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Lo negro de El Diván Negro: hablan sus victimas
La Orquesta recogió el testimonio de autores afectados por el manejo irregular de la editorial independiente potosina
Por: Bernardo Vera
El pasado 9 de mayo, un grupo de escritores y escritoras de la ciudad de San Luis Potosí, emitieron un comunicado en el que manifestaron su molestia por las acciones de incumplimiento por parte de la editorial potosina “El Diván Negro”, así como de su director, Samuel Hernández Huerta.
Los actos denunciados van desde el incumplimiento de contrato, el presunto robo de recursos económicos en regalías, no entregar ejemplares prometidos y manejar de forma negligente los derechos de autor de las obras, por lo que calificaron a esta casa editorial como “fraudulenta”.
La Orquesta se puso en contacto con la editorial y solicitó una postura oficial sobre estas acusaciones, sin embargo al cierre de esta edición no se ha obtenido respuesta a la redacción de este medio, ni se ha emitido ningún comunicado en sus redes sociales.
Julio Cesar Castro y Rogelio Lizcano, son solo dos de los más de cuarenta escritores afectados por la operación irregular de la editorial, y son quienes decidieron compartir su testimonio de como conocieron a Samuel, el trato que sostuvieron, y las primeras señales de que algo no iba bien en su operación.
¿Cómo es Samuel Hernández Huerta?
Rogelio Lizcano es escritor por gusto y licenciado en Administración de Empresas de profesión. Para él, la labor de escritura representa un hobby más que un modo de vida. A pesar de ello, su trabajo lo llevó a desarrollar un ensayo crítico-histórico sobre las apariciones de la virgen de Guadalupe, mismo que le presentó a Samuel Hernández, al que conoció a través de recomendaciones.
Rogelio describió el inicial trato amable con Samuel Hernández, al que incluso lo definió como alguien que sabe expresarse sobre su trabajo y que inspira esa confianza de un profesional, y remarcó que ese pudo ser su punto clave: la manera de enganchar a los escritores.
“Eso explica perfectamente porqué tanta gente ha caído en sus redes. Es una persona que inspira confianza al principio y se expresa muy bien, como un profesionista y la primera impresión que tuve fue buena”, mencionó Rogelio.
Otro caso aparte es el de Julio Antonio Castro Guerrero, escritor potosino, otro de los afectados.
Él desarrolló el poemario “El templo de donde nace el desierto”. Se acercó a Samuel Hernández por recomendación de Salvador García Rodríguez (quién también firma como Xalbador García) y luego de un taller literario, Xalbador mencionó que estaba a punto de publicar con la editorial independiente, y de ahí su interés de acercarse a trabajar con él ahora señalado.
“Conocí a Samuel en una feria del libro en la casa del poeta Ramón López Velarde. Era una pequeña feria de libro de editoriales independientes y ahí fue donde me acerqué con él y le comenté la posibilidad de que yo tenía un libro de poesía, que ya estaba terminado, que ya estaba tallereado y fue ahí donde me dijo que le mandara el manuscrito por mail”.
Julio Castro mencionó que otra coincidencia en su acercamiento con escritores es que muchas veces se encuentran en una situación crítica, tal como le ocurrió: “Yo le mencioné a Samuel que a mí me urgía un poco la necesidad de que saliera mi libro, porque en ese entonces, mi mamá estaba enferma de cáncer. Justamente una semana después, nos volvimos a juntar en un bar para platicar y Samuel comentaba que muchos de los autores llegaban en una situación crítica a su editorial, y entonces a mí me me llamó mucho la atención; él sabía que muchos autores, obviamente tenemos problemas, tenemos dificultades. y curiosamente, las empeora”.
¿Qué les prometió a los escritores?
Rogelio Lizcano y Julio Castro firmaron un contrato con la editorial “El Diván Negro” para la publicación de sus respectivos libros. Ambos mencionaron que algunas de las cláusulas más destacadas eran la cesión de derechos por tres años a la editorial, así como la entrega de un número determinado de ejemplares como pago por regalías. Sin embargo, con el paso de los días, ninguno de ellos recibió noticias sobre la impresión de sus obras ni los beneficios que obtendrían.
Rogelio narra que realizó un depósito interbancario por 13 mil 200 pesos. Dicho recurso sería utilizado para pagar 50 ejemplares como parte de sus regalías, además de que serviría para iniciar los trabajos de impresión, diseño entre otros. A pesar de entregar el recurso económico, Rogelio nunca recibió sus ejemplares.
