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Lo negro de El Diván Negro: hablan sus victimas
La Orquesta recogió el testimonio de autores afectados por el manejo irregular de la editorial independiente potosina
Por: Bernardo Vera
El pasado 9 de mayo, un grupo de escritores y escritoras de la ciudad de San Luis Potosí, emitieron un comunicado en el que manifestaron su molestia por las acciones de incumplimiento por parte de la editorial potosina “El Diván Negro”, así como de su director, Samuel Hernández Huerta.
Los actos denunciados van desde el incumplimiento de contrato, el presunto robo de recursos económicos en regalías, no entregar ejemplares prometidos y manejar de forma negligente los derechos de autor de las obras, por lo que calificaron a esta casa editorial como “fraudulenta”.
La Orquesta se puso en contacto con la editorial y solicitó una postura oficial sobre estas acusaciones, sin embargo al cierre de esta edición no se ha obtenido respuesta a la redacción de este medio, ni se ha emitido ningún comunicado en sus redes sociales.
Julio Cesar Castro y Rogelio Lizcano, son solo dos de los más de cuarenta escritores afectados por la operación irregular de la editorial, y son quienes decidieron compartir su testimonio de como conocieron a Samuel, el trato que sostuvieron, y las primeras señales de que algo no iba bien en su operación.
¿Cómo es Samuel Hernández Huerta?
Rogelio Lizcano es escritor por gusto y licenciado en Administración de Empresas de profesión. Para él, la labor de escritura representa un hobby más que un modo de vida. A pesar de ello, su trabajo lo llevó a desarrollar un ensayo crítico-histórico sobre las apariciones de la virgen de Guadalupe, mismo que le presentó a Samuel Hernández, al que conoció a través de recomendaciones.
Rogelio describió el inicial trato amable con Samuel Hernández, al que incluso lo definió como alguien que sabe expresarse sobre su trabajo y que inspira esa confianza de un profesional, y remarcó que ese pudo ser su punto clave: la manera de enganchar a los escritores.
“Eso explica perfectamente porqué tanta gente ha caído en sus redes. Es una persona que inspira confianza al principio y se expresa muy bien, como un profesionista y la primera impresión que tuve fue buena”, mencionó Rogelio.
Otro caso aparte es el de Julio Antonio Castro Guerrero, escritor potosino, otro de los afectados.
Él desarrolló el poemario “El templo de donde nace el desierto”. Se acercó a Samuel Hernández por recomendación de Salvador García Rodríguez (quién también firma como Xalbador García) y luego de un taller literario, Xalbador mencionó que estaba a punto de publicar con la editorial independiente, y de ahí su interés de acercarse a trabajar con él ahora señalado.
“Conocí a Samuel en una feria del libro en la casa del poeta Ramón López Velarde. Era una pequeña feria de libro de editoriales independientes y ahí fue donde me acerqué con él y le comenté la posibilidad de que yo tenía un libro de poesía, que ya estaba terminado, que ya estaba tallereado y fue ahí donde me dijo que le mandara el manuscrito por mail”.
Julio Castro mencionó que otra coincidencia en su acercamiento con escritores es que muchas veces se encuentran en una situación crítica, tal como le ocurrió: “Yo le mencioné a Samuel que a mí me urgía un poco la necesidad de que saliera mi libro, porque en ese entonces, mi mamá estaba enferma de cáncer. Justamente una semana después, nos volvimos a juntar en un bar para platicar y Samuel comentaba que muchos de los autores llegaban en una situación crítica a su editorial, y entonces a mí me me llamó mucho la atención; él sabía que muchos autores, obviamente tenemos problemas, tenemos dificultades. y curiosamente, las empeora”.
¿Qué les prometió a los escritores?
Rogelio Lizcano y Julio Castro firmaron un contrato con la editorial “El Diván Negro” para la publicación de sus respectivos libros. Ambos mencionaron que algunas de las cláusulas más destacadas eran la cesión de derechos por tres años a la editorial, así como la entrega de un número determinado de ejemplares como pago por regalías. Sin embargo, con el paso de los días, ninguno de ellos recibió noticias sobre la impresión de sus obras ni los beneficios que obtendrían.
