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Pasajeros pagarán por 19 años la deuda del Aeropuerto de Texcoco
A través de la Tarifa de Uso del Aeropuerto, los usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pagarán la deuda que causó la cancelación del proyecto en Texcoco
Por: Redacción
Los usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) pagan una Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) cada que despegan o aterrizan, sin embargo, esos recursos se utilizarán para pagar la deuda que dejó la cancelación del proyecto de Texcoco.
De acuerdo con el diario El Universal, en todos los aeropuertos los recursos obtenidos por la TUA se destinan al mantenimiento y ampliación de la terminal aérea, pero debido a que el gobierno dejó en garantía los ingresos de la tarifa para financiar la construcción de Texcoco, los pasajeros serán quienes paguen la deuda que dejó la cancelación de la obra.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que la cancelación del aeropuerto dejó una deuda de 6 mil millones de dólares en bonos y 30 mil millones de pesos en certificados fiduciarios en la fibra E.
Debido a lo anterior, en diciembre del año pasado el gobierno federal lanzó una oferta de recompra por mil 800 millones de dólares en bonos, además del pago de intereses y una recompra anual de 200 millones de dólares de los bonos garantizados por la TUA para lograr el pago total de la deuda en 10 años.
Al respecto, Rogelio Rodríguez, abogado en Derecho Constitucional y Aeronáutico, explicó que el gobierno federal recompró alrededor de 20 por ciento de los bonos emitidos y renegoció el 80 por ciento restante, por lo que la TUA servirá para pagar esa deuda.
“México es un caso único en el mundo porque todas las TUA aeroportuarias se pagan para mejorar un aeropuerto, para su expansión y mejoras, y nosotros estamos pagando para financiar la deuda de una decisión gubernamental que fue en el sentido de turar toda la inversión y asumir la deuda”, señaló.
Con información de: El Universal
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Le niegan amparo a Tekmol por huachicoleo
El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales, pero los procesos continúan avanzando. Además, ha buscado insistentemente regresar a la política mediante nuevos cargos públicos, presumiblemente para obtener fuero e impunidad, pero sus esfuerzos no han prosperado debido al rechazo ciudadano y su polémica reputación.
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Diputados federales del PAN exigen a FGR investigación contra Sánchez Zumaya
Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
, empresa de Gerardo Sánchez Zumaya.“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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FGR cierra oficialmente investigación contra Gallardo
El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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