agosto 22, 2025

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Los turbios intereses detrás del alza a la tarifa del transporte en SLP

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Consejo Estatal del Transporte

El Consejo Estatal del Transporte, funcionarios del gobierno y representantes de la universidad se aliaron para subir la tarifa del autobús

Por El Saxofón

 

El pasado viernes 11 de enero, en una sesión exprés y a puerta cerrada, el Consejo Estatal del Transporte autorizó el “ajuste”  a la tarifa del transporte urbano en San Luis Potosí para el 2019.

El actuar de los integrantes del Consejo deja en evidencia su verdadera naturaleza: se trata de un simple instrumento, un órgano que no representa a nadie ni a nada más que a los intereses de los permisionarios de este servicio.

El Consejo Estatal del Transporte tiene 42 integrantes, pero, ¿alguien los conoce? Sobresalen tres o cuatro personajes, los que tienen el papel protagónico en el tema, los demás son figurantes que tal parece, no representan a nada y a nadie.

Las crónicas periodísticas nos permiten atisbar un poco. La reunión se llevó a cabo en el Centro de Convenciones. “El primero en llegar”, narra un reportero, fue el representante de los permisionarios, Margarito Terán, que declaró ir confiado en que se aprobaría el ajuste.

Los periodistas también identificaron al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Ramiro Robledo, que por cierto, preside el dicho Consejo; a la diputada Alejandra Valdés, presidenta de la comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado y el presidente de la Federación Universitaria Potosina, Alexis Pérez Guerrero. Los restantes 38 sujetos fueron concatenados como “el resto de los integrantes”.

Al lugar también acudieron miembros del colectivo Cambio por San Luis, que están en contra del aumento a la tarifa, pero no se les permitió entrar a la sesión del Consejo,  seguramente por el justificado temor de los honorables Consejeros a que estos ciudadanos fueran a ocasionar algún desmán. También se bloqueó el paso a los periodistas.

¿Qué se dijo ahí dentro? ¿Qué grave crimen se cometió allí para no querer más testigos que los cuatro personajes arriba mencionados y “el resto de los integrantes”?
¿Hubo debate? ¿Hubo alguna voz que diera un buen argumento en contra del ajuste tarifario? Imposible saberlo. ¿Habrá puesto alguna objeción la diputada Valdés, en nombre de los ciudadanos que representa? ¿El presidente de la FUP, Alexis Pérez, habrá defendido el interés de los estudiantes? Si lo hicieron no sirvió de nada.

Desde la reforma a la Ley del Transporte del Estado, realizada el 18 de junio de 2015, el aumento anual a la tarifa del transporte público en San Luis Potosí, se basa en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, léase, la Inflación.

La ley también dice que el aumento a la tarifa entra en vigor el 15 de enero. Previa publicación en el Periódico Oficial del Estado.

En 2015, una serie de protestas contra el “ajuste” y la proximidad de las elecciones locales para la gubernatura provocaron que el incremento a la tarifa se aplazara. Las protestas acabaron cuando la Legislatura en turno aprobó la reforma antes mencionada. Los diputados argumentaron que de este modo, el aumento ya no dependería de lo que decidieran los permisionarios y el Ejecutivo a su libre arbitrio, sino de un factor económico.

Con esta reforma, al gobierno del estado se le quitó un peso de encima. Si la inflación aumenta, el transporte aumenta, y como la inflación año con año, aumenta, pues el transporte por lógica, tiene que aumentar, y no hay manera de detener el “ajuste”.

Pese a ello, el incremento en la tarifa sigue provocando disgusto entre los usuarios. Cada año hay “madruguete”. El aumento se aprueba en fin de semana, y cuando los estudiantes universitarios aún están de vacaciones. Además el Consejo, actúa con hermetismo, puesto que sabe de antemano que lo que van a hacer en la sesión respectiva, sólo les conviene a una minoría: los permisionarios. De la mayoría agraviada, ya saben qué esperar: Las consabidas manifestaciones que se disuelven en unos cuantos días.

A juicio del usuario, las unidades ofrecen un mal servicio, pero según los integrantes del Consejo Estatal del Transporte (que huelga decir, no tienen necesidad de viajar en camión urbano) el servicio cumple con lo que marca la ley.

