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Presunto homicida… a la elección del Poder Judicial Federal
Tras haber sido denunciado públicamente y ser eliminado de las listas locales, Sabas Santiago Ipiña logró colarse en las listas federales; se le vincula con con grupos del crimen organizado
Por: Redacción
Sabas Santiago Ipiña Ramírez, quien fuera denunciado públicamente de presunto homicidio y vínculos con el crimen organizado, quedó fuera de las listas del Poder Ejecutivo y el Legislativo de la entidad potosina, en las que apareció como aspirante a un cargo de elección desde el pasado mes de febrero. No obstante, ha logrado figurar como candidato para un cargo en el Poder Judicial, pero ya no en el orden estatal, sino a nivel federal.
El 12 de febrero de 2025, Rosalinda Ávalos Reyes, ex agente de la Policía Ministerial de la entonces Procuraduría General del Estado (ahora conocida como Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado), denunció públicamente que Sabas Santiago Ipiña Ramírez fue el autor intelectual del homicidio de sus dos hijos en 2020. Además, lo vinculó con la delincuencia organizada, asegurando que su participación en el proceso de selección de jueces era una muestra de la posible infiltración del crimen en el Poder Judicial.
Esta denuncia tuvo un impacto inmediato en su aspiración a un cargo judicial en el ámbito estatal. Luego de la manifestación de Ávalos Reyes en el Congreso del Estado, la Junta de Coordinación Política anunció que Sabas Ipiña sería eliminado de la lista de candidatos en San Luis Potosí. Sin embargo, se le notificó que podía impugnar esta decisión.
A pesar de que en el ámbito estatal fue descartado por no cumplir con el requisito constitucional de tener más de cinco años de experiencia como litigante, en el ámbito federal su candidatura sigue en pie.
Su nombre aparece en el listado de personas elegibles aprobado por el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación desde el 12 de diciembre de 2024, mucho antes de que su perfil fuera examinado en el Poder Legislativo local.
Esta situación evidencia una preocupante desconexión entre los filtros de selección a nivel estatal y federal. Mientras en San Luis Potosí fue eliminado del proceso, a nivel federal sigue siendo un aspirante válido, lo que plantea serios cuestionamientos sobre la efectividad de los mecanismos de verificación y transparencia en la selección de jueces.
La inclusión de Sabas Ipiña Ramírez en el proceso de selección federal genera preocupaciones sobre la posible filtración de perfiles con antecedentes cuestionables dentro del sistema judicial.
Además ha generado un fuerte cuestionamiento sobre los procesos de selección de jueces a nivel nacional, debido a la falta de una revisión exhaustiva sobre su historial y las denuncias en su contra muestran vacíos en la regulación del proceso.
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El alcalde cuestionó los intentos de clasificar o desacreditar a quienes ejercen la comunicación y defendió el derecho de cualquier persona a expresarse en medios y redes sociales
Por: Haniel Valdés
En medio de la polémica generada por la llamada “Ley Serrano” y las declaraciones del diputado Héctor Serrano sobre quién puede considerarse periodista, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, lanzó una crítica directa a la idea de que una autoridad o un político pueda erigirse como árbitro de la libertad de expresión.
El presidente municipal sostuvo que en la actualidad la comunicación pública ya no está limitada a quienes poseen un título universitario o trabajan en medios tradicionales, por lo que consideró un error intentar establecer categorías entre periodistas, comunicadores, creadores de contenido o ciudadanos que utilizan las redes sociales para expresar opiniones.
Galindo afirmó que el debate no debería centrarse en quién tiene derecho a hablar, sino en garantizar que nadie sea perseguido, censurado o criminalizado por hacerlo.
“Yo no soy quién para calificar quién comunica y quién no”, declaró.
La respuesta surge luego de que Héctor Serrano defendiera públicamente que no cualquiera puede asumirse como periodista, una postura que ha sido cuestionada por distintos sectores al considerar que desconoce la evolución de los medios digitales y el ejercicio contemporáneo de la comunicación.
Para Galindo, intentar desacreditar a quienes ejercen la crítica pública con el argumento de que no cuentan con determinada formación académica resulta particularmente delicado en un contexto donde la libertad de expresión se encuentra en el centro del debate estatal.
