julio 28, 2026

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#LaOtraCárcel | SLP no garantiza la reinserción social de las mujeres

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El modelo de reinserción social en San Luis Potosí no se ha implementado con perspectiva de género; parte de las mujeres trabajan en el sector informal o no encuentran trabajo

Por redacción

Un estudio realizado por la asociación civil Nueva Luna ha revelado algunas deficiencias en el Modelo de Reinserción Social para la población femenil privada de la libertad en San Luis Potosí.

El documento, realizado en 2018, reúne datos que exhiben las condiciones en que las mujeres se desarrollan en el interior de los 6 penales que actualmente operan en San Luis Potosí, así como el proceso que atraviesan para reinsertarse en la sociedad, una vez cumplida su pena.

En relación con las condiciones socioeconómicas de las mujeres estudiadas, el estudio arrojó que el 80 por ciento de ellas son jefas de familia, incluso en condiciones de reclusión, lo que, indican, evidencia que es “una prioridad considerar el nivel de la remuneración de las Mujeres”, tanto mientras se encuentran recluidas, como cuando son liberadas.

La vivienda también se ubica como una brecha para las mujeres encarceladas en San Luis Potosí, pues solo el 15% de ellas habita una vivienda propia, mientras que el 80% renta una u ocupa un inmueble prestado.

Trabajo, necesario tanto en reclusión como al recuperar la libertad

Las condiciones laborales de las mujeres privadas de su libertad resultan relevantes, tanto mientras se encuentran recluidas en los 6 centros ubicados entre San Luis Potosí, Tamazunchale, Ciudad Valles, Tancanhuitz, Matehuala y Rioverde, como cuando recuperan la libertad.

Entre la estadística que arrojó el estudio, se encuentra que el 55% de las Mujeres en proceso de reinserción están trabajando en el sector formal pero casi la mitad de ellas, en consecuencia, labora en el sector informal.

“Los ingresos de estas mujeres oscilan desde $900.00 (Novecientos pesos 00/MN) hasta $7,000.00 (Siete Mil pesos 00/MN); sin embargo, (…) el pico de la curva marca la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/M.N.) al mes como el ingreso con mayor frecuencia”.

Más aún, apunta el documento, “el 65% de las Mujeres encuestadas mencionó que una de las principales razones por las que se les dificulta encontrar empleo, es debido a los antecedentes penales”, por lo que “resultaría importante trabajar en iniciativas respecto a este tema, como la sensibilización a familiares y la sociedad en general, así como la reestructuración legislativa para que se permita la reducción el estigma que se les coloca a las Mujeres que han sido privadas de su libertad, y se les permita acceder a sus derechos laborales indistintamente de la situación jurídica por la que hayan pasado”.

Al interior del penal, la situación no es mejor; pues el análisis realizado por el equipo de activistas arrojó que existen penales, como los ubicados en la zona Huasteca o en el Altiplano, donde las mujeres no perciben, mientras están internas, ninguna clase de ingreso; mientras que el ingreso semanal más elevado, reportado en el Penal de La Pila, es de 700 pesos semanales; sin embargo, solo una mujer reportó percibir esa cantidad.

En entrevista para La Orquesta, Marcela García, titular de Nueva Luna AC, explicó que dentro de las cárceles se vive una vida social a escala donde “la que no trabaja es pobre, y tienen que prestar servicios para sobrevivir volviéndose servidumbre, y sufren por crisis psicológicas

al saber que mientras están en ahí su familia la pasa mal. Esta situación que viven por angustia ocasiona un estrés que lleva a la depresión, a la frustración, y en algunos casos al suicidio”.

Durante su estancia en prisión, las mujeres deberían recibir las herramientas para que, al recuperar la libertad, se desempeñen en actividades que les permitan acceder a una vida digna, además de impedir su reincidencia en actividades delictivas.

En los 6 penales de San Luis Potosí, las mujeres reciben capacitaciones en materia de primeros auxilios, estilismo, computación, mecánica automotriz, cocina, costura e inglés; sin embargo, “el 35% percibieron que no les han sido útiles las capacitaciones; únicamente un 30% refirió que fueron buenas y otro 30% que fueron medianamente buenas”.

La situación se agrava al conocer que el nivel secundaria es el promedio de formación educativa al que han accedido las mujeres privadas de su libertad en San Luis Potosí, mientras que, el máximo porcentaje de mujeres con formación profesional es el 10% y se ubica en la zona Huasteca; incluso, hay zonas como el Altiplano o la Media, donde ninguna mujer en reclusión tuvo acceso a estudios universitarios.

Reinserción social con perspectiva de género, necesaria en SLP

La Consulta para el diseño de un nuevo modelo de reinserción social para las mujeres en el estado de San Luis Potosí, como se denominó el estudio financiado por la organización Rise Up México, también desembocó en una serie de recomendaciones para las autoridades estatales.

