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Lo negro de El Diván Negro: hablan sus victimas
La Orquesta recogió el testimonio de autores afectados por el manejo irregular de la editorial independiente potosina
Por: Bernardo Vera
El pasado 9 de mayo, un grupo de escritores y escritoras de la ciudad de San Luis Potosí, emitieron un comunicado en el que manifestaron su molestia por las acciones de incumplimiento por parte de la editorial potosina “El Diván Negro”, así como de su director, Samuel Hernández Huerta.
Los actos denunciados van desde el incumplimiento de contrato, el presunto robo de recursos económicos en regalías, no entregar ejemplares prometidos y manejar de forma negligente los derechos de autor de las obras, por lo que calificaron a esta casa editorial como “fraudulenta”.
La Orquesta se puso en contacto con la editorial y solicitó una postura oficial sobre estas acusaciones, sin embargo al cierre de esta edición no se ha obtenido respuesta a la redacción de este medio, ni se ha emitido ningún comunicado en sus redes sociales.
Julio Cesar Castro y Rogelio Lizcano, son solo dos de los más de cuarenta escritores afectados por la operación irregular de la editorial, y son quienes decidieron compartir su testimonio de como conocieron a Samuel, el trato que sostuvieron, y las primeras señales de que algo no iba bien en su operación.
¿Cómo es Samuel Hernández Huerta?
Rogelio Lizcano es escritor por gusto y licenciado en Administración de Empresas de profesión. Para él, la labor de escritura representa un hobby más que un modo de vida. A pesar de ello, su trabajo lo llevó a desarrollar un ensayo crítico-histórico sobre las apariciones de la virgen de Guadalupe, mismo que le presentó a Samuel Hernández, al que conoció a través de recomendaciones.
Rogelio describió el inicial trato amable con Samuel Hernández, al que incluso lo definió como alguien que sabe expresarse sobre su trabajo y que inspira esa confianza de un profesional, y remarcó que ese pudo ser su punto clave: la manera de enganchar a los escritores.
“Eso explica perfectamente porqué tanta gente ha caído en sus redes. Es una persona que inspira confianza al principio y se expresa muy bien, como un profesionista y la primera impresión que tuve fue buena”, mencionó Rogelio.
Otro caso aparte es el de Julio Antonio Castro Guerrero, escritor potosino, otro de los afectados.
Él desarrolló el poemario “El templo de donde nace el desierto”. Se acercó a Samuel Hernández por recomendación de Salvador García Rodríguez (quién también firma como Xalbador García) y luego de un taller literario, Xalbador mencionó que estaba a punto de publicar con la editorial independiente, y de ahí su interés de acercarse a trabajar con él ahora señalado.
“Conocí a Samuel en una feria del libro en la casa del poeta Ramón López Velarde. Era una pequeña feria de libro de editoriales independientes y ahí fue donde me acerqué con él y le comenté la posibilidad de que yo tenía un libro de poesía, que ya estaba terminado, que ya estaba tallereado y fue ahí donde me dijo que le mandara el manuscrito por mail”.
Julio Castro mencionó que otra coincidencia en su acercamiento con escritores es que muchas veces se encuentran en una situación crítica, tal como le ocurrió: “Yo le mencioné a Samuel que a mí me urgía un poco la necesidad de que saliera mi libro, porque en ese entonces, mi mamá estaba enferma de cáncer. Justamente una semana después, nos volvimos a juntar en un bar para platicar y Samuel comentaba que muchos de los autores llegaban en una situación crítica a su editorial, y entonces a mí me me llamó mucho la atención; él sabía que muchos autores, obviamente tenemos problemas, tenemos dificultades. y curiosamente, las empeora”.
¿Qué les prometió a los escritores?
Rogelio Lizcano y Julio Castro firmaron un contrato con la editorial “El Diván Negro” para la publicación de sus respectivos libros. Ambos mencionaron que algunas de las cláusulas más destacadas eran la cesión de derechos por tres años a la editorial, así como la entrega de un número determinado de ejemplares como pago por regalías. Sin embargo, con el paso de los días, ninguno de ellos recibió noticias sobre la impresión de sus obras ni los beneficios que obtendrían.
