marzo 21, 2025

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¿Es SLP el paso más peligroso para los migrantes?

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En menos de dos meses 134 migrantes han sido rescatados en municipios del altiplano potosino

Por: Ana G Silva

El 17 de mayo de 2022, fueron rescatados 34 migrantes que habían sido privados de su libertad dos días antes cuando viajaban a bordo de un autobús rumbo a Doctor Arroyo, Nuevo León, comunidad fronteriza con San Luis Potosí. Este hecho, cuenta como la segunda vez en que el estado potosino se ve involucrado en un caso de secuestro de migrantes, lo que lo vuelve un foco rojo para estas personas que intentan cruzar hacia Estados Unidos.

 

Los 86 rescatados en Matehuala

El primer caso fue reportado el pasado 7 de abril, cuando se inició con una búsqueda de 23 supuestos turistas provenientes de Guanajuato con destino a Saltillo, Coahuila, y que concluyó con el rescate de 86 personas secuestradas. Unidades de la Policía de Guanajuato, San Luis Potosí, la Guardia Nacional y el Ejército, liberaron a cuatro grupos de personas en distintos puntos que habían sido secuestrados al transitar por la carretera Matehuala.

En aquella tragedia la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la muerte de Joel Juárez, uno de los conductores de la empresa Grupo Eiffel, que transportaba a una parte de los desaparecidos, quien murió a golpes al ser atacado por sus captores; otros dos choferes, Joel Juárez y Luis Felipe Macías, fueron hallados con vida. En el operativo de reacción se aseguraron varios vehículos con reporte de robo, y armas de diverso calibre.

En un principio se informó que se trataba de 105 personas, no obstante, José Luis Ruiz Contreras, titular de la FGE, precisó que fueron 86 los secuestrados: 59 eran migrantes y el resto eran mexicanos.

Un supuesto audio filtrado y obtenido por el portal Aristegui Noticias, el 10 de abril, adviertió que la persona que rentó las camionetas, lo hizo con intención de movilizar a las y los migrantes. Además, se expuso que estos sucesos serían cometidos bajo el conocimiento de Eduardo Maldonado García, presidente municipal de San Felipe Torres Mochas, Guanajuato.

El audio de WhatsApp, enviado por un empresario del transporte del estado de Guanajuato, señaló que Luis Ángel Ramírez, persona que contrató los servicios de Grupo Eiffel, es el que tendría contacto con el grupo criminal que trasladó y luego retuvo a los viajantes. Mientras que del alcalde de San Felipe, Guanajuato, mencionó: “entonces, pues ahí sí, ahí está toda la pinche tregua y el presidente municipal, pues ya sabe cómo está el pedo güey. Bien que sabe cómo está el pedo güey”.

Diego Sinhue Rodriguez Vallejo, gobernador del estado de Guanajuato, declaró que la fiscalía de ese estado llamaría a comparecer a todas las partes involucradas, además de mantener coordinación con Ricardo Gallardo y las dependencias de seguridad de la entidad potosina.

El mismo día que fue revelado el audio, la FGE dio a conocer que también se investigaría al Iván Estrada Guzmán, alcalde de Matehuala y a su director de la policía municipal, que fue detenido un día después junto a tres elementos más de dicha corporación luego de un operativo sorpresa realizado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes habrían descubierto en la oficina del titular por lo menos tres bolsitas de una sustancia que aparentemente se trataba de cocaína.

Por su parte, el presidente municipal matehualense hizo público un comunicado en el que reconoció que no tiene la capacidad para combatir la trata de personas en su demarcación y posteriormente subió un video donde indicó que hay una guerra sucia en su contra.

El presidente Andrés Manuel López dio más detalles sobre el secuestro de los migrantes durante su conferencia matutina del 11 de abril, donde destacó que hubo un intento de extorsión en la liberación de las personas que se encontraban retenidas. Aseveró que a cada persona que se encontraba privada de su libertad le fue exigida una cuota: “les estaban pidiendo 60 mil pesos a cada uno para liberarlos”.

Accionistas de la empresa de Transporte Eiffel solicitaron a las autoridades, el 13 de abril, que realicen las investigaciones correspondientes sobre el caso de los 86 migrantes que fueron rescatados en Matehuala, para así limpiar su nombre: “Fuimos víctimas del crimen organizado y lo más lamentable, que ahora de ser víctimas, pasamos a ser victimarios”.

Los empresarios aseguraron que ellos solo dieron el servicio de transporte. Uno de los propietarios, declaró que el servicio de transporte fue solicitado como cualquier otro y que en esta ocasión el traslado era para una familia; también exhortó a las autoridades a que conozcan la ruta, ya que en ella se muestran puntos claves donde debería haber cámaras de vigilancia, como en una gasolinera de nombre Pocitos en el libramiento de Matehuala en San Luis Potosí

, lugar donde se presume fue donde secuestraron las unidades; agregaron que al darse cuenta que las unidades no estaban siguiendo la ruta adecuada, denunciaron a las autoridades el hecho.

La Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) de la FGE, consiguió que fueran vinculados a proceso, el 15 de abril, dos individuos que habrían participado en la privación de la libertad de un grupo de migrantes en Matehuala. Jesús “N” y Francisco “N”, quedaron en prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. Estos hombres fueron detenidos por la Policía de Investigación (PDI) el 6 de abril de 2023, cuando detectaron que tenían secuestradas a al menos nueve víctimas y por las cuales pedían a sus familiares un rescate económico.

Fue hasta el 5 de mayo, cuando el medio nacional Reporte Índigo difundió audios en redes sociales en el que se vincula al alcalde de Matehuala directamente con un grupo del crimen organizado. Luego de esto, Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, y la diputada petista Verónica Segovia, presidenta de la mesa Directiva del Congreso del Estado, pidieron al edil aclarar el tema.

En uno de los audios en cuestión se logra escuchar al presidente municipal de Matehuala decir que está dispuesto a “jugármela con el cártel”, a quien además brinda acceso completo a esta zona del Altiplano potosino para así mantener sus operaciones sin ningún tipo de contratiempo. También aseguró que se avecina un año político “movido”, por lo que deben reforzar los trabajos contra la delincuencia organizada.

 

El secuestro del autobús

El portal Astrolabio dio a conocer sobre el secuestro de un autobús el pasado 15 de mayo, que partió de Tapachula, Chiapas, con destino a Monterrey, Nuevo León, con 50 personas migrantes de origen centroamericano y dos operadores en la carretera 57, en San Luis Potosí, a pocos kilómetros del entronque El Huizache. Sin embargo, el gobierno del estado potosino indicó que el hecho se suscitó en el municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León.

Seis de los migrantes secuestrados escaparon hasta llegar, la tarde del miércoles 17 de mayo, a Matehuala, allí fueron apoyados por la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado y la Guardia Civil Estatal. Su testimonio sirvió para que las autoridades de San Luis Potosí implementaran un operativo de búsqueda, internándose en el estado de Nuevo León, en la comunidad Cruz de Elorza, donde encontraron con vida a 34 personas más: 10 niños, 14 mujeres y 10 hombres.

El secuestro se suscitó el pasado lunes durante la madrugada, cuando los delincuentes, vestidos como policías, abordaron el autobús, les quitaron sus pertenencias y tomaron fotografías a cada uno. Sus captores se quejaron de que el chofer no se “había reportado con ellos, que ya había pasado varias veces por la carretera 57 sin avisarles”. Luego los condujeron a una casa abandonada en la comunidad Cruz de Elorza y los amontonaron ahí.

De los secuestrados, 15 lograron escapar, 9 caminaron rumbo al norte y fueron hallados por autoridades de Nuevo León la noche del martes 16 de mayo, los otros seis caminaron rumbo al sur durante 16 horas hasta llegar a la cabecera municipal de Matehuala.

Perfecto Vázquez, dueño de la empresa de transporte confirmó que los dos conductores del autobús que transportaban al grupo de migrantes secuestrados aparecieron el 19 de mayo, quienes llegaron por medios propios a sus domicilios en Tlaxcala. Agregó que los dos trabajadores se encontraban golpeados y traumatizados, además, señaló que serán trasladados a la Fiscalía de Tlaxcala.

 

El territorio potosino es paso obligado del grueso de los miles de migrantes sudamericanos que al año intentan cruzar la frontera norte rumbo a los Estados Unidos.

También lee: Migrantes secuestrados, la historia completa

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STPS garantizará derechos de ex trabajadores de Valeo

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La dependencia indicó que los ex empleados recibirán las utilidades correspondientes al año 2016, que asciende a más de 130 mil pesos cada uno

Por: Ana G Silva

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de San Luis Potosí, se comprometió a garantizar pagos de adeudos a ex trabajadores de Valeo Wipers Systems, e intervendrán como mediador en el proceso de repartición de utilidades que les corresponde del año 2016.

Esto luego de que ex empleados de Valeo Wipers Systems se manifestaron esta mañana frente a la empresa, ubicada en la carretera 57 de la capital potosina, para exigir el pago justo de utilidades, derivado de la demanda ganada contra la compañía. A cada trabajador que laboró en la empresa en 2016 le corresponde un monto aproximado de 130 mil pesos.

En respuesta a esta situación, Jaime Duarte Gallardo, inspector de la STPS, señaló que la dependencia reconoce a los ex empleados como parte legítima en el proceso y velará por la garantía de sus derechos. Explicó que, si bien no hay una fecha establecida para la entrega del pago, se encuentran revisando los parámetros para determinar el monto correspondiente a cada trabajador. También mencionó que el sindicato decidió no representar a los ex empleados, pero enfatizó que esto no afecta su derecho al pago.

“Nosotros como autoridad laboral vamos a reconocer a ustedes para que obviamente sus derechos estén garantizados. No hay una fecha en este momento como tal para hacer entrega de ese recurso del cual ustedes tienen derecho”.

