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#LaOtraCárcel | SLP no garantiza la reinserción social de las mujeres
El modelo de reinserción social en San Luis Potosí no se ha implementado con perspectiva de género; parte de las mujeres trabajan en el sector informal o no encuentran trabajo
Por redacción
Un estudio realizado por la asociación civil Nueva Luna ha revelado algunas deficiencias en el Modelo de Reinserción Social para la población femenil privada de la libertad en San Luis Potosí.
El documento, realizado en 2018, reúne datos que exhiben las condiciones en que las mujeres se desarrollan en el interior de los 6 penales que actualmente operan en San Luis Potosí, así como el proceso que atraviesan para reinsertarse en la sociedad, una vez cumplida su pena.
En relación con las condiciones socioeconómicas de las mujeres estudiadas, el estudio arrojó que el 80 por ciento de ellas son jefas de familia, incluso en condiciones de reclusión, lo que, indican, evidencia que es “una prioridad considerar el nivel de la remuneración de las Mujeres”, tanto mientras se encuentran recluidas, como cuando son liberadas.
La vivienda también se ubica como una brecha para las mujeres encarceladas en San Luis Potosí, pues solo el 15% de ellas habita una vivienda propia, mientras que el 80% renta una u ocupa un inmueble prestado.
Trabajo, necesario tanto en reclusión como al recuperar la libertad
Las condiciones laborales de las mujeres privadas de su libertad resultan relevantes, tanto mientras se encuentran recluidas en los 6 centros ubicados entre San Luis Potosí, Tamazunchale, Ciudad Valles, Tancanhuitz, Matehuala y Rioverde, como cuando recuperan la libertad.
Entre la estadística que arrojó el estudio, se encuentra que el 55% de las Mujeres en proceso de reinserción están trabajando en el sector formal pero casi la mitad de ellas, en consecuencia, labora en el sector informal.
“Los ingresos de estas mujeres oscilan desde $900.00 (Novecientos pesos 00/MN) hasta $7,000.00 (Siete Mil pesos 00/MN); sin embargo, (…) el pico de la curva marca la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/M.N.) al mes como el ingreso con mayor frecuencia”.
Más aún, apunta el documento, “el 65% de las Mujeres encuestadas mencionó que una de las principales razones por las que se les dificulta encontrar empleo, es debido a los antecedentes penales”, por lo que “resultaría importante trabajar en iniciativas respecto a este tema, como la sensibilización a familiares y la sociedad en general, así como la reestructuración legislativa para que se permita la reducción el estigma que se les coloca a las Mujeres que han sido privadas de su libertad, y se les permita acceder a sus derechos laborales indistintamente de la situación jurídica por la que hayan pasado”.
Al interior del penal, la situación no es mejor; pues el análisis realizado por el equipo de activistas arrojó que existen penales, como los ubicados en la zona Huasteca o en el Altiplano, donde las mujeres no perciben, mientras están internas, ninguna clase de ingreso; mientras que el ingreso semanal más elevado, reportado en el Penal de La Pila, es de 700 pesos semanales; sin embargo, solo una mujer reportó percibir esa cantidad.
En entrevista para La Orquesta, Marcela García, titular de Nueva Luna AC, explicó que dentro de las cárceles se vive una vida social a escala donde “la que no trabaja es pobre, y tienen que prestar servicios para sobrevivir volviéndose servidumbre, y sufren por crisis psicológicas 
Durante su estancia en prisión, las mujeres deberían recibir las herramientas para que, al recuperar la libertad, se desempeñen en actividades que les permitan acceder a una vida digna, además de impedir su reincidencia en actividades delictivas.
En los 6 penales de San Luis Potosí, las mujeres reciben capacitaciones en materia de primeros auxilios, estilismo, computación, mecánica automotriz, cocina, costura e inglés; sin embargo, “el 35% percibieron que no les han sido útiles las capacitaciones; únicamente un 30% refirió que fueron buenas y otro 30% que fueron medianamente buenas”.