Luego de identificar que el 70% de la población femenina en reclusión tiene entre 20 y 39 años, recomendaron “generar acciones educativas y de profesionalización para mejorar las habilidades y asegurar la inserción laboral; Generar programas y proyectos que potencien la autonomía y el autoempleo; o Adaptar y mejorar los espacios penitenciarios destinados a Mujeres, que contemplen elementos como el deporte, la recreación, la educación y el trabajo”.

También apuntaron, hacia el final del estudio, la necesidad de que el gobierno en San Luis Potosí reconozca “la carencia de perspectiva de género en el Modelo de reinserción actual, ya que, de estar integrada a la realidad de estas Mujeres, se dignificaría su estancia y con ello se impactaría en su calidad de vida”.

Los tres principales delitos que mencionaron como la causa de encontrarse privadas de la libertad, fueron homicidio, secuestro y delitos contra salud y el estatus jurídico de la mayoría es como “procesada”(54%) mientras que un gran número se encuentra “sentenciada”(37%).

Dentro de los centros visitados en la geografía de nuestro Estado, refleja una desatención que las autoridades penitenciarias han dado a los espacios físicos ocupados por ellas, ya que normalmente están ocupando espacios planeados para la población penitenciaria masculina.

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Violencia e influyentismo: el caso que persigue al alcalde de Cerro de San Pedro

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El pasado 3 de julio el padre de “Chuy” Nava fue detenido por agresiones contra una mujer, sin embargo fue liberado a las pocas horas; no sería la primera carpeta en su contra por este delito

Por: Redacción

A casi un mes de la detención de J. Santos “N”, padre del presidente municipal de Cerro de San Pedro, Jesús “Chuy” Nava, perteneciente al PRI, el caso se ha convertido en un asunto con implicaciones políticas que amenazan con marcar el futuro del grupo que actualmente gobierna el municipio.

A través de redes sociales, habitantes del municipio han externado sus dudas sobre la actuación de las autoridades, los señalamientos de un posible tráfico de influencias, las versiones sobre presuntas presiones para que la víctima otorgara el perdón y el antecedente de otras investigaciones por hechos similares han colocado al gobierno municipal en el centro de una controversia que trasciende el ámbito judicial y comienza a impactar la imagen del proyecto político de la familia Nava.

La madrugada del 3 de julio comenzaron a difundirse en redes sociales reportes ciudadanos sobre la presunta detención de J. Santos “N”, identificado como padre del alcalde de Cerro de San Pedro.

De acuerdo con las versiones difundidas por vecinos, el hombre habría sido asegurado tras un incidente en agravio de una mujer identificada como Mayra “N”. También trascendió que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos.

La información señalaba que el detenido fue trasladado a las celdas preventivas mientras se definía su situación jurídica. Sin embargo, horas más tarde comenzaron a circular publicaciones que afirmaban que había recuperado su libertad el mismo día.

Las críticas por el hecho se dirigieron hacia el presidente municipal, al considerar que su parentesco con el señalado podía influir en el desarrollo del procedimiento.

Durante los días posteriores, diversos usuarios en redes sociales exigieron que el caso fuera investigado sin privilegios, mientras reclamaban que la ley se aplicara de la misma manera que en cualquier otro asunto de violencia contra las mujeres.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha explicado públicamente cuál fue el seguimiento jurídico del caso.

No se ha informado cuáles fueron las actuaciones ministeriales derivadas de la detención, si la investigación continúa abierta, ni bajo qué circunstancias se determinó la situación jurídica del señalado. Tampoco existe una postura oficial que responda a los cuestionamientos surgidos entre la población respecto al procedimiento.

Fuentes cercanas al caso consultadas por este medio aseguraron que la víctima habría sido presionada para otorgar el perdón al presunto agresor. Aunque esta versión no ha sido confirmada por la Fiscalía General del Estado ni por otra autoridad competente, representa uno de los principales cuestionamientos que rodean el caso, debido a que pondría en entredicho las condiciones en las que se desarrolló el procedimiento.

De acuerdo con información obtenida por este medio, esta no sería la primera carpeta de investigación relacionada con presuntos hechos de violencia que enfrenta J. Santos “N”; pues hay dos más en los años 2019 y 2020.

La dimensión política comenzó prácticamente desde el primer día. Diversas publicaciones ciudadanas en Facebook cuestionaron que el padre del alcalde recuperara su libertad pocas horas después de su detención y señalaron un posible uso de influencias para favorecerlo.

Incluso algunos mensajes compararon el caso con otros procesos de violencia contra mujeres que sí derivaron en condenas penales, argumentando que la aplicación de la justicia parece variar cuando los involucrados mantienen vínculos con el poder político.

