Estado
Más de 20 millones para fortalecer la Comisión Estatal de Búsqueda en SLP
El subsidio será entregado en dos partes y se destinará a operativos, tecnología y atención a víctimas
Por: Redacción
El estado de San Luis Potosí recibirá un apoyo financiero por más de 20 millones de pesos por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), como parte de una estrategia federal para reforzar las labores de búsqueda de personas desaparecidas.
Esta medida se formalizó mediante la publicación del Convenio de Coordinación y Adhesión en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el marco de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, así como del Sistema Nacional de Búsqueda.
De acuerdo con el convenio, la CNBP transferirá 20 millones 448 mil 262.18 pesos al gobierno estatal a través de la Secretaría de Finanzas, que será responsable de gestionar los fondos en una cuenta bancaria productiva, con el fin de asegurar la correcta identificación y transparencia de los recursos y sus rendimientos financieros.
La entrega del subsidio se realizará en dos partes: 70% en una primera ministración 
Como parte del esquema de cofinanciamiento, el estado de San Luis Potosí deberá aportar una cantidad adicional de 6 millones 149 mil 567.12 pesos, correspondiente al 30.07% del subsidio total. Este monto deberá ser cubierto en un plazo de 20 días hábiles después de haber recibido la primera ministración de recursos federales.
La finalidad de este apoyo económico es fortalecer las capacidades de la Comisión Local de Búsqueda, permitiendo mejorar la infraestructura, la atención a víctimas, los operativos de campo y el uso de tecnologías especializadas en la localización de personas desaparecidas. Con ello, se busca una mayor efectividad y sensibilidad en la atención de una de las problemáticas más urgentes en materia de derechos humanos en México.
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Mauricio Ordaz subrayó que no se permitirá la operación de espacios que no garanticen la integridad de las personas
Por: Redacción
El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de San Luis Potosí, Mauricio Ordaz Flores, lanzó un llamado de atención a los responsables de Plaza San Luis ante presuntas irregularidades en materia de seguridad, derivadas de falta de mantenimiento.
El funcionario señaló que existe negligencia por parte de los empresarios, quienes no han atendido los requerimientos realizados por la autoridad, pese a haber sido notificados formalmente.
“Ya tenemos un apercibimiento donde se les han señalado inconsistencias, pero siguen siendo omisos”, advirtió.
Ordaz Flores explicó que, conforme a la Ley de Protección Civil, los responsables cuentan con un plazo de cinco días hábiles para subsanar las observaciones o solicitar una prórroga; de lo contrario, se podría proceder a la clausura del inmueble.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran la falta de documentación clave como memoria de cálculo estructural, dictamen eléctrico, rutas de evacuación, salidas de emergencia y capacitación en primeros auxilios.
El titular de Protección Civil recordó que el recinto ya ha sido sancionado previamente, luego del colapso de un techo y la ruptura de un vidrio, situaciones que derivaron en la colocación de sellos por parte de la autoridad.
Aunque algunas fallas han sido corregidas, advirtió que esto no es suficiente, ya que los responsables deben acreditar formalmente el cumplimiento de las condiciones de seguridad.
Finalmente, reiteró que la prioridad es garantizar la seguridad de las personas, por lo que no se permitirá la operación de espacios que no cumplan con la normativa vigente.
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El principal punto de conflicto es el incremento salarial, ya que trabajadores buscan condiciones similares a las otorgadas en la planta de Silao, donde se autorizó un aumento del 15%
Por: Redacción
Crisógono Sánchez Lara, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de San Luis Potosí, afirmó que existe confianza en que se logrará un acuerdo entre trabajadores y empresa para evitar el paro laboral en la planta de General Motors en San Luis Potosí.
Luego de que la semana pasada surgiera la posibilidad de un paro por inconformidades salariales, el funcionario explicó que las negociaciones continúan tras acordarse una prórroga hasta el próximo 16 de abril.
“Lo que menos queremos es que se cristalice el emplazamiento a huelga”, señaló.
Indicó que las mesas de diálogo siguen activas con la participación de autoridades estatales, federales, sindicato y empresa, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que beneficie a ambas partes.
Uno de los puntos clave en la negociación es el ajuste salarial, luego de que en la planta de Silao
Sánchez Lara subrayó que el llamado a las empresas es a garantizar condiciones justas, al enfatizar que “no hay trabajadores de primera ni de segunda”, por lo que todos deben recibir un trato digno conforme a la ley.
El funcionario destacó que la estabilidad laboral en la entidad ha sido clave para atraer inversiones, incluso adelantó que hay proyectos importantes en puerta que podrían generar nuevas fuentes de empleo formal.
Finalmente, confió en que el conflicto se resolverá antes de la fecha límite, privilegiando el diálogo y evitando afectaciones a la economía del estado.
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Estado
Consejo Empresarial Mexicano llama “basura automotriz” a autos chocolate y pide retirarlos de circulación
Jaime Chalita Zarur advirtió que la regularización de estos vehículos rompe el marco legal y genera incertidumbre para las inversiones
Por: Redacción
El presidente del Consejo Empresarial Mexicano en San Luis Potosí, Jaime Chalita Zarur, calificó como “basura automotriz” a los llamados autos chocolate y exigió al gobierno federal retirarlos de circulación, al considerar que su regularización afecta gravemente al sector formal y a la competitividad del país.
El líder empresarial advirtió que la legalización de vehículos internados de manera irregular vulnera el estado de derecho y genera incertidumbre para las inversiones, especialmente en entidades como San Luis Potosí, donde la industria automotriz es uno de los principales motores económicos.
“Las decisiones de capital se basan en reglas claras; si estas se rompen, se afecta la confianza de quienes invierten y cumplen con la ley”, señaló.
Chalita Zarur sostuvo que muchos de estos vehículos provienen del extranjero como pérdidas totales, por lo que su ingreso al país representa un riesgo para la seguridad vial, además de fomentar la competencia desleal frente a las empresas establecidas.
Asimismo, acusó que la regularización de estos autos propicia un entorno de corrupción e impunidad, al premiar prácticas ilegales y debilitar el cumplimiento de las normas.
“No estamos ante un rezago social, sino ante la legalización de un engaño activo”, afirmó.
El sector empresarial insistió en que permitir la circulación de estos vehículos afecta la cadena de valor de la industria automotriz, desincentiva el consumo de unidades fabricadas en México y pone en riesgo la estabilidad económica regional.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades a no extender decretos que permitan la regularización de estos vehículos, y asumir el costo político de aplicar la ley para retirar de circulación unidades que ingresaron de manera ilegal.
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