abril 24, 2025

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Los turbios intereses detrás del alza a la tarifa del transporte en SLP

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Consejo Estatal del Transporte

El Consejo Estatal del Transporte, funcionarios del gobierno y representantes de la universidad se aliaron para subir la tarifa del autobús

Por El Saxofón

 

El pasado viernes 11 de enero, en una sesión exprés y a puerta cerrada, el Consejo Estatal del Transporte autorizó el “ajuste”  a la tarifa del transporte urbano en San Luis Potosí para el 2019.

El actuar de los integrantes del Consejo deja en evidencia su verdadera naturaleza: se trata de un simple instrumento, un órgano que no representa a nadie ni a nada más que a los intereses de los permisionarios de este servicio.

El Consejo Estatal del Transporte tiene 42 integrantes, pero, ¿alguien los conoce? Sobresalen tres o cuatro personajes, los que tienen el papel protagónico en el tema, los demás son figurantes que tal parece, no representan a nada y a nadie.

Las crónicas periodísticas nos permiten atisbar un poco. La reunión se llevó a cabo en el Centro de Convenciones. “El primero en llegar”, narra un reportero, fue el representante de los permisionarios, Margarito Terán, que declaró ir confiado en que se aprobaría el ajuste.

Los periodistas también identificaron al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Ramiro Robledo, que por cierto, preside el dicho Consejo; a la diputada Alejandra Valdés, presidenta de la comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado y el presidente de la Federación Universitaria Potosina, Alexis Pérez Guerrero. Los restantes 38 sujetos fueron concatenados como “el resto de los integrantes”.

Al lugar también acudieron miembros del colectivo Cambio por San Luis, que están en contra del aumento a la tarifa, pero no se les permitió entrar a la sesión del Consejo,  seguramente por el justificado temor de los honorables Consejeros a que estos ciudadanos fueran a ocasionar algún desmán. También se bloqueó el paso a los periodistas.

¿Qué se dijo ahí dentro? ¿Qué grave crimen se cometió allí para no querer más testigos que los cuatro personajes arriba mencionados y “el resto de los integrantes”?
¿Hubo debate? ¿Hubo alguna voz que diera un buen argumento en contra del ajuste tarifario? Imposible saberlo. ¿Habrá puesto alguna objeción la diputada Valdés, en nombre de los ciudadanos que representa? ¿El presidente de la FUP, Alexis Pérez, habrá defendido el interés de los estudiantes? Si lo hicieron no sirvió de nada.

Desde la reforma a la Ley del Transporte del Estado, realizada el 18 de junio de 2015, el aumento anual a la tarifa del transporte público en San Luis Potosí, se basa en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, léase, la Inflación.

La ley también dice que el aumento a la tarifa entra en vigor el 15 de enero. Previa publicación en el Periódico Oficial del Estado.

En 2015, una serie de protestas contra el “ajuste” y la proximidad de las elecciones locales para la gubernatura provocaron que el incremento a la tarifa se aplazara. Las protestas acabaron cuando la Legislatura en turno aprobó la reforma antes mencionada. Los diputados argumentaron que de este modo, el aumento ya no dependería de lo que decidieran los permisionarios y el Ejecutivo a su libre arbitrio, sino de un factor económico.

Con esta reforma, al gobierno del estado se le quitó un peso de encima. Si la inflación aumenta, el transporte aumenta, y como la inflación año con año, aumenta, pues el transporte por lógica, tiene que aumentar, y no hay manera de detener el “ajuste”.

Pese a ello, el incremento en la tarifa sigue provocando disgusto entre los usuarios. Cada año hay “madruguete”. El aumento se aprueba en fin de semana, y cuando los estudiantes universitarios aún están de vacaciones. Además el Consejo, actúa con hermetismo, puesto que sabe de antemano que lo que van a hacer en la sesión respectiva, sólo les conviene a una minoría: los permisionarios. De la mayoría agraviada, ya saben qué esperar: Las consabidas manifestaciones que se disuelven en unos cuantos días.

A juicio del usuario, las unidades ofrecen un mal servicio, pero según los integrantes del Consejo Estatal del Transporte (que huelga decir, no tienen necesidad de viajar en camión urbano) el servicio cumple con lo que marca la ley.

Entrevistado antes de iniciar la sesión del consejo, Margarito Terán admitió que no se han cumplido los compromisos establecidos para que se diera el ajuste en 2018, sin embargo insistió en que “han hecho lo posible”. Más que suficiente para incrementar la tarifa, a juicio de este permisionario.