Rogelio narra que realizó un depósito interbancario por 13 mil 200 pesos. Dicho recurso sería utilizado para pagar 50 ejemplares como parte de sus regalías, además de que serviría para iniciar los trabajos de impresión, diseño entre otros. A pesar de entregar el recurso económico, Rogelio nunca recibió sus ejemplares.
El caso, además, implicaba que la editorial consiguiera espacios para la presentación del libro, y Rogelio se interesó en que se diera a conocer el 30 de noviembre de 2021 –debido a la temática de su libro–, lo cual no se realizó. Para el año 2022, se había formalizado su presentación en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), sin embargo este evento fue eliminado pocos días después del programa oficial de actividades de la universidad. 
“A tres o cuatro días para que iniciara el evento de la universidad, todavía no tenía los libros. En esas fechas me llaman de la UASLP y me dicen que ha suspendido todo trato con El Diván Negro, porque han tenido noticias de que han defraudado a muchas personas como en mi caso. Y sobre todo, una autora de Argentina se había comunicado desde allá para denunciarlo. La universidad no quiso tener problemas y por lo tanto suspendió la presentación y cualquier trato o cualquier nexo con El Diván Negro. Que por cierto, no había ni siquiera pagado el stand que iba a ocupar en la feria”. dio a conocer Rogelio Lizcano.
El caso de Julio fue muy similar, ya que él también tuvo que realizar la entrega de aproximadamente 12 mil pesos para los trabajos de impresión. La diferencia con otros autores, fue que sí recibió parte de sus regalías, aunque las obtuvo tiempo después de una presentación que el propio Julio organizó en el Museo de la Máscara. En ese evento, Julio presentó su libro pero no pudo ponerlo a la venta, no obstante, Samuel se aprovechó de ese evento y llevó otros libros de su editorial a la venta, de la cual Julio Castro no obtuvo ganancias por tratarse de otros títulos.
“En el contrato está establecido que la forma de pago a los autores es mediante las regalías, que son de sesenta libros, es decir, un 20% del tiraje. Esos 60 libros no me los dio, pero él sí vendió sus libros, y todos esos fondos se fueron para la editorial”.
Y ahora… ¿qué?
Rogelio Lizcano y Julio Castro se dijeron tristes, decepcionados y frustrados con el proceder de Samuel y su editorial, y esperan que este tipo de pronunciamientos alerten a otras personas interesadas en publicar su obra. A pesar de ello, el objetivo actual que cada uno tiene es distinto sobre cómo procederán contra la editorial independiente.
El principal objetivo de Rogelio es que recupere los derechos de su libro, que actualmente se encuentran en poder de la editorial El Diván Negro, y de esa manera, publicar su obra en alguna otra editorial. Aseguró que, si derivado de ello pudiera recuperar sus recursos económicos, sería extraordinario, pero afirmó “mi principal propósito es liberar mis derechos de autor”.
Julio Castro, por su parte, planteó tres opciones: denuncia por la vía penal por el delito de fraude; la segunda opción es ir directamente por la vía civil y demandar los daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato; y la tercera opción, hacer un convenio de terminación de contrato con el propio Samuel Hernández, para que sean devueltos los derechos y acudir con otra editorial “a pesar de que no me quiera dar ninguna regalía”.
Julio envió un mensaje de alerta contra esta editorial e invitó a la ciudadanía y comunidad creativa a no quedarse callada ante injusticias de esta naturaleza, mucho menos en el caso de la literatura y de otro tipo de artes en general. “No recibimos apoyo, es muy difícil conseguir apoyos de todo tipo, privado y público. Y todavía tenemos estos problemas con las editoriales, es muy feo”.
Finalmente, Rogelio dijo sentir un grado de lástima por Samuel Hernández, y apeló a la buena fe para que rectifique su actuar, la cual podría derivar -dijo- de alguna especie de trastorno psicológico. “En lo posible, que rectifique su camino, pero yo siento que es difícil. Ojalá se rectifique, porque es una persona joven, tiene 35 años, prácticamente va empezando su vida profesional. Tiene cuatro años con la editorial. La vida siempre nos da segundas oportunidades, y dentro de lo posible, si pudiera tratar de enmendarse y como todo el mundo, tener una segunda oportunidad en la vida” concluyó.
