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Los ausentes: la tragedia de las familias de desaparecidos en SLP
El Congreso del Estado de San Luis Potosí votará hoy una iniciativa para facilitar trámites burocráticos a los parientes de las personas desaparecidas
Por: Marcela del Muro
En un país con más de 40 mil personas desaparecidas, de las cuales 90 son originarias del estado de San Luis Potosí, hoy, 4 de junio, se presenta para su aprobación la Ley que Regula el Procedimiento para la Emisión de la Declaratoria de Ausencia por Desaparición; un trámite más que útil para las familias de las víctimas.
“Todo el tiempo me pregunto si ya comió, dónde durmió, si tiene frío; mi mente no para. Él está siempre aquí y así será hasta que lo encontremos” recuerda Carmelita, mamá de Moisés Gámez, desaparecido junto a tres compañeros durante la campaña para gobernador de Fernando Toranzo, el 11 de octubre del 2009.
Sin tener un rastro, ese familiar desaparecido está presente en todo momento: recuerdos, preocupaciones e, incluso, en las trabas para realizar trámites burocráticos o resolver deudas bancarias; en la pérdida de los bienes o muchos otros problemas; así que la Ley que Regula el Procedimiento para la Emisión de la Declaratoria de Ausencia por Desaparición en el Estado es tan esperanzadora para los familiares de desaparecidos en San Luis Potosí.
Para Edith Pérez, fundadora y vocera del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, es un trámite que ayudará a la situación legal de muchos niños y niñas con mamá, papá o ambos papás desaparecidos, pues, asegura “existen casos de niños donde se muere la abuelita que los cuidaba y se quedan sin nadie, los otros familiares no pueden reclamar la representación legal porque no existe un papel que los avale. También, familias que por necesidad prefieren dar a su familiar por muerto, en lugar de dar aviso de la desaparición, y evitan quedarse sin nada”.
Al emitir esta Declaración se reconoce la ausencia de la persona desaparecida, pero se protege la personalidad jurídica de la misma. Además, se garantiza la máxima protección a la familia, sobre todo, a los hijos menores de edad, pues estipula la protección de sus derechos y bienes, además de fijar la guardia y custodia. Algo muy importante: se realiza con la idea de que la persona desaparecida está con vida, pero suspendiendo temporalmente sus obligaciones.
Para Mati, esposa de Andrés Fructuoso Salazar, desaparecido el 14 de diciembre del 2016 en el municipio de Rioverde, la aplicación de esta ley será de gran ayuda: “Siempre te falta un papel o algún documento para realizar un trámite. En mi caso, es complicado con las cosas de mi hijo. Sacar la visa o el pasaporte es imposible”.
La iniciativa fue presentada por Sonia Mendoza con el impulso del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros. Este 4 de junio será votada en el pleno de LXII Legislatura y, de ser aprobada, la Declaración de Ausencia se podrá solicitar a partir de los tres meses de realizada la denuncia o reporte de desaparición y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) será la encargada de otorgar asistencia para realizar el procedimiento. El trámite será gratuito, especializado y no deberá de exceder de los seis meses para su aplicación.
San Luis Potosí ocupa el onceavo lugar en cantidad de fosas clandestinas, con al menos 65, según la investigación periodística A dónde van los desaparecidos, publicada el 12 de noviembre del 2018. Nadie está exento: “No podemos confiarnos, ni estar distraídos porque de un momento para otro, sin estar metido en nada, desapareces”, lamenta Edith.
PORQUE DESAPARECER NO ES NORMAL
“Al año y medio de la desaparición de mis hijos: lavé toda su ropa, la empaqueté y la guardé para que se conserve limpia. A veces entro a su cuarto, sacudo su cama, limpio sus zapatos, todo para cuando ellos regresen. No paramos de buscar, pero siempre tengo la esperanza de encontrarlos con vida”, recuerda Edith, mamá de José Arturo y Alexis Domínguez, desaparecidos junto a su hermano Ignacio Pérez y sus sobrinos Aldo de Jesús y Milynali Pérez, en la carretera que atraviesa el municipio de Ciudad Mante, Tamaulipas, el 14 de agosto del 2012.
Tres meses después, el 7 de noviembre del 2012, en la misma carretera fueron secuestrados Daniel Elías Mendiola y Gerardo Uribe. A los pocos días los familiares entregaron el rescate, pero hasta la fecha siguen desaparecidos, así que para Lupita Mendiola, hermana de Daniel, ha sido inevitable la búsqueda. Su familia se fragmentó por la pérdida y la incertidumbre.
