El Congreso del Estado de San Luis Potosí votará hoy una iniciativa para facilitar trámites burocráticos a los parientes de las personas desaparecidas

Por: Marcela del Muro

En un país con más de 40 mil personas desaparecidas, de las cuales 90 son originarias del estado de San Luis Potosí, hoy, 4 de junio, se presenta para su aprobación la Ley que Regula el Procedimiento para la Emisión de la Declaratoria de Ausencia por Desaparición; un trámite más que útil para las familias de las víctimas.

“Todo el tiempo me pregunto si ya comió, dónde durmió, si tiene frío; mi mente no para. Él está siempre aquí y así será hasta que lo encontremos” recuerda Carmelita, mamá de Moisés Gámez, desaparecido junto a tres compañeros durante la campaña para gobernador de Fernando Toranzo, el 11 de octubre del 2009.

Sin tener un rastro, ese familiar desaparecido está presente en todo momento: recuerdos, preocupaciones e, incluso, en las trabas para realizar trámites burocráticos o resolver deudas bancarias; en la pérdida de los bienes o muchos otros problemas; así que la Ley que Regula el Procedimiento para la Emisión de la Declaratoria de Ausencia por Desaparición en el Estado es tan esperanzadora para los familiares de desaparecidos en San Luis Potosí.

Para Edith Pérez, fundadora y vocera del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, es un trámite que ayudará a la situación legal de muchos niños y niñas con mamá, papá o ambos papás desaparecidos, pues, asegura “existen casos de niños donde se muere la abuelita que los cuidaba y se quedan sin nadie, los otros familiares no pueden reclamar la representación legal porque no existe un papel que los avale. También, familias que por necesidad prefieren dar a su familiar por muerto, en lugar de dar aviso de la desaparición, y evitan quedarse sin nada”.

Al emitir esta Declaración se reconoce la ausencia de la persona desaparecida, pero se protege la personalidad jurídica de la misma. Además, se garantiza la máxima protección a la familia, sobre todo, a los hijos menores de edad, pues estipula la protección de sus derechos y bienes, además de fijar la guardia y custodia. Algo muy importante: se realiza con la idea de que la persona desaparecida está con vida, pero suspendiendo temporalmente sus obligaciones.

Para Mati, esposa de Andrés Fructuoso Salazar, desaparecido el 14 de diciembre del 2016 en el municipio de Rioverde, la aplicación de esta ley será de gran ayuda: “Siempre te falta un papel o algún documento para realizar un trámite. En mi caso, es complicado con las cosas de mi hijo. Sacar la visa o el pasaporte es imposible”.

La iniciativa fue presentada por Sonia Mendoza con el impulso del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros. Este 4 de junio será votada en el pleno de LXII Legislatura y, de ser aprobada, la Declaración de Ausencia se podrá solicitar a partir de los tres meses de realizada la denuncia o reporte de desaparición y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) será la encargada de otorgar asistencia para realizar el procedimiento. El trámite será gratuito, especializado y no deberá de exceder de los seis meses para su aplicación.

San Luis Potosí ocupa el onceavo lugar en cantidad de fosas clandestinas, con al menos 65, según la investigación periodística A dónde van los desaparecidos, publicada el 12 de noviembre del 2018. Nadie está exento: “No podemos confiarnos, ni estar distraídos porque de un momento para otro, sin estar metido en nada, desapareces”, lamenta Edith.

PORQUE DESAPARECER NO ES NORMAL

“Al año y medio de la desaparición de mis hijos: lavé toda su ropa, la empaqueté y la guardé para que se conserve limpia. A veces entro a su cuarto, sacudo su cama, limpio sus zapatos, todo para cuando ellos regresen. No paramos de buscar, pero siempre tengo la esperanza de encontrarlos con vida”, recuerda Edith, mamá de José Arturo y Alexis Domínguez, desaparecidos junto a su hermano Ignacio Pérez y sus sobrinos Aldo de Jesús y Milynali Pérez, en la carretera que atraviesa el municipio de Ciudad Mante, Tamaulipas, el 14 de agosto del 2012.

Tres meses después, el 7 de noviembre del 2012, en la misma carretera fueron secuestrados Daniel Elías Mendiola y Gerardo Uribe. A los pocos días los familiares entregaron el rescate, pero hasta la fecha siguen desaparecidos, así que para Lupita Mendiola, hermana de Daniel, ha sido inevitable la búsqueda. Su familia se fragmentó por la pérdida y la incertidumbre.

