junio 12, 2026

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Presunto homicida… a la elección del Poder Judicial Federal

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Tras haber sido denunciado públicamente y ser eliminado de las listas locales, Sabas Santiago Ipiña logró colarse en las listas federales; se le vincula con con grupos del crimen organizado

Por: Redacción

Sabas Santiago Ipiña Ramírez, quien fuera denunciado públicamente de presunto homicidio y vínculos con el crimen organizado, quedó fuera de las listas del Poder Ejecutivo y el Legislativo de la entidad potosina, en las que apareció como aspirante a un cargo de elección desde el pasado mes de febrero. No obstante, ha logrado figurar como candidato para un cargo en el Poder Judicial, pero ya no en el orden estatal, sino a nivel federal.

El 12 de febrero de 2025, Rosalinda Ávalos Reyes, ex agente de la Policía Ministerial de la entonces Procuraduría General del Estado (ahora conocida como Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado), denunció públicamente que Sabas Santiago Ipiña Ramírez fue el autor intelectual del homicidio de sus dos hijos en 2020. Además, lo vinculó con la delincuencia organizada, asegurando que su participación en el proceso de selección de jueces era una muestra de la posible infiltración del crimen en el Poder Judicial.

Esta denuncia tuvo un impacto inmediato en su aspiración a un cargo judicial en el ámbito estatal. Luego de la manifestación de Ávalos Reyes en el Congreso del Estado, la Junta de Coordinación Política anunció que Sabas Ipiña sería eliminado de la lista de candidatos en San Luis Potosí. Sin embargo, se le notificó que podía impugnar esta decisión.

A pesar de que en el ámbito estatal fue descartado por no cumplir con el requisito constitucional de tener más de cinco años de experiencia como litigante, en el ámbito federal su candidatura sigue en pie.

Su nombre aparece en el listado de personas elegibles aprobado por el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación desde el 12 de diciembre de 2024, mucho antes de que su perfil fuera examinado en el Poder Legislativo local.

Esta situación evidencia una preocupante desconexión entre los filtros de selección a nivel estatal y federal. Mientras en San Luis Potosí fue eliminado del proceso, a nivel federal sigue siendo un aspirante válido, lo que plantea serios cuestionamientos sobre la efectividad de los mecanismos de verificación y transparencia en la selección de jueces.

La inclusión de Sabas Ipiña Ramírez en el proceso de selección federal genera preocupaciones sobre la posible filtración de perfiles con antecedentes cuestionables dentro del sistema judicial.

Además ha generado un fuerte cuestionamiento sobre los procesos de selección de jueces a nivel nacional, debido a la falta de una revisión exhaustiva sobre su historial y las denuncias en su contra muestran vacíos en la regulación del proceso.

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¿Por qué hay tan pocas mujeres en las preliberaciones de SLP?

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Las mujeres representan una fracción menor de la población carcelaria en San Luis Potosí, lo que se refleja en los números de cada evento de preliberación

Por: Redacción

Nohemi Proal Huerta, secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, aclaró que las preliberaciones en San Luis Potosí no se otorgan con cuotas de género ni se concentran en un solo centro penitenciario: el criterio es exclusivamente la situación procesal de cada persona privada de libertad (PPL).

La funcionaria respondió así a cuestionamientos sobre si existirían eventos de preliberación exclusivos para el penal femenino de Xolol, donde la presencia de mujeres beneficiadas ha sido notoriamente baja en ejercicios anteriores.

“No nos basamos en que sean más hombres o más mujer es. De hecho, la población femenina dentro de los centros es mucho menor a la de los hombres

“, afirmó Proal Huerta.

La secretaria explicó que cada evento de preliberación aplica al universo total de PPL en todos los centros del estado — no a un penal en específico — y que el beneficio se otorga a quienes cumplen los requisitos de acuerdo a su proceso, independientemente del género.

Sobre el evento más reciente, Proal Huerta reconoció que las mujeres fueron la menor parte de las beneficiadas, aunque sostuvo que el resultado fue “mucho más equilibrado que otros”.

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Guardia Civil actuó por orden judicial en desalojo de Tampamolón: Jesús Juárez

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Desalojos de este tipo —ordenados por jueces civiles y mercantiles— ocurren dos o tres veces al día en la entidad, según el funcionario responsable de seguridad estatal

Por: Redacción

Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, afirmó que la participación de la Guardia Civil Estatal en el desalojo de familias indígenas en el predio La Peña de Tampamolón fue realizada como “apoyo” a una orden judicial de restitución de inmueble emanada de un juzgado civil, y que la corporación actúa conforme a “fundamento legal” sin conocer los expedientes específicos de cada caso.

En respuesta a cuestionamientos sobre la intervención de la corporación en el desalojo, que circuló en redes sociales con denuncias de agresiones, detenciones y daños, Juárez Hernández precisó que la Guardia Civil no fue convocada de oficio sino mediante solicitud formal de la autoridad judicial. “No fuimos convocados mediante oficio para apoyar nada más”, dijo durante la entrevista.

El funcionario sostuvo que la corporación cumple un rol limitado en estos operativos: ejecutar la orden sin intervenir en la evaluación de los expedientes civiles que la originan. “No conocemos el expediente, solamente cumplimos con el ordenamiento”, afirmó Juárez Hernández, al reiterar que desconoce el trasfondo específico del desalojo en Tampamolón.

Según el titular de Seguridad, los desalojos con apoyo de fuerzas públicas —ya sean municipales, estatales o de la Policía de Investigación— son procedimientos recurrentes en la entidad. “Son de recurrentes, dos o tres diarias

“, indicó. Precisó que la mayoría corresponde a restituciones civiles de inmuebles: conflictos donde un juez civil resuelve en favor de una de las partes y ordena el desalojo del predio ocupado.

Juárez Hernández justificó la presencia de fuerzas de seguridad en estos actos como medida preventiva ante posibles conflictos entre los actores involucrados. “Precisamente por eso es necesaria la presencia de la fuerza pública para evitar que los actores entren en conflicto“, comentó, aunque aclaró nuevamente que la corporación no revisa ni participa en la decisión judicial que origina el desalojo.

El contexto del desalojo en Tampamolón incluye denuncias en redes sociales de presuntas agresiones, detenciones y daños a viviendas, según reportaron habitantes de la comunidad que identificaron a las familias desalojadas como indígenas náhuatl y tének. La participación de la fuerza pública en estos conflictos agrarios ha generado cuestionamientos sobre represión y supervisión de las corporaciones.

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Ciudad

Valladares promete plan hídrico de largo plazo para San Luis Potosí

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El legislador afirmó que la falta de agua es su prioridad y prometió trabajar en una solución de corto plazo, además de un plan hídrico de mediano y largo plazo para la capital y el estado.

Por: Redacción

Juan Carlos Valladares, diputado federal, se comprometió a resolver el problema de abasto de agua en su distrito en el corto plazo y a impulsar un plan hídrico de largo plazo para San Luis Potosí.

El legislador regresó a su distrito con “buenas noticias” y proyectos en marcha y aprovechó para reiterar que el agua es una prioridad que no data solo de campaña.

“Es un tema que ha generado muchísima problemática y obviamente frustración y hartazgo de la población”, reconoció Valladares, quien sostuvo que existe una solución “en el corto plazo”.

El diputado llamó a construir una visión estructural. “La capital, el estado tiene que tener proyectos muy importantes en cuestión hídrica y creo que tenemos que trabajar en ello”, afirmó.

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