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Lo negro de El Diván Negro: hablan sus victimas
La Orquesta recogió el testimonio de autores afectados por el manejo irregular de la editorial independiente potosina
Por: Bernardo Vera
El pasado 9 de mayo, un grupo de escritores y escritoras de la ciudad de San Luis Potosí, emitieron un comunicado en el que manifestaron su molestia por las acciones de incumplimiento por parte de la editorial potosina “El Diván Negro”, así como de su director, Samuel Hernández Huerta.
Los actos denunciados van desde el incumplimiento de contrato, el presunto robo de recursos económicos en regalías, no entregar ejemplares prometidos y manejar de forma negligente los derechos de autor de las obras, por lo que calificaron a esta casa editorial como “fraudulenta”.
La Orquesta se puso en contacto con la editorial y solicitó una postura oficial sobre estas acusaciones, sin embargo al cierre de esta edición no se ha obtenido respuesta a la redacción de este medio, ni se ha emitido ningún comunicado en sus redes sociales.
Julio Cesar Castro y Rogelio Lizcano, son solo dos de los más de cuarenta escritores afectados por la operación irregular de la editorial, y son quienes decidieron compartir su testimonio de como conocieron a Samuel, el trato que sostuvieron, y las primeras señales de que algo no iba bien en su operación.
¿Cómo es Samuel Hernández Huerta?
Rogelio Lizcano es escritor por gusto y licenciado en Administración de Empresas de profesión. Para él, la labor de escritura representa un hobby más que un modo de vida. A pesar de ello, su trabajo lo llevó a desarrollar un ensayo crítico-histórico sobre las apariciones de la virgen de Guadalupe, mismo que le presentó a Samuel Hernández, al que conoció a través de recomendaciones.
Rogelio describió el inicial trato amable con Samuel Hernández, al que incluso lo definió como alguien que sabe expresarse sobre su trabajo y que inspira esa confianza de un profesional, y remarcó que ese pudo ser su punto clave: la manera de enganchar a los escritores.
“Eso explica perfectamente porqué tanta gente ha caído en sus redes. Es una persona que inspira confianza al principio y se expresa muy bien, como un profesionista y la primera impresión que tuve fue buena”, mencionó Rogelio.
Otro caso aparte es el de Julio Antonio Castro Guerrero, escritor potosino, otro de los afectados.
Él desarrolló el poemario “El templo de donde nace el desierto”. Se acercó a Samuel Hernández por recomendación de Salvador García Rodríguez (quién también firma como Xalbador García) y luego de un taller literario, Xalbador mencionó que estaba a punto de publicar con la editorial independiente, y de ahí su interés de acercarse a trabajar con él ahora señalado.
“Conocí a Samuel en una feria del libro en la casa del poeta Ramón López Velarde. Era una pequeña feria de libro de editoriales independientes y ahí fue donde me acerqué con él y le comenté la posibilidad de que yo tenía un libro de poesía, que ya estaba terminado, que ya estaba tallereado y fue ahí donde me dijo que le mandara el manuscrito por mail”.
Julio Castro mencionó que otra coincidencia en su acercamiento con escritores es que muchas veces se encuentran en una situación crítica, tal como le ocurrió: “Yo le mencioné a Samuel que a mí me urgía un poco la necesidad de que saliera mi libro, porque en ese entonces, mi mamá estaba enferma de cáncer. Justamente una semana después, nos volvimos a juntar en un bar para platicar y Samuel comentaba que muchos de los autores llegaban en una situación crítica a su editorial, y entonces a mí me me llamó mucho la atención; él sabía que muchos autores, obviamente tenemos problemas, tenemos dificultades. y curiosamente, las empeora”.
¿Qué les prometió a los escritores?
Rogelio Lizcano y Julio Castro firmaron un contrato con la editorial “El Diván Negro” para la publicación de sus respectivos libros. Ambos mencionaron que algunas de las cláusulas más destacadas eran la cesión de derechos por tres años a la editorial, así como la entrega de un número determinado de ejemplares como pago por regalías. Sin embargo, con el paso de los días, ninguno de ellos recibió noticias sobre la impresión de sus obras ni los beneficios que obtendrían.