Tener un hijo, papá, hermano, sobrino o esposo desaparecido basta para cambiar la vida que, muchas veces, termina girando en torno a la búsqueda de esa persona. Este es el caso de Edith y Lupita, fundadoras del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, el único grupo de búsqueda de personas desaparecidas del estado de San Luis Potosí.
Ellas cuentan que para el 2015, el aumento de víctimas por desaparición era escandaloso y las autoridades no contaban con los medios, ni humanos, ni presupuestales, para dar respuesta 
Al día de hoy, dicha agrupación está consolidada por más de trescientas familias de desaparecidos que realizan de todo: búsquedas en campo, revisión de expedientes, volanteos en distintos municipios, capacitaciones y asesorías sobre procesos; además, de que fueron pieza clave para la creación y buen funcionamiento de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, creada en 2017, y la Comisión Estatal de Búsqueda, creada hasta 2018.
Lupita y Edith continúan caminando de la mano, incluso en la investigación y búsqueda de sus familiares. En septiembre del 2018, junto con otras familias, comenzaron a buscar evidencias en una cocina y campamento localizados en el municipio de Ciudad Mante, Tamaulipas. Iba a ser una búsqueda de tres días, pero han trabajado por ocho meses y encontrado cientos de fragmentos calcinados.
LA BÚSQUEDA
“En San Luis (Potosí), nadie estaba preparado para lo que se venía. Ni la Procuraduría (ahora Fiscalía), ni la Policía Investigadora, ni el gobernador, nadie sabía qué hacer con tanta denuncia por desaparición”, comentó Edith, mientras manejaba por la carretera que conduce al Huizachal, en Rioverde: “Aquí, todo se ha trabajado sobre la marcha y, la verdad, con mucha ayuda de nosotros, las víctimas. Yo me siento satisfecha del trabajo, sensibilidad y disposición del equipo de San Luis, aunque no tienen dinero para invertir en servicios periciales”.
Un convoy de siete autos, escoltado por camionetas de la Sedena, se dirigió a un terreno localizado en el ejido de Santa Isabel. Era el primer día de búsqueda en un campo donde semanas antes se localizó un tambo y unas esposas.
Esta no es una búsqueda más: es la primera, en el estado, donde se integra una perito antropóloga al equipo de servicios periciales. “Hace unos meses, ganamos un apoyo por parte de Sedesol que nos ha sido muy útil, pudimos contratar a la perito antropóloga, comprar herramientas para la búsqueda y hasta compramos botas para el colectivo porque muchas compañeras no tenían zapatos apropiados para terrenos tan hostiles”, comenta Edith, justo unos minutos antes de llegar al lugar señalado.
El lugar era contradictorio: un campo rodeado de montañas, nopales gigantes y arbustos verdes, atravesado por un pequeño riachuelo seco; todo esto estaba delimitado por cintas amarillas con la leyenda NO PASAR y un tambo, donde fue incinerado un cuerpo. Según la suposición de los peritos, la lluvia tiró el tambo y los restos se regaron por todo el pequeño río.
Tres voluntarios se encontraban rascando la tierra de los cuadrantes marcados en el riachuelo, mientras la perito seleccionaba las muestras en tinas. En lo alto, cuatro cribas manejadas por familiares del colectivo e integrantes de la Unidad de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), cernían la tierra para encontrar fragmentos de huesos porosos, que aparentan la consistencia de un coral, pero nunca se rompen. “Cada persona se imagina distintas cosas cuando ven esto, porque a nadie lo enseñan a distinguir un hueso calcinado. Solo si tienes la necesidad, como nosotros”, comenta Lupita.
Era una situación que, dolorosamente, se había hecho cotidiana.
Este lugar forma parte de la carpeta de investigación, por desaparición forzada, de Andrés Fructuoso Salazar, quien fue “levantado” de su vulcanizadora en Rioverde. Ahora, Matí, su esposa, se encuentra cribando la tierra en un acto doloroso, pero lleno de amor y esperanza por encontrar a su esposo.
Se separaron varias bolsas marcadas con la fecha: 30 de octubre del 2018. Contenían pequeños fragmentos de hueso y muelas, todos calcinados; además de materiales como: hilos, plásticos y fragmentos de tela. Para los presentes resulta inevitable sentir escalofríos al percatarse del daño en los restos, escuchar la suposiciones de los expertos y ver el paso de la naturaleza y el tiempo sobre el tambo.
Hasta la fecha, aún se esperan los resultados de ADN pero ese día, de regreso al hotel, Edith dio a todos un recordatorio:
“Es importante saber que, ellos, nuestros desaparecidos, no se perdieron, ni se esfumaron. A ellos se los llevaron y los desaparecieron”.
