Congreso del Estado
#NoNoNo | Congreso rechazó solicitud de Ramírez Konishi para integrarse a la bancada de MC
La Jucopo argumentó que las y los diputados solo pueden estar en un grupo parlamentario por legislatura
Por: Redacción
Liliana Flores Almazán, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, dijo que el órgano del Legislativo rechazó la solicitud del diputado Mauricio Ramírez Konish para formar parte de la bancada de Movimiento Ciudadano.
La presidenta de la Jucopo aseguró que se respondió esta solicitud conforme el Artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, en donde establece que: “Las diputadas y los diputados sólo podrán pertenecer a un grupo parlamentario o una representación parlamentaria; o ser diputadas o diputados independientes si se separan de su grupo parlamentario durante la Legislatura.
En caso de renuncia a un grupo parlamentario, las y los legisladores no se incorporarán a otro grupo parlamentario, por lo que mantendrán su independencia dando aviso a la Junta de Coordinación Política para que surta los efectos correspondientes”.
Durante la reunión de este martes 11 de abril se notificó al resto de integrantes de la bancada de Movimiento Ciudadano que se negó la solicitud de Ramírez Konishi.
El congresista presentó la solicitud el 30 de marzo, en donde declaró que si su incorporación era denegada, emitirá una demanda para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano ante el Tribunal Electoral del Estado.
Flores Almazán mencionó que el legislador está en su derecho de emprender el juicio “para sus intereses particulares”, y esperar el resultado que los tribunales le otorguen.
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En su exposición de motivos se advierte que “esta actividad trae consigo grandes problemas ambientales, sociales y de salud pública”
Por: Redacción
La diputada Brisseire Sánchez López, impulsa un Punto de Acuerdo para exhortar a la titular de la Secretaría de Energía Federal (Luz Elena González Escobar), para qué dentro de sus atribuciones se tomen medidas para evitar la práctica del “Fracking” en el territorio de San Luis Potosí.
En su exposición de motivos advierte que “esta actividad trae consigo grandes problemas ambientales, sociales y negativos para la salud pública, en pocas palabras un impacto socioambiental negativo. Además el fracking puede entenderse como un proceso que sirve para identificar, explorar y extraer gas natural y petróleo, mediante una fracturación hidráulica”.
Se debe valorar detenidamente y con mucho detalle las autorizaciones para esta práctica, se debe consultar y sensibilizar a las comunidades de los efectos que pudieran tener; además, se debe de tomar en cuenta y respetar sus puntos de vista y opiniones de todas las personas cercanas a las zonas en donde se pretendan llevar estas perforaciones.
Sánchez López, puntualizó que “en caso de aplicarse en el Estado, en específico en la zona Huasteca, la situación seria muy crítica, ya que el 70% de sus habitantes es población indígena, a quienes se les debe respetar y garantizar sus usos y costumbres, consultándoles en todo momento las intenciones de aplicar métodos de perforación y establecer medidas para proteger las zonas en donde habitan”.
Héctor Serrano Cortés, destacó que en este proceso de análisis de la nueva Ley Orgánica, hay certeza, inclusión y concertación
Por: Redacción
Con la participación de representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial, asociaciones de abogados y especialistas el tema, el Congreso del Estado llevó a cabo el último foro sobre la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que es analizada en comisiones y será aprobada y expedida en los próximos días, informó el diputado Carlos Arreola Mallol.
Participaron como ponentes el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez; la Fiscal General del Estado, María Manuela García Cázares; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, magistrado Arturo Morales Silva y la magistrada electa Lourdes Anahí Zarazúa Martínez; asistieron magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Carlos Arreola Mallol, destacó que en el marco de esta nueva era jurídica para México, el Poder Legislativo ha realizado mesas de diálogo con responsabilidad, voluntad política y altura de miras de los tres Poderes, para tener un ordenamiento a la altura de las necesidades del nuevo Poder Judicial.
El legislador Héctor Serrano Cortés, presidente de la Comisión de Gobernación, destacó que en este proceso de análisis de la nueva Ley Orgánica, hay certeza, inclusión y concertación, en un procedimiento institucional que será cubierto a cabalidad y sumando esfuerzos, para presentar al Pleno un solo dictamen consensuado.
Se mantendrán reuniones previas para generar la estrategia para apoyar a la población de esta zona, y establecer un protocolo de requisitos
Por: Redacción
Dulcelina Sánchez de Lira, informó que en conjunto con el Instituto de Regularización y Vivienda Social del Estado (INREVIS), se estará trabajando en diversos municipios de la zona Altipla no para apoyar a la población que lo requiere en la regularización de sus predios y viviendas y con ello, brindar una certeza jurídica sobre sus propiedades.
Precisó que se iniciará con la revisión de algunos casos en el municipio de Mexquitic de Carmona, donde se buscará generar una estrategia para que se puedan poner en orden estas propiedades.
“En días pasados estuvimos ahí en una reunión con el titular del Instituto de vivienda, pues hay varios municipios que tienen una condición en la cual pues la ciudadanía no cuenta con una certeza jurídica de los predios que habitan o de sus tierras. Y, se buscará trabajar de manera coordinada con el Instituto, para generar un plan o una estrategia para poder dar de esa certeza que la ciudadanía, y en este caso, el municipio de Mexquitic es uno de los municipios con mayor rezago en ese sentido”.
Dijo que se mantendrán las reuniones previas, para generar la estrategia a seguir para apoyar a la población de esta zona, y establecer un protocolo con los requisitos documentales necesarios para que la población inicie su procedimiento de regularización de su situación sobre la tenencia de sus propiedades.
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