México
Proponen simplificar el tipo penal de feminicidio por violencia familiar en México
El OCNF reprobó la propuesta del Inacipe de simplificar el tipo penal de feminicidio, reduciéndolo al feminicidio por violencia familiar
Por: Redacción
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), integrado por 44 organizaciones de la sociedad civil ubicadas en 24 estados, reprobó la propuesta realizada por el director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), Gerardo Laveaga Rendón, en la que pide simplificar el tipo penal de feminicidio, reduciéndolo al feminicidio por violencia familiar.
Recordó que el pasado 15 de abril en la Cámara de Diputados, Laveaga propuso modificar el tipo penal como el “delito que comete quien prive de la vida a su mujer, novia, cónyuge o haya tenido una relación similar”.
La propuesta “evidencia la falta de perspectiva de género del titular del INACIPE, así como la ausencia del análisis del contexto de discriminación y de criminalidad en el que las mujeres son asesinadas en México”, señaló el OCNF.
En un pronunciamiento, expuso que ha documentado “los actos crueles y degradantes a los que las mujeres fueron sometidas antes de ser asesinadas”, entre ellos, golpes con objetos contusos, violencia sexual, quemaduras, desmembramentos, asfixias, cortadas con objetos punzo cortantes como cuchillos y desarmadores, dejando hemorragias internas y externas, y armas de fuego.
“Dicha realidad advierte la participación de actores criminales como la delincuencia organizada; por lo que los agresores no son únicamente personas cercanas a las víctimas”, afirmó. 
El OCNF refirió que en su informe Implementación del Tipo Penal del Feminicidio en México: Desafíos para acreditar las razones de género 2014-2017, documentó que solo el 34 por ciento de los feminicidios estuvo relacionado con violencia familiar; mientras que la mayoría de los agresores se encuentra en estado desconocido, debido a la falta de investigaciones prontas y eficaces que puedan identificar plenamente a los otros agresores.
Agregó que si bien a la fecha todos los estados han tipificado el delito de feminicidio en México, 13 no cuentan con los elementos objetivos, suficientes para acreditar las razones de género: Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Michoacán, Tlaxcala, Yucatán, Baja California, Nayarit, Puebla, Quintana Roo y Tabasco.
Además, señaló que los protocolos de actuación para la investigación del delito de feminicidio no han sido actualizados al nuevo Sistema de Justicia Penal, Debida Diligencia, Perspectiva de Género, Derechos Humanos y mucho menos la Perspectiva Intercultural, estándares que garantizarían el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.
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Los citatorios se abrieron para diez ciudadanos de Sinaloa, mientras que uno alterno incluyó a funcionarios de Chihuahua
Por: Roberto Mendoza
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió citatorios para diez ciudadanos del estado de Sinaloa, entre los que se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, como parte de una investigación derivada de una acusación formal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
Sobre esta primera acción ministerial, la dependencia federal determinó: “dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad“.
Dentro del expediente judicial radicado en la corte estadounidense se incluye al senador en activo Enrique Inzunza, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. A diferencia del mandatario estatal con licencia, el legislador conserva su escaño y fuero constitucional; su última ubicación reportada en territorio sinaloense data del 10 de mayo, tras registrar ausencias en sus funciones legislativas desde finales de abril.
De forma paralela a esta indagatoria, la instancia de procuración de justicia federal desarrolla una investigación en curso requiriendo la presencia de autoridades de Chihuahua por la cadena de mando en el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.
Respecto a este caso, el órgano autónomo detalló: “están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el ex fiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.
Los requerimientos ministeriales ejecutados responden al seguimiento de las operaciones logísticas en ambas entidades y a las acciones pertinentes de los respectivos planes de investigación.
Para fundamentar el alcance de las comparecencias y entrevistas en sede federal, la institución de justicia precisó: “En ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”.
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La gobernadora en persona recibe el documento, asegura que se presentará aun con fuero
Por: Roberto Mendoza
Dos agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron este 23 de mayo al Palacio de Gobierno de Chihuahua para notificar el requerimiento oficial a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, quien garantizó su asistencia programada para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas: “Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, aseguró.
El origen del citatorio ministerial responde a la investigación federal iniciada tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos.
La indagatoria, documentada, examina la participación operativa de dos agentes estadounidenses en territorio estatal con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de determinar si la administración de Chihuahua violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Ante el requerimiento de la autoridad federal, la mandataria estatal abordó su situación jurídica frente a la protección constitucional de su cargo y estableció un contraste operativo respecto a las indagatorias dirigidas a otros ejecutivos estatales: “Voy a tener que estar en la FGR compareciendo, aunque yo una servidora tenga fuero constitucional. ¿con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ni a ningún otro gobernador de este país?
La integración de la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación contempla hasta el momento la emisión de citatorios previos dirigidos a 50 funcionarios estatales, como parte de las diligencias para establecer si las autoridades locales incurrieron en una invasión de competencias de jurisdicción federal.
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La iniciativa incluye cambios al sistema de candidaturas judiciales y nuevas reglas para la organización electoral
Por: Roberto Mendoza
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión turnó a la Cámara de Diputados la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para modificar la reforma judicial y reordenar el calendario electoral constitucional. La propuesta plantea que la elección judicial federal y local se celebre el primer domingo de junio de 2028 y que la revocación de mandato coincida con las jornadas electorales ordinarias. El proyecto forma parte de los temas previstos para un periodo extraordinario del Congreso.
La iniciativa reorganiza la elección judicial mediante distritos por circuito y especialidad, modifica el diseño de boletas y establece que las autoridades electorales no podrán alterar resultados ni asignación de cargos posteriores a la elección.
También prevé reducción de candidaturas mediante insaculación pública, reglas de paridad de género y la creación de una Comisión Coordinadora entre los Comités de Evaluación de los tres Poderes de la Unión
El paquete legislativo también contempla reformas para crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas vinculada al INE y adicionar una causal de nulidad electoral por intervención extranjera.
El régimen transitorio establece que los cargos judiciales pendientes de renovación desde 2025 deberán elegirse en 2028 y que las entidades federativas deberán armonizar sus procesos judiciales locales con el modelo federal previsto en la reforma constitucional.
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