Interapas activó protocolo de atención por quinta falla del acueducto
Por: Redacción
Este sábado por la mañana, se reportó una nueva falla en el acueducto del sistema “El Realito”, a la altura del municipio de Tierra Nueva.
Por ello, Interapas activó su protocolo de atención para garantizar el abasto en la zona sur-oriente de la ciudad, a través de los pozos de reserva y los operativos de distribución con camiones cisterna.
La última suspensión del sistema se presentó el pasado 10 de abril por lo que con esta suman cinco interrupciones en lo que va del año.
Para reportes o información sobre el servicio, los usuarios pueden comunicarse a la línea Acuatel 444 123 64 00 o consultar los canales oficiales de Interapas.
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De acuerdo con el más reciente ranking, el mandatario potosino alcanzó una aprobación del 65.1%, superando a Samuel García y Delfina Gómez
Por: Redacción
El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, se posicionó como el mandatario estatal mejor evaluado del país en el más reciente estudio nacional de aprobación de gobernadores realizado por FactoMétrica, al alcanzar una aprobación del 65.1 por ciento en el rubro de trabajo en general.
De acuerdo con los resultados del Ranking Nacional de Gobernadores correspondiente a mayo de 2026, el mandatario potosino encabeza la lista nacional, superando a sus homólogos de Nuevo León, Samuel García, quien registró 64.5 por ciento, y del Estado de México, Delfina Gómez, con 63.3 por ciento.
El estudio de FactoMétrica evalúa el desempeño de los gobiernos estatales en temas fundamentales para la ciudadanía, entre ellos el trabajo gubernamental en general, el combate a la inseguridad, la transparencia y el combate a la corrupción,
La primera posición obtenida por Ricardo Gallardo Cardona refleja el respaldo ciudadano a las políticas públicas impulsadas por su administración, orientadas a fortalecer el desarrollo social, la infraestructura, la movilidad, la seguridad y el bienestar de las familias potosinas.
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APUNTES
Culto Público, hijos de la memoria selectiva:
Hay una trampa intelectual que se llama principio de conveniencia: defiendo las reglas cuando me protegen y las ataco cuando me limitan.
Es como yo cuando no me acuerdo de mis deudas ni de lo que no me conviene. O como el burócrata de ventanilla equis que acepta sobornos toda la jornada, pero luego se indigna porque los tránsitos le piden moche y no los baja de “méndigos corruptos”.
Ese comportamiento no es un asunto ni de ideología ni de educación —bueno, igual y sí—, pero desde mi óptica también es un tema de cálculo mañoso. Y aquí, en nuestro estado, donde “el águila paró”, ese cálculo quedó expuesto como fraude nigeriano con faltas de ortografía.
Como todos sabemos, desde hace días circula una narrativa: el Gobierno del Estado persigue periodistas.
La evidencia central fue una fotografía —filtrada por WhatsApp, como siempre— de un supuesto oficio ministerial con una lista de diez comunicadores y activistas a quienes se buscaría aprehender.
La historia se incendió.
Artículo 19, el CPJ y Reporteros Sin Fronteras emitieron alertas. En horas, San Luis era trending de la infamia: “Estado represor”.
¿Así de fácil?
Mejor vayamos con cuidado, porque este caso merece más que reacción de reflejo.
El mismo comunicado de Artículo 19 —institución que respeto y cito con precisión— reconoce que la información sobre una de las detenciones proviene de una “fuente local anónima” que “no ha podido ser verificada”.
La orden de aprehensión, es decir, la foto de WhatsApp que generó la alarma, también llegó de una “fuente local”.
Entonces, las organizaciones que le exigen al Estado máxima transparencia construyeron su denuncia sobre información que ellas mismas admiten no haber podido confirmar.
Claro, eso no invalida su preocupación, pero sí obliga a darle peso específico.
Porque cuando uno revisa quiénes son algunas de las personas detenidas, pues… ya lo he dicho y lo sostengo: Eréndira Reyes Aguillón y su hija Alejandra Hermosillo no son periodistas en ningún sentido técnico ni ético del término. Operan páginas anónimas, sin firma, sin metodología y con expedientes documentados por extorsión a gobiernos municipales.
Christian Herrera, a quien nadie en el gremio conocía antes del escándalo, fue detenido —según la versión no verificada que menciona el propio comunicado de Artículo 19— asaltando una farmacia en Ciudad Valles. Ya desde la celda se declaró dueño de una página de Facebook de amarillismo puro.
A ver…
El periodismo no es una credencial que se activa cuando conviene para reclamar impunidad.
Eso es charoleo del más chafa.
La novedad es que ayer volvió a circular la foto del supuesto oficio ministerial, pero en tres versiones. Sí, tres versiones casi iguales, con distintos nombres y “enviadas muchas veces” en grupos de WhatsApp.
