marzo 18, 2026

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Los turbios intereses detrás del alza a la tarifa del transporte en SLP

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Consejo Estatal del Transporte

El Consejo Estatal del Transporte, funcionarios del gobierno y representantes de la universidad se aliaron para subir la tarifa del autobús

Por El Saxofón

 

El pasado viernes 11 de enero, en una sesión exprés y a puerta cerrada, el Consejo Estatal del Transporte autorizó el “ajuste”  a la tarifa del transporte urbano en San Luis Potosí para el 2019.

El actuar de los integrantes del Consejo deja en evidencia su verdadera naturaleza: se trata de un simple instrumento, un órgano que no representa a nadie ni a nada más que a los intereses de los permisionarios de este servicio.

El Consejo Estatal del Transporte tiene 42 integrantes, pero, ¿alguien los conoce? Sobresalen tres o cuatro personajes, los que tienen el papel protagónico en el tema, los demás son figurantes que tal parece, no representan a nada y a nadie.

Las crónicas periodísticas nos permiten atisbar un poco. La reunión se llevó a cabo en el Centro de Convenciones. “El primero en llegar”, narra un reportero, fue el representante de los permisionarios, Margarito Terán, que declaró ir confiado en que se aprobaría el ajuste.

Los periodistas también identificaron al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Ramiro Robledo, que por cierto, preside el dicho Consejo; a la diputada Alejandra Valdés, presidenta de la comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado y el presidente de la Federación Universitaria Potosina, Alexis Pérez Guerrero. Los restantes 38 sujetos fueron concatenados como “el resto de los integrantes”.

Al lugar también acudieron miembros del colectivo Cambio por San Luis, que están en contra del aumento a la tarifa, pero no se les permitió entrar a la sesión del Consejo,  seguramente por el justificado temor de los honorables Consejeros a que estos ciudadanos fueran a ocasionar algún desmán. También se bloqueó el paso a los periodistas.

¿Qué se dijo ahí dentro? ¿Qué grave crimen se cometió allí para no querer más testigos que los cuatro personajes arriba mencionados y “el resto de los integrantes”?
¿Hubo debate? ¿Hubo alguna voz que diera un buen argumento en contra del ajuste tarifario? Imposible saberlo. ¿Habrá puesto alguna objeción la diputada Valdés, en nombre de los ciudadanos que representa? ¿El presidente de la FUP, Alexis Pérez, habrá defendido el interés de los estudiantes? Si lo hicieron no sirvió de nada.

Desde la reforma a la Ley del Transporte del Estado, realizada el 18 de junio de 2015, el aumento anual a la tarifa del transporte público en San Luis Potosí, se basa en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, léase, la Inflación.

La ley también dice que el aumento a la tarifa entra en vigor el 15 de enero. Previa publicación en el Periódico Oficial del Estado.

En 2015, una serie de protestas contra el “ajuste” y la proximidad de las elecciones locales para la gubernatura provocaron que el incremento a la tarifa se aplazara. Las protestas acabaron cuando la Legislatura en turno aprobó la reforma antes mencionada. Los diputados argumentaron que de este modo, el aumento ya no dependería de lo que decidieran los permisionarios y el Ejecutivo a su libre arbitrio, sino de un factor económico.

Con esta reforma, al gobierno del estado se le quitó un peso de encima. Si la inflación aumenta, el transporte aumenta, y como la inflación año con año, aumenta, pues el transporte por lógica, tiene que aumentar, y no hay manera de detener el “ajuste”.

Pese a ello, el incremento en la tarifa sigue provocando disgusto entre los usuarios. Cada año hay “madruguete”. El aumento se aprueba en fin de semana, y cuando los estudiantes universitarios aún están de vacaciones. Además el Consejo, actúa con hermetismo, puesto que sabe de antemano que lo que van a hacer en la sesión respectiva, sólo les conviene a una minoría: los permisionarios. De la mayoría agraviada, ya saben qué esperar: Las consabidas manifestaciones que se disuelven en unos cuantos días.

A juicio del usuario, las unidades ofrecen un mal servicio, pero según los integrantes del Consejo Estatal del Transporte (que huelga decir, no tienen necesidad de viajar en camión urbano) el servicio cumple con lo que marca la ley.

