junio 16, 2026

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Seguridad

Mató a 3 hombres en Villa de Arriaga por un pleito entre familias

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Villa de Arriaga

Las víctimas sobrevivientes declararon que Eligio Enrique les disparó tras un pleito de años atrás, donde perdió la vida el hijo del ahora detenido

Por: Redacción

Un hombre de 54 años de edad fue detenido por agentes de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) por su presunta responsabilidad en la muerte de tres personas en el municipio de Villa de Arriaga.

Los hechos sucedieron el 2 de diciembre del año 2018, cuando el sujeto llegó a una tienda de abarrotes ubicada en la comunidad San Luis Gonzaga, donde varios integrantes de una familia tomaban cerveza tras haber salido de una boda.

El ahora detenido llevaba un arma larga de las llamadas “cuerno de chivo” y le disparó a sus víctimas, quienes no alcanzaron a protegerse; un joven de 18 años murió en el lugar mientras que sus cuatro primos resultaron lesionados y fueron trasladados para recibir atención médica en la capital del Estado.

Sin embargo, al arribar al hospital, se dio a conocer que otro de los lesionados había fallecido y un día después del ataque, otra de las víctimas perdió la vida al no soportar las lesiones

que presentaba por los disparos.

Los otros dos jóvenes fueron dados de alta y testificaron que quien los había agredido había sido Eligio Enrique “N”, debido a viejas rencillas entre las familias.

Señalaron que hace años, en ese mismo municipio, se registró una riña entre las dos familias, donde el hijo del ahora detenido perdió la vida.

Con base en testimonios y otros elementos de prueba, un agente del Ministerio Público solicitó a la autoridad judicial que emitiera la orden de aprehensión en contra de Eligio Enrique por el delito de homicidio calificado.

El sujeto fue detenido por la Policía Investigadora y puesto a disposición de la autoridad competente en el penal de La Pila.

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Estado

Gallardo anuncia nuevos sistemas de detección facial en el estado

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El gobernador anunció la instalación del sistema en los arcos carreteros que marcan la entrada y salida del Estado para identificar criminales buscados

Por: Redacción

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que el Estado instalará un sistema de reconocimiento facial en los arcos carreteros para detectar a criminales buscados registrados en Plataforma México. El mismo software funcionará durante la FENAPO 2024 en el Palenque como primer piloto operativo en un evento de esta envergadura.

El sistema cargará automáticamente todos los datos de objetivos criminales registrados a nivel nacional en Plataforma México —antes llamada Plataformas— y comparará en tiempo real las imágenes capturadas para identificar a personas buscadas. “Ya vamos a poder detectar a toda la gente que entra y sale de San Luis Potosí”, afirmó Gallardo Cardona.

En la FENAPO 2024, el software será instalado en las puertas delantera, trasera y laterales del Palenque. Según el gobernador, el alcance incluirá la localización de personas dentro del recinto desde el primer día hasta el cierre del evento. Además, el sistema identificará vehículos con reporte de robo

que intenten ingresar al lugar.

“Vamos a tener una gran recuperación” de vehículos robados, señaló Gallardo Cardona. El software funcionará tanto en los arcos carreteros como dentro del Palenque, en un “ejercicio” de localización de personas que, de resultar exitoso, podría expandirse a otros eventos y espacios del Estado.

La seguridad del Palenque será asumida por nuevas instituciones. La Fiscalía de la República, la Fiscalía del Estado de San Luis Potosí y la Guardia Civil serán responsables de la operación y vigilancia del lugar durante la FENAPO. Hasta ahora, la administración estaba concesionada a un operador privado.

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Destacadas

Mataperros de Soledad obtiene amparo y evita su detención

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Aunque la Fiscalía ya había obtenido una orden de aprehensión, un juez federal le concedió una suspensión dentro de un juicio de amparo

Por: Redacción

El hombre señalado por presuntamente haber matado a balazos a dos perros en un campo de fútbol de Soledad de Graciano Sánchez no será detenido por el momento, luego de obtener una suspensión federal dentro de un juicio de amparo que frena la ejecución de la orden de aprehensión girada en su contra.

