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Los turbios intereses detrás del alza a la tarifa del transporte en SLP
El Consejo Estatal del Transporte, funcionarios del gobierno y representantes de la universidad se aliaron para subir la tarifa del autobús
Por El Saxofón
El pasado viernes 11 de enero, en una sesión exprés y a puerta cerrada, el Consejo Estatal del Transporte autorizó el “ajuste” a la tarifa del transporte urbano en San Luis Potosí para el 2019.
El actuar de los integrantes del Consejo deja en evidencia su verdadera naturaleza: se trata de un simple instrumento, un órgano que no representa a nadie ni a nada más que a los intereses de los permisionarios de este servicio.
El Consejo Estatal del Transporte tiene 42 integrantes, pero, ¿alguien los conoce? Sobresalen tres o cuatro personajes, los que tienen el papel protagónico en el tema, los demás son figurantes que tal parece, no representan a nada y a nadie.
Las crónicas periodísticas nos permiten atisbar un poco. La reunión se llevó a cabo en el Centro de Convenciones. “El primero en llegar”, narra un reportero, fue el representante de los permisionarios, Margarito Terán, que declaró ir confiado en que se aprobaría el ajuste.
Los periodistas también identificaron al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Ramiro Robledo, que por cierto, preside el dicho Consejo; a la diputada Alejandra Valdés, presidenta de la comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado y el presidente de la Federación Universitaria Potosina, Alexis Pérez Guerrero. Los restantes 38 sujetos fueron concatenados como “el resto de los integrantes”.
Al lugar también acudieron miembros del colectivo Cambio por San Luis, que están en contra del aumento a la tarifa, pero no se les permitió entrar a la sesión del Consejo, seguramente por el justificado temor de los honorables Consejeros a que estos ciudadanos fueran a ocasionar algún desmán. También se bloqueó el paso a los periodistas.
¿Qué se dijo ahí dentro? ¿Qué grave crimen se cometió allí para no querer más testigos que los cuatro personajes arriba mencionados y “el resto de los integrantes”?
¿Hubo debate? ¿Hubo alguna voz que diera un buen argumento en contra del ajuste tarifario? Imposible saberlo. ¿Habrá puesto alguna objeción la diputada Valdés, en nombre de los ciudadanos que representa? ¿El presidente de la FUP, Alexis Pérez, habrá defendido el interés de los estudiantes? Si lo hicieron no sirvió de nada.
Desde la reforma a la Ley del Transporte del Estado, realizada el 18 de junio de 2015, el aumento anual a la tarifa del transporte público en San Luis Potosí, se basa en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, léase, la Inflación.
La ley también dice que el aumento a la tarifa entra en vigor el 15 de enero. Previa publicación en el Periódico Oficial del Estado.
En 2015, una serie de protestas contra el “ajuste” y la proximidad de las elecciones locales para la gubernatura provocaron que el incremento a la tarifa se aplazara. Las protestas acabaron cuando la Legislatura en turno aprobó la reforma antes mencionada. Los diputados argumentaron que de este modo, el aumento ya no dependería de lo que decidieran los permisionarios y el Ejecutivo a su libre arbitrio, sino de un factor económico.
Con esta reforma, al gobierno del estado se le quitó un peso de encima. Si la inflación aumenta, el transporte aumenta, y como la inflación año con año, aumenta, pues el transporte por lógica, tiene que aumentar, y no hay manera de detener el “ajuste”.
Pese a ello, el incremento en la tarifa sigue provocando disgusto entre los usuarios. Cada año hay “madruguete”. El aumento se aprueba en fin de semana, y cuando los estudiantes universitarios aún están de vacaciones. Además el Consejo, actúa con hermetismo, puesto que sabe de antemano que lo que van a hacer en la sesión respectiva, sólo les conviene a una minoría: los permisionarios. De la mayoría agraviada, ya saben qué esperar: Las consabidas manifestaciones que se disuelven en unos cuantos días.
A juicio del usuario, las unidades ofrecen un mal servicio, pero según los integrantes del Consejo Estatal del Transporte (que huelga decir, no tienen necesidad de viajar en camión urbano) el servicio cumple con lo que marca la ley.