Entrevistado antes de iniciar la sesión del consejo, Margarito Terán admitió que no se han cumplido los compromisos establecidos para que se diera el ajuste en 2018, sin embargo insistió en que “han hecho lo posible”. Más que suficiente para incrementar la tarifa, a juicio de este permisionario.

Horas antes, Alejandro Leal Tovías, Secretario General de Gobierno, había declarado que los concesionarios pedían un incremento de 1 peso con 50 centavos. El funcionario aseguró que en el Consejo se escuchan las voces no solo de los permisionarios, sino también las de los estudiantes, la del Congreso del Estado y la del Gobierno del Estado.

Es probable que se escuche a estas voces, lo que es indudable es que no se las toma en cuenta. O bien, tal parece que dichas voces avalan el aumento a la tarifa, puesto que al final el incremento fue aprobado por el Consejo y por la SCT, que es la dependencia que autoriza su aplicación.

El servicio del transporte urbano ha cambiado en los últimos años: hay unidades adecuadas para discapacitados, se han instalado cámaras de vigilancia que, aunque nadie las monitorea, de perdido han servido para grabar algunos atracos sufridos por los usuarios y operadores, pero la percepción negativa del servicio no varía.

Y es que hay que ver las unidades atestadas en las horas pico. El usuario paga por viajar de pie, apretujado, corriendo el riesgo de ser víctima de algún carterista. O hay que sufrir la espera del usuario cuando la ruta que lo lleva a su destino no pasa, para entender los sinsabores de quien utiliza el transporte público para moverse de un lado a otro de la ciudad.

Para colmo, la sensación de inseguridad en las unidades del transporte urbano ha incrementado. El transporte público es el segundo espacio donde más se siente inseguros los potosinos, solo después de los cajeros automáticos.

El 79.4 por ciento de los potosinos se siente inseguro al abordar el transporte público, según la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU 2018) en su edición de septiembre pasado, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Y esto no es gratuito. El robo o asalto en camiones urbanos aumentó 141 por ciento entre enero y noviembre del presente año con respecto al 2017; las denuncias presentadas en once meses, superaron el total de las que fueron interpuestas el año pasado.

Entre enero y noviembre, la Fiscalía General del Estado, ha abierto 67 carpetas de investigación por Robo en transporte público colectivo, mientras que en todo el 2017 solo se iniciaron 46.

De las 65 denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) 14 corresponden a robos con violencia y 52 sin violencia. Es decir, cada mes se denuncia al menos un asalto violento en camiones urbanos.

En fin, a partir de esta semana, el usuario del transporte pagará 9 pesos con 50 centavos para abordar un camión que le lleve a su destino dando tumbos por las irregulares calles de la ciudad.

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Ciudad

Defender la voz en medio del ruido: entrevista con Gabriela Warkentin

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Por: Jorge Saldaña

Fue un sábado redondo. La visita a San Luis Potosí de Gabriela Warkentin, la periodista, la académica, la mujer comienza como los días que son buenos: desayunando.

El alcalde Enrique Galindo está en el primer piso del Centro de Negocios Potosí, casi a las puertas del elevador. Lo acompaña su equipo más cercano. Enrique está esperando a su invitada al desayuno, a la conferencista del evento, a la protagonista del día y a la periodista que responderá a los medios, de los que es parte y referencia.

Warkentin llegó desenfadada, con su porte de intelectual madura pero accesible, como quien no tiene que demostrarle nada a nadie.

En la mesa de honor, la conductora de “Así las cosas” compartió enchiladas suizas y jugo de naranja con la autoridad de la ciudad, empresarias y periodistas.

El resto del recinto, el mirador uno del Centro de Negocios Potosí, se pobló de invitados especiales que pudieron compartir de cerca con la huésped de honor.

Luego de unos minutos de ajustes en los horarios, Warkentin subió al templete de un escenario dispuesto solo con una pantalla que acompañó a frases precisas a su autora.

El auditorio, repleto, sillas faltaron, pero sobraron oídos atentos.

Gabriela no llegó a explicar el mundo, sino a incomodarlo un poco. Su charla giró sobre avances visibles y barreras invisibles, pero en realidad orbitó sobre algo más delicado: la necesidad de tener propósito, de defender la voz propia… y de atreverse a mirarse al espejo, incluso cuando no es cómodo.

Después de aplausos de pie, la comunicadora se presentó ante los medios para conversar. Una rueda de prensa de periodistas para una periodista. Sin solemnidades vino la conversación.