El caso también coincide con el momento en que distintos grupos políticos comienzan a preparar la sucesión municipal.

Fuentes cercanas a la vida política de Cerro de San Pedro señalaron a este medio que integrantes de la familia del actual presidente municipal buscan mantenerse como un grupo con influencia dentro del gobierno local una vez concluida la administración encabezada por Jesús “Chuy” Nava.

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Seis de cada diez potosinos consideran insegura la capital

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La buena noticia es que, comparado con junio de 2025, el indicador bajó 12.3 puntos porcentuales, lo que refleja una mejora respecto al año pasado

Por: Ana G Silva

La percepción de inseguridad entre los habitantes de San Luis Potosí aumentó durante el segundo trimestre de 2026, en contraste con la tendencia nacional, que registró una disminución. Sin embargo, al comparar los resultados con el mismo periodo del año pasado, la entidad muestra una mejora importante de más de 12 puntos porcentuales.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada este 24 de julio por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló que el 62.5 por ciento de la población de 18 años y más en la ciudad de San Luis Potosí considera que vivir en la capital es inseguro, frente al 57.6 por ciento reportado en marzo de este mismo año.

Este incremento ocurre mientras que, a nivel nacional, la percepción de inseguridad siguió una trayectoria opuesta. En el conjunto de las 91 ciudades evaluadas por la ENSU, el porcentaje de personas que consideran insegura su ciudad pasó de 61.5 a 59.8 por ciento, lo que representó una disminución estadísticamente significativa respecto al trimestre anterior.

Aunque el aumento registrado en San Luis Potosí no fue señalado por el INEGI como un cambio estadísticamente significativo, sí coloca a la capital potosina por encima del promedio nacional, pues casi dos de cada tres habitantes continúan percibiendo a la ciudad como un lugar inseguro para vivir.

La comparación anual muestra un panorama distinto

Pese al incremento observado entre marzo y junio de este año, el comportamiento cambia al revisar el comparativo anual.

En junio de 2025, 74.8 por ciento de los habitantes de San Luis Potosí afirmaba sentirse inseguro en la ciudad. Para junio de 2026, esa cifra disminuyó a 62.5 por ciento

, es decir, 12.3 puntos porcentuales menos, una reducción que el propio INEGI identifica como estadísticamente significativa.

Esta reducción coloca a San Luis Potosí entre las ciudades que lograron mejorar su percepción de seguridad respecto al año anterior. De acuerdo con la ENSU, 23 ciudades del país registraron disminuciones significativas en la percepción de inseguridad durante el último año, mientras que únicamente seis presentaron incrementos.

A nivel nacional también se observó una mejora anual, al pasar de 63.2 por ciento en junio de 2025 a 59.8 por ciento en junio de 2026.

A pesar de la mejora anual, la capital potosina continúa ubicándose ligeramente por encima del promedio del país en percepción de inseguridad.

Mientras el promedio nacional se ubicó en 59.8 por ciento, en San Luis Potosí alcanzó 62.5 por ciento, una diferencia de 2.7 puntos porcentuales, lo que refleja que la percepción ciudadana sobre la seguridad aún no logra alinearse con la tendencia nacional de recuperación.

La ENSU mide trimestralmente la percepción de seguridad de la población de 18 años y más en 91 ciudades del país, con el objetivo de generar información sobre la forma en que la ciudadanía evalúa las condiciones de seguridad pública y aportar elementos para el diseño de políticas públicas en esta materia.

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Operativo interinstitucional asegura a un presunto agresor de elementos de la GCE

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La Fiscalía potosina, en coordinación con fuerzas estatales y federales, detuvo a un presunto involucrado en la agresión ocurrida la mañana de este domingo

Por: Redacción

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informa que, tras la agresión a la Guardia Civil Estatal ocurrida esta mañana en la comunidad de Cerrito de la Cruz, en la delegación de La Pila, de esta capital, y en la que fallecieron dos elementos de dicha corporación, la Policía de Investigación, la Guardia Civil Estatal y el Ejército Mexicano aseguraron a un presunto involucrado en estos hechos.

El operativo de rastreo y búsqueda interinstitucional se activó justo después de que los números de emergencia reportaran esta mañana la agresión a policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, mientras que personal de la Vicefiscalía Científica recupera indicios en el lugar para fortalecer las investigaciones

.

La FGESLP agregó que, conforme avancen las diligencias, se dará a conocer la actualización correspondiente a través de los canales institucionales, con el fin de no afectar el desarrollo de la investigación.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí refrenda su compromiso de trabajar con probidad, profesionalismo y justicia a favor de las y los potosinos.

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