Entrevistado antes de iniciar la sesión del consejo, Margarito Terán admitió que no se han cumplido los compromisos establecidos para que se diera el ajuste en 2018, sin embargo insistió en que “han hecho lo posible”. Más que suficiente para incrementar la tarifa, a juicio de este permisionario.

Horas antes, Alejandro Leal Tovías, Secretario General de Gobierno, había declarado que los concesionarios pedían un incremento de 1 peso con 50 centavos. El funcionario aseguró que en el Consejo se escuchan las voces no solo de los permisionarios, sino también las de los estudiantes, la del Congreso del Estado y la del Gobierno del Estado.

Es probable que se escuche a estas voces, lo que es indudable es que no se las toma en cuenta. O bien, tal parece que dichas voces avalan el aumento a la tarifa, puesto que al final el incremento fue aprobado por el Consejo y por la SCT, que es la dependencia que autoriza su aplicación.

El servicio del transporte urbano ha cambiado en los últimos años: hay unidades adecuadas para discapacitados, se han instalado cámaras de vigilancia que, aunque nadie las monitorea, de perdido han servido para grabar algunos atracos sufridos por los usuarios y operadores, pero la percepción negativa del servicio no varía.

Y es que hay que ver las unidades atestadas en las horas pico. El usuario paga por viajar de pie, apretujado, corriendo el riesgo de ser víctima de algún carterista. O hay que sufrir la espera del usuario cuando la ruta que lo lleva a su destino no pasa, para entender los sinsabores de quien utiliza el transporte público para moverse de un lado a otro de la ciudad.

Para colmo, la sensación de inseguridad en las unidades del transporte urbano ha incrementado. El transporte público es el segundo espacio donde más se siente inseguros los potosinos, solo después de los cajeros automáticos.

El 79.4 por ciento de los potosinos se siente inseguro al abordar el transporte público, según la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU 2018) en su edición de septiembre pasado, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Y esto no es gratuito. El robo o asalto en camiones urbanos aumentó 141 por ciento entre enero y noviembre del presente año con respecto al 2017; las denuncias presentadas en once meses, superaron el total de las que fueron interpuestas el año pasado.

Entre enero y noviembre, la Fiscalía General del Estado, ha abierto 67 carpetas de investigación por Robo en transporte público colectivo, mientras que en todo el 2017 solo se iniciaron 46.

De las 65 denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) 14 corresponden a robos con violencia y 52 sin violencia. Es decir, cada mes se denuncia al menos un asalto violento en camiones urbanos.

En fin, a partir de esta semana, el usuario del transporte pagará 9 pesos con 50 centavos para abordar un camión que le lleve a su destino dando tumbos por las irregulares calles de la ciudad.

También lea: 6 amparos ante justicia federal pretenden revertir alza a tarifa del transporte en SLP

#4 Tiempos

La abogada y el diablo | Apuntes de Jorge Saldaña

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APUNTES

De no ser porque al empresario Miguel Maya Romero le fueron a ofrecer poner una de sus cafeterías al interior de lo que iba a convertirse en el centro comercial Santa Fe, en los terrenos que rentó la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a la empresa VEM, e hizo público en sus medios el proyecto, a la UASLP le hubiera pasado de noche que le estaban por dar gato por liebre.

Se desató el infierno. Por algo a Miguel Maya Romero le dicen, los que lo quieren, “El diablo” (su WhatsApp es 666 y ya…bien raro).

Desde la muy humilde opinión de este aprendiz de reportero fueron dos errores fatales los que cometieron los promotores de Santa Fe: invitar a Maya solo a rentar un local, y no a invertir en el negocio completo.

El segundo error es haber entregado, al dueño de dos medios, el dossier, renders, planos, números y el “kit” completo del proyecto.

Hasta que estos materiales “cautiva inversionistas” fueron públicos en los medios miguelescos, la comunidad universitaria, sus más altos funcionarios y el Consejo Directivo, cayeron en cuenta que VEM les había vendido un unicornio que resultó ser un burro con brillantina.

Las especificaciones del Santa Fe publicadas estaban enfocadas al lucro, objetivo muy distante a lo que aprobó el Consejo Directivo Universitario por la confianza que le tienen al rector, Alejandro Zermeño Guerra.