No tenemos la primera pregunta, pero se le plantea en la oportunidad el escenario que hoy compartimos todos los que trabajamos en medios: un ecosistema saturado, inmediato, donde cualquiera opina, publica y distribuye.

La pregunta es directa:
¿Qué le queda al periodismo en medio de ese ruido?

Warkentin no responde rápido. Ordena ideas. Como quien sabe que la simplificación, en estos temas, suele ser una trampa.

“Nos daría para un semestre de clase”, dice primero, casi como advertencia.

Y luego entra al fondo:

“Hoy el periodismo es más necesario que nunca… pero también estamos en un contexto económico muy desfavorable para hacerlo”.

La frase parece contradictoria, pero no lo es.

Explica: mientras en otras latitudes hay redacciones robustas —pone como ejemplo al New York Times, con miles de periodistas—, en México los equipos son reducidos, fragmentados, muchas veces precarizados.

“¿De qué tamaño son nuestras redacciones aquí?… nosotros somos una decena”, dice, marcando la distancia sin dramatismo, pero con claridad.

La conversación se mueve entonces hacia una tensión que todos conocemos: velocidad contra profundidad.

¿Debe el periodismo competir con la inmediatez de las redes?

La respuesta no es romántica, pero sí firme:

“En ese mundo donde todos opinan, donde todo mundo reenvía, donde todos creen el WhatsApp que les mandó la tía… en ese mundo el periodismo es más necesario que nunca

”.
Hace una pausa breve.

“Pero necesitamos condiciones para hacerlo”.

Y ahí aparece una palabra que se repite sin repetirse: tiempo.

Tiempo para investigar. Tiempo para seguir una historia. Tiempo para equivocarse y corregir.

No el tiempo de la viralidad, sino el de la comprensión.

Se le dirige otro cuestionamiento poco cómodo tanto para ella como para sus entrevistadores: la confianza.

Los datos son conocidos: la mitad del país desconfía de los medios. Y mientras tanto, proliferan espacios sin firma, sin responsabilidad, sin rostro.

¿Sigue teniendo autoridad el periodismo?

Warkentin no niega el problema. Pero tampoco se queda en la queja.

“Sí, hay una proliferación de medios espontáneos, por llamarlos de alguna manera… que distorsionan y meten mucho ruido”.

“Quienes nos dedicamos profesionalmente a esto, tenemos la obligación de volvernos pertinentes para nuestra audiencia”.

La palabra no es casual: pertinente.

No dice influyentes. No dice virales. Dice pertinentes.

“Cuando yo era chica —recuerda— el periodismo en México no le hablaba a la ciudadanía… le hablaba al poder”.

No hay dramatismo en el tono. Pero sí hay una especie de ajuste de cuentas histórico.

“No venimos de un periodismo comprometido con las causas ciudadanas. Venimos de uno que nunca le habló a la gente”.

Dicho así, cambia el eje de la discusión.

El problema no es solo TikTok. Ni Twitter.
Ni los “medios patito”. El problema es más estructural.

¿Cómo se construye en un entorno donde un video improvisado puede tener más alcance que una investigación de semanas?

Warkentin lo aterriza:

“Tenemos que hacer un esfuerzo adicional para que lo que hacemos le importe a alguien”.

Y ahí está quizá uno de los puntos más honestos de la conversación.

No basta con tener razón. Hay que lograr que alguien entienda por qué importa.

En medio del diagnóstico deja claro que el periodismo mexicano no está vacío de talento.

“Se está haciendo un trabajo extraordinario… hay organizaciones, investigaciones, proyectos que están contando historias muy potentes”.

Menciona, por ejemplo, trabajos que reconstruyen la vida de personas desaparecidas a partir de sus pertenencias.

Periodismo que no solo informa: reconstruye humanidad.

Antes de cerrar, se le propone sintetizar al periodismo mexicano en una frase breve. Ocho palabras, como una cabeza de nota.

Se niega.

No de forma evasiva, sino deliberada.

“No lo voy a hacer… el periodismo mexicano merece más que ocho palabras”.

Y en lugar de definición, ofrece algo más significativo:

“Abrazo a las y los periodistas valientes de territorio”.

Terminan las preguntas y afuera se regresa al mismo ruido de siempre: opiniones, versiones, certezas exprés e intereses.

