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#LaOtraCárcel | SLP no garantiza la reinserción social de las mujeres
El modelo de reinserción social en San Luis Potosí no se ha implementado con perspectiva de género; parte de las mujeres trabajan en el sector informal o no encuentran trabajo
Por redacción
Un estudio realizado por la asociación civil Nueva Luna ha revelado algunas deficiencias en el Modelo de Reinserción Social para la población femenil privada de la libertad en San Luis Potosí.
El documento, realizado en 2018, reúne datos que exhiben las condiciones en que las mujeres se desarrollan en el interior de los 6 penales que actualmente operan en San Luis Potosí, así como el proceso que atraviesan para reinsertarse en la sociedad, una vez cumplida su pena.
En relación con las condiciones socioeconómicas de las mujeres estudiadas, el estudio arrojó que el 80 por ciento de ellas son jefas de familia, incluso en condiciones de reclusión, lo que, indican, evidencia que es “una prioridad considerar el nivel de la remuneración de las Mujeres”, tanto mientras se encuentran recluidas, como cuando son liberadas.
La vivienda también se ubica como una brecha para las mujeres encarceladas en San Luis Potosí, pues solo el 15% de ellas habita una vivienda propia, mientras que el 80% renta una u ocupa un inmueble prestado.
Trabajo, necesario tanto en reclusión como al recuperar la libertad
Las condiciones laborales de las mujeres privadas de su libertad resultan relevantes, tanto mientras se encuentran recluidas en los 6 centros ubicados entre San Luis Potosí, Tamazunchale, Ciudad Valles, Tancanhuitz, Matehuala y Rioverde, como cuando recuperan la libertad.
Entre la estadística que arrojó el estudio, se encuentra que el 55% de las Mujeres en proceso de reinserción están trabajando en el sector formal pero casi la mitad de ellas, en consecuencia, labora en el sector informal.
“Los ingresos de estas mujeres oscilan desde $900.00 (Novecientos pesos 00/MN) hasta $7,000.00 (Siete Mil pesos 00/MN); sin embargo, (…) el pico de la curva marca la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/M.N.) al mes como el ingreso con mayor frecuencia”.
Más aún, apunta el documento, “el 65% de las Mujeres encuestadas mencionó que una de las principales razones por las que se les dificulta encontrar empleo, es debido a los antecedentes penales”, por lo que “resultaría importante trabajar en iniciativas respecto a este tema, como la sensibilización a familiares y la sociedad en general, así como la reestructuración legislativa para que se permita la reducción el estigma que se les coloca a las Mujeres que han sido privadas de su libertad, y se les permita acceder a sus derechos laborales indistintamente de la situación jurídica por la que hayan pasado”.
Al interior del penal, la situación no es mejor; pues el análisis realizado por el equipo de activistas arrojó que existen penales, como los ubicados en la zona Huasteca o en el Altiplano, donde las mujeres no perciben, mientras están internas, ninguna clase de ingreso; mientras que el ingreso semanal más elevado, reportado en el Penal de La Pila, es de 700 pesos semanales; sin embargo, solo una mujer reportó percibir esa cantidad.
En entrevista para La Orquesta, Marcela García, titular de Nueva Luna AC, explicó que dentro de las cárceles se vive una vida social a escala donde “la que no trabaja es pobre, y tienen que prestar servicios para sobrevivir volviéndose servidumbre, y sufren por crisis psicológicas 
Durante su estancia en prisión, las mujeres deberían recibir las herramientas para que, al recuperar la libertad, se desempeñen en actividades que les permitan acceder a una vida digna, además de impedir su reincidencia en actividades delictivas.
En los 6 penales de San Luis Potosí, las mujeres reciben capacitaciones en materia de primeros auxilios, estilismo, computación, mecánica automotriz, cocina, costura e inglés; sin embargo, “el 35% percibieron que no les han sido útiles las capacitaciones; únicamente un 30% refirió que fueron buenas y otro 30% que fueron medianamente buenas”.
La situación se agrava al conocer que el nivel secundaria es el promedio de formación educativa al que han accedido las mujeres privadas de su libertad en San Luis Potosí, mientras que, el máximo porcentaje de mujeres con formación profesional es el 10% y se ubica en la zona Huasteca; incluso, hay zonas como el Altiplano o la Media, donde ninguna mujer en reclusión tuvo acceso a estudios universitarios.
Reinserción social con perspectiva de género, necesaria en SLP
La Consulta para el diseño de un nuevo modelo de reinserción social para las mujeres en el estado de San Luis Potosí, como se denominó el estudio financiado por la organización Rise Up México, también desembocó en una serie de recomendaciones para las autoridades estatales.
Luego de identificar que el 70% de la población femenina en reclusión tiene entre 20 y 39 años, recomendaron “generar acciones educativas y de profesionalización para mejorar las habilidades y asegurar la inserción laboral; Generar programas y proyectos que potencien la autonomía y el autoempleo; o Adaptar y mejorar los espacios penitenciarios destinados a Mujeres, que contemplen elementos como el deporte, la recreación, la educación y el trabajo”.
También apuntaron, hacia el final del estudio, la necesidad de que el gobierno en San Luis Potosí reconozca “la carencia de perspectiva de género en el Modelo de reinserción actual, ya que, de estar integrada a la realidad de estas Mujeres, se dignificaría su estancia y con ello se impactaría en su calidad de vida”.
Los tres principales delitos que mencionaron como la causa de encontrarse privadas de la libertad, fueron homicidio, secuestro y delitos contra salud y el estatus jurídico de la mayoría es como “procesada”(54%) mientras que un gran número se encuentra “sentenciada”(37%).
Dentro de los centros visitados en la geografía de nuestro Estado, refleja una desatención que las autoridades penitenciarias han dado a los espacios físicos ocupados por ellas, ya que normalmente están ocupando espacios planeados para la población penitenciaria masculina.
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Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
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El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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