El Congreso recibió un juicio ciudadano que impugna el nombramiento de Patricia Aradillas como presidenta concejal. Sara Rocha y Héctor Serrano aseguran que la designación fue legal y que hay “confusión” sobre el proceso.

El Congreso del Estado confirmó que ya recibió un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC) que impugna la designación de Patricia Aradillas Aradillas como presidenta concejal de Villa de Pozos, nombramiento aprobado la semana pasada por el Poder Legislativo.

La presidenta de la Directiva, Sara Rocha Medina, informó que el recurso fue admitido en estrados y que el Congreso cuenta con 72 horas para remitir al Tribunal Electoral del Estado la documentación requerida.
Rocha sostuvo que tanto la aceptación de la renuncia de Teresa Rivera como la designación de Aradillas se realizaron “conforme a la Constitución y a la ley”, y que el Poder Legislativo dará trámite formal al juicio sin intervenir en su resolución.

Por su parte, Héctor Serrano Cortés, presidente de la Comisión de Gobernación, afirmó que la impugnación parte de una “confusión” de quienes interpretan el relevo como si se tratara de un proceso electivo.
“No hubo elección popular. Fue una designación del Congreso. No sé qué derechos político-electorales pretende defender quien promueve el amparo”, criticó.

Serrano insistió en que el procedimiento estuvo “perfectamente cuidado” por los asesores jurídicos del Congreso y descartó riesgos legales para la continuidad de Aradillas.

“Aquí no hay conflicto democrático: hay un nombramiento legislativo. Y nuestro interés es garantizar que Villa de Pozos tenga estabilidad y servicios”, agregó.

Ambos legisladores aseguraron que el Congreso acatará lo que determine el Tribunal Electoral, pero reiteraron su confianza en la legalidad del proceso.

Reiteró que la actuación del Congreso en torno a la aceptación de renuncia de Teresa Acevedo se llevó a cabo conforme al procedimiento legal

 

Por: Redacción

La diputada Sara Rocha Medina, presidenta de la Directiva del Congreso del Estado confirmó que se recibió un Juicio para la Protección de Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC) contra la designación de la presidenta concejal de Villa de Pozos, Martha Patricia Aradillas Aradillas, el cual se le dio el trámite de recepción por parte del Poder Legislativo.

 

Señaló que este asunto está en revisión, y se publicó en estrados del Congreso del Estado con un plazo de 72 horas, plazo en que se enviarán también los documentos requeridos al Tribunal Electoral del Estado por parte del Poder Legislativo.

 

Reiteró que la actuación del Congreso del Estad

o tanto en torno a la aceptación de renuncia de la presidenta concejal, Teresa Acevedo y la designación de la nueva titular Patricia Aradillas, se llevó a cabo conforme al procedimiento legal sustentado en la Constitución Política del Estado y sus leyes reglamentarias.

 

“Ha sido sustentado conforme a la Constitución, conforme a la ley, está perfectamente claro el tema legal, el Congreso actuó conforme a la Constitución y conforme a la ley, tenemos la confianza de ello, y el JDC le daremos el trámite que se requiere, que se necesita para que dé su curso en el Tribunal”.

Esta reforma tiene como objetivo central armonizar el marco jurídico, cumpliendo así las exigencias del Sistema Nacional de Búsqueda

Por: Redacción

El diputado Luis Fernando Gámez Macías, presentó una iniciativa de reforma a LA Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, y a la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de San Luis Potosí.

 

Busca complementar el proyecto presentado y elaborado en base a los planteamientos de asociaciones civiles que han manifestado su interés en la creación de una Fiscalía Especializada para la investigación y persecución de los d elitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, sumando los aspectos que mandata la citada reforma a la Ley General.

 

Tiene como objetivo central armonizar el marco jurídico estatal con la Ley General en la materia, cumpliendo así las exigencias del Sistema Nacional de Búsqueda y fortaleciendo la capacidad institucional para enfrentar este flagelo social.

 

El diputado Gámez Macías dijo que “la desaparición de personas es una problemática lacerante y prioritaria para nuestro Estado, no podemos quedarnos atrás en la protección de los derechos humanos y pasaremos de una unidad con capacidades limitadas a una institución robusta, con personal calificado y unidades mínimas que nos permitirán investigar y perseguir estos delitos con el enfoque de derechos humanos que las víctimas y sus familias merecen”.