abril 1, 2025

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#LaOtraCárcel | SLP no garantiza la reinserción social de las mujeres

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El modelo de reinserción social en San Luis Potosí no se ha implementado con perspectiva de género; parte de las mujeres trabajan en el sector informal o no encuentran trabajo

Por redacción

Un estudio realizado por la asociación civil Nueva Luna ha revelado algunas deficiencias en el Modelo de Reinserción Social para la población femenil privada de la libertad en San Luis Potosí.

El documento, realizado en 2018, reúne datos que exhiben las condiciones en que las mujeres se desarrollan en el interior de los 6 penales que actualmente operan en San Luis Potosí, así como el proceso que atraviesan para reinsertarse en la sociedad, una vez cumplida su pena.

En relación con las condiciones socioeconómicas de las mujeres estudiadas, el estudio arrojó que el 80 por ciento de ellas son jefas de familia, incluso en condiciones de reclusión, lo que, indican, evidencia que es “una prioridad considerar el nivel de la remuneración de las Mujeres”, tanto mientras se encuentran recluidas, como cuando son liberadas.

La vivienda también se ubica como una brecha para las mujeres encarceladas en San Luis Potosí, pues solo el 15% de ellas habita una vivienda propia, mientras que el 80% renta una u ocupa un inmueble prestado.

Trabajo, necesario tanto en reclusión como al recuperar la libertad

Las condiciones laborales de las mujeres privadas de su libertad resultan relevantes, tanto mientras se encuentran recluidas en los 6 centros ubicados entre San Luis Potosí, Tamazunchale, Ciudad Valles, Tancanhuitz, Matehuala y Rioverde, como cuando recuperan la libertad.

Entre la estadística que arrojó el estudio, se encuentra que el 55% de las Mujeres en proceso de reinserción están trabajando en el sector formal pero casi la mitad de ellas, en consecuencia, labora en el sector informal.

“Los ingresos de estas mujeres oscilan desde $900.00 (Novecientos pesos 00/MN) hasta $7,000.00 (Siete Mil pesos 00/MN); sin embargo, (…) el pico de la curva marca la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/M.N.) al mes como el ingreso con mayor frecuencia”.

Más aún, apunta el documento, “el 65% de las Mujeres encuestadas mencionó que una de las principales razones por las que se les dificulta encontrar empleo, es debido a los antecedentes penales”, por lo que “resultaría importante trabajar en iniciativas respecto a este tema, como la sensibilización a familiares y la sociedad en general, así como la reestructuración legislativa para que se permita la reducción el estigma que se les coloca a las Mujeres que han sido privadas de su libertad, y se les permita acceder a sus derechos laborales indistintamente de la situación jurídica por la que hayan pasado”.

Al interior del penal, la situación no es mejor; pues el análisis realizado por el equipo de activistas arrojó que existen penales, como los ubicados en la zona Huasteca o en el Altiplano, donde las mujeres no perciben, mientras están internas, ninguna clase de ingreso; mientras que el ingreso semanal más elevado, reportado en el Penal de La Pila, es de 700 pesos semanales; sin embargo, solo una mujer reportó percibir esa cantidad.

En entrevista para La Orquesta, Marcela García, titular de Nueva Luna AC, explicó que dentro de las cárceles se vive una vida social a escala donde “la que no trabaja es pobre, y tienen que prestar servicios para sobrevivir volviéndose servidumbre, y sufren por crisis psicológicas

al saber que mientras están en ahí su familia la pasa mal. Esta situación que viven por angustia ocasiona un estrés que lleva a la depresión, a la frustración, y en algunos casos al suicidio”.

Durante su estancia en prisión, las mujeres deberían recibir las herramientas para que, al recuperar la libertad, se desempeñen en actividades que les permitan acceder a una vida digna, además de impedir su reincidencia en actividades delictivas.

En los 6 penales de San Luis Potosí, las mujeres reciben capacitaciones en materia de primeros auxilios, estilismo, computación, mecánica automotriz, cocina, costura e inglés; sin embargo, “el 35% percibieron que no les han sido útiles las capacitaciones; únicamente un 30% refirió que fueron buenas y otro 30% que fueron medianamente buenas”.

La situación se agrava al conocer que el nivel secundaria es el promedio de formación educativa al que han accedido las mujeres privadas de su libertad en San Luis Potosí, mientras que, el máximo porcentaje de mujeres con formación profesional es el 10% y se ubica en la zona Huasteca; incluso, hay zonas como el Altiplano o la Media, donde ninguna mujer en reclusión tuvo acceso a estudios universitarios.

Reinserción social con perspectiva de género, necesaria en SLP

La Consulta para el diseño de un nuevo modelo de reinserción social para las mujeres en el estado de San Luis Potosí, como se denominó el estudio financiado por la organización Rise Up México, también desembocó en una serie de recomendaciones para las autoridades estatales.