Rogelio narra que realizó un depósito interbancario por 13 mil 200 pesos. Dicho recurso sería utilizado para pagar 50 ejemplares como parte de sus regalías, además de que serviría para iniciar los trabajos de impresión, diseño entre otros. A pesar de entregar el recurso económico, Rogelio nunca recibió sus ejemplares.
El caso, además, implicaba que la editorial consiguiera espacios para la presentación del libro, y Rogelio se interesó en que se diera a conocer el 30 de noviembre de 2021 –debido a la temática de su libro–, lo cual no se realizó. Para el año 2022, se había formalizado su presentación en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), sin embargo este evento fue eliminado pocos días después del programa oficial de actividades de la universidad. 
“A tres o cuatro días para que iniciara el evento de la universidad, todavía no tenía los libros. En esas fechas me llaman de la UASLP y me dicen que ha suspendido todo trato con El Diván Negro, porque han tenido noticias de que han defraudado a muchas personas como en mi caso. Y sobre todo, una autora de Argentina se había comunicado desde allá para denunciarlo. La universidad no quiso tener problemas y por lo tanto suspendió la presentación y cualquier trato o cualquier nexo con El Diván Negro. Que por cierto, no había ni siquiera pagado el stand que iba a ocupar en la feria”. dio a conocer Rogelio Lizcano.
El caso de Julio fue muy similar, ya que él también tuvo que realizar la entrega de aproximadamente 12 mil pesos para los trabajos de impresión. La diferencia con otros autores, fue que sí recibió parte de sus regalías, aunque las obtuvo tiempo después de una presentación que el propio Julio organizó en el Museo de la Máscara. En ese evento, Julio presentó su libro pero no pudo ponerlo a la venta, no obstante, Samuel se aprovechó de ese evento y llevó otros libros de su editorial a la venta, de la cual Julio Castro no obtuvo ganancias por tratarse de otros títulos.
“En el contrato está establecido que la forma de pago a los autores es mediante las regalías, que son de sesenta libros, es decir, un 20% del tiraje. Esos 60 libros no me los dio, pero él sí vendió sus libros, y todos esos fondos se fueron para la editorial”.
Y ahora… ¿qué?
Rogelio Lizcano y Julio Castro se dijeron tristes, decepcionados y frustrados con el proceder de Samuel y su editorial, y esperan que este tipo de pronunciamientos alerten a otras personas interesadas en publicar su obra. A pesar de ello, el objetivo actual que cada uno tiene es distinto sobre cómo procederán contra la editorial independiente.
El principal objetivo de Rogelio es que recupere los derechos de su libro, que actualmente se encuentran en poder de la editorial El Diván Negro, y de esa manera, publicar su obra en alguna otra editorial. Aseguró que, si derivado de ello pudiera recuperar sus recursos económicos, sería extraordinario, pero afirmó “mi principal propósito es liberar mis derechos de autor”.
Julio Castro, por su parte, planteó tres opciones: denuncia por la vía penal por el delito de fraude; la segunda opción es ir directamente por la vía civil y demandar los daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato; y la tercera opción, hacer un convenio de terminación de contrato con el propio Samuel Hernández, para que sean devueltos los derechos y acudir con otra editorial “a pesar de que no me quiera dar ninguna regalía”.
Julio envió un mensaje de alerta contra esta editorial e invitó a la ciudadanía y comunidad creativa a no quedarse callada ante injusticias de esta naturaleza, mucho menos en el caso de la literatura y de otro tipo de artes en general. “No recibimos apoyo, es muy difícil conseguir apoyos de todo tipo, privado y público. Y todavía tenemos estos problemas con las editoriales, es muy feo”.
Finalmente, Rogelio dijo sentir un grado de lástima por Samuel Hernández, y apeló a la buena fe para que rectifique su actuar, la cual podría derivar -dijo- de alguna especie de trastorno psicológico. “En lo posible, que rectifique su camino, pero yo siento que es difícil. Ojalá se rectifique, porque es una persona joven, tiene 35 años, prácticamente va empezando su vida profesional. Tiene cuatro años con la editorial. La vida siempre nos da segundas oportunidades, y dentro de lo posible, si pudiera tratar de enmendarse y como todo el mundo, tener una segunda oportunidad en la vida” concluyó.