El alcalde recordó que algunos de los periodistas más influyentes de México construyeron su prestigio a partir de su trabajo y trayectoria, no necesariamente de una formación universitaria específica en periodismo o comunicación.
“Muchos grandes periodistas de este país no estudiaron ni periodismo ni ciencias de la comunicación”, señaló.
Las declaraciones del presidente municipal también pueden leerse como una crítica de fondo a la visión que ha acompañado la reforma sobre inteligencia artificial y violencia digital
El alcalde sostuvo que la realidad digital ha transformado la forma en que circula la información y que hoy millones de personas participan en la conversación pública a través de plataformas digitales, por lo que intentar restringir o jerarquizar esas voces representa una visión anacrónica.
“Todo mundo opina. Vivimos en el mundo de las redes sociales, en un mundo muy abierto”, expresó.
La controversia ocurre en un momento en que organizaciones civiles, periodistas y creadores de contenido han advertido que la discusión sobre inteligencia artificial en San Luis Potosí se ha desplazado hacia un debate más amplio sobre libertad de expresión, censura y uso del derecho penal para castigar publicaciones en internet.
En ese contexto, la postura de Galindo apunta a una crítica de fondo: que el problema ya no es únicamente una ley, sino la idea de que desde el poder se pueda definir quién tiene derecho a ejercer la comunicación pública y quién no. Una discusión que, para muchos de los actores involucrados, toca uno de los principios fundamentales de cualquier democracia.
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Se cerró temporalmente el principal aeropuerto del país
Por: Roberto Mendoza
Al menos 164 personas han muerto y otras 971 resultaron heridas tras los dos poderosos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela la tarde del miércoles 24 de junio, informaron autoridades del país, mientras continúan las labores de rescate entre edificios colapsados y zonas severamente afectadas.
Los movimientos telúricos, ocurridos con apenas 39 segundos de diferencia y con epicentro en la región costera de Carabobo, provocaron daños considerables en Caracas y el estado de La Guaira, considerado uno de los puntos más golpeados por la emergencia. Decenas de inmuebles sufrieron derrumbes parciales o totales, lo que obligó a intensificar la búsqueda de personas atrapadas bajo los escombros.
La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas reportó además más de 30 réplicas
El gobierno venezolano anunció la creación de un fondo extraordinario de 200 millones de dólares para atender la reconstrucción de infraestructura estratégica, hospitales y vialidades, aunque organismos internacionales estiman que las pérdidas económicas podrían superar los 10 mil millones de dólares debido a la magnitud de los daños.
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El Gobierno Federal asignó los trabajos que permitirán evaluar los impactos ambientales del tramo de 203 kilómetros
Por: Redacción
El proyecto del tren de pasajeros entre Querétaro y San Luis Potosí registró un nuevo avance luego de que el Gobierno Federal adjudicara los estudios ambientales necesarios para continuar con la planeación de la obra ferroviaria.
Será el consorcio conformado por Ingeniería y Construcción 3G y Ecosfera Consultoría Desarrollo y Supervisión Ambiental el que se encargue de esta parte del proyecto.
Los trabajos forman parte del proceso previo a la construcción del tramo Querétaro-San Luis Potosí, considerado dentro del corredor ferroviario México-Nuevo Laredo, una de las principales apuestas de infraestructura de la administración federal.
De acuerdo con la convocatoria emitida por la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (Attrapi)
El tramo contemplado tiene una longitud aproximada de 203 kilómetros y atravesaría municipios de Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí. En territorio potosino, la ruta considera el paso por Santa María del Río, Villa de Reyes, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.
Como parte de los trabajos también deberá elaborarse la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), así como estudios relacionados con cobertura vegetal, uso de suelo, manejo ambiental y evaluación técnico-económica del proyecto.
El tren Querétaro-San Luis Potosí forma parte de la segunda fase de expansión de la red nacional de trenes de pasajeros impulsada por el Gobierno Federal, junto con los tramos San Luis Potosí-Saltillo, Irapuato-Querétaro y Mazatlán-Los Mochis.
Aunque la adjudicación de los estudios no implica el inicio inmediato de las obras, sí representa uno de los pasos indispensables para obtener las autorizaciones ambientales y definir la viabilidad final del proyecto ferroviario.
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