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La ENVE estimó alrededor de 35 mil 366 extorsiones en el estado, aunque el INEGI advierte que este cálculo tiene precisión estadística baja
Por: Ana G. Silva
La extorsión fue el delito más frecuente contra los negocios de San Luis Potosí en 2025: concentró 39 de cada 100 delitos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En el país, la proporción fue de 26 por ciento.
La encuesta estimó 35 mil 366 extorsiones contra unidades económicas en el estado. Es una tasa de 3 mil 161 por cada 10 mil, más del doble de la nacional, de mil 467.
El propio INEGI clasifica esas estimaciones estatales con precisión baja, es decir, con un coeficiente de variación de 30 por ciento o más, por lo que su uso requiere cautela.
El dato más firme de la encuesta es otro: cuántos negocios fueron extorsionados. En San Luis Potosí fueron 628 de cada 10 mil, prácticamente igual que los 612 del promedio nacional. Con esa tasa, el estado se ubicó en el lugar 18 del país.
Las mismas víctimas
Esa tasa equivale a alrededor de 7 mil negocios potosinos extorsionados durante el año.
La combinación de ambos datos sugiere que la extorsión no alcanzó a más negocios que en otros estados, sino que se repitió sobre los mismos. Con las cifras de la ENVE, a cada negocio extorsionado en San Luis Potosí le habrían correspondido unas cinco extorsiones en el año,
El peso de la extorsión fue mayor en las microempresas, donde representó 42 por ciento de los delitos, y en el sector servicios, donde llegó a 53 por ciento. Ambas estimaciones también tienen precisión baja.
En el país, la tasa de extorsión pasó de mil 562 a mil 467 por cada 10 mil negocios entre 2023 y 2025, un cambio que el INEGI no consideró estadísticamente significativo.
Cuotas en persona
El 3 de noviembre, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que la extorsión había bajado tras la detención de unas 35 personas de células que operaban en la Huasteca y el Altiplano.
El secretario explicó entonces que en San Luis Potosí el modus operandi es “más físico”: los extorsionadores se presentan en persona y piden cuotas con el argumento de que pertenecen a un grupo criminal.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) y la SSPC anunciaron en octubre una campaña preventiva contra la extorsión en las cuatro regiones del estado.
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En México no existe un tope legal general para los precios de los medicamentos vendidos en farmacias privadas, por lo que los laboratorios tienen margen para establecer sus propios precios
Por: Ana G Silva
Los precios de la salud en México suben más rápido que la inflación general, y la tendencia seguirá en 2027. La consultora WTW proyecta en su estudio Global Medical Trends una inflación médica de 12.8 por ciento para el país el próximo año, frente a 10.8 por ciento a nivel mundial.
El cálculo incluye atención privada, medicamentos y dispositivos médicos. Según el estudio, los medicamentos de especialidad son el factor que más presiona los costos. Los tratamientos para cáncer de mama, colorrectal y de próstata registraron la mayor presión de precios en los últimos 18 meses.
Lo que registra el INEGI
En agosto, el rubro de salud del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) subió 4.77 por ciento anual, mientras la inflación general fue de 3.26 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La brecha viene de meses atrás. En mayo, cuando el índice general bajó 0.21 por ciento respecto a abril, el de salud subió 0.22 por ciento, según un análisis de Consultor Salud con datos del INEGI. En ese mes, la salud acumulaba 5.07 por ciento anual, frente a 3.94 por ciento de la inflación general.
El INEGI también ha reportado que los antibióticos y los medicamentos cardiovasculares, gastrointestinales y para la diabetes llevan meses con alzas por encima de la inflación general.
Sin tope en el mostrador
La ley no fija precios para los medicamentos que se venden en farmacias privadas. En los de patente, el precio máximo al público
Ese mercado ya tuvo sanciones por acuerdos de precios. En 2021, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) multó con 903 millones de pesos a las distribuidoras Marzam, Casa Saba, Fanasa, Nadro y Almacén de Drogas por coludirse. Una de las conductas fue un aumento coordinado de 3.66 por ciento en el precio farmacia de varios medicamentos entre 2011 y 2013. La Cofece calculó el daño a los consumidores en más de 2 mil 359 millones de pesos.