El caso, además, implicaba que la editorial consiguiera espacios para la presentación del libro, y Rogelio se interesó en que se diera a conocer el 30 de noviembre de 2021 –debido a la temática de su libro–, lo cual no se realizó. Para el año 2022, se había formalizado su presentación en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), sin embargo este evento fue eliminado pocos días después del programa oficial de actividades de la universidad. 
“A tres o cuatro días para que iniciara el evento de la universidad, todavía no tenía los libros. En esas fechas me llaman de la UASLP y me dicen que ha suspendido todo trato con El Diván Negro, porque han tenido noticias de que han defraudado a muchas personas como en mi caso. Y sobre todo, una autora de Argentina se había comunicado desde allá para denunciarlo. La universidad no quiso tener problemas y por lo tanto suspendió la presentación y cualquier trato o cualquier nexo con El Diván Negro. Que por cierto, no había ni siquiera pagado el stand que iba a ocupar en la feria”. dio a conocer Rogelio Lizcano.
El caso de Julio fue muy similar, ya que él también tuvo que realizar la entrega de aproximadamente 12 mil pesos para los trabajos de impresión. La diferencia con otros autores, fue que sí recibió parte de sus regalías, aunque las obtuvo tiempo después de una presentación que el propio Julio organizó en el Museo de la Máscara. En ese evento, Julio presentó su libro pero no pudo ponerlo a la venta, no obstante, Samuel se aprovechó de ese evento y llevó otros libros de su editorial a la venta, de la cual Julio Castro no obtuvo ganancias por tratarse de otros títulos.
“En el contrato está establecido que la forma de pago a los autores es mediante las regalías, que son de sesenta libros, es decir, un 20% del tiraje. Esos 60 libros no me los dio, pero él sí vendió sus libros, y todos esos fondos se fueron para la editorial”.
Y ahora… ¿qué?
Rogelio Lizcano y Julio Castro se dijeron tristes, decepcionados y frustrados con el proceder de Samuel y su editorial, y esperan que este tipo de pronunciamientos alerten a otras personas interesadas en publicar su obra. A pesar de ello, el objetivo actual que cada uno tiene es distinto sobre cómo procederán contra la editorial independiente.
El principal objetivo de Rogelio es que recupere los derechos de su libro, que actualmente se encuentran en poder de la editorial El Diván Negro, y de esa manera, publicar su obra en alguna otra editorial. Aseguró que, si derivado de ello pudiera recuperar sus recursos económicos, sería extraordinario, pero afirmó “mi principal propósito es liberar mis derechos de autor”.
Julio Castro, por su parte, planteó tres opciones: denuncia por la vía penal por el delito de fraude; la segunda opción es ir directamente por la vía civil y demandar los daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato; y la tercera opción, hacer un convenio de terminación de contrato con el propio Samuel Hernández, para que sean devueltos los derechos y acudir con otra editorial “a pesar de que no me quiera dar ninguna regalía”.
Julio envió un mensaje de alerta contra esta editorial e invitó a la ciudadanía y comunidad creativa a no quedarse callada ante injusticias de esta naturaleza, mucho menos en el caso de la literatura y de otro tipo de artes en general. “No recibimos apoyo, es muy difícil conseguir apoyos de todo tipo, privado y público. Y todavía tenemos estos problemas con las editoriales, es muy feo”.
Finalmente, Rogelio dijo sentir un grado de lástima por Samuel Hernández, y apeló a la buena fe para que rectifique su actuar, la cual podría derivar -dijo- de alguna especie de trastorno psicológico. “En lo posible, que rectifique su camino, pero yo siento que es difícil. Ojalá se rectifique, porque es una persona joven, tiene 35 años, prácticamente va empezando su vida profesional. Tiene cuatro años con la editorial. La vida siempre nos da segundas oportunidades, y dentro de lo posible, si pudiera tratar de enmendarse y como todo el mundo, tener una segunda oportunidad en la vida” concluyó.
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El INE obliga a cada partido a postular al menos nueve mujeres en las 17 gubernaturas en juego en el proceso 2027
Por: Redacción
El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó en sesión que cada partido político nacional deberá postular al menos nueve mujeres en las 17 gubernaturas que se elegirán en 2027. Con los perfiles que hoy encabezan las preferencias internas del Partido Acción Nacional (PAN), el blanquiazul tendría que pasar de hombre a mujer en al menos cuatro estados.