Rogelio narra que realizó un depósito interbancario por 13 mil 200 pesos. Dicho recurso sería utilizado para pagar 50 ejemplares como parte de sus regalías, además de que serviría para iniciar los trabajos de impresión, diseño entre otros. A pesar de entregar el recurso económico, Rogelio nunca recibió sus ejemplares.
El caso, además, implicaba que la editorial consiguiera espacios para la presentación del libro, y Rogelio se interesó en que se diera a conocer el 30 de noviembre de 2021 –debido a la temática de su libro–, lo cual no se realizó. Para el año 2022, se había formalizado su presentación en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), sin embargo este evento fue eliminado pocos días después del programa oficial de actividades de la universidad.
“A tres o cuatro días para que iniciara el evento de la universidad, todavía no tenía los libros. En esas fechas me llaman de la UASLP y me dicen que ha suspendido todo trato con El Diván Negro, porque han tenido noticias de que han defraudado a muchas personas como en mi caso. Y sobre todo, una autora de Argentina se había comunicado desde allá para denunciarlo. La universidad no quiso tener problemas y por lo tanto suspendió la presentación y cualquier trato o cualquier nexo con El Diván Negro. Que por cierto, no había ni siquiera pagado el stand que iba a ocupar en la feria”. dio a conocer Rogelio Lizcano.
El caso de Julio fue muy similar, ya que él también tuvo que realizar la entrega de aproximadamente 12 mil pesos para los trabajos de impresión. La diferencia con otros autores, fue que sí recibió parte de sus regalías, aunque las obtuvo tiempo después de una presentación que el propio Julio organizó en el Museo de la Máscara. En ese evento, Julio presentó su libro pero no pudo ponerlo a la venta, no obstante, Samuel se aprovechó de ese evento y llevó otros libros de su editorial a la venta, de la cual Julio Castro no obtuvo ganancias por tratarse de otros títulos.
“En el contrato está establecido que la forma de pago a los autores es mediante las regalías, que son de sesenta libros, es decir, un 20% del tiraje. Esos 60 libros no me los dio, pero él sí vendió sus libros, y todos esos fondos se fueron para la editorial”.
Y ahora… ¿qué?
Rogelio Lizcano y Julio Castro se dijeron tristes, decepcionados y frustrados con el proceder de Samuel y su editorial, y esperan que este tipo de pronunciamientos alerten a otras personas interesadas en publicar su obra. A pesar de ello, el objetivo actual que cada uno tiene es distinto sobre cómo procederán contra la editorial independiente.
El principal objetivo de Rogelio es que recupere los derechos de su libro, que actualmente se encuentran en poder de la editorial El Diván Negro, y de esa manera, publicar su obra en alguna otra editorial. Aseguró que, si derivado de ello pudiera recuperar sus recursos económicos, sería extraordinario, pero afirmó “mi principal propósito es liberar mis derechos de autor”.
Julio Castro, por su parte, planteó tres opciones: denuncia por la vía penal por el delito de fraude; la segunda opción es ir directamente por la vía civil y demandar los daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato; y la tercera opción, hacer un convenio de terminación de contrato con el propio Samuel Hernández, para que sean devueltos los derechos y acudir con otra editorial “a pesar de que no me quiera dar ninguna regalía”.
Julio envió un mensaje de alerta contra esta editorial e invitó a la ciudadanía y comunidad creativa a no quedarse callada ante injusticias de esta naturaleza, mucho menos en el caso de la literatura y de otro tipo de artes en general. “No recibimos apoyo, es muy difícil conseguir apoyos de todo tipo, privado y público. Y todavía tenemos estos problemas con las editoriales, es muy feo”.
Finalmente, Rogelio dijo sentir un grado de lástima por Samuel Hernández, y apeló a la buena fe para que rectifique su actuar, la cual podría derivar -dijo- de alguna especie de trastorno psicológico. “En lo posible, que rectifique su camino, pero yo siento que es difícil. Ojalá se rectifique, porque es una persona joven, tiene 35 años, prácticamente va empezando su vida profesional. Tiene cuatro años con la editorial. La vida siempre nos da segundas oportunidades, y dentro de lo posible, si pudiera tratar de enmendarse y como todo el mundo, tener una segunda oportunidad en la vida” concluyó.