Adentro —al menos por un momento— quedó otra idea flotando:

El periodismo sigue teniendo algo que decir… y también debe defender su voz.

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IMSS Bienestar toma control: SLP acelera entrega de unidades médicas

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Más de 100 unidades médicas ya fueron formalizadas; el proceso busca integrar completamente el sistema estatal al modelo federal de atención

 

Cynthia Mariana Guerrero Hernández, subdirectora de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de los Servicios de Salud en San Luis Potosí, informó que continúa el proceso de transferencia de unidades médicas al modelo federal de atención encabezado por IMSS Bienestar, como parte de la reestructura del sistema de salud para población sin seguridad social.

En entrevista, explicó que este proceso deriva del convenio de coordinación firmado en agosto de 2023, mediante el cual se busca que las instituciones de salud que anteriormente operaban bajo el estado pasen a ser propiedad y estén bajo la operación directa del esquema federal.

Guerrero Hernández detalló que de un total de 218 unidades médicas que estaban a cargo de los Servicios de Salud, 100 ya cuentan con título de propiedad a favor de IMSS Bienestar, lo que representa un avance significativo en la consolidación del nuevo modelo.

Además, señaló que recientemente se gestionó ante el Congreso del Estado de San Luis Potosí la donación de cuatro centros de salud más, Los Pocitos, Rotario, Ciudad Fernández y San Miguel. Estos casos forman parte de los asuntos abordados en la sesión legislativa, en apego a la Ley de Bienes del Estado.

La funcionaria confirmó que el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” ya fue incorporado al modelo, al contar con un título de propiedad formalizado a favor de IMSS Bienestar

. Asimismo, indicó que, en términos operativos, las 218 unidades médicas ya funcionan bajo este esquema, aunque el proceso jurídico de transferencia aún continúa en algunos casos.

Sobre el impacto para la ciudadanía, Guerrero Hernández aclaró que la transición no implica la suspensión ni modificación del acceso a los servicios médicos. “La población continuará recibiendo atención de manera normal; lo que cambia es la operatividad, que ahora está a cargo de IMSS Bienestar”, explicó.

En ese sentido, subrayó que la Secretaría de Salud de San Luis Potosí mantiene la rectoría de la política pública en materia de salud, por lo que seguirá supervisando y garantizando la calidad de los servicios.

Finalmente, la funcionaria indicó que continúan las gestiones para completar la transferencia total de las unidades médicas, con el objetivo de que todas cuenten con certeza jurídica y operen de manera regularizada dentro del sistema federal.

Aseguró que tanto autoridades estatales como federales trabajan de forma coordinada para garantizar que el servicio médico se mantenga sin interrupciones y con calidad para la población potosina.

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Buscan poner freno a tarifas infladas de taxis en SLP durante Semana Santa

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Instalarán bahía de taxis autorizados en la Fenahuap donde operarán conductores certificados por la SCT

Por: Redacción

Con el objetivo de prevenir incrementos indebidos en tarifas durante la temporada vacacional, la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Araceli Martínez Acosta, anunció medidas especiales de supervisión en distintos puntos del estado.

En el caso de Ciudad Valles, particularmente durante la Feria Nacional de la Huasteca Potosina (Fenahuap), se instalará una bahía de taxis autorizados a las afueras del recinto.

La funcionaria explicó que en este punto operarán únicamente conductores previamente certificados por la dependencia, con el objetivo de garantizar un servicio de calidad y tarifas justas.

“Recomendamos a los usuarios tomar su taxi en esta bahía para evitar abusos”, señaló.

En la capital potosina, añadió, se reforzarán los operativos de inspección y se exhorta a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad en el servicio.

Para ello, la SCT puso a disposición el número de atención ciudadana 444 487 7096, donde se podrán reportar cobros excesivos u otras malas prácticas.

Martínez Acosta destacó que recientemente se capacitó y certificó a un grupo de taxistas que buscan mejorar la calidad del servicio, al tiempo que advirtió que se aplicarán sanciones más severas a quienes reincidan en irregularidades.

“Le estamos apostando a quienes quieren hacer bien las cosas, y aplicaremos sanciones determinantes a quienes persistan en malas prácticas”, afirmó.

Finalmente, indicó que se solicitará el apoyo de la Policía Vial para retirar a unidades —tanto particulares como de transporte público— que operen en sitios no autorizados, como ocurre en zonas como La Alameda en la capital.

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