Entrevistado antes de iniciar la sesión del consejo, Margarito Terán admitió que no se han cumplido los compromisos establecidos para que se diera el ajuste en 2018, sin embargo insistió en que “han hecho lo posible”. Más que suficiente para incrementar la tarifa, a juicio de este permisionario.
Horas antes, Alejandro Leal Tovías, Secretario General de Gobierno, había declarado que los concesionarios pedían un incremento de 1 peso con 50 centavos. El funcionario aseguró que en el Consejo se escuchan las voces no solo de los permisionarios, sino también las de los estudiantes, la del Congreso del Estado y la del Gobierno del Estado.
Es probable que se escuche a estas voces, lo que es indudable es que no se las toma en cuenta. O bien, tal parece que dichas voces avalan el aumento a la tarifa, puesto que al final el incremento fue aprobado por el Consejo y por la SCT, que es la dependencia que autoriza su aplicación.
El servicio del transporte urbano ha cambiado en los últimos años: hay unidades adecuadas para discapacitados, se han instalado cámaras de vigilancia que, aunque nadie las monitorea, de perdido han servido para grabar algunos atracos sufridos por los usuarios y operadores, pero la percepción negativa del servicio no varía.
Y es que hay que ver las unidades atestadas en las horas pico. El usuario paga por viajar de pie, apretujado, corriendo el riesgo de ser víctima de algún carterista. O hay que sufrir la espera del usuario cuando la ruta que lo lleva a su destino no pasa, para entender los sinsabores de quien utiliza el transporte público para moverse de un lado a otro de la ciudad.
Para colmo, la sensación de inseguridad en las unidades del transporte urbano ha incrementado. El transporte público es el segundo espacio donde más se siente inseguros los potosinos, solo después de los cajeros automáticos.
El 79.4 por ciento de los potosinos se siente inseguro al abordar el transporte público, según la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU 2018) en su edición de septiembre pasado, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Y esto no es gratuito. El robo o asalto en camiones urbanos aumentó 141 por ciento entre enero y noviembre del presente año con respecto al 2017; las denuncias presentadas en once meses, superaron el total de las que fueron interpuestas el año pasado.
Entre enero y noviembre, la Fiscalía General del Estado, ha abierto 67 carpetas de investigación por Robo en transporte público colectivo, mientras que en todo el 2017 solo se iniciaron 46.
De las 65 denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) 14 corresponden a robos con violencia y 52 sin violencia. Es decir, cada mes se denuncia al menos un asalto violento en camiones urbanos.
En fin, a partir de esta semana, el usuario del transporte pagará 9 pesos con 50 centavos para abordar un camión que le lleve a su destino dando tumbos por las irregulares calles de la ciudad.
También lea: 6 amparos ante justicia federal pretenden revertir alza a tarifa del transporte en SLP
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La falsa “Subsecretaría” de la SEP sigue operando: cuatro meses sin resultados
Ni la SEP, ni el Gobierno Federal, ni las autoridades locales han informado avances, pese a la instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum
Por: Redacción
Han pasado ya más de cuatro meses desde que La Orquesta reveló la existencia de un esquema de fraude que operaba en San Luis Potosí bajo el nombre de una inexistente “Subsecretaría de Auditoría y Control” de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
El caso, que alcanzó atención nacional e incluso llegó hasta la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, continúa sin avances públicos ni sanciones visibles.
En julio pasado, la mandataria federal instruyó una investigación inmediata y exhortó a las víctimas a presentar sus denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, hasta la fecha no se ha informado sobre el estatus de esa indagatoria, ni se conocen reportes oficiales de detenciones o procesos abiertos.
De acuerdo con testimonios recientes, las mismas personas que encabezaron la estafa continúan operando en la capital potosina, esta vez desde nuevas direcciones y oficinas temporales.
Entre los nombres señalados se mantiene el de Norma Judith Loredo Hernández, quien se presenta como “gobernadora indígena de San Luis Potosí” y ha sido identificada como una de las principales operadoras del esquema, junto con Juan Manuel Pérez, Daniel Guzmán, Eduardo Rodríguez López y Arquímedes Vázquez.