Duarte Gallardo aseguró que la STPS actuará como intermediaria entre la empresa y los trabajadores para agilizar el proceso y garantizar que todos los afectados reciban lo que les corresponde. Aclaró que el reparto de utilidades es un derecho legal y que el proceso aún depende de la resolución final por parte de Hacienda.

En 2016, el sindicato Alternativa Democrática Sindical de las Américas y los trabajadores activos, presentaron una demanda contra Valeo Wipers, debido a la negativa de la empresa de otorgar el reparto de utilidades. Tras años de litigio, la resolución favoreció a los trabajadores, determinando que la empresa debe repartir más de 880 millones de pesos entre todos los empleados que laboraron en ese año, sin distinción, entre activos e inactivos.

Sin embargo, la empresa y el sindicato intentaron excluir del pago de utilidades a las y los ex empleados, lo que generó indignación y manifestaciones. Ante la falta de respuesta por parte de la compañía, los afectados advirtieron que están dispuestos a bloquear las entradas de la fábrica hasta recibir una resolución. Además, denunciaron que los actuales empleados fueron obligados a firmar un acuerdo de confidencialidad para evitar la difusión de información sobre dicho pago.

Los ex trabajadores acudieron con una petición firmada por más de 200 personas que exigen el cumplimiento de la resolución, pero la empresa se negó a recibirla.

También lee: Valeo y sindicato se quieren volar el dinero de ex empleados en SLP

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Ciudad

No hay maltrato animal en caso de Hogares Ferrocarrileros: Ecología de SGS

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La directora Jazmín Luna indicó que el perro está en edad avanzada; se hizo una revisión, se citó a su dueño y se hicieron observaciones para mejorar sus condiciones de vida

Por: Bernardo Vera

Luego de presentarse el caso de un perro que sufría presuntas condiciones de abandono en la colonia Hogares Ferrocarrileros Segunda Sección, La Orquesta sostuvo una entrevista con Jazmín Luna, titular de la Dirección de Ecología del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, para dar continuidad a este caso, en el que mencionó que ya hubo un primer acercamiento e intervención con el dueño de esta mascota.

La directora de Ecología soledense explicó que se tuvo conocimiento desde el inicio que circuló un video, en el que se muestra a un perro de la raza pitbull en un patio sucio, con acumulación de objetos y que aullaba constantemente. Por ello, se emprendió la visita para valorarlo de primera mano y acercarse al dueño.

Los inspectores, a primera instancia, observan que el perro está con una edad avanzada. Entonces no es maltrato, simplemente que el perro ya tiene una edad en la que no puede estar tan activo como los perros de edad temprana”, expuso.

Jazmín Luna dio a conocer que se sostuvo una reunión con el dueño, el cual corroboró que es una persona de la tercera edad.

A él se le hicieron algunas observaciones de cuidado para la mascota, entre las cuales destacan el no mantenerlo amarrado, que tenga un espacio amplio, limpio y ordenado para su esparcimiento, y que tenga comida y agua limpia y suficiente.

Agregó que esta tarde, la unidad “Ambudog” visitará las calles de esta colonia y acudirán a este sitio para una valoración veterinaria más específica, y con ello, detallar por escrito si el perro requiere cuidados más especiales, o si se pudiera confirmar algún indicio de maltrato o abandono. Lo cual, también se hará del conocimiento al dueño de esta mascota.

“Vamos a llevar a un especialista, que es un veterinario zootecnista, para que nos dé su valoración por escrito y así poder firmar un acta de comparecencia en las oficinas de Ecología, para poderle dar un seguimiento y que los inspectores estén acudiendo semanal, quincenal o mensualmente, según las recomendaciones del veterinario”, manifestó.

También lee: Perro en Soledad… denuncian abandono animal en Hogares Ferrocarrileros

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Fiscalía de SLP apelara reducción de condena a homicida de Julio Galindo

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La fiscal García Cazares explicó que se pretende imponer la pena de homicidio simple, y no la de homicidio calificado

Por: Redacción

María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), dio a conocer que apelarán la decisión para reducir la condena del homicida que le arrebató contra Julio Galindo, ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el año 2021.

La fiscal del Estado explicó que la sentencia dada a conocer hace unos días a través de medios de comunicación, fue generada desde diciembre de 2024, en la que el Tribunal de Enjuiciamiento le impuso una pena correspondiente al homicidio simple intencional, es decir de ocho años

, no obstante que la Fiscalía pidió la pena del homicidio calificado que correspondería a 43 años en prisión.

La decisión quedará en manos del Poder Judicial del estado de San Luis Potosí a lo que García Cázares se mostró confiada que resuelva en favor de la Fiscalía, toda vez que de imponer la pena de homicidio calificado, se enfrentarían cargos por hasta 45 años de prisión.

También lee: Raul Trejo, culpable del homicidio del ex presidente de Coparmex en SLP

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Opinión

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