Luego de identificar que el 70% de la población femenina en reclusión tiene entre 20 y 39 años, recomendaron “generar acciones educativas y de profesionalización para mejorar las habilidades y asegurar la inserción laboral; Generar programas y proyectos que potencien la autonomía y el autoempleo; o Adaptar y mejorar los espacios penitenciarios destinados a Mujeres, que contemplen elementos como el deporte, la recreación, la educación y el trabajo”.

También apuntaron, hacia el final del estudio, la necesidad de que el gobierno en San Luis Potosí reconozca “la carencia de perspectiva de género en el Modelo de reinserción actual, ya que, de estar integrada a la realidad de estas Mujeres, se dignificaría su estancia y con ello se impactaría en su calidad de vida”.

Los tres principales delitos que mencionaron como la causa de encontrarse privadas de la libertad, fueron homicidio, secuestro y delitos contra salud y el estatus jurídico de la mayoría es como “procesada”(54%) mientras que un gran número se encuentra “sentenciada”(37%).

Dentro de los centros visitados en la geografía de nuestro Estado, refleja una desatención que las autoridades penitenciarias han dado a los espacios físicos ocupados por ellas, ya que normalmente están ocupando espacios planeados para la población penitenciaria masculina.

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#4 Tiempos

MO-VI-LI-ZA-CIÓN | Apuntes de Jorge Saldaña

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APUNTES

 

Veremos de qué tan desabridas vienen las campañas para personas juzgadoras. Las federales ya comenzaron, solo una potosina, Alma Delia González, compite entre cientos de perfiles para alcanzar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La magistrada, que no se esperaba hace unos meses estar involucrada en un proceso electivo, comenzó su campaña en TikTok y se ha dado a conocer con productos audiovisuales en sus redes sociales.

No hay mucho más que hacer, las reglas del juego así lo contemplan. Los aspirantes a cargos de magistrados y jueces, 74 en total en el estado, comenzarán hasta abril, sin embargo, desde ahora se avizora un escenario pardo, sin emoción ni expectativas aunque sea medianas.

Los cálculos más entusiastas indican que solo entre el 9 y el 14 por ciento de los ciudadanos tienen la intención de participar con su voto en la histórica, primera y extraordinaria elección de ministros, magistrados y jueces que se llevará a cabo el próximo primero de junio.

El bajo interés en el proceso es explicable: No hay un intercambio simbólico entre candidatos y votantes, no hay una promesa de valor que motive al ciudadano a votar en la renovación del Poder Judicial, un poder además que históricamente ha sido distante del ciudadano.

El gran riesgo que ese desinterés generalizado plantea es que grupos, con buenas o malas intenciones, se metan en la movilización pagada el día de la elección.

Con un calculo simple, hay que tomar en cuenta que con mucho menos de 2 mil votos– y eso si es que se llega a una participación de 100 mil potosinos- se pueden ganar los cargos.

De las campañas de los interesados se espera muy poco, todos intentarán colocar su número y color de boleta en la cabeza de la gente, sin embargo no están contemplando que muy difícilmente podremos recordar 74 combinaciones. Ni las del Melate son tan difíciles.

¿Los candidatos qué nos pueden ofrecer? Solo su trayectoria e imparcialidad, de ahí en fuera sus mensajes tenderán a lo emocional y a la confianza que puedan generar de manera orgánica en sus redes. En resumen todos nos dirán las mismas tres cosas: que son buenas personas, que son capaces y que son incorruptibles.

Lamentablemente este mismo punto se podrá poner en duda desde el momento en que algunos se presten al juego de la movilización el día electoral, pues estarían vendiendo su llegada al cargo a cambio de favores.

Ojalá que no se preste ninguno, sean los menos y los que lo hagan pierdan. (Permítame algo de idealismo aunque sea).

Al respecto de la elección, a través de la Secretaría General de Gobierno se hizo un llamado a los organismos electorales, y secretarías de estado involucradas en la seguridad, derechos humanos y Fiscalía para que se unan en la revisión de protocolos en búsqueda de mantener la paz y la gobernabilidad durante las campañas federales, que ya iniciaron, como las estatales que comenzarán los últimos días de abril.

Se busca un proceso “justo y ordenado” y que bueno que haya esas intenciones, no obstante eso de “justo” irónicamente está en veremos porque lo mismo que partidos políticos, gobiernos, instituciones, sindicatos, grupos magisteriales, gremios y hasta el crimen organizado -hay que decirlo- podrían de manera “ordenada” (literalmente por una orden) enviar o comprar con relativa facilidad a cientos de personas con la intención de hacer ganar a candidatos

que estarán comprometidos con sus impulsores para hacerles favores durante años (por lo menos 5 y por lo más 9) a los patrocinadores de la movilización.