El fraude ofrece plazas laborales en la SEP, solicitando a los aspirantes pagos que iban de 6 mil hasta 22 mil pesos por supuestos trámites, manuales o afiliaciones sindicales.
A las víctimas se les pide entregar documentos personales y realizar depósitos a cuentas particulares, con la promesa de incorporarse a una dependencia federal que no existe ni figura en el Diario Oficial de la Federación .
La investigación de La Orquesta ha documentado la operación del grupo en San Luis Potosí, Ciudad de México, Michoacán, Puebla, Veracruz, Querétaro y Tamaulipas, entre otras entidades que se han revelado al medio.
En la capital potosina, la supuesta oficina principal funcionó en Mariano Ávila #224, donde se atendía a los aspirantes y se recababa documentación con sellos y logotipos apócrifos del Gobierno de México.
Incluso, los reclutadores llegaron a presentarse en un programa de televisión abierta nacional, “Con M de Mañanita”, donde promovieron públicamente la existencia de esta falsa subsecretaría, reforzando así la percepción de legitimidad entre los afectados.
A pesar del mandato presidencial, las autoridades federales y locales no han rendido cuentas. No hay información sobre avances de la FGR, ni pronunciamientos de la SEP o la Secretaría de Gobernación sobre las denuncias interpuestas.
La estructura sigue operando, el fraude continúa y las instrucciones de la presidenta parecen haber quedado en el aire.
También lee: Sheinbaum instruye investigación por falsa subsecretaría de la SEP
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Gobernador pide permiso a la Federación para arreglar las laterales de la 57
Ricardo Gallardo advirtió que los tramos ya no soportan más bacheos, por lo que necesita una reconstrucción total
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, llamó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Federal y al Ayuntamiento de la capital a definir quién se hará cargo de la rehabilitación de las laterales de la carretera 57, al considerar que estas vialidades se encuentran en condiciones críticas.
Gallardo señaló que el mantenimiento mediante bacheo ya no es suficiente y que se requiere una reconstrucción completa, pues los tramos laterales se han deteriorado con el paso del tiempo y la falta de coordinación entre niveles de gobierno.
“Urge arreglar las laterales de la 57. Ya no aguantan una bacheada más. Alguien debe tomar la batuta: si la Federación o el municipio no pueden, que nos den permiso para hacerlo”, enfatizó.
El mandatario potosino explicó que recientemente se firmó un convenio entre la Junta Estatal de Caminos (JEC) y la SCT Federal para realizar labores de mantenimiento, pero advirtió que ese acuerdo no contempla una reconstrucción total, sino únicamente acciones de bacheo.
Además, adelantó que su administración continúa gestionando con el Gobierno Federal un proyecto integral de movilidad que contempla la construcción de un segundo piso sobre la carretera 57 y la extensión de la vía alterna hasta el kilómetro 140, con una inversión estimada de 12 mil millones de pesos.
“Sería llevar a San Luis Potosí a otro nivel de vialidades; hay que seguirlo buscando, la Federación tiene recursos para hacerlo”, sostuvo Gallardo.
También lee: Sheinbaum reconoce respuesta de SLP ante inundaciones en la Huasteca
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Sheinbaum reconoce respuesta de SLP ante inundaciones en la Huasteca
Gobierno estatal destacó apoyos economicos por parte de la federación para familias afectadas
Por: Redacción
Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, dio a conocer que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció la pronta reacción de las autoridades estatales ante las inundaciones ocurridas en la Huasteca Potosina.
En particular, destacó la coordinación con los municipios y brigadistas, lo que, en palabras del secretario, permitió que San Luis Potosí se posicionara como uno de los estados con mayor efectividad frente a la contingencia.
El pasado 17 de octubre, el gobierno estatal anunció que la entidad salió oficialmente de la contingencia
por inundaciones, tras haber repartido 50 mil 784 despensas y víveres, así como 17 mil 457 paquetes de limpieza.Además, se reporta la presencia de 50 brigadas médicas activas en las zonas afectadas, las cuales han brindado mil 561 atenciones médicas a la población.
Por otro lado, Torres Sánchez informó que el Gobierno Federal otorgará apoyos económicos a través de censos realizados por los Servidores de la Nación, dirigidos a las familias cuyos hogares resultaron afectados.
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