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Marcela García: del activismo feminista al Congreso de SLP
Reconocida por su lucha a favor de los derechos humanos, la activista será diputada a partir de septiembre y promete una agenda a favor de la reivindicación los grupos vulnerables.
Por: Karina González
Durante décadas, Marcela García Vázquez ha sido una de las activistas feministas más reconocidas en San Luis Potosí, tanto que en el 2014 fue reconocida con el premio a la Mujer Potosina del Año y es integrante del Consejo Nacional de las Mujeres. A partir de septiembre tendrá un nuevo reto, llevar a la agenda feminista y en general de derechos humanos al Congreso del Estado, pues se embarcará en su primera experiencia como diputada local.
Marcela, que llega a la bancada de Morena como diputada plurinominal, compartió con La Orquesta que su agenda será feminista y ponderará la lucha de las activistas potosinas en favor de los derechos humanos: “mi diputación será una puerta para que quienes abanderan luchas sociales puedan utilizar las herramientas del Congreso del Estado a su favor”.
García Vázquez indicó que existirá una coordinación con la bancada morenista para que a pesar de ser solo cuatro, haya una organización y unidad: “Todas las organizaciones de derechos humanos y de mujeres van a tener un lugar muy especial en la próxima legislatura”, prometió.
La activista celebró que se tendrá un Congreso con paridad de género y que sea la única diputada con una agenda feminista abierta y señaló que sus compañeros y compañera de la bancada morenista defenderán los derechos de las mujeres; buscarán promover la igualdad salarial, la ampliación del horario de paternidad para hombres, la participación política de las mujeres indígenas y el fortalecimiento del Legislativo y el acceso a la justicia.
“La agenda feminista estará en el Congreso, con la idea de promover la seguridad del acceso a la justicia, creo que parte del proyecto va a ser elevar primero el Instituto de las Mujeres (IMES) a Secretaría para que tenga más recursos , más poder de decisión y poder llevar a cabo la transversalidad de la perspectiva de género en todas las políticas públicas. También, impulsar el sistema de cuidados a nivel estatal para que se retribuye a las mujeres que cuidan a otros y también porque esto liberará a las mujeres de una especie de esclavitud a la que hemos sido condenadas y oprimidas por el mismo sistema patriarcal de decir que somos las responsables de los cuidados por naturaleza, esta iniciativa del sistema de cuidados vendrá a liberar a muchas mujeres de una carga que se nos asignó y poder avanzar en el terreno de la educación, de la profesionalización y el empleo”, explicó.
La futura diputada indicó que defenderá y promoverá los derechos humanos de las mujeres, la garantía del derecho a decidir sobre sus cuerpos y no criminalizarlas por interrumpir un embarazo:
“Que las mujeres no tengan que ir a la cárcel por tomar una decisión sobre su cuerpo”, indicó y con base en ello, dijo, que el estado también garantice la prevención del embarazo, la educación sexual, derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y mujeres para evitar limitaciones y retrocesos en la economía del país, de acuerdo, dijo, a estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); “esos derechos se tienen que hacer ley”, insistió.
También lee: “La ideología de Nava no le permite estar en Morena”: Marcela García
Ciudad
Xavier Nava recupera derechos políticos tras polémica del puente Rocha Cordero
La obra, que costó 271 mdp, se construyó violando un amparo, lo cual le costó al municipio 12 millones más
Por: Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló este miércoles la inhabilitación por 18 años que el Congreso estatal impuso a Xavier Nava Palacios, exalcalde de San Luis Potosí. Con ello, recupera sus derechos políticos y podría postularse en próximas elecciones.
La sanción original derivó de la construcción del puente vehicular sobre el bulevar Antonio Rocha Cordero, entre el Periférico Oriente y la avenida Industrias, que tuvo un costo de 27 millones de pesos. La obra avanzó pese a un amparo que la detenía. Este proyecto, erigido en terrenos del ejido Rancho Viejo La Libertad
, desató un conflicto legal que escaló hasta una suspensión política para Nava y varios regidores.Durante la administración actual, el alcalde Enrique Galindo Ceballos pagó 4 millones de pesos como primer abono—de un total de 12 millones pactados— para la compra de esos terrenos y compensar a los ejidatarios afectados.