Una con personas desconocidas; otra con presuntos periodistas y activistas, que es la que sostiene la narrativa de persecución; y una más con nombres como Claudia Sheinbaum, AMLO, Belinda y Maradona.
Sí, así de ridículo.
Diversas herramientas de análisis de imagen coinciden en que la versión con periodistas muestra indicadores de construcción posterior a un documento original; es decir, que habría sido hecha a partir de algo real y luego refotografiada.
La versión con figuras de la política nacional y la farándula fue fabricada con intención claramente burlesca, quizá para ridiculizar la fuente o demostrar que el formato era manipulable.
La otra lista, pues sabrá Dios quiénes sean los que ahí aparecen.
Claro, esto no prueba que el oficio sea falso. Incluso podría tratarse de una trampa para restar credibilidad al tema. Pero, de cualquier modo, sí abre una pregunta que nadie —ni los que se dicen parte del ecosistema crítico ni los otros— ha querido responder:
¿De dónde vino el “original”? ¿Quién lo filtró? ¿Quién lo modificó? ¿Quién lo distribuyó? ¿Para qué?
Porque si la lista fue fabricada —o manipulada a partir de un documento real que nada tenía que ver con periodistas—, entonces no estamos ante una persecución: estamos ante un montaje político elaborado, diseñado para activar organismos internacionales, generar presión sobre el gobierno y construir un escudo de impunidad.
Y eso, que yo sepa, tampoco es periodismo.
Por si fuera poco, mientras todo esto ocurre, también circuló ayer un video evidentemente manipulado, y que de lejos huele a elaboración con inteligencia artificial,
En el video, ella se ve que está en un cuarto con hombres armados y dinero. Él la señala, la cuestiona y la exhibe.
A todas luces es una farsa. Es una infamia fabricada. Es violencia digital. Es destrucción reputacional con herramientas tecnológicas.
No estoy defendiendo a ninguno de los que aparecen en el video. Es más, sus nombres son lo de menos.
Lo que sostengo es que usar inteligencia artificial para generar desinformación, restar credibilidad (en caso de tenerla, claro), ridiculizar personas y usar sus imágenes para engañar a la opinión pública es una bajeza. Contra ellos o contra cualquiera.
Pero aquí viene el giro:
Eso que hoy les está pasando a ellos, es exactamente lo que tipifica y castiga el Artículo 187 Ter del Código Penal de San Luis Potosí, conocido como “Ley Serrano”; la misma ley que ese
ecosistema local y nacional han denunciado como instrumento de censura y persecución.
Entonces va otra de mis muy tiernas preguntas:
¿La IA maliciosa es crimen y golpe bajo cuando la padecen ellos, pero herramienta legítima de crítica cuando la usan contra otros?
¿La “Ley Serrano” es censura cuando el gobierno puede usarla contra ellos, pero protección necesaria cuando ellos son las víctimas?
Discúlpenme, pero eso no es una postura de principios. Es principio de conveniencia.
Ojo, porque luego se me alborotan más mis amados haters: no estoy defendiendo al gobierno de Ricardo Gallardo —ni falta le hace— ni justificando la reforma aprobada por el Congreso.
Tampoco estoy descartando que haya acciones reales de la Fiscalía que merezcan escrutinio. Todo lo contrario.
Lo que estoy diciendo es que algo no encaja.
En este caso específico hay demasiadas preguntas sin responder, demasiadas coincidencias narrativas, demasiado dinero de fondo y un timing políticamente demasiado conveniente.
Porque, a ver:
¿A quién le convendría armar un montaje de esta naturaleza para desgastar todos los días al gobierno?
¿Quién tiene los recursos para hacerlo?
¿Quiénes son sus operadores mediáticos?
¿Quién se beneficia a corto y mediano plazo?
No voy a responder por usted, mi Culto Público. Ahí están los nombres, los intereses, los pleitos, los financiamientos y los apellidos conocidos. Cada quien puede hacer su propio crucigrama.
La última porque ya me dio sueño:
A quienes armaron, editaron, manipularon y circularon el video calumnioso contra dos personas, ¿se les debe castigar?
¿O Artículo 19 también debe protegerlos porque solo estaban ejerciendo su libertad de expresión y su derecho a la crítica de forma anónima?
La libertad de expresión es un valor que se defiende con consistencia o no se defiende. No se puede exigir protección de una ley que tú mismo denuncias como censura. No se puede llamar periodista a quien extorsiona. No se puede condenar la IA maliciosa solo cuando tú la padeces.
El problema del principio de conveniencia es que siempre termina devorando a quien lo ejerce.
Hasta la próxima.
Yo soy Jorge Saldaña.
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