El Consejo General del INE aprobó el acuerdo el 29 de octubre por nueve votos contra uno. La obligación cuenta igual si el partido va solo, en coalición o en candidatura común, y no se reduce si decide no competir en alguna entidad.
Cada partido deberá informar qué género postulará en cada estado y justificar sus criterios de competitividad. El acuerdo se apoya en precedentes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), entre ellos el SUP-RAP-116/2020 y el SUP-RAP-327/2023, y todavía puede impugnarse ante ese tribunal.
Cinco mujeres y 12 hombres
La medición de Statistical Research Corporation (SRC) de abril de 2026 preguntó en cada estado quién debería ser la candidata o el candidato del PAN a la gubernatura. Los punteros son cinco mujeres y 12 hombres. No son candidaturas aún porque el PAN no ha definido ninguna.
Las punteras de la medición son Ivideliza Reyes en Nayarit (53.2%), Nelly Márquez en Campeche (33.2%), Adriana Dávila en Tlaxcala (31.6%), Mayuli Martínez en Quintana Roo (23%) y Gu adalupe González
Para llegar a nueve, el PAN tendría que postular mujeres en al menos cuatro entidades más, en donde hoy encabezan las preferencias al género masculino.
Caso Galindo:
En San Luis Potosí el puntero en la medición es el alcalde Enrique Galindo Ceballos, con 43.7%. Entre los 12 hombres, cuatro tienen menos preferencia que él: Eduardo Ortiz en Sinaloa (22.7%), Carlos de la Fuente en Nuevo León (26.7%), Felifer Macías en Querétaro (30.2%) y Alfonso Martínez en Michoacán (36.5%).
Si el ajuste cambiará necesariamente por lo menos cuatro de esas probables postulaciones.
El alcalde de la capital potosina no es militante panista, pero fue el partido que lo respaldó en 2021 y 2024, y el senador Mauricio Vila Dosal lo mencionó el 22 de octubre como posible abanderado de Acción Nacional a la gubernatura.
Verónica Rodríguez, la carta panista
Si el PAN tuviera que postular a una mujer en San Luis Potosí, destaca el nombre de Verónica Rodríguez Hernández, quien se mantiene por el momento buscando la candidatura a la alcaldía capitalina.
La Ley electoral potosina permite postular a cualquier género en 2027, luego de que en septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara la alternancia obligatoria para la gubernatura. Esa libertad local ahora tendrá que caber dentro del mínimo nacional de nueve mujeres.
También lee: SCJN tumba alternancia “niño-niña” a gubernatura de SLP
ACENTO AJENO
Por: Haniel Valdés Velázquez
Dice Shakira, “tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”. Nombre de flor, pero actuar de mala hierba. Mientras el Estado amplía las rutas gratuitas y de calidad, para los potosinos, las empresas que operan el otro, el caro y de pésima calidad, dicen que no les alcanza y necesitan duplicar el precio del pasaje.
Margarito Terán, representante del sector camionero, que nunca ha usado el transporte público para moverse, solo para llenar sus bolsillos, por eso no sabe el pésimo servicio que prestan, pide tarifa récord y dinero público sin explicar qué pasó con el aumento de este año ni con los camiones nuevos que el Estado ya entregó al sector.
En enero, Margarito Terán pidió subir el pasaje de 12.50 a 15 pesos. El Estado le autorizó 13.50. Nueve meses después vuelve con una cifra que ya no es petición sino ultimátum: 23 pesos por viaje, 2,797 millones del erario y la amenaza de que el sistema “va a colapsar por inercia”.
Veintitrés pesos son 70% más que la tarifa vigente y 53% más que los 15 que el propio Terán decía indispensables hace diez meses. Si 15 eran la salvación en enero, ¿qué cambió para que ahora cueste ocho pesos más?
Hay un dato que Terán omite. Ese mismo enero, el 12, el gobernador Ricardo Gallardo entregó 100 camiones nuevos con una inversión de 266 millones de pesos en financiamientos. Son 2.66 millones por unidad. Al ritmo de ese precio, renovar las 768 unidades de la iniciativa costaría unos 2,043 millones. Faltarían casi 750 millones para llegar a los 2,797 que piden. El resto cubriría déficits de operación, un margen de 15% de utilidad para los concesionarios y las pérdidas de la pandemia. Es decir: dinero público para garantizarles ganancia.
