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Manuela García, nueva titular de la FGESLP
La nueva fiscal fue elegida por unanimidad entre los diputados del Congreso de SLP; ejercerá el cargo hasta 2031
Por: Redacción
El Congreso del Estado de San Luis Potosí eligió esta mañana a María Manuela García Cazares como la nueva titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), para ejercer el cargo por siete años (del 23 de mayo de 2024 a 24 de mayo de 2031).
Durante la sesión ordinaria y previo a la elección de la fiscal, los diputados Alejandro Leal Tovias y José Luis Fernández Martínez, intervinieron para destacar la importancia de que la titularidad sea ejercida por los siguientes siete años, y no por cinco meses, de acuerdo al periodo que debía concluir el anterior fiscal, José Luis Ruiz Contreras.
Mientras que Edmundo Azael Torrescano y Bernarda Reyes Hernández, respaldaron a la ex magistrada del Tribunal de Justicia en el Estado de San Luis Potosí.
La elección de Manuela García fue por unanimidad, al registrarse 26 votos a favor de ella, cero votos para Ranulfo Rodrigo Cano Vargas, y cero votos para Luis Ricardo Molina Corpus.
En sesión solemne del Congreso del Estado, Manuela García tomó protesta a su nuevo cargo, 
María Manuela García Cázares tiene una amplia trayectoria en el servicio público, en la que destaca su función como Procuradora General de Justicia del Estado. Durante 35 años se desempeñó en el Poder Judicial del Estado en diversos cargos de carrera judicial, desde secretaria de Estudio y Cuenta, jueza y magistrada ratificada. En el Consejo de la Judicatura, fungió como secretaria Ejecutiva de Pleno y Carrera Judicial; secretaria Ejecutiva de Vigilancia y Disciplina; además de directora del Instituto de Estudios Judiciales, hoy Escuela Judicial.
Además, ha sido docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por más de 30 años, y recientemente se desempeñó como Magistrada Numeraria Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
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El Centro de Justicia para Mujeres canaliza a víctimas de violencia hacia la denuncia y, de ser necesario, hacia una orden de protección
Por: Redacción
El Poder Judicial del Estado atiende un número creciente de órdenes de protección para mujeres, hombres y menores que viven violencia física, sexual, psicológica o económica, informó la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.
Explicó que el Centro de Justicia para Mujeres (CJM) es el organismo que recibe a las víctimas y las acompaña hacia la denuncia correspondiente para que, en su momento, el caso pueda judicializarse.
Dentro de las instalaciones del CJM opera un juzgado especializado en la atención de órdenes de protección
Zarazúa precisó que todos los jueces del estado, no solo los del CJM, están obligados a emitir una orden de protección dentro de las cuatro horas siguientes a que se solicita.
Sostuvo que la violencia psicológica y la económica son las que más se denuncian, mientras que la violencia vicaria es la que menos se logra acreditar ante los juzgados.
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El alcalde detalló que las zonas pendientes se concentran principalmente en comunidades rurales
Por: Redacción
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que el municipio instaló más de 850 comités ciudadanos de seguridad, con lo que la cobertura llegó al 97% de las colonias de la capital, la cifra más alta registrada hasta ahora en este ejercicio anual.
Galindo explicó que estos comités entregan información sobre hechos que aún no constituyen delito, pero que permiten anticipar posibles incidentes. Dijo que ese trabajo, articulado con el C4, el análisis de información y el sistema de justicia cívica, busca mejorar la percepción de inseguridad en la ciudad.
Como ejemplo, el alcalde señaló que el Centro Histórico estaba “muy mitificado como inseguro”, pero que hoy el comité de la zona reporta una percepción distinta: un espacio que se puede caminar de noche y con la familia.
Sobre el 3% de colonias sin comité instalado, Galindo indicó que corresponde principalmente a zonas rurales alejadas, entre ellas Bocas, La Pila, Peñasco y Escalerillas, aunque dijo que el municipio instala un consejo cada vez que hay una solicitud vecinal.
El alcalde evitó señalar zonas específicas como más conflictivas. Afirmó que prefiere no estigmatizar colonias, porque ahí “hay gente buena que culpa tiene de que el indicador no los esté favoreciendo”.
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La magistrada presidenta del STJE dice que el Congreso apenas verá la declaratoria en septiembre, mientras Matehuala funciona como piloto
Por: Haniel Valdés Velázquez
Ante la pregunta sobre el avance en la implementación de los juicios orales en materia civil y familiar, la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, reconoció que el Congreso del Estado se encuentra en receso y que el Poder Judicial espera hasta septiembre para definir lo relacionado con la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Zarazúa explicó que la reforma tiene una dimensión “impresionante” —mayor, dijo, a la que en su momento representó la materia penal— y adelantó que el Poder Judicial evalúa una implementación paulatina, además de insta lar mesas de trabajo sobre temas pendientes, entre ellos la relación con los notarios y la armonización del Código Familiar y el Código Civil del estado.
Detalló que desde hace un año el Poder Judicial realiza pruebas piloto, pensadas inicialmente para arrancar en Matehuala, “precisamente porque hay muchos temas que ver.”
Entre los pendientes que enumeró están la construcción de salas orales, la toma de protesta de dos jueces ya electos en materia oral que “no han tomado precisamente cargo,” y la certificación del personal.
Consultada sobre si San Luis Potosí llegará a tiempo al plazo federal del 1 de abril de 2027, Zarazúa respondió enumerando el trabajo en curso, sin precisar una fecha de conclusión.
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