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“Morales está contaminada con plomo y magnesio”: UASLP
Una investigación del doctor Fernando Díaz Barriga revela que, por el momento, no se debería permitir urbanizar los terrenos de la antigua planta de cobre
Por: Itzel Márquez
Hace unos días, se dio a conocer una investigación hecha por el Sistema de Vigilancia Integrada de Comunidades Contaminadas (Sivicco) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) realizada en la colonia Morales y las zonas cercanas en la cual se menciona que la cantidad de plomo y magnesio en el lugar es mayor a la permitida; La Orquesta contactó al doctor Fernando Díaz Barriga, autor de dicho estudio, para quien explicó que no se debería permitir urbanizar en los terrenos de la antigua planta de cobre, como pretende hacer Grupo México, perteneciente al empresario Germán Larrea.
Díaz Barriga mencionó que lleva 35 años trabajando en dicho lugar, desde que la planta de cobre estaba activa y ha realizado estudios de forma constante:
“Lo que hemos demostrado es que a pesar de que la planta de cobre cerró, aún existe una contaminación residual en el suelo, esto debido a que los metales no se destruyen, se mantienen e impactan a quienes están más en contacto con el suelo, los niños, quienes además absorben más los metales en el organismo que los adultos, el plomo y arsénico afectan en su desarrollo intelectual”, mencionó el investigador.
Fernando Díaz añadió que si en el sitio de la investigación se pretende construir residencia o urbanizar, es necesario llevar a cabo nuevas evaluaciones porque el sitio se declaró limpio según estándares industriales, no residenciales y las guías y normas eran diferentes a los que existen ahora.
“En la administración anterior hicimos llegar los resultados de la investigación al gobierno municipal en las rondas públicas para generar el Plan de Desarrollo Urbano en donde se indicaba que era necesaria una nueva evaluación de riesgo, pero la respuesta fue poco clara porque nunca vi el documento final, aunque en el borrador sí se señalaba que la Minera México tenía que demostrar que no había riesgos antes de urbanizar la zona”, finalizó Díaz Barriga.
EL PLAN DE GRUPO MÉXICO
En enero del 2020, Grupo México dio a conocer el macroproyecto denominado “Plan San Luis”, el cual contaría con una inversión de mil millones de dólares en 10 años para desarrollar infraestructura urbana, inmobiliaria y comercial en 470 hectáreas de su propiedad ubicadas en el poniente y sur poniente de la ciudad.
“Plan San Luis” contempla la construcción de 7 mil 500 viviendas, comercios, centros de negocio, instituciones académicas, y áreas verdes en los terrenos que albergaron durante décadas las plantas de cobre y zinc en la capital potosina.
Grupo México destacó en aquel entonces que el proyecto contaba con los dictámenes federales para su arranque y que están preparados para llevar a cabo los procedimientos para los cambios de uso de suelo que correspondan en cuanto la ciudad termine la etapa de consulta y publicación del nuevo plan de ordenamiento territorial y el plan de desarrollo urbano.
Los directivos aseguraron que se cuenta ya con los estudios de sustentabilidad, topográficos, de impacto ambiental, escurrimientos y de factibilidad en las distintas etapas para que durante 10 años se desarrollen los “macro-lotes” que permitirán la inversión de particulares en el desarrollo de vivienda, centros comerciales, y espacios académicos y culturales.
Respecto a la vialidad y movilidad se explicó que el “Plan San Luis” considera la conectividad con la ciudad a través de un gran bulevar en la calle Oro, desaforo por el Río Santiago, el periférico y, además, la posibilidad del desarrollo de un tren ligero o metrobús que comunique la zona con el Centro Histórico, ubicado a 6 kilómetros desde la avenida Hernán Cortés.
El Plan San Luis, de acuerdo con sus promotores, generará 15 mil empleos temporales, 5 mil permanentes y reforestará 20 mil árboles en sus áreas verdes y vialidades; contará además con una planta de energía eólica así como una planta de tratamiento de aguas residuales.
