en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Posteriormente fue juez por Oposición en el Juzgado Tercero de Distrito en Morelos; juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal; magistrada de Circuito por Oposición; magistrada ratificada en el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; también, ha sido magistrada en el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

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México

Aprueban diputados reforma a la Ley de Obras Públicas

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El diputado potosino José Luis Fernández destaca su impacto positivo para San Luis Potosí.

Por Roberto Mendoza

 

Con 355 votos a favor, 98 en contra y una abstención en lo general, y 324 votos a favor, 119 en contra y una abstención en lo particular, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La propuesta, impulsada por la Presidencia de la República, fue turnada al Senado para su análisis y votación final.

La nueva legislación busca alinear la ejecución de obra pública con principios de eficiencia, transparencia, economía y honradez, a través de una plataforma digital centralizada y obligatoria: la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, que será administrada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Esta herramienta tecnológica será el único medio para llevar a cabo los procesos de licitación, adjudicación y administración de contratos en todo el país.

Además, la reforma fortalece mecanismos de control, endurece sanciones e inhabilitaciones y permite nuevas prácticas como los “diálogos estratégicos” entre funcionarios y proveedores antes del inicio formal de un procedimiento, para mejorar las condiciones de contratación. También se establece el uso obligatorio de bitácoras electrónicas para el seguimiento puntual de cada obra.

El diputado federal potosino José Luis Fernández, del Partido Verde Ecologista de México, explicó en entrevista exclusiva para La Orquesta que esta reforma representa una actualización indispensable de una ley vigente desde los años noventa, y que hoy ya no respondía a los desafíos de un Estado moderno.

“Uno de los principales objetivos es incorporar herramientas tecnológicas para garantizar la correcta aplicación de los recursos y la transparencia en la ejecución de la obra pública. La bitácora digital, por ejemplo, permitirá dar seguimiento en tiempo real a los trabajos que se realicen, lo que hoy aún se hace en papel”, señaló.

Fernández también subrayó que la nueva ley introduce candados importantes para evitar conflictos de interés: “Antes, un funcionario no podía participar directamente en una licitación, pero sí podía hacerlo a través de una empresa en la que fuera socio. Ahora, eso también queda prohibido.”

En respuesta a las críticas de la oposición —que considera que esta reforma podría abrir la puerta a prácticas poco transparentes—, el legislador potosino defendió el contenido de la ley: “Yo creo todo lo contrario. Esta reforma promueve la transparencia y abre espacios de diálogo regulado entre funcionarios y participantes, lo cual puede mejorar las decisiones. En el marco actual, ni siquiera puedes escuchar a quien está ofreciendo un servicio. Ahora eso será posible, con reglas claras.”

Sobre el impacto en San Luis Potosí, Fernández dijo que habrá que hacer adecuaciones a la ley estatal para armonizar con esta reforma federal, pero confía en que los cambios sean positivos. “La gente quiere que el dinero público se invierta bien, que se hagan obras duraderas y de calidad, que gane la mejor propuesta y no quien tiene más cercanía con el poder. Eso es lo que busca esta ley.”

La reforma, que también regula procedimientos como la adjudicación directa y las condiciones para que entidades públicas realicen obras sin recurrir a terceros.

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México

Diputado Pedro Haces impulsa “Ley Propina”

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El Legislador sostuvo que “La propina es sagrada” y justifica iniciativa

Por Roberto Mendoza

 

En entrevista exclusiva con La Orquesta, el diputado federal Pedro Haces Barba, coordinador de Operación Política de Morena, anunció que ya se ha aprobado en comisiones una iniciativa que busca proteger y dignificar los derechos de las y los trabajadores que reciben propinas en México, particularmente en sectores históricamente desprotegidos como el restaurantero y el de servicios directos al consumidor.

El dictamen, explicó el legislador, establece criterios claros para garantizar una distribución igualitaria de las propinas entre los trabajadores, integrándolas al total del consumo reflejado en tickets o facturas. Con esta medida, se elimina la entrega directa de la propina, lo que permitirá una mayor transparencia y vigilancia en su reparto.