La situación se agrava al conocer que el nivel secundaria es el promedio de formación educativa al que han accedido las mujeres privadas de su libertad en San Luis Potosí, mientras que, el máximo porcentaje de mujeres con formación profesional es el 10% y se ubica en la zona Huasteca; incluso, hay zonas como el Altiplano o la Media, donde ninguna mujer en reclusión tuvo acceso a estudios universitarios.
Reinserción social con perspectiva de género, necesaria en SLP
La Consulta para el diseño de un nuevo modelo de reinserción social para las mujeres en el estado de San Luis Potosí, como se denominó el estudio financiado por la organización Rise Up México, también desembocó en una serie de recomendaciones para las autoridades estatales.
Luego de identificar que el 70% de la población femenina en reclusión tiene entre 20 y 39 años, recomendaron “generar acciones educativas y de profesionalización para mejorar las habilidades y asegurar la inserción laboral; Generar programas y proyectos que potencien la autonomía y el autoempleo; o Adaptar y mejorar los espacios penitenciarios destinados a Mujeres, que contemplen elementos como el deporte, la recreación, la educación y el trabajo”.
También apuntaron, hacia el final del estudio, la necesidad de que el gobierno en San Luis Potosí reconozca “la carencia de perspectiva de género en el Modelo de reinserción actual, ya que, de estar integrada a la realidad de estas Mujeres, se dignificaría su estancia y con ello se impactaría en su calidad de vida”.
Los tres principales delitos que mencionaron como la causa de encontrarse privadas de la libertad, fueron homicidio, secuestro y delitos contra salud y el estatus jurídico de la mayoría es como “procesada”(54%) mientras que un gran número se encuentra “sentenciada”(37%).
Dentro de los centros visitados en la geografía de nuestro Estado, refleja una desatención que las autoridades penitenciarias han dado a los espacios físicos ocupados por ellas, ya que normalmente están ocupando espacios planeados para la población penitenciaria masculina.
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Corredor Humanitario
Ya no es molestia. Ya no es inconformidad. Es hartazgo puro.
Y no, no voy a buscar una palabra más bonita, porque no la hay para describir lo denigrante que resulta usar el transporte público en San Luis Potosí.
Los camiones potosinos son, sin exagerar, de los más caros del Bajío. Hoy el pasaje cuesta 12.50 pesos y, aun así, el servicio es lento, viejo, sucio, impredecible y profundamente irrespetuoso con el usuario.
En Guadalajara, una de las ciudades más importantes del país, el transporte cuesta 8 pesos. En Querétaro, sí, puede llegar a 12 pesos, pero ahí el transporte sí sirve: pasa seguido, es relativamente puntual y no te condena a perder media vida esperando.
Aquí no.
En San Luis Potosí hay personas que esperan 20, 40 minutos o hasta una hora para que pase un camión. Una hora. Solo para subir. Eso no es un “detalle operativo”. Eso es trato indigno.
Aquí mismo, los potosinos repiten que atravesar la ciudad en coche toma 15 o 20 minutos. Pero gracias a un sistema de transporte público miserable, ese mismo trayecto se convierte en una hora con veinte, de los cuales 60 minutos son solo de espera.
En la Ciudad de México, con tráfico brutal y distancias enormes, puedes tardar dos horas en un traslado, sí, pero no esperas. El metro, el pesero, la combi pasan cada 4 o 5 minutos. La ciudad será un caos, pero el transporte no te abandona.
Aquí el usuario espera como si pidiera limosna.
Y por si fuera poco, muchas rutas dejan de operar a las 8 de la noche. Entonces la pregunta es obligada: ¿qué diablos pasa con quienes salen a las 8, 9 o 10 de la noche de trabajar?
Antes, el transporte público funcionaba al menos hasta las 10:30 pm. Hoy ya no. ¿La solución? Que el usuario pague Uber o taxi. Y eso no es ocasional: Es diario, es de lunes a viernes, de lunes a sábado. Para quien gana el salario mínimo —o apenas un poco más— esto es un golpe directo a la cartera.
