“No estamos de acuerdo con las redadas migratorias como medidas de solución, y menos cuando se hace uso de la violencia”, añadió.

Por: Redacción

El diputado Marcelino Rivera Hernández, presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso del Estado, hizo un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y al Instituto Estatal de Migración, para que implementen acciones efectivas ante el atropello a los derechos humanos y civiles que están sufriendo los connacionales que radican en los Estados Unidos por las políticas migratorias implementadas por el presidente Donald Trump.

“No estamos de acuerdo con las redadas migratorias como medidas de solución, y menos cuando se hace uso de la violencia excesiva como forma de atender el fenómeno migratorio”.

Por ello, debe existir total apego al debido proceso y a la dignidad humana, y el Gobierno de México debe enfocarse a realizar un llamado diplomático “respetuoso pero firme” a las autoridades estadounidenses para que todos los procedimi entos migratorios se realicen con estricto apego a derecho, en un marco de respeto a la dignidad humana y al estado de derecho.

Puntualizó que la SRE debe centrarse en garantizar la debida protección consular y asistencia legal a los mexicanos que radican en los Estados Unidos; se debe apoyar desde los consulados de México en Estados Unidos, especialmente del estado de California, para activar los mecanismos de protección a los connacionales, lo que implica visitar a los detenidos y establecer contacto con ellos y sus familias.

Se debe dar información sobre las personas detenidas en las redadas, ya que actualmente se reportan a 42 mexicanos detenidos en Los Ángeles, la mayoría son trabajadores de una fábrica textil, y se debe dar seguimiento a las deportaciones para brindar todo el apoyo legal.

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La diputada Sara Rocha hizo un llamado a Semarnat para que actualice inventarios de tiraderos y procedan a su suspensión

Por: Redacción

Es urgente que los tres órdenes de gobierno elaboren y actualicen inventarios de tiraderos; inspeccionen, clausuren y sancionen a quienes operan esta actividad por el bien del medio ambiente y la salud pública de las familias potosinas.

En un punto de acuerdo presentado en el Congreso local por la diputada Sara Rocha Medina, expuso el grave problema que enfrentan habitantes del municipio de Charcas a causa de los tiraderos de residuos a cielo abierto.

Por ello exhortó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental de San Luis Potosí y al Ayuntamiento de Charcas implementar medidas reales de remediación a un problema que también afecta la flora, la fauna y posibles mantos acuíferos.

“Las y los vecinos me han buscado, han alzado la voz en diferentes medios, han hecho manifestaciones, y hoy vengo a nombre de ellos a pedir por sus causas urgentes que no distinguen ni colores ni partidos”, enfatizó en la tribuna.

La también presidenta del PRI en San Luis Potosí mencionó la urgencia de que el gobierno federal mande recursos para atender las problemáticas de los tiraderos que no son solo exclusivos de este estado.

No podemos, dijo, ignorar el tema y es deber de la LXIV Legislatura del Congreso responder con acciones concretas.

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La propuesta de la diputada Dolores Robles pretende sancionar a quien dé a consumir estupefacientes a una persona sin su consentimiento

Por: Redacción

Con el objetivo de incorporar la sumisión química como medio para la comisión de delitos, la diputada María Dolores Robles Chairez propuso una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, específicamente en los delitos de violación, abuso sexual, y robo.

Explica que el concepto Sumisión Química (SQ) puede definirse como la administración de sustancias estupefacientes a una persona, sin su consentimiento, con la finalidad de cometer en su agravio algún delito, de forma que se pueda manipular su voluntad o modificar su comportamiento.

Esta situación no se encuentra prevista en el marco normativo de Estado, por lo que considera necesario sancionar a quien incurra en la conducta de administrar a la víctima cualquier tipo de sustancia, tóxica; estupefaciente, psicotrópica o cualquier otra de origen natural o artificial que le impidiera evitar la ejecución de los delitos de violación, abuso sexual o robo.

En el caso del delito de violación, se busca incrementar la pena de uno a cuatro años de prisión, cuando a la víctima se le haya administrado alguna sustancia, que establezca la incapacidad para evitar la comisión del acto.

En el caso de abuso sexual, dichas acciones se incorporan al delito de abuso sexual, calificado y se aumentará la pena prevista en una mitad más. El abuso sexual se sanciona con una pena de seis a diez años de prisión y sanción pecuniaria de doscientos a quinientos días del valor de la unidad de medida y actualización.

Y en el caso de robo, se considerará calificado, cuando se haya administrado a la víctima alguna sustancia, tóxica; estupefaciente, psicotrópica o cualquier otra de origen natural o artificial que le impidiera evitar ser desapoderado de algún bien.

La legisladora Robles Chairez señala que es preocupante que independientemente del objeto de la sumisión química que persiga la persona victimaria, ya sea con fines de carácter sexual o de daño patrimonial, en el afán de lograr la sumisión, las dosis suministradas a las víctimas sean excesivas y puedan generar episodios letárgicos extremos, ceguera, o bien hasta el deceso de la víctima.

Cabe mencionar que en la sumisión química, las sustancias se colocan en la bebida de la víctima, quien además de los síntomas mencionados, también puede padecer dificultad respiratoria, taquicardias, hipotensión, convulsiones, aumento en la temperatura corporal, dificultad del movimiento y vómito.

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión Segunda de Justicia.

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