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PAN y estancia infantil en SLP presentan amparo por recorte presupuestal
El dirigente estatal del PAN hizo un llamado al gobernador para que atienda el problema y absorba el costo para que las estancias infantiles sigan operando
Por: Redacción
Juan Francisco Aguilar Hernández, dirigente estatal del PAN, presentó acciones a favor de las estancias infantiles en el estado, junto a la maestra Gloria Ivette García Valles, encargada de la estancia infantil “La Casa del Árbol” y los legisladores federales.
El dirigente declaró que Acción Nacional “siempre defenderá las causas justas y principalmente aquellas que fortalecen el tejido social y que sumen a la educación”, por esto hizo un llamado al gobernador para que atienda el problema y absorba el costo para que las estancias infantiles sigan operando.
Asimismo, respaldó el amparo suscrito por la maestra Gloria Ivette García Valles, el cual busca que se respete el presupuesto de las estancias y se logre mantener “el espacio que beneficia a la niñez con educación, cuidado y atención de personas preparadas”.
Sobre esto, la maestra lamentó las acciones que se han tenido que tomar a raíz de la disminución de los recursos, ya que “se ha tenido que recortar personal y dejar de comprar material para continuar operando después de los casi tres meses que sin el subsidio federal”.
En el mismo tema, la legisladora Josefina Salazar lamentó que “se esté castigando un programa que no ha tenido observaciones mayores por parte de la Auditoría Superior de la Federación y que además se pretenda estigmatizar de corrupción cuando no existen denuncias a estos espacios”.
Asimismo, el diputado Xavier Azuara Zúñiga declaró que “no se ha actuado de la manera debida en torno a este tema, pues fue la misma titular de la Secretaría del Bienestar quien se negó a reunirse con las y los diputados en la Cámara para trazar soluciones y no dañar a la niñez del país”.
Del mismo modo, el diputado Marcelino Rivera Hernández pidió “no dejar de luchar por la niñez del país que ha sido la más afectada con las medidas que se tomaron en el gobierno”.
Por su parte el senador Marco Gama condenó que con “las medidas habrá afectaciones en la formación de las y los niños que se verán obligados a dejar las estancias, pues estos espacios contribuían para su desarrollo”.
Por último, los legisladores federales y el presidente estatal coincidieron en la posibilidad de que el Gobierno del Estado absorba el gasto de este programa tal y como hace en otras entidades del país y enfatizaron que “no dejarán de dar la batallar a favor de la niñez y las familias de México”.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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