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Portadas locales
San Luis Hoy: Víctimas demandan justicia. Familias afectadas por hechos violentos exigen resultados a la Fiscalía General del Estado. Destacan también el costo de la CEGAIP (2 mdp mensuales) y el rezago en vialidades.
Plano Informativo: Contaminación pone en riesgo a los potosinos. Altos niveles de PM2.5, PM10 y ozono generados por vehículos, industria, quema y actividades clandestinas.
Pulso SLP: Policías estatales bajos en certificación. Oculta CEDH datos sobre recomendaciones. Marcha de familias de víctimas a la FGE. Bulevar descuidado.
Columnas locales
La Bitácora – San Luis Hoy: La transparencia sale muy cara. La CEGAIP está en vías de desaparecer, pero sus funcionarios mantienen sueldos elevados: José Gerardo Navarro Alviso recibe 80 mil pesos mensuales, Ana Cristina García Nales 78 mil y la directora administrativa Gabriela López Fraga 25 mil. Solo la nómina ronda los 888 mil pesos al mes.
De Todos – Pulso SLP: Alcaldía: otra hackeada. Ignoran al gobernador. La columna señala un nuevo incidente de vulneración digital en el Ayuntamiento capitalino y critica la falta de coordinación y reconocimiento hacia el gobierno del estado en los temas de obras y seguridad informática.
El Gato Filósofo (Elucubraciones) – Código San Luis: El juego sucio del PAN. El columnista analiza las maniobras internas y las prácticas de imposición dentro de Acción Nacional en San Luis Potosí, particularmente en la definición de coordinadores y posibles candidaturas de cara a 2027.
El Radar – Antena San Luis (Jesús Aguilar): Mil 413 policías sin certificar: ¿quién responde? En dos años la certificación de policías municipales cayó 40.7 por ciento (de 95.9 a 55.2 por ciento). Casi mil 413 elementos carecen de Certificado Único Policial. Se exige rendición de cuentas a quienes los contratan, evalúan y envían a las calles.
El Sótano – El Mañana SLP: Las investigaciones por el millonario desfalco al fondo estatal de pensiones avanzan. Luis Arturo Coronado Puente confirma colaboración abierta con la FGE y advierte nuevas carpetas. Ricardo Gallardo relevó a Isabel Leticia Vargas Tinajero en Seduvop; entra Jorge Grimaldo Limón con la instrucción de acelerar obras de movilidad. San Luis Potosí se consolida como la segunda entidad con mayor reducción de homicidios dolosos (tasa de 0.9 por cada 100 mil habitantes frente a 6.7 nacional, según México Evalúa) y como segunda mejor opción de inversión extranjera.
Notas prioritarias de la Alcaldía Capital:
Ciudadanos salen a tapar baches mientras el alcalde reconoce rezago en las calles (Astrolabio). Adoquines dañados afectan la circulación en el Centro Histórico (El Sol de San Luis). Cierre de Bulevar Españita por trabajos del “puentecito La Tripita” genera críticas por el espectáculo mediático (redes ciudadanas). Fallas y enojo ciudadano por el puente peatonal de Cordillera de los Alpes (Última Hora SLP). Interapas deja obras a medias en el Centro Histórico; el “100 por ciento” anunciado no se concreta (OCnoticias). El Ayuntamiento sigue posponiendo la peatonalización del Centro Histórico (OCnoticias). Asalto a plena luz del día en Himalaya y robo de batería en General I. Martínez (redes ciudadanas). Interapas surte agua con drenaje incluido en la General I. Martínez (Tiradero San Luis). Regreso de “mordelones” a la zona universitaria con el inicio de clases (redes ciudadanas). Hundimiento en la estructura del puente de Pánfilo Natera (redes ciudadanas). Fuga de agua termal sin reparar en el Centro (Chikilín). El alcalde puso en marcha la renovación de la calle Oro en Fracción Morales (Antena San Luis).