Así lo confirmó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien explicó que la dependencia ya había integrado la carpeta de investigación por presunto maltrato animal y conseguido una orden de captura emitida por un juez de Control. Sin embargo, antes de que ésta pudiera ejecutarse, el imputado recurrió a la justicia federal.

La fiscal detalló que el Juzgado de Distrito concedió una suspensión para evitar que el hombre sea detenido mientras se resuelve el procedimiento de amparo, aunque la protección judicial está condicionada al cumplimiento de diversas medidas.

Entre ellas, deberá cubrir una garantía económica y acudir periódicamente ante la autoridad judicial para acreditar que permanece a disposición de la justicia: “Está concedida la suspensión para efecto de que no se le detenga”, señaló García Cázares.

La funcionaria precisó que la orden de aprehensión sigue vigente y podría ejecutarse si el acusado incumple cualquiera de las condiciones impuestas por el Poder Judicial de la Federación.

Por ahora, el caso que provocó indignación entre colectivos animalistas y usuarios de redes sociales permanece en una fase de espera, mientras las autoridades verifican que el imputado cumpla con las obligaciones derivadas del amparo.

El hecho ocurrió recientemente en un campo de fútbol de Soledad de Graciano Sánchez, donde dos perros fueron asesinados a balazos, un caso que generó una fuerte condena pública y reavivó el debate sobre las sanciones por maltrato animal en San Luis Potosí.

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SSPCE cuestiona a jueces que liberan a detenidos por delitos graves

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Jesús Juárez aseguró que muchas liberaciones no obedecen a errores policiales, sino a decisiones judiciales

Por: Redacción

Jesús Juárez Hernández, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, criticó los criterios utilizados por algunos jueces federales para otorgar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva a personas detenidas por delitos graves, al considerar que estas resoluciones debilitan el trabajo de las corporaciones de seguridad y pueden representar un riesgo para la ciudadanía.

El funcionario sostuvo que, en diversos casos, las liberaciones no obedecen a fallas en las detenciones realizadas por policías estatales o municipales, sino a decisiones tomadas posteriormente por las autoridades judiciales: “La situación de la liberación no tiene que ver incluso con la actuación policial”, afirmó.

Juárez explicó que las corporaciones suelen realizar investigaciones, operativos y puestas a disposición conforme a los procedimientos establecidos; sin embargo, señaló que algunos jueces optan por imponer medidas cautelares que permiten a los imputados enfrentar sus procesos en libertad.

Según el titular de Seguridad, existe una tend encia de algunos juzgadores a privilegiar criterios garantistas sobre la prisión preventiva,

incluso en asuntos relacionados con delitos de alto impacto o portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

“Entiendo yo, es una percepción, que hay jueces federales muy garantistas; prefieren dar otra medida en libertad que la prisión preventiva”, expresó.

El secretario advirtió que este tipo de resoluciones generan frustración entre los cuerpos de seguridad, debido a que muchas detenciones son resultado de meses de investigación, seguimiento e inteligencia operativa.

Además, aseguró que las corporaciones han documentado casos en los que personas liberadas posteriormente reinciden en actividades delictivas, situación que consideró especialmente preocupante cuando deriva en nuevos hechos violentos.

“Lo hemos visto. Son liberados y luego privan de la vida a otra persona. Es lo más grave y es lo que deberían considerar los jueces federales o locales”, señaló.

Juárez Hernández consideró que cuando existen elementos que acreditan la portación de armas largas o la probable participación en delitos de alto impacto, los juzgadores deberían analizar con mayor firmeza la aplicación de la prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada, para evitar que los imputados continúen operando mientras enfrentan un proceso penal.

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Opinión

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