¿Cómo evitar el asunto de la movilización interesada y peligrosa? La pregunta es para las autoridades y no solo las electorales, que además gastarán una millonada de recursos en la organización de la elección y muy poco en explicar, conmover y convencer al ciudadano común para que vaya a votar libremente.

Por cierto que no juegan a favor los simulacros que se han hecho respecto a los tiempos que se tomará cada ciudadano para emitir su voto, que se calculan desde la entrada de la casilla, identificación, entrega de boletas, votación, inserción de cada boleta en las urnas y retiro, entre 15 y 20 minutos por persona.

Imagine Usted, Culto Público, que cuando llegue usted a la casilla el primero de junio, estén 10 personas formadas antes que usted, el tiempo que le tomará para que sea su turno será de más de 2 horas.

¿Habrá alguien dispuesto a perder tanto tiempo de su domingo por pura buena voluntad y civismo? Esa buena voluntad será directamente proporcional a la cantidad de votantes.

 

BEMOLES

MORALES

En el parque de Morales hay mas grilla que pasto y las indirectas entre el gobernador y el alcalde están a la orden del día.

En el primer acto, el gobierno del estado anunció la rehabilitación de este sitio desde mayo del año pasado (en plenas elecciones) y entró a intervenirlo sin contar con los permisos que el proyecto requería, por lo tanto, hubo quien encontró en esta omisión motivo para ampararse y detener la obra.

En el segundo acto, el gobierno municipal detuvo el mantenimiento del parque, quizás pensaron algo como que “al fin y al cabo lo estaría llevando el palacio de enfrente”.

En el tercer acto pasó más de un año y ni el gobierno estatal pudo hacer realidad la rehabilitación ni el municipal dio mantenimiento sostenido al sitio.

Ayer Ricardo Gallardo afirmó que Morales cada vez está “más jodido” y es cierto, por su parte el municipio ya por lo menos lo está regando y anunció la inversión en una planta tratadora.

¿Cómo se llamó la obra? Se llamó “Todavía no hay obra”.

Si continúan los celos y pleitos entre palacios, se caerán todos los arboles Moralescos y lo único verde que veremos serán los moños en los puestos de los elotes.

Hasta la próxima

Jorge Saldaña

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Ciudad

Calles del Centro Histórico de SLP serán “Zona 30”

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El alcalde Enrique Galindo dijo que esta designación permitirá la circulación de vehículos a velocidades no mayores a 30 kilómetros por hora

Por: Bernardo Vera

Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, indicó que existe un proyecto de movilidad para la zona Centro de la capital, en la que las calles principales se adhieran a un esquema de Zona 30, que permita la movilidad de vehículos hasta una velocidad de 30 kilómetros por hora.

El alcalde capitalino detalló que este esquema existe en ciudades como Madrid, España y la Ciudad de México, por lo que se estudiará su viabilidad en la capital potosina.

Además de las calles del cuadro principal d el Centro Histórico, el alcalde Galindo Ceballos indicó que se estudiará esta viabilidad en la calle de Mariano Arista, desde el parque de Morales hasta el Centro Histórico.

Este proyecto permitiría la movilidad de transportes como bicicletas, scooters eléctricos y otros vehículos alternativos, en armonía con el parque vehicular ya existente.

Finalmente, Galindo Ceballos dijo que para dicho proyecto se espera su integración en el Reglamento de Tránsito para la capital potosina, lo que permitiría la ejecución de una posible obra bajo una normativa fundamentada.

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Descartan intromisión de grupos de poder en elección judicial

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El magistrado presidente del PJESLP dijo que los organismos deben vigilar que la elección de jueces se realice con ética y responsabilidad

Por: Redacción

Arturo Morales Silva, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, aseguró que no existen riesgos de injerencia del crimen organizado, partidos políticos o grupos de poder en la elección extraordinaria de jueces y magistrados que se llevará a cabo en este 2025.

El magistrado enfatizó que, desde su perspectiva, no hay indicios de que actores externos busquen influir en el proceso. No obstante, destacó la importancia de que los organismos competentes se mantengan en alerta para garantizar la legalidad y transparencia de la elección.

“Desde mi punto de vista, considero que no existe ese riesgo como tal. Desde luego que los organismos competentes deben estar vigilantes, y también las personas que participan deben hacerlo con ética y responsabilidad por lo justo”, expresó Morales Silva.

La elección extraordinaria de jueces y magistrados es un proceso clave para el sistema judicial del estado, por lo que se espera que se realice bajo estrictos estándares de transparencia e imparcialidad.

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Opinión

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