También lee: Escritores y escritoras denuncian fraude por parte del editorial potosino El Diván Negro
Ciudad
Presunto abuso contra ocho niñas sacude nuevamente a la Iglesia potosina
Arquidiócesis admite salida del señalado y surgen dudas sobre actuación de Fiscalía
A más de una década del escándalo del sacerdote Eduardo Córdova, nuevas denuncias de violencia sexual infantil alcanzan a una capilla de Prados. Familias señalan que la Fiscalía dejó libre al presunto agresor, mientras la Iglesia informa que el trabajador renunció voluntariamente y ofrece colaborar con las investigaciones.
Por: Redacción
La Arquidiócesis de San Luis Potosí enfrenta un nuevo caso de presunto abuso sexual infantil que revive los cuestionamientos sobre la protección de menores en espacios religiosos, la responsabilidad de las autoridades eclesiásticas y la capacidad de las instituciones de justicia para responder a denuncias de esta gravedad.
Esta vez el señalado no es un sacerdote, sino un trabajador de una capilla ubicada en la colonia Prados, a quien se atribuyen presuntas agresiones sexuales contra al menos ocho niñas de entre cinco y 13 años de edad.
La diferencia en su condición laboral o religiosa no disminuye la gravedad de los señalamientos ni elimina la necesidad de esclarecer qué mecanismos de vigilancia y protección existían dentro del recinto, cómo se permitió el contacto del trabajador con las menores y cuál fue la reacción de los responsables de la capilla al conocer las acusaciones.
Mientras las familias exigen justicia, la respuesta pública de la Arquidiócesis se ha concentrado en informar que el señalado dejó de trabajar en el lugar mediante una renuncia voluntaria, que está dispuesta a colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) y que ofrecerá acompañamiento psicológico a las posibles víctimas.
Sin embargo, permanecen sin respuesta preguntas fundamentales: ¿cuándo conocieron las autoridades religiosas los primeros señalamientos?, ¿qué medidas adoptaron para proteger a las niñas?, ¿se investigó la posible existencia de otras víctimas? y ¿qué responsabilidad corresponde a quienes tenían a su cargo la supervisión del trabajador?
A ello se suma un señalamiento particularmente delicado: de acuerdo con información proporcionada por familiares de las menores, la Fiscalía habría dejado en libertad al presunto agresor, una circunstancia cuya situación jurídica y razones deben ser aclaradas por la autoridad ministerial.
Representantes de la Arquidiócesis confirmaron que el trabajador señalado ya no presta servicios en la capilla y explicaron que presentó su renuncia de manera voluntaria. Según la información proporcionada, habría dejado el lugar desde el pasado viernes.
También reconocieron que, ante la naturaleza de las acusaciones, no podían permitir que continuara teniendo contacto con menores de edad mientras se esclarecen los hechos.
Sin embargo, la salida del trabajador no resuelve las interrogantes sobre la responsabilidad institucional.
La Arquidiócesis no ha explicado públicamente si existieron reportes anteriores sobre su conducta, qué controles se aplicaban al personal que convivía con niñas y niños o si se abrió alguna investigación interna para determinar posibles omisiones de quienes estaban al frente del recinto religioso.
Tampoco ha quedado establecido si la separación ocurrió por una decisión preventiva de la institución o exclusivamente por la renuncia presentada por el propio señalado.
El caso exige respuestas que van mucho más allá de confirmar que el trabajador ya no se encuentra en la capilla.
Familias denuncian liberación del presunto responsable; Fiscalía debe aclarar su situación
Otro de los aspectos que incrementa la preocupación es la actuación de la Fiscalía General del Estado.
Familiares de las menores sostienen que el presunto responsable fue dejado en libertad, pese a la existencia de denuncias por posibles agresiones sexuales.
Hasta ahora, con la información disponible, no se ha establecido oficialmente si el señalado fue detenido, presentado ante el Ministerio Público o sujeto a alguna medida cautelar, ni bajo qué circunstancias habría quedado libre.