Horas antes, Alejandro Leal Tovías, Secretario General de Gobierno, había declarado que los concesionarios pedían un incremento de 1 peso con 50 centavos. El funcionario aseguró que en el Consejo se escuchan las voces no solo de los permisionarios, sino también las de los estudiantes, la del Congreso del Estado y la del Gobierno del Estado.

Es probable que se escuche a estas voces, lo que es indudable es que no se las toma en cuenta. O bien, tal parece que dichas voces avalan el aumento a la tarifa, puesto que al final el incremento fue aprobado por el Consejo y por la SCT, que es la dependencia que autoriza su aplicación.

El servicio del transporte urbano ha cambiado en los últimos años: hay unidades adecuadas para discapacitados, se han instalado cámaras de vigilancia que, aunque nadie las monitorea, de perdido han servido para grabar algunos atracos sufridos por los usuarios y operadores, pero la percepción negativa del servicio no varía.

Y es que hay que ver las unidades atestadas en las horas pico. El usuario paga por viajar de pie, apretujado, corriendo el riesgo de ser víctima de algún carterista. O hay que sufrir la espera del usuario cuando la ruta que lo lleva a su destino no pasa, para entender los sinsabores de quien utiliza el transporte público para moverse de un lado a otro de la ciudad.

Para colmo, la sensación de inseguridad en las unidades del transporte urbano ha incrementado. El transporte público es el segundo espacio donde más se siente inseguros los potosinos, solo después de los cajeros automáticos.

El 79.4 por ciento de los potosinos se siente inseguro al abordar el transporte público, según la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU 2018) en su edición de septiembre pasado, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Y esto no es gratuito. El robo o asalto en camiones urbanos aumentó 141 por ciento entre enero y noviembre del presente año con respecto al 2017; las denuncias presentadas en once meses, superaron el total de las que fueron interpuestas el año pasado.

Entre enero y noviembre, la Fiscalía General del Estado, ha abierto 67 carpetas de investigación por Robo en transporte público colectivo, mientras que en todo el 2017 solo se iniciaron 46.

De las 65 denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) 14 corresponden a robos con violencia y 52 sin violencia. Es decir, cada mes se denuncia al menos un asalto violento en camiones urbanos.

En fin, a partir de esta semana, el usuario del transporte pagará 9 pesos con 50 centavos para abordar un camión que le lleve a su destino dando tumbos por las irregulares calles de la ciudad.

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Obra en Río Santiago continúa

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Seduvop no ha recibido notificación judicial por la ampliación de este boulevard; lamentó que organizaciones frenen la modernización de la infraestructura urbana

Por: Redacción

La construcción de la ampliación del bulevar Río Santiago continúa de acuerdo a lo planeado y los trabajos se mantendrán hasta en tanto no se reciba notificación judicial que ordene lo contario, así lo informó la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas.

Lo anterior, luego de que la organización Cambio de Ruta aseverara a medios de comunicación que el proyecto estaba detenido por orden del Juzgado Sexto de Distrito del Noveno Circuito Judicial Federal.

Al respecto la titular de la dependencia estatal, Isabel Leticia Vargas Tinajero, afirmó que hasta el momento no se ha recibido notificación judicial alguna, y que en caso de que ésta se presentase se apelará, pues la obra en cuestión es prioritaria para el sano crecimiento de ese sector de la zona metropolitana.

Agregó que el proyecto vial que abarca de Periférico Norte hacia Palma de la Cruz, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, debió haber sido construido por los gobiernos de la herencia maldita y esa omisión ha retrasado la modernización del sector con repercusiones negativas diarias a quienes ahí habitan.

Puntualizó que no es este el primer proyecto de movilidad urbana que la organización Cambio de Ruta pretende obstaculizar, ya que lo ha intentado en proyectos tan importantes como la modernización del barrio de San Miguelito y el rescate del Parque de Morales.

“Consideramos que el único interés genuino es el de obedecer a grupos que se aferran al pasado y que no quieren que el Estado crezca”, expresó.

Vargas Tinajero añadió que se trabaja de acuerdo a las leyes en la materia que permiten la remoción de árboles que se interpongan en el trazo de vía siempre y cuando se implementen acciones de compensación ecológica y reforestación en la zona intervenida.