Y es que con esa buena fe a la rectoría, nadie imaginó que el equipo jurídico de la Universidad resultara tan laxo, distraído e incompetente como para que en más de un año de haber firmado el contrato de arrendamiento (a precios muy inferiores a los del mercado, pero bueno…) no se hubiera dado cuenta que el unicornio rebuznaba.

En lugar de centro deportivo, canchas de pádel, gimnasio, pista para correr, estacionamientos para estudiantes y otras instalaciones dirigidas a la comunidad, se estaba gestando y vendiendo un centro comercial con tienda ancla, agencia de autos, restaurantes y cadenas comerciales.

Ante la presión social y mediática que provocó la discrepancia entre el proyecto original y el exhibido, el que tuvo que sacar el pecho y llevarse el desgaste fue el propio doctor Zermeño, que tuvo que pedir cuentas a su equipo jurídico encabezado por la abogada general de la universidad, Urenda Navarro Sánchez (a la que tengo el enorme gusto de no conocer).

En la revisión, el convenio resultó más poroso que un estropajo de Ixtle.

(Por cierto que el documento, al que solo Navarro Sánchez y muy pocos colaboradores de su oficina tenían acceso, casualmente se filtró a los mismos medios propiedad del villano de las pastorelas).

La filtración tuvo consecuencias. Por un lado, las enormes goteras jurídicas de la redacción del instrumento, urgieron a la Universidad cancelar el trato justificadamente acudiendo a las únicas condiciones que podrían protegerlos, que fueron el nulo avance de la obra y el agotamiento de los plazos.

En otras palabras, la falta de liquidez de los empresarios los salvaron; que si no, ya hubiera centro comercial, agencia de autos y café Chaires.

Por el otro lado, y ya circulando el convenio, se pudo saber que a la empresa VEM no le pidieron ni los requisitos más indispensables; no verificaron su experiencia (que no tiene) ni sus capacidades financieras (que tampoco tiene).

Con las cartas destapadas, el rector admitió que se sintió engañado (así lo declaró a éste medio y a otros). Pero… ¿engañado por quién?

¿Por la empresa? ¿O por su abogada general, que no cuidó a la institución, le escondió los detalles del poroso contrato y les generó un feroz enjambre jurídico en contra del que aún no salen?

Derivado de todos los yerros encontrados, se hizo inminente para la UASLP la cancelación del trato, provocando que Fabián Espinoza, el representante de la empresa al que se le cayó el negocio, denunciara penalmente al propio rector, a Miguel Maya y hasta a los periodistas de sus medios, asunto que hasta donde se sabe, sigue su curso.

Vamos dos a cero: Un contrato jurídicamente descuidado puso en el filo de la navaja a la institución, y provocó en reacción que denunciaran al líder de la comunidad universitaria, que sin necesidad, deberá defenderse por la vía penal (ojalá el rector contrate a un abogado o abogada externos… digo).

Tres a cero: En respuesta, la UASLP (léase la licenciada Navarro Sánchez) interpuso una tibia demanda mercantil (que no es lo mismo que una denuncia) en contra de la empresa. Sin embargo, la demanda la presentó la abogada hasta junio pasado. Es decir, meses después de la tormenta. Mientras tanto ni se ha recuperado el terreno, ni pueden hacer nada con él.

¿Estaría muy ocupada la abogada?

Quizás sí, promoviendo una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, en contra del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, contra el que debate la competencia de éste para auditar recursos propios de la UASLP.

Hace unos días, la controversia fue desechada por la SCJN por ser “notoriamente (no-to-ria-men-te) improcedente”. Cuatro-cero.

Por si se lo preguntaba, Culto Público, quien dió a conocer la promoción de la controversia, así como su penoso resultado, también fueron los medios propiedad de MMR, príncipe de las tinieblas.

(Yo creo que nadie les pasó el número de expediente en cuestión y le atinaron sus reporteros de pura suerte…)

Se le conoce al rector de la universidad, Alejandro Zermeño -y coincido- como un hombre íntegro, decente, bien intencionado, prudente, y capaz.

Lo que asombra es su paciencia y tolerancia con funcionarios como Urenda Navarro Sánchez, que si nos damos cuenta, es quien ha estado detrás de casi todos los conflictos que ha enfrentado la actual rectoría.

