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Meta, la empresa que ha vivido 30 años a costillas de SLP

Para 2050, la empresa encargada de construir las nuevas obras viales en el estado habrá invertido casi nada y ganado más de 40 mil millones de pesos
Por: Redacción
El pasado jueves (8 de octubre), Juan Manuel Carreras y toda su administración celebraron el anuncio hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador de que, como parte de un programa nacional de obras con aportaciones público privadas, en San Luis Potosí se realizarán tres proyectos de infraestructura por 12 mil 245 millones de pesos. No cabe duda que es una buena noticia para el estado, pues además se trata de trabajos fundamentales para paliar las carencias en movilidad que se viven, sin embargo, hay en esto un aspecto negativo y los nuevos caminos serán construidos por una sola empresa Mexicana de Técnicos en Autopistas, S.A. de C.V. (Meta), subsidiaria de Grupo Valoran, mediante el desdoblamiento de un título de concesión que poseen desde hace 30 años y que les permite y permitirá ganar miles de millones de dólares al menos hasta el 2050, todo sin realmente invertir.
México ha acudido por años al modelo de títulos de concesión que sirve para que particulares se hagan cargo de otorgar servicios a la población y realizar obras consideradas como públicas, esto en sustitución de las instituciones gubernamentales. A cambio, en el caso de caminos y carreteras, las empresas tienen el derecho de cobrar a los propietarios de vehículos que transitan por esas vías un peaje, esto hasta que la constructora recupere su inversión y consiga la remuneración por el trabajo realizado.
Uno de los títulos de concesión más importantes en la historia de las carreteras de San Luis Potosí es el que se entregó el 15 de octubre de 1990: El gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, a través de Juan Molinar Horcasitas (secretario de Comunicaciones y Transportes), dio la concesión para construir, conservar y explotar el Libramiento Oriente de San Luis Potosí a la empresa Meta.
La concesión fue dada originalmente por un plazo de 8 años y 6 meses. El proyecto consideraba la construcción de un tramo carretero de 33.7 km, diseñado para que los vehículos del corredor México-Nuevo Laredo evitaran pasar por la mancha urbana de la capital potosina. Han transcurrido 30 años, al título se le han hecho siete modificaciones que permitieron que Meta construyera los libramientos Oriente, Norte y Poniente, además de obras complementarias, a las que ahora hay que sumar: Vía Alterna en su primera etapa, el Libramiento Ventura-El Peyote y el Libramiento La Pitahaya-Libramiento Oriente.
La Orquesta ya realizó la solicitud de información para conocer cuáles serán las condiciones de esta nueva modificación al título concesión, que aún no está disponible, sin embargo, en su sexto ajuste, que se realizó el 4 de mayo del 2016, con Enrique Peña Nieto como presidente de México y Gerardo Ruiz Esparza en la SCT, se amplió el plazo del título para que pasó de concluir en el año 2037 (47 años después de haber sido otorgado) a terminar en el 2050 (60 años), bajo la siguiente justificación, plasmada en la memoria documental:
«La Concesionaria “Mexicana de Técnicos de Autopistas, S.A. de C.V.” en atención a los acercamientos que ha tenido el Gobierno del Estado de San Luis Potosí (SLP), para exponer la necesidad de impulsar diversos proyectos de desarrollo económico e infraestructura, cuya realización impactará notablemente en el progreso del Estado, ha solicitado a la SCT, la ampliación de la concesión por 13 años restantes, para tener una vigencia de 60 años a partir de octubre de 1990».
La última gran obra que ha entregado esa concesión a San Luis Potosí fue el Libramiento Poniente. Se trata de un tramo carretero de 24.4 km que bordea la ciudad por el corredor Manzanillo–Tampico para conectar las carreteras a Guadalajara (México 80) y a Zacatecas (México 49). Se inauguró el 27 de febrero del 2017 y, de acuerdo con las cifras dadas en ese momento por Meta y el gobierno federal, tuvo una inversión de 1,600 millones de pesos.
A pesar de la importancia de esas obras, desde varias perspectivas se puede cuestionar el título de concesión de Meta, pues en primer lugar este ha generado que no existan licitaciones públicas para proyectos de importancia. Además, hubo poca inversión directa de la empresa, ya que los trabajos fueron financiados con créditos solicitados a instituciones bancarias, lo que encareció su costo y hace dudar del beneficio de haber concesionado. Por otro lado, vale revisar si de verdad Grupo Valoran requiere usufructuar durante 60 años (1990–2050) para recuperar su inversión y lograr un pago justo, para ello se puede hacer una proyección de las ganancias que la empresa recibirá, basados en las cifras que Meta ha colgado en su sitio web:
Meta asegura que por los tres libramientos que construyó (Oriente, Norte y Poniente) transitan anualmente un total de 9.5 millones de vehículos. El costo promedio de peaje para recorrer solo uno de esos libramientos es de 128 pesos con 45 centavos, lo que significa que, virtualmente, Grupo Valoran recauda al año mil 220 millones 275 mil pesos (la cifra se triplicaría si pensamos que la misma cantidad de vehículos recorren los tres tramos). La empresa reportó que para construir el Libramiento Poniente invirtió mil 600 millones de pesos, por lo que el costo total habría quedado prácticamente liquidado después de su primer año de operaciones (2017).