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Ciudad

Finca colapsa en Barrio de San Sebastián

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Policía capitalina acordonó la zona y se iniciaron labores para ubicar al propietario y evaluar riesgos

Por: Redacción

La tarde de este miércoles, la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH) acudió al Barrio de San Sebastián tras el reporte del colapso parcial de una finca ubicada en la esquina de las calles Parrodi y 1.º de Mayo. En coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se acordonó la zona para prevenir riesgos a transeúntes y vehículos.

El titular de la UGCH, Jesús Becerra Rodríguez, informó que la Dirección de Protección Civil Municipal ya realiza estudios técnicos para determinar la situación estructural del inmueble. La Cuadrilla de Respuesta Inmediata de UGCH retiró el escombro que obstruía el paso peatonal y vehicular.

En colaboración con la Dirección General de Gestión Territorial y Catastro se buscará localizar al propietario de la finca para definir las acciones legales y técnicas necesarias. Estas acciones responden a la instrucción del Alcalde Enrique Galindo Ceballos de mantener un Centro Histórico seguro, limpio y ordenado para todas y todos.

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Peyote, a punto de ser reconocido en peligro de extinción

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Personas externas a las comunidades serían sancionadas con uno a nueve años de prisión si son sorprendidos recolectando, en posesión o si trafican con esta especie

Por: Redacción

El colectivo interdisciplinario Hablemos de Hikuri, en colaboración con la consultora Asesores Socioambientales, Agrícolas y Asociados en México (ASAAM), anunció que el Lophophora williamsii, conocido comúnmente como hikuri o peyote, será oficialmente reconocido como una especie en peligro de extinción por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Este reconocimiento se logra tras años de trabajo de investigación, documentación y gestión ante las autoridades ambientales. En 2021, el grupo Hablemos de Hikuri, junto con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), presentó ante la Semarnat un proyecto técnico sustentado en el método de evaluación del riesgo de extinción de las especies silvestres en México, establecido en la norma NOM-059-SEMARNAT-2010.

El proyecto, titulado “Propuesta de cambio de categoría de la NOM-059-SEMARNAT de Lophophora williamsii, de sujeta a protección especial (Pr) a en peligro de extinción (P)”, fue elaborado por el estudiante de Ingeniería Ambiental, José Carlos Covarrubias Bautista, bajo la dirección del Dr. José Luis Flores Flores, y con la colaboración del cofundador de Hablemos de Hikuri, Pedro Nájera Quezada.

El análisis técnico demostró que el peyote cumple con los criterios para ser considerado en riesgo crítico, ya que obtuvo un valor de 2.09 en la evaluación, superando el umbral de 2.0, necesario para ser clasificado como especie en peligro de extinción. Este cambio de categoría se debe al alto impacto de las actividades humanas sobre su hábitat, así como la fragmentación y pérdida de los ecosistemas donde habita, lo cual compromete su viabilidad a largo plazo.

A partir de esta resolución, el peyote dejará de estar bajo la categoría de “sujeta a protección especial” (Pr) en la NOM-059-SEMARNAT-2010, y pasará a ser listado como “en peligro de extinción” en la próxima actualización de la norma en 2025.

El colectivo subrayó que esta actualización no afectará a las comunidades indígenas que cuentan con asambleas tradicionales que reconocen el consumo ceremonial del hikuri como parte de sus usos y costumbres. No obstante, advirtieron que para personas externas a estas comunidades, la recolección, posesión o tráfico de esta especie podría ser sancionada con base en el artículo 420 del Código Penal Federal, el cual contempla penas de uno a nueve años de prisión, así como multas que van de 300 a 3,000 UMAs (Unidad de Medida y Actualización).

Desde Hablemos de Hikuri se hizo un enérgico llamado a la ciudadanía a evitar prácticas de turismo psicodélico, que disfrazan actividades lucrativas como ceremonias espirituales o medicinales, sin tener un sustento cultural legítimo. Asimismo, exhortaron a no extraer ejemplares de la vida silvestre, ya que esto contribuye directamente al deterioro de las poblaciones silvestres de peyote.

“La protección de una especie no se logra únicamente a través de su prohibición o penalización, sino mediante la conservación de sus ecosistemas naturales y la relación coevolutiva con las comunidades que le han dado un valor sagrado y simbólico durante siglos”, enfatizó el colectivo.

Este paso representa un logro importante para la conservación biocultural del país, y una acción necesaria para preservar una de las plantas más emblemáticas del desierto mexicano.

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