“La propina es un derecho sagrado del trabajador y no debe usarse para pagar loza, cristalería ni mantelería”, sentenció Haces Barba, al denunciar que muchos dueños de r estaurantes deducen parte de las propinas para cubrir costos operativos, violando así los derechos fundamentales de su personal.

El legislador subrayó que esta propuesta no solo beneficia a meseros o trabajadores de restaurantes, sino a todas las personas que reciben propinas

como parte de su actividad laboral, incluyendo trabajadores en gasolineras y otros servicios similares, donde este ingreso representa un componente clave de su sustento.

La propuesta también contempla la obligatoriedad de establecer un salario base para todos los trabajadores del sector, que no podrá ser menor al salario mínimo ni al salario mínimo profesional. “Con esta reforma se busca que la propina no sea el sueldo, sino un complemento justo y equitativo por el servicio prestado”, puntualizó.

Pedro Haces añadió que esta iniciativa representa un paso decisivo hacia una mayor justicia laboral, y confió en que obtendrá el respaldo de las diversas fuerzas políticas en el Congreso, pues —afirmó— “nadie puede estar en contra de dignificar el trabajo honrado”.

También lee: Podrían multar a establecimientos si cargan propinas en cuentas

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María Teresa Ealy Díaz: “No me retracto; las pruebas y los testigos me respaldan”

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La diputada de Morena, hija del dueño de El Universal, habla sobre el caso Cuauhtémoc Blanco, las denuncias que presentó y la fractura en su bancada

Por: Roberto Mendoza

La diputada federal María Teresa Ealy Díaz, hija del empresario Juan Francisco Ealy Ortiz, dueño del diario El Universal, se colocó en el centro del debate legislativo al votar a favor del desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco, acusado de violación por su media hermana. Su voto, junto con el de otras 51 diputadas y diputados de Morena, ha generado una fisura en la bancada guinda.

En entrevista con La Orquesta, Ealy Díaz confirmó que presentó dos denuncias ante la Fiscalía General de la República, relacionadas con violencia política de género dentro de su propio grupo parlamentario. “Ya presenté las denuncias, ahora lo que sigue es dar el trámite correspondiente con las autoridades… no me voy a retractar”, aseguró tajante.

Sobre las divisiones en Morena, la legisladora aceptó que “hay enojos”, especialmente por parte de quienes votaron en contra del desafuero. “Creo que algunas diputadas fueron mal informadas. Nos dijeron que no había testigos ni dictámenes que acreditaran el hecho, pero eso es falso. En delitos de naturaleza sexual es común que sean de realización oculta”, explicó.

Ealy Díaz también criticó los comentarios del diputado Enrique Vázquez, quien hizo señalamientos personales que constituyen violencia de género: “Dijo que yo vivía violencia en casa y que el periódico de mi familia, El Universal, era corrupto. Eso fue subido a la página del Congreso,

lo cual es inaceptable”, afirmó.

Sobre el supuesto intento de mediación dentro de Morena, dijo que no hubo ningún acuerdo. “No hablamos de eso. Él fue respetuoso, pero yo le dije claro: voy con las denuncias”, subrayó.

La diputada reiteró su compromiso con la agenda feminista: “Nos llamaron ‘heroínas efímeras’, lo cual es un insulto no solo para nosotras, sino para todas las activistas que luchan por justicia”.

Respecto a si se siente incómoda dentro de la bancada oficialista, Ealy Díaz fue contundente: “Me siento respaldada por la ciudadanía, especialmente por las mujeres. Ellas saben que tienen en mí una voz que las representa”.

Finalmente, pidió resguardar los videos de la sesión donde se votó el dictamen contra Blanco y responsabilizó a sus compañeros por haber subido material personal a plataformas oficiales. “Que digan quién les ordenó eso. No se puede usar la página del Congreso para desacreditar a una legisladora”, concluyó.

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Opinión

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