Notas del gobernador Ricardo Gallardo Cardona:
Gallardo mantiene 57.9 por ciento de aprobación ciudadana y ocupa el cuarto lugar nacional, el mejor evaluado entre los gobernadores de la Cuarta Transformación (Código San Luis / Polls.Mx). Relevo en Seduvop: Jorge Grimaldo Limón sustituye a Isabel Leticia Vargas Tinajero con la instrucción de acelerar obras de movilidad y conectividad. Giras de trabajo en Huehuetlán, Santa María del Río y Matlapa para reforzar programas sociales de SEDESORE. Presencia activa en la FENAPO: entrega de boletos para Grupo Firme y recepción a Sin Bandera. San Luis Potosí se mantiene como segunda entidad con mayor baja de homicidios dolosos y segunda mejor opción de inversión extranjera. Tras reunión con el alcalde Enrique Galindo, la Contraloría liberó 19 obras para la capital, incluido el paso a desnivel de El Saucito.
Columnas y temas nacionales:
Templo Mayor (Reforma): La extradición desde Argentina del contralmirante Fernando Farías Laguna (huachicol fiscal) coincidió con la visita de Omar García Harfuch a Buenos Aires. Operativos federales fallidos: se escapó el alcalde de Paraíso, Tabasco, y no detuvieron a “El Tío Lako” del CJNG en Michoacán, lo que provocó narcobloqueos. Queda abierto quién llevará el proceso de desafuero de Alejandro “Alito” Moreno.
Jaque Mate (Sergio Sarmiento – Reforma): García Harfuch construyó puentes con la DEA en Buenos Aires pese a la resistencia inicial de la presidenta Sheinbaum. Terry Cole lo llamó “socio de confianza”. Sheinbaum habló de “doble discurso” de la agencia estadounidense.
Bajo Reserva (El Universal): Gerardo Fernández Noroña exhibió una “visa dorada” que no correspondía al formato oficial. La Auditoría Superior de la Federación investiga el fallido examen de admisión de la UNAM. El gobernador de Hidalgo llevó buenas noticias de inversión a Palacio Nacional.
Carlos Loret de Mola (El Universal): Detención en Mérida de Justo Rivera Parrazales, operador del Clan de Andy López Beltrán, acusado de ser operador financiero del Cártel del Noreste. Se aseguraron 15 vehículos de lujo, dólares, joyas y armas. También hay presión del Partido Verde por liberar a Raúl Piña Horta, exsecretario particular de Jorge Emilio González Martínez.
Héctor de Mauleón (El Universal): Operativo federal en Michoacán contra Heraclio Guerrero Martínez, “El Tío Lako” (CJNG). Se halló un arsenal enorme (64 vehículos, ametralladoras calibre .50, lanzagranadas, drones y explosivos), pero el objetivo principal no estaba. Se registraron 25 narcobloqueos. “Alborotaron el avispero y no avisaron”.
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El instituto aclaró que no interviene en el delito por el que fueron procesadas: su trabajo se concentra en atender la adicción
Por: Ana G Silva
Durante 2026, 100 personas han sido atendidas en el Instituto Temazcalli tras ser canalizadas por jueces debido a antecedentes de consumo de sustancias. De ellas, 94 son hombres y seis mujeres.
Luis Eduardo López Rivas, titular del Área Paraclínica de Temazcalli, explicó que la atención forma parte de un trabajo interinstitucional con la Unidad de Medidas Cautelares. Hasta julio de este año, el instituto había registrado 324 intervenciones dentro de este esquema.
El especialista aclaró que Temazcalli no interviene en el proceso judicial ni da seguimiento al delito que pudo haber cometido la persona. La institución recibe la referencia relacionada con el antecedente de consumo y, a partir de una valoración, determina el tipo de atención necesaria.
Las personas pueden cumplir con la medida cautelar mediante exámenes toxicológicos, atención ambulatoria o internamiento en la comunidad terapéutica, dependiendo de su condición clínica.
“Nosotros no tenemos nada que ver” con la situación legal, explicó López Rivas, pues la atención se concentra en el consumo de sustancias y sus consecuencias.
Entre las personas atendidas bajo este esquema, señaló, predomina el consumo de cannabis y, muy cerca, el de metanfetaminas.