Tampoco está claro qué pasó con los camiones ya entregados. El Gobierno presumió 100 en enero; en octubre, la SCT habló ante el Congreso de “más de 70 unidades urbanas” renovadas. Nadie ha dicho cuántos circulan, en qué rutas ni quién paga el financiamiento. Antes de pedir más, habría que rendir cuentas de lo que ya se dio.
Yo, usuario del transporte público de la capital, debo ser un desafortunado, solo una vez subí a una unidad de las nuevas, al parecer las rutas 53, 21, 30, 27, 10 y 5, que son las que utilizo con frecuencia, no recibieron la dicha de contar con los nuevos camiones, porque he conocido autos clásicos más modernos que los camiones que suelen llevarme por la ciudad.
La flota vieja no es una sorpresa. Terán dice que 882 unidades
Hay una concentración que pesa. Cuatro empresas controlan 36% del padrón y diez, 61%. El dinero público llegaría sobre todo a quienes ya tienen más peso. Una de ellas, Tangamanga, enfrenta una denuncia de Ciudadanos Observando por mantener suspendidas tres rutas de su concesión.
El diputado Héctor Serrano lo dijo claro: las concesiones “son potestad del Estado, no propiedad de los concesionarios”. Quien explota un bien público no puede presentarse a pedir rescate cuando el negocio le sale mal.
Terán tiene razón en algo: los costos de operar suben. Pero una industria que pide más tarifa, más subsidio y más tiempo, sin ofrecer metas, plazos ni auditoría, no pide apoyo: pide un cheque en blanco.
Los costos suben, pero el respeto a la vialidad, la buena educación y atención por los conductores de las unidades, la limpieza de las mismas y el respeto a sus horarios y paradas, disminuyen.
La SCT debería preocuparse más por velar que las unidades de transporte urbano cumplan con aquello por lo que reciben dinero público, ofrecer un transporte de calidad. Pero primero y más fácil, cerrarle la boca y pararle los pies a este señor que ya parece alcancía, solo pidiendo dinero para guardar y no para emplear en lo que se necesita. O mínimo, salir con urgencia a desmentir sus falacias y exigirle resultados.
Lo mínimo que el usuario merece antes de pagar un peso más es saber cuántos de los 100 camiones nuevos circulan, un plan de renovación con fechas, rutas que realmente operen y cuentas abiertas sobre qué se hizo con el aumento de este año. Sin eso, los 23 pesos no son un precio. Son una factura sin desglose.
También lee: Gallardo renueva transporte público urbano
Gallardo negó que medio gabinete quiera participar en el proceso electoral
Por: Redacción
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona tendrá reuniones individuales con los integrantes de su gabinete que quieran participar en el proceso electoral de 2027. Dijo que ese tema lo verá con cada uno “en lo personal, no abierto en un gabinete”.
Lo anunció al salir de una reunión con su gabinete, en la que pidió ajustar el gasto de cierre de año. “Tendré una reunión posterior ya individual con los que yo sé que quieren participar en algún proceso”, dijo. A la pregunta de si se trata de medio gabinete, respondió: “No, no, no”.
Plazo: diciembre
El 15 de septiembre, Gallardo fijó diciembre como el límite para que los funcionarios que busquen una candidatura dejen el gobierno. Explicó que ese plazo coincide con el proceso interno del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y adelantó que podría haber “una o dos bajas”.
Dos semanas después, tras su Quinto Informe de Gobierno, dijo que haría uno o dos cambios en su gabinete y que serían “100% electorales”. En ese momento aseguró que ningún colaborador saldría todavía: “Va a esperar los tiempos”.
Las cartas del Verde
El 6 de octubre, el gobernador dijo que el Verde tiene una “baraja” de cuatro perfiles para la gubernatura, sin dar nombres: el presidente del partido, el secretario general de Gobierno, un alcalde de la zona metropolitana y un diputado federal. Ese mismo mes, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno, se dijo listo si el partido lo llama.
“O trabajan o se van”
En su comparecencia ante el Congreso del Estado, el 19 de octubre, Torres Sánchez reconoció que algunos funcionarios de primer nivel aspiran a contender, aunque ninguno le había manifestado con claridad su intención de pedir licencia. Dijo que los tiempos legales para separarse del cargo aún no llegan.
En julio, el mismo secretario había advertido a quienes tuvieran aspiraciones: “O trabajan y se quedan o se van y participan”.
También lee: Funcionarios con aspiraciones electorales deberán salir en diciembre: Gallardo
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