México
Proceso de insaculación para jueces y magistrados se realiza con ajustes en las listas
Por Roberto Mendoza
El proceso de insaculación para la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició este domingo con la participación de los Comités de Evaluación del Poder Ejecutivo y Legislativo. A través de una tómbola, se sortearán los cargos por género, de un universo inicial de 18,449 aspirantes. Tras una primera revisión, 2,300 personas fueron consideradas elegibles, entre ellas María Estela Ríos González, exconsejera jurídica de la presidencia de López Obrador; Bernardo Bátiz, exprocurador de Justicia del Distrito Federal; y Jaime Cárdenas Gracia, exdirector del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
En el caso del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, el proceso se dio por concluido este domingo con la selección de jueces de distrito y la revisión de listas. Sin embargo, durante la sesión se presentaron discrepancias en los registros utilizados, lo que generó ajustes en los nombres sorteados. Entre los casos más notorios, la comisionada Maribel Méndez de Lara utilizó un documento diferente al del resto del equipo, lo que derivó en diferencias en la asignación de posiciones. Estas inconsistencias se resolvieron antes de finalizar la sesión, permitiendo continuar con la selección de magistraturas de circuito programada para este lunes.
En la lista de seleccionados siguen apareciendo personajes ligados a la actual administración, como José Artemio Zúñiga Mendoza, excolaborador de Arturo Zaldívar, lo que ha levantado críticas sobre la posible politización del proceso. En contraste, figuras con trayectorias relevantes quedaron fuera de la tómbola. Marisela Morales, exprocuradora general de la República en el sexenio de Felipe Calderón, y Paula María García Villegas Sánchez Cordero, hija de la exministra Olga Sánchez Cordero, no fueron incluidas en el sorteo del Ejecutivo. Sin embargo, ambas obtuvieron pase directo con el Comité de Evaluación del Poder Judicial.
La insaculación continuará en los próximos días con la selección de magistrados de circuito, mientras persisten dudas sobre la transparencia y confiabilidad del proceso.
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México
Pleno de San Lázaro avala terna para nuevos consejeros del INE
Las nuevas consejeras y consejero del INE son: Blanca Cruz García, Frida Gómez Puga y Arturo Chávez López
Por: Roberto Mendoza
La Cámara de Diputados aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para designar a los tres próximos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, luego de una jornada legislativa que el coordinador parlamentario Ricardo Monreal definió como dificil por las negociaciones en el bloque oficialista.
El documento definitivo inscribió los expedientes de Blanca Yassahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López. Este consenso requirió modificaciones internas en la coalición de Morena, PT y PVEM, donde se invirtió la cuota de género de la primera propuesta para asegurar el respaldo de los petistas, mientras que los grupos parlamentarios del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano mantuvieron su postura en contra del proyecto.
El desahogo técnico en el tablero electrónico contabilizó 334 votos a favor, 127 en contra y cero abstenciones, por lo que se alcanzó la mayoría calificada, la presidencia de la Mesa Directiva oficializó la elección de los perfiles para su posterior toma de protesta de ley ante el órgano electoral federal.
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México
La Cámara de Diputados avala la reforma constitucional para unificar el delito de feminicidio
El dictamen faculta al Congreso de la Unión para estandarizar las sanciones y protocolos de investigación en las 32 entidades
Por Roberto Mendoza
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 466 votos la minuta proveniente del Senado que reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política para crear una ley general en materia de feminicidio, que establezca bases homogéneas para la tipificación, investigación, persecución y sanción.
El análisis de la Comisión de Puntos Constitucionales advierte que la diversidad de redacciones en los códigos penales estatales produce tratamientos judiciales desiguales para crímenes de la misma naturaleza. La expedición de la nueva normativa centralizada buscará homologar la acreditación de razones de género e integrar en los procesos ministeriales el reconocimiento de violencias sistémicas previas
, tales como la agresión familiar, sexual, económica, digital y psicológica.La modificación constitucional otorga al Poder Legislativo federal la atribución de diseñar los estándares operativos y procedimentales para este delito a nivel nacional. Este cambio jurisdiccional tiene como fin eliminar las discrepancias en las entidades federativas y dotar a las autoridades de un marco legal único que evite vacíos técnicos durante la judicialización de las carpetas de investigación.
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SCJN busca que no haya impunidad en crímenes de odio
El Pleno de la SCJN resolvió una acción de inconstitucionalidad relativa a discursos de odio y discriminación
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidaron una porción normativa del artículo 189 fracción I del Código Penal para el Estado de Sinaloa, que sanciona con pena de prisión y multa a quien apoye a difundir expresiones de odio, violencia o discriminación contra cualquier persona o grupo de personas.
La Ministra Yasmín Esquivel Mossa se pronunció a favor del proyecto por considerar que esta parte de la norma resulta demasiado amplia y ambigua e, inclusive, tiene un efecto inhibidor en la libertad de expresión, sobre todo de las personas dedicadas al periodismo.
Señaló que la difusión en medios electrónicos, impresos o digitales de actos realizados por otras personas que pudieran resultar discriminatorios podría ubicar a esos profesionales de la comunicación en el riesgo de incurrir en la conducta que tipifica y sanciona penalmente la norma.
“En este caso los verbos “provocar” o “incitar” se refieren a las personas que alientan a otras a adherirse a sus mensajes o discursos de odio, así como a llevar a cabo actos discriminatorios, así como participar en actos con resultados violentos, ya sea en perjuicio de una persona en particular o de un grupo humano determinado, particularmente de la comunidad LGTBIQ+, la cual sufre discriminación estructural, violencia sistemática y exclusión social, que fue uno de los motivos por los que el legislador local justificó la aprobación de la norma”, detalló la Ministra.
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