Tratar la adicción, parte de la reinserción
López Rivas consideró fundamental atender las adicciones dentro de los procesos de reinserción social, al reconocer que el consumo de sustancias puede estar relacionado con algunas conductas delictivas.
Explicó que, en algunos casos, las personas que desarrollan una dependencia pueden llegar a cometer conductas ilícitas para obtener recursos y mantener el consumo, incluso dentro del propio entorno familiar, como vender pertenencias para conseguir dinero.
Sin embargo, precisó que Temazcalli no atiende la reincidencia delictiva, sino la recaída en el consumo de sustancias.
Para el especialista, una persona que enfrenta un proceso judicial o sale de prisión y no recibe atención para su problema de consumo puede volver a presentar una recaída, por lo que consideró necesario incluir el tratamiento de las adicciones dentro de las estrategias de reinserción.
La medida judicial puede ayudar al tratamiento
Aunque algunas de estas personas no llegan a Temazcalli por decisión propia, López Rivas señaló que una medida cautelar puede favorecer el apego al tratamiento.
Según su experiencia, quienes están obligados a acudir como parte de una medida judicial pueden mantener una asistencia más constante que algunos pacientes que buscan atención voluntariamente y abandonan o acuden de manera irregular.
La atención que reciben no cambia por su condición jurídica. El tratamiento incluye valoración médica, psiquiátrica y psicológica, así como atención familiar, terapias individuales y grupales, de acuerdo con las necesidades de cada paciente.
El especialista destacó que la participación de la familia es fundamental, ya que las personas generalmente regresan al mismo entorno social y familiar después del tratamiento, donde pueden enfrentar nuevamente factores de riesgo relacionados con el consumo.
Además, explicó que es frecuente que el consumo de sustancias esté acompañado por problemas de salud mental, como ansiedad, depresión u otros trastornos, por lo que atender estas condiciones también forma parte del proceso de rehabilitación.
López Rivas insistió en que, aunque puede existir una relación entre el consumo y determinadas conductas delictivas, la adicción debe atenderse desde una perspectiva de salud.
“Ser adicto es una enfermedad”, sostuvo, al señalar que el consumo de sustancias requiere una intervención profesional y no puede reducirse únicamente a una cuestión de voluntad.
Así, en el caso de las personas canalizadas por jueces, la autoridad determina la medida cautelar, mientras que Temazcalli se concentra en atender la adicción, no el delito.
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José Luis Romero, “Tekmol”, podría pagar hasta 1.9 millones de pesos de multa por la tala de árboles que se le atribuye en el río Valles
Por: Redacción
Ilustración generada con IA para La Orquesta
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) habría abierto un procedimiento sancionador contra José Luis Romero Calzada, conocido como “El Tekmol”, político del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Ciudad Valles, luego de que, de acuerdo con Huasteca Hoy, taló árboles y vegetación en la ribera del río Valles, en la zona de Santa Rosa.
La tarde del martes 18 de agosto, Romero Calzada habría desbrozado y talado parte de la maleza y la arboleda que crece a la orilla del río, en un tramo que comparten el ejido La Diana, la colonia Praderas del Río y la localidad de Santa Rosa. El político habría señalado que buscaba convertir el sitio en un espacio de interés comercial y turístico, y habría atribuido el abandono del lugar al gobierno de David Medina Sa lazar
La ribera es jurisdicción federal. Según Huasteca Hoy, Darío Fernando González Castillo, delegado de la Conagua en la zona, señaló que nadie notificó a la dependencia sobre el corte de árboles y que, tras una visita de inspección, se habría iniciado el procedimiento. Habría indicado, además, que la Semarnat
González Castillo habría precisado que el procedimiento podría derivar en una multa de hasta un millón 900 mil pesos.
No sería la primera vez que Romero Calzada enfrenta un procedimiento oficial: desde junio, el Tribunal Electoral del Estado analiza una denuncia del PRI en su contra por presunta duplicidad en la entrega de despensas de programas estatales en Ciudad Valles, señalamiento que también hizo el PAN. Romero Calzada se afilió al PVEM en 2025, después de haber criticado al partido y a Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del Estado.
La sanción se determinaría una vez que concluya la revisión técnica del expediente.
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