Tener un hijo, papá, hermano, sobrino o esposo desaparecido basta para cambiar la vida que, muchas veces, termina girando en torno a la búsqueda de esa persona. Este es el caso de Edith y Lupita, fundadoras del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, el único grupo de búsqueda de personas desaparecidas del estado de San Luis Potosí.

Ellas cuentan que para el 2015, el aumento de víctimas por desaparición era escandaloso y las autoridades no contaban con los medios, ni humanos, ni presupuestales, para dar respuesta

Al día de hoy, dicha agrupación está consolidada por más de trescientas familias de desaparecidos que realizan de todo: búsquedas en campo, revisión de expedientes, volanteos en distintos municipios, capacitaciones y asesorías sobre procesos; además, de que fueron pieza clave para la creación y buen funcionamiento de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, creada en 2017, y la Comisión Estatal de Búsqueda, creada hasta 2018.

Lupita y Edith continúan caminando de la mano, incluso en la investigación y búsqueda de sus familiares. En septiembre del 2018, junto con otras familias, comenzaron a buscar evidencias en una cocina y campamento localizados en el municipio de Ciudad Mante, Tamaulipas. Iba a ser una búsqueda de tres días, pero han trabajado por ocho meses y encontrado cientos de fragmentos calcinados.

LA BÚSQUEDA

“En San Luis (Potosí), nadie estaba preparado para lo que se venía. Ni la Procuraduría (ahora Fiscalía), ni la Policía Investigadora, ni el gobernador, nadie sabía qué hacer con tanta denuncia por desaparición”, comentó Edith, mientras manejaba por la carretera que conduce al Huizachal, en Rioverde: “Aquí, todo se ha trabajado sobre la marcha y, la verdad, con mucha ayuda de nosotros, las víctimas. Yo me siento satisfecha del trabajo, sensibilidad y disposición del equipo de San Luis, aunque no tienen dinero para invertir en servicios periciales”.

Un convoy de siete autos, escoltado por camionetas de la Sedena, se dirigió a un terreno localizado en el ejido de Santa Isabel. Era el primer día de búsqueda en un campo donde semanas antes se localizó un tambo y unas esposas.

Esta no es una búsqueda más: es la primera, en el estado, donde se integra una perito antropóloga al equipo de servicios periciales. “Hace unos meses, ganamos un apoyo por parte de Sedesol que nos ha sido muy útil, pudimos contratar a la perito antropóloga, comprar herramientas para la búsqueda y hasta compramos botas para el colectivo porque muchas compañeras no tenían zapatos apropiados para terrenos tan hostiles”, comenta Edith, justo unos minutos antes de llegar al lugar señalado.

El lugar era contradictorio: un campo rodeado de montañas, nopales gigantes y arbustos verdes, atravesado por un pequeño riachuelo seco; todo esto estaba delimitado por cintas amarillas con la leyenda NO PASAR y un tambo, donde fue incinerado un cuerpo. Según la suposición de los peritos, la lluvia tiró el tambo y los restos se regaron por todo el pequeño río.

Tres voluntarios se encontraban rascando la tierra de los cuadrantes marcados en el riachuelo, mientras la perito seleccionaba las muestras en tinas. En lo alto, cuatro cribas manejadas por familiares del colectivo e integrantes de la Unidad de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), cernían la tierra para encontrar fragmentos de huesos porosos, que aparentan la consistencia de un coral, pero nunca se rompen. “Cada persona se imagina distintas cosas cuando ven esto, porque a nadie lo enseñan a distinguir un hueso calcinado. Solo si tienes la necesidad, como nosotros”, comenta Lupita.

Era una situación que, dolorosamente, se había hecho cotidiana.

Este lugar forma parte de la carpeta de investigación, por desaparición forzada, de Andrés Fructuoso Salazar, quien fue “levantado” de su vulcanizadora en Rioverde. Ahora, Matí, su esposa, se encuentra cribando la tierra en un acto doloroso, pero lleno de amor y esperanza por encontrar a su esposo.

Se separaron varias bolsas marcadas con la fecha: 30 de octubre del 2018. Contenían pequeños fragmentos de hueso y muelas, todos calcinados; además de materiales como: hilos, plásticos y fragmentos de tela. Para los presentes resulta inevitable sentir escalofríos al percatarse del daño en los restos, escuchar la suposiciones de los expertos y ver el paso de la naturaleza y el tiempo sobre el tambo.

Hasta la fecha, aún se esperan los resultados de ADN pero ese día, de regreso al hotel, Edith dio a todos un recordatorio:

“Es importante saber que, ellos, nuestros desaparecidos, no se perdieron, ni se esfumaron. A ellos se los llevaron y los desaparecieron”.

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