Toca a la Fiscalía esclarecer estos puntos, así como precisar el estado procesal de las denuncias y las medidas adoptadas para proteger a las niñas y evitar cualquier riesgo de intimidación o acercamiento por parte del investigado.
La reserva legal de las carpetas de investigación no impide que la autoridad proporcione información general sobre sus actuaciones, sin comprometer las indagatorias ni revelar la identidad de las víctimas.
La activista Marilú González, quien hizo públicos los señalamientos, aseguró que existen ocho carpetas de investigación relacionadas con los hechos y advirtió sobre la posibilidad de que haya más menores afectadas.
De confirmarse la existencia de múltiples víctimas, la investigación tendría que establecer si las presuntas agresiones ocurrieron durante un periodo prolongado y si existieron circunstancias que facilitaron su repetición.
El arzobispo, ausente de la primera respuesta
La actuación de la jerarquía eclesiástica también ha generado cuestionamientos.
Tras hacerse públicas las denuncias, representantes de la Arquidiócesis señalaron inicialmente que el arzobispo no estaba enterado del caso y que se encontraba fuera de la ciudad.
Explicaron que las madres habían anunciado su intención de acudir al Arzobispado, aunque no precisaron horario ni identidades por razones de protección.
La respuesta incluyó la posibilidad de que el arzobispo se reuniera con ellas posteriormente, sin establecer una fecha concreta.
La activista Marilú González denunció que acudió a buscar un acercamiento con el máximo representante de la Iglesia católica potosina, pero no fue recibida.
La situación plantea un cuestionamiento sobre los mecanismos internos de comunicación y atención a víctimas: ¿cómo se informa a la máxima autoridad religiosa sobre acusaciones de violencia sexual contra menores y quién asume la responsabilidad inmediata de atenderlas?
La ausencia física del arzobispo no debería impedir la activación de protocolos de protección ni una respuesta institucional oportuna ante denuncias de esta naturaleza.
La sombra del caso Eduardo Córdova vuelve sobre San Luis Potosí
Las denuncias en Prados adquieren una dimensión particularmente sensible por los antecedentes de la Iglesia católica en San Luis Potosí.
En 2014 estalló públicamente el escándalo del sacerdote Eduardo Córdova Bautista, quien había ocupado cargos de relevancia dentro de la Arquidiócesis, incluido el de representante legal, y fue señalado por múltiples víctimas de abuso sexual.
Las denuncias revelaron una historia de acusaciones que se remontaba a años anteriores y dieron lugar a graves cuestionamientos sobre el conocimiento que las autoridades eclesiásticas tenían de los hechos y su actuación frente a ellos.
El caso se convirtió en uno de los episodios más graves y emblemáticos de las denuncias de abuso sexual clerical en San Luis Potosí.
Más de una década después, las acusaciones de la colonia Prados obligan a revisar si las lecciones de aquel escándalo se tradujeron en mecanismos eficaces de prevención, vigilancia y atención a víctimas.
Aunque los hechos y las personas señaladas en ambos casos son distintos, existe una preocupación institucional común: la seguridad de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades religiosas y depositan su confianza en quienes tienen responsabilidades dentro de esos espacios.
La Iglesia potosina enfrenta nuevamente el desafío de demostrar que su compromiso con la protección de menores se traduce en acciones verificables, y no únicamente en declaraciones públicas después de que las denuncias salen a la luz.
Otras posibles víctimas y la obligación de evitar nuevos daños
Representantes de la Arquidiócesis reconocieron que dos madres acudieron a informar sobre los presuntos abusos y señalaron que, de acuerdo con lo que les comunicaron, podría haber más víctimas.
Según la información proporcionada, las madres conocieron los hechos el pasado 10 de noviembre, después de que sus hijas les relataron lo ocurrido, y acudieron a presentar denuncias formales.
La institución religiosa invitó a otras familias que pudieran tener información sobre posibles agresiones a denunciar ante las autoridades.
También ofreció proporcionar a la Fiscalía los expedientes, datos de identificación del trabajador y acceso a los espacios de la capilla que resulten necesarios para las investigaciones, además de acompañamiento psicológico especializado.