¿Cuándo terminará la goliza jurídica contra la institución? ¿No hay cambios? ¿Alguien tiene pacto con el diablo?

Hasta la próxima.

Yo soy Jorge Saldaña.

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Ciudad

En el Día Nacional del Bombero, enfrentan crisis en SLP

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Pese a cerrar cuatro estaciones y contar con 50 elementos, la corporación no ha ignorado ni un solo llamado de auxilio en los diez municipios que cubre

Por: Redacción

El 22 de agosto se conmemora el Día Nacional del Bombero en México, una fecha que cada año recuerda la fundación del primer cuerpo operativo en el país, siendo en el año 1873 en el puerto de Veracruz.

La conmemoración de esta efeméride honra la participación de hombres y mujeres que arriesgan su vida para salvaguardar a la población en incendios y otras situaciones críticas. Pero en el caso de San Luis Potosí, también evidencia las carencias que sufre la corporación metropolitana.

Adolfo Benavente Duque, comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí, dio a conocer que la corporación requiere la participación de la ciudadanía para mejorar las condiciones laborales, adquirir equipo de protección, herramientas y vehículos, además de contratar más personal.

Y es que de acuerdo a lo mencionado por Benavente Duque, para mejorar su servicio se requiere la incorporación de 18 elementos más, que no han podido ingresar debido a la falta de condiciones laborales dignas para su contratación.

Agregó que actualmente cuentan con 50 elementos repartidos en cuatro turnos, y para su solvencia operativa, se han visto en la necesidad de cerrar cuatro estaciones —Lomas, Abastos, Soledad y Zona Industrial—.

Eduardo Moreno Vellido, presidente del Patronato del Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí, dio a conocer que pese a estas carencias, los Bomberos Metropolitanos intervienen en diez municipios en torno a la capital potosina. Además que no han ignorado ni una sola llamada de auxilio en la que se solicita su atención.

“La labor que realizan los bomberos con tan poco es muy loable, porque la situación ha llevado operativamente al comandante a estar malabareando todos los días para poder dar atención. No hay una sola llamada de emergencia que no se atienda”.

Mencionó que para sostenerse han implementado mecanismos como el acercamiento con autoridades municipales, estatales, cámaras empresariales y sociedad civil para recaudar fondos y mejorar sus condiciones.

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Municipalización de La Pila divide visiones sobre el futuro de la Zona Industrial

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Gobierno estatal propone crear un nuevo municipio para atender la Zona Industrial, mientras el sector empresarial pide una estrategia más amplia y planeada

Por: Redacción

El pasado 19 el Gobernador del San Luis, Ricardo Gallardo Cardona, durante un evento en la Delegación “La Pila” mencionó la posibilidad de que dicha zona pudiera convertirse en el sexagésimo municipio del estado. Dichas declaraciones generaron respuestas por parte de diferentes sectores de la entidad entre ellos, personal de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación.

Por un lado, el gobernador plantea que transformar La Pila en un municipio permitiría reinvertir directamente los recursos fiscales generados en esa zona —como el impuesto predial y el pago por agua— en obras de mejora urbana. Asegura que actualmente estos ingresos son recaudados por el Ayuntamiento de la capital, pero no se reflejan en beneficios tangibles para la zona. Gallardo considera que, al igual que con Villa de Pozos, la municipalización es viable y podría ser una solución directa para impulsar obras como puentes, vialidades y proyectos complementarios a la Vía Alterna

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Sin embargo, desde la perspectiva empresarial, la propuesta requiere un análisis más profundo. Imelda Elizalde Martínez, presidenta de Canacintra, advierte que las necesidades de la Zona Industrial no se limitan a una sola demarcación, ya que el entorno opera de forma transversal y metropolitana. Argumenta que los problemas de movilidad, conectividad y servicios involucran a varios municipios, por lo que urge una estrategia integral, más allá de la creación de nuevos municipios.

Elizalde también subraya que el uso de los impuestos generados por la industria debe revisarse de manera coordinadaentre los tres niveles de gobierno, con una planeación de largo plazo. Añade que, más que delimitar soluciones a fronteras administrativas, se necesita una gestión estratégica que responda a la complejidad de la dinámica industrialen la región.

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Opinión

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