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Inhabilitan a tres funcionarios estatales por caso “Rich”
La Contraloría General del Estado informó que los empleados cesados pertenecían a Protección Civil, Gobernación y Coepris
Por: Redacción
Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí, informó que la administración estatal ha concluido la investigación interna por el caso “Rich”, en el que un barandal de cristal se debilitó y fallecieron dos jóvenes.
El funcionario estatal indicó que hay tres personas de diferentes dependencias del Ejecutivo estatal presuntamente implicadas. Añadió que debido a la naturaleza de la investigación, no se revelaron sus nombres, sin embargo, dio a conocer que pertenecían a la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), la Dirección de Gobernación y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).
Las tres personas fueron desincorporadas de la administración pública estatal y se les dictó la correspondiente inhabilitación, luego que se determinó algún grado de responsabilidad en este caso.
Aguiñaga Muñiz manifestó que con esta acción, la Contraloría cumplió en tiempo y forma con la investigación correspondiente a este hecho. Asimismo, instó al Ayuntamiento de San Luis Potosí a dictar las responsabilidades correspondientes contra empleados de cualquier dirección que pudieran estar implicados, pues afirmó que la mayor responsabilidad recae sobre la administración municipal.
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Detienen proyecto de la presa Las Escobas: CEA
Su capacidad de 2.6 millones de m³ se consideró insuficiente en el informe de la dependencia estatal y la Conagua; el proyecto no se canceló definitivamente
Por: Redacción
El proyecto de construcción de la presa Las Escobas, planteado como una opción para reforzar el abastecimiento de agua en la zona metropolitana de San Luis Potosí, se encuentra detenido debido a su inviabilidad técnica, y no por retrasos administrativos del gobierno estatal, aclaró Pascual Martínez Sánchez, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA).
Martínez explicó que el Dictamen Técnico Unificado, elaborado en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), reveló que el volumen de almacenamiento proyectado para Las Escobas —2.6 millones de metros cúbicos— resulta insuficiente si se compara con otras presas en la región, como la de San José (5 millones) o El Peaje, que actualmente almacena cerca de 7 millones de metros cúbicos.
Si bien reconoció que cualquier proyecto para captar agua es valioso , también subrayó que se deben considerar factores como ubicación, tiempo de ejecución y costo-beneficio, y que en el caso específico de Las Escobas, estos elementos no justifican su construcción por ahora.
El funcionario estatal recalcó que el proyecto no está cancelado de forma definitiva, sino que se mantiene en cartera para ser reactivado en caso de que las condiciones técnicas, ambientales o presupuestales cambien en el futuro.
Finalmente, indicó que el gobierno estatal ya analiza otras alternativas más viables, rápidas y económicas para lograr el mismo objetivo: garantizar el abastecimiento eficiente de agua para la capital potosina y su zona conurbada.
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SCT llama a plataformas de transporte a regularizarse: “por seguridad pública”
La dependencia estatal pidió a plataformas como Uber, Didi e InDrive registrar a sus operadores
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en San Luis Potosí, reiteró el llamado a las empresas de redes de transporte como Uber, Didi e InDrive a cumplir con el registro de sus operadores ante la dependencia estatal, como lo exige la ley.
Martínez Acosta subrayó que esta medida no sólo se trata de un trámite burocrático, sino de un asunto de seguridad pública tanto para los usuarios como para los propios conductores.
“Es prioritario que todos los operadores de transporte público estén registrados en la Secretaría. Eso nos permite contar con su identificación, saber dónde viven y tener certeza de que pasaron ciertas pruebas para poder ejercer la actividad”, expresó.
Indicó que si bien algunos conductores han buscado regularizarse de manera individual, es necesario que las plataformas también asuman su responsabilidad y presionen internamente para cumplir con los requisitos legales.
Asimismo, informó que la SCT continúa asegurando vehículos que operan sin la debida autorización del estado.
Respecto a los recientes hechos de violencia y robos a choferes de plataformas, la funcionaria dijo no tener conocimiento de un patrón delictivo definido, pero aseguró que trabajan en coordinación con la Fiscalía General del Estado para dar seguimiento a cualquier presunto delito que involucre unidades de transporte público.
“Nos mantenemos en contacto con la Fiscalía para actuar de forma conjunta cuando se cometa algún delito a bordo de una unidad, registrada o no”, agregó.
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