Hay que tomar en cuenta que no en todos los 60 años del título de concesión, Meta obtuvo u obtendrá recursos, ya que parte importante de ese tiempo se empleó para construir. No obstante, si solo consideramos el periodo de los 33 años posteriores a que los tres libramientos y el resto de las obras estuvieron inauguradas, y si establecemos que el Oriente y Norte se pagaron en el tiempo que funcionaron antes del 2017 y que cada vehículo solo usará uno de los tramos, tenemos que las ganancias para Valoran rondarán, para el final el año 2050, los 40 mil 269 millones 75 mil pesos de pesos (unos 2 mil millones de dólares).
Las condiciones para las tres nuevas obras de Meta, que iniciarán el 20 de noviembre, no se conocen públicamente, no obstante, es prácticamente un hecho que incluirán una ampliación de su título de concesión por al menos 15 años más, no solo para estas carreteras, sino para todas las que ha ejecutado desde 1990. También se puede anticipar que la empresa pedirá un crédito a Banobras, por lo que tendrá que invertir muy poco.
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Ciudad
Xavier Nava recupera derechos políticos tras polémica del puente Rocha Cordero
La obra, que costó 271 mdp, se construyó violando un amparo, lo cual le costó al municipio 12 millones más
Por: Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló este miércoles la inhabilitación por 18 años que el Congreso estatal impuso a Xavier Nava Palacios, exalcalde de San Luis Potosí. Con ello, recupera sus derechos políticos y podría postularse en próximas elecciones.
La sanción original derivó de la construcción del puente vehicular sobre el bulevar Antonio Rocha Cordero, entre el Periférico Oriente y la avenida Industrias, que tuvo un costo de 27 millones de pesos. La obra avanzó pese a un amparo que la detenía. Este proyecto, erigido en terrenos del ejido Rancho Viejo La Libertad
, desató un conflicto legal que escaló hasta una suspensión política para Nava y varios regidores.Durante la administración actual, el alcalde Enrique Galindo Ceballos pagó 4 millones de pesos como primer abono—de un total de 12 millones pactados— para la compra de esos terrenos y compensar a los ejidatarios afectados.
Sin embargo, la SCJN concordó con la argumentación de Nava y revocó la sanción, poniendo fin a un litigio de cuatro años.
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Destacadas
SEP, ISSSTE y casas fantasma: el turbio historial de estafas de Norma Loredo
El fraude no solo se limitó al Gobierno Federal: la denominada “gobernadora indígena” de SLP cuenta con un historial de denuncias por estafar a potosinos
Por: Bernardo Vera
La Orquesta ha dado a conocer el fraude del que varios potosinos han sido víctimas, al ofrecerles una vacante en la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno Federal, y del que supuestamente serían parte de una nueva dependencia conocida como “Subsecretaría de Auditoría y Control”.
La investigación arrojó el nombre de una persona identificada como Norma Judith Loredo Hernandez, quien de acuerdo a documentos, testimonios y otras pruebas, habría sido la encargada de operar este fraude contra alrededor de 500 personas en la entidad potosina , quienes tuvieron que pagar hasta 15 mil pesos para darse de alta en un sindicato fantasma.
Pero… ¿quién es Norma Judith Loredo Hernández?
Su nombre se ha relacionado con actividades públicas relacionadas con la cercanía a los sitios rurales o comunidades indígenas.
En agosto de 2022 fue electa como coordinadora estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD) tras participar en la convocatoria en la que fue planilla única.
En el directorio de México Blanco (identificada como una asociación civil dedicada a atender condiciones de vulnerabilidad en el país) aparece como directora nacional de Estrategia para el fomento de Procuración de Fondos. Asociación que, según su sitio web, sustenta sus actividades mediante donaciones voluntarias.
Una búsqueda en redes sociales la identifica como Gobernadora Estatal Indígena de San Luis Potosí, agrupación perteneciente al Gobierno Nacional Originario Indigena y el Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades indígenas, lo que indicaría que se trata de un perfil público con carácter de cumplimiento de una función social y que goza de cierta reputación.
No obstante, fuentes cercanas a La Orquesta constataron que el nombramiento del Consejo Nacional Indígena y grupos de “gobernadores indígenas” son una organización de alcance nacional en la que participan personas que se autodenominan “indígenas”, sin serlo; desconocen la discusión y problemática acerca de los pueblos indígenas y solo emplean un disfraz folclorista para hacerse de recursos públicos y engañar.
El 14 de junio de este año, se denunció a Norma Loredo a través de redes sociales, por su participación en la oferta de casas. Ahí mismo, alertan a la comunidad Teenek de la Huasteca, para hacer caso omiso en caso de sostener algún contacto con Norma Loredo y en la que se identifica su antecedente con el modus operandi de la SEP, ahora en presunta complicidad con Julio Cesar Chavez Hernandez.
El 13 de marzo de este año, otra publicación la identificaba como parte de la misma operación de plazas en la SEP, ahora en contubernio con dos personas y extendiendo operaciones en la zona Huasteca. Una de ellas de nombre Karyme Novoa Jonguitud, de Ciudad Valles, quien recluta a los supuestos aspirantes y recibiría los recursos que aportaban para su contratación. Otra de ellas, identificada como Soraya Arredondo, quien trabajaba junto a Norma Loredo en su despacho de la calle Mariano Ávila, en la capital potosina.
Desde febrero de 2024 su nombre aparece relacionado con la operación del mismo esquema de fraude, con presencia en la zona Centro y Huasteca de la entidad potosina. Ahí, presuntos enganchadores ofrecían sueldos desde los 25 hasta 50 mil pesos, y en los que se les solicitaron hasta seis mil pesos, para obtener un contrato de trabajo en puestos de inspectores y de promotores de proyectos en la SEP, así como otros cargos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
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