Estas medidas deberán traducirse en una atención efectiva, con personal capacitado, protección de la identidad de las niñas y procedimientos que eviten obligarlas a repetir innecesariamente sus testimonios.
La prioridad debe ser la seguridad y recuperación de las posibles víctimas, sin presiones para retirar denuncias, conciliar hechos de naturaleza penal o guardar silencio en nombre de la reputación institucional.
Una prueba para la Iglesia y para la justicia potosina
Las acusaciones de Prados colocan bajo escrutinio a dos instituciones: la Arquidiócesis, por su responsabilidad de garantizar entornos seguros en sus espacios de culto y formación, y la Fiscalía, por su obligación de investigar con diligencia los posibles delitos contra menores de edad.
La presunción de inocencia del trabajador señalado debe respetarse, pero ello no limita el derecho de las niñas a recibir protección ni la obligación de investigar de manera exhaustiva.
La renuncia del acusado tampoco extingue posibles responsabilidades penales ni sustituye el esclarecimiento de eventuales omisiones institucionales.
Para una sociedad que aún recuerda el caso Córdova, las respuestas no pueden reducirse a informar que el presunto responsable ya no trabaja en una capilla o que la autoridad eclesiástica se reunirá eventualmente con las familias.
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Destacadas
“Hay mucho trabajo que hacer por la capital y estoy listo”: Juan Carlos Valladares
El diputado federal del PVEM dijo que las definiciones para los nombres de las candidaturas del proceso electoral potosino están en su recta final y aseguró que siempre ha estado preparado para participar.
Por: Redacción
Juan Carlos Valladares Eichelmann, diputado federal del PVEM, se declaró listo para el proceso electoral y adelantó que muy pronto habrá noticias sobre las definiciones: “Estamos preparados, siempre he estado… estoy listo”.
A pregunta expresa sobre su posicionamiento en encuestas y las menciones tanto de la dirigencia de su partido como del propio gobernador del estado, el también empresario indicó que en estos momentos se está en la recta final de las definiciones y adelantó que pronto habrá noticias al respecto.
Sobre las encuestas con las que el Verde elegirá a sus candidatos dijo confiar en las que son serias y cree en ellas y anticipó que “Seguramente, si hemos hecho un buen trabajo, vamos a estar arriba”.
Sobre la capital potosina, Valladares Eichelmann indicó que hay todavía “mucho trabajo que hacer, mucho por construir y muchas áreas de oportunidad”
Juan Carlos Valladares es uno de los perfiles que el Partido Verde baraja para la alcaldía de la capital. En julio, Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del PVEM, lo mencionó junto con Sonia Mendoza Díaz así como el propio gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, que lo ha mencionado en distintas ocasiones.
Las definiciones de los y las candidatas del Partido Verde se tomarán en la primera semana de enero del 2027 como se ha dado a conocer en otras oportunidades.
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Ciudad
SSPC capitalina alista campaña para cuidar el aguinaldo
El director de la SSPC capitalina dijo que la policía cibernética encabezará la campaña y que se reforzará la presencia en el centro histórico y las principales plazas
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital prepara una campaña para cuidar el aguinaldo, con énfasis en la policía cibernética, ante la temporada en que muchas personas recibirán su aguinaldo y sus fondos de ahorro. Lo informó su director, Juan Antonio Villa Gutiérrez.
Dijo que reforzarán la presencia en el centro histórico y en las principales plazas, “sin dejar de lado” las colonias.
Cajeros del centro histórico
Villa Gutiérrez explicó que en los cajeros se cubrirán principalmente los del centro histórico, “donde hay una mayor cantidad de gente que acude”. No precisó cuántos elementos se destinarán.
Añadió que estarán atentos a los “desplazadores de tarjetas”
, personas que llegan con engaños a intercambiar una tarjeta mala por una buena. Después, dijo, la víctima no se da cuenta de las disposiciones de efectivo que hacen con ella.Fraudes en línea
El director recordó que en estas fechas aumentan los fraudes, con páginas que ofertan productos a un costo muy bajo, y que “ha habido ocasiones en que la gente cae” en ellos. Durante el Buen Fin, la policía cibernética dio de baja 60 páginas apócrifas.
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