Y aun así, todavía se atreven… Margarito Terán, líder de los transportistas, dice que 12.50 pesos no les alcanza, que no les “presta” para dar un buen servicio y que necesitan subir el pasaje a 15 pesos (aunque de todos modos se la pelan, porque legalmente no pueden aumentar la tarifa más allá de lo que marca el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC)
Seamos serios. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes les ha señalado, año tras año, que circulan unidades con más de 10 años de antigüedad, algo que no debería permitirse en la zona metropolitana. Esto no empezó ayer. Pasó con Ricardo Gallardo, pasó con Juan Manuel Carreras y pasó antes.
Han sido omisos profesionales.
Prometen arreglar camiones. Prometen capacitar choferes. Prometen mejorar rutas. Y lo único constante es el mal servicio.
¿Quién no ha sufrido a un chofer grosero? ¿Quién no ha visto a uno hablando por teléfono, con la música a todo volumen, prepotente, echando carreritas con otro camión? ¿Quién no ha vivido eso de que se juntan dos unidades y una avanza a paso de tortuga, importándole poco o nada si el usuario lleva prisa?
Y luego está el clásico: acortar la ruta, aunque no sea su recorrido, porque “ya van tarde”. Y el usuario que se joda: se baja antes, camina, llega tarde, pierde tiempo y pierde dinero.
Eso no es transporte público. Eso es desprecio sistemático al usuario.
Por eso lo digo sin rodeos: si no pueden prestar un servicio digno, háganse a un lado.
Permitan que el Gobierno del Estado busque otra concesionaria que sí pueda, que sí quiera y que sí le alcance. Porque en otros estados ya quedó demostrado que con menos dinero se puede ofrecer un servicio muchísimo mejor.
Y ya ni siquiera es por el precio. Es por el tiempo robado, el maltrato, las unidades decrépitas, la falta total de respeto.
Basta de tratar al usuario como ciudadano de segunda.
Y ojalá —de verdad ojalá— que la secretaria Araceli Martínez Acosta se suba una semana, solo una, al transporte público para ir a trabajar. Que espere, que se desespere, que llegue tarde. A ver si así entiende la indignación diaria de miles de potosinos.
Porque el transporte público no es un favor. Es un derecho. Y en San Luis Potosí, hoy, ese derecho está secuestrado por la mediocridad.
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Mientras el Ipicyt mostró la posibilidad de emplear el lirio en El Realito, la CEA insiste en removerlo totalmente del embalse
Por: Redacción
Pascual Martínez Sánchez, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), informó que se continúa trabajando en el saneamiento del río que va desde la cortina de la presa El Peaje hasta San José y en el retiro definitivo del lirio de esta última.
Según Martínez Sánchez la primera parte del proyecto, de conjunto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) consiste en el entubamiento de un porcentaje del agua de El Peaje para que sea utilizada en el área metropolitana, la siguiente fase incluiría un saneamiento integral de la zona y los drenajes que pudieran estar obstruidos o dañados.
La segunda parte de este proyecto planea la remoción completa del lirio de agua de la presa San José, a pesar del llamado del alcalde municipal, Enrique Galindo, al cultivo controlado
Un estudio realizado por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt) encontró metales pesados en las raíces de los lirios, si bien dichos metales contribuyen a la limpieza del agua, no deberían ser tratados como un desecho simple.
La propuesta del Ipicyt mostró la posibilidad de emplear el lirio también en El Realito como controlador natural de la limpieza de la misma, mientras que la CEA insiste en removerlo totalmente.
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El titular de la dependencia dijo que la entidad ocupa el primer lugar en alfabetización a nivel nacional
Por: Redacción
El 2026 podría ser un año histórico para San Luis Potosí, pues Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), señaló que este año el Estado podría erradicar el analfabetismo entre la población.
El secretario apuntó que San Luis Potosí actualmente ocupa el primer lugar nacional en alfabetización, y se están redob lando esfuerzos en la educación para adultos, en donde además de la primaria y la secundaria, se está buscando que también puedan completar la preparatoria
Torres Cedillo comentó que ya se encuentran en conversaciones con Armando Contreras Castillo, titular del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), con el fin de firmar un convenio que certifique a San Luis como uno de los estados que elimina el analfabetismo.
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