El gasto de bolsillo de las familias es el que resiente estos aumentos. Con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), la Cofece documentó que los medicamentos representaban 28 por ciento de lo que los hogares gastaban en salud en 2018.
En el sector público, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 destina 164 mil 245 millones de pesos a medicamentos, material médico y suministros de laboratorio, 4.6 por ciento más que en 2026, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). La partida del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que concentra 71.4 por ciento de ese gasto, baja 5.9 por ciento.
También lee: PAN propone cadena perpetua a “narcopolíticos” y vales para medicinas
Apuntes
Culto Público, hijos de las matemáticas mágicas:
En la primaria (sí la hice) había un compañero que entregaba la tarea cuando la maestra ya había cerrado la lista y repartido las calificaciones. Llegaba con las hojas subrayadas con regla y pedía que se le reconociera el esfuerzo. Se le reconocía. La calificación no se movía.
La semana pasada, en la tribuna de San Lázaro —ese lugar donde el reglamento permite decir cualquier cosa siempre que ya no sirva para nada—, el diputado federal David Azuara Zúñiga hizo la versión adulta de aquel niño: presentó cinco reservas al Presupuesto de Egresos 2027, 2 mil 30 millones de pesos para salud, agua, movilidad, seguridad y jóvenes, cuando el Presupuesto ya estaba votado y calificado, y fue depositando cada propuesta en un bote de basura para que nadie se quedara sin entender el gesto.
El truco tiene su gracia aritmética: de cada 100 pesos de infraestructura aeroportuaria de la Defensa, cuatro alcanzan para dos centros médicos, en Escalerillas y en Bocas; de cada 100 pesos de la burocracia militar, 56 centavos para el acuaférico; del Tren Maya, 4.7 pesos de cada 100 para el bulevar Río Santiago; de la Agencia de Trenes, 46 centavos para un C5; de Pemex, 20 centavos para un distrito de innovación.
Así, con ese método, cualquier presupuesto financia cualquier cosa.
Con el de un año construimos una estación espacial. Con el de dos, la red de caminos de Oaxaca y de Tabasco. Con el de tres, el acueducto a Marte y todavía nos sobra para el inflable.
Lo que el diputado llama reasignación es una resta de centavos que nadie va a extrañar, y esa es justo la trampa: si no se extrañan, tampoco alcanzan. Cien proyectos caben en el mismo centavo, y el centavo se puede prometer cien veces porque nunca se entrega.
Es la aritmética del que promete con el dinero de otro.
“No pedimos más dinero. Propusimos invertir mejor”, dijo. Suena a eslogan de campaña porque lo es. En la política mexicana, “invertir mejor” quiere decir: quiero la chequera, no las cuentas.
Pero el asunto tiene hora y fecha, y ahí se cae el teatro. Las reservas llegaron cuando el Presupuesto ya tenía número. ¿Para qué se sube a tribuna un diputado a proponer lo que ya no puede cambiar? ¿Para qué carga un bote de basura hasta la curul? ¿Para qué ensaya el discurso que ya no sirve?
Ahora el cálculo, que es lo que aquí interesa: Azuara no habla para el Presupuesto; habla para la boleta.
Quiere la candidatura del PAN a la alcaldía de la capital y en las encuestas que circulan esta semana aparece con 6.8 por ciento, abajo de Verónica Rodríguez y de Rubén Guajardo. En ese lugar, la tribuna es lo único gratis que queda.
Y hay un detalle de familia que conviene recordar antes de creerle el sermón tribunezco: su primo, Gerardo Sánchez Zumaya, es el empresario al que los peritajes le detectaron depósitos por más de 22 mil millones de pesos sin justificar entre 2019 y 2022; la UIF le congeló las cuentas y hoy está fuera del país (bien raro). Azuara no lo ha ocultado: lo ha defendido dos veces en conferencia de prensa. Entonces la pregunta no es por qué Morena mandó al basurero sus cinco proyectos. Es por qué él los sacó del basurero justo ahora y con qué autoridad los carga.
Si de veras quería esos 2 mil 30 millones para Escalerillas, tenía un primo con 22 mil.
El bote de la basura estaba vacío y el que lo cargó también.
Yo soy Jorge Saldaña.
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