Sin embargo, la SCJN concordó con la argumentación de Nava y revocó la sanción, poniendo fin a un litigio de cuatro años.
También lee: Xavier Nava obtuvo un amparo contra inhabilitación por 18 años
Destacadas
SEP, ISSSTE y casas fantasma: el turbio historial de estafas de Norma Loredo
El fraude no solo se limitó al Gobierno Federal: la denominada “gobernadora indígena” de SLP cuenta con un historial de denuncias por estafar a potosinos
Por: Bernardo Vera
La Orquesta ha dado a conocer el fraude del que varios potosinos han sido víctimas, al ofrecerles una vacante en la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno Federal, y del que supuestamente serían parte de una nueva dependencia conocida como “Subsecretaría de Auditoría y Control”.
La investigación arrojó el nombre de una persona identificada como Norma Judith Loredo Hernandez, quien de acuerdo a documentos, testimonios y otras pruebas, habría sido la encargada de operar este fraude contra alrededor de 500 personas en la entidad potosina , quienes tuvieron que pagar hasta 15 mil pesos para darse de alta en un sindicato fantasma.
Pero… ¿quién es Norma Judith Loredo Hernández?
Su nombre se ha relacionado con actividades públicas relacionadas con la cercanía a los sitios rurales o comunidades indígenas.
En agosto de 2022 fue electa como coordinadora estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD) tras participar en la convocatoria en la que fue planilla única.
En el directorio de México Blanco (identificada como una asociación civil dedicada a atender condiciones de vulnerabilidad en el país) aparece como directora nacional de Estrategia para el fomento de Procuración de Fondos. Asociación que, según su sitio web, sustenta sus actividades mediante donaciones voluntarias.
Una búsqueda en redes sociales la identifica como Gobernadora Estatal Indígena de San Luis Potosí, agrupación perteneciente al Gobierno Nacional Originario Indigena y el Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades indígenas, lo que indicaría que se trata de un perfil público con carácter de cumplimiento de una función social y que goza de cierta reputación.
No obstante, fuentes cercanas a La Orquesta constataron que el nombramiento del Consejo Nacional Indígena y grupos de “gobernadores indígenas” son una organización de alcance nacional en la que participan personas que se autodenominan “indígenas”, sin serlo; desconocen la discusión y problemática acerca de los pueblos indígenas y solo emplean un disfraz folclorista para hacerse de recursos públicos y engañar.
El 14 de junio de este año, se denunció a Norma Loredo a través de redes sociales, por su participación en la oferta de casas. Ahí mismo, alertan a la comunidad Teenek de la Huasteca, para hacer caso omiso en caso de sostener algún contacto con Norma Loredo y en la que se identifica su antecedente con el modus operandi de la SEP, ahora en presunta complicidad con Julio Cesar Chavez Hernandez.
El 13 de marzo de este año, otra publicación la identificaba como parte de la misma operación de plazas en la SEP, ahora en contubernio con dos personas y extendiendo operaciones en la zona Huasteca. Una de ellas de nombre Karyme Novoa Jonguitud, de Ciudad Valles, quien recluta a los supuestos aspirantes y recibiría los recursos que aportaban para su contratación. Otra de ellas, identificada como Soraya Arredondo, quien trabajaba junto a Norma Loredo en su despacho de la calle Mariano Ávila, en la capital potosina.
Desde febrero de 2024 su nombre aparece relacionado con la operación del mismo esquema de fraude, con presencia en la zona Centro y Huasteca de la entidad potosina. Ahí, presuntos enganchadores ofrecían sueldos desde los 25 hasta 50 mil pesos, y en los que se les solicitaron hasta seis mil pesos, para obtener un contrato de trabajo en puestos de inspectores y de promotores de proyectos en la SEP, así como otros cargos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
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