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#LaOtraCárcel | SLP no garantiza la reinserción social de las mujeres
El modelo de reinserción social en San Luis Potosí no se ha implementado con perspectiva de género; parte de las mujeres trabajan en el sector informal o no encuentran trabajo
Por redacción
Un estudio realizado por la asociación civil Nueva Luna ha revelado algunas deficiencias en el Modelo de Reinserción Social para la población femenil privada de la libertad en San Luis Potosí.
El documento, realizado en 2018, reúne datos que exhiben las condiciones en que las mujeres se desarrollan en el interior de los 6 penales que actualmente operan en San Luis Potosí, así como el proceso que atraviesan para reinsertarse en la sociedad, una vez cumplida su pena.
En relación con las condiciones socioeconómicas de las mujeres estudiadas, el estudio arrojó que el 80 por ciento de ellas son jefas de familia, incluso en condiciones de reclusión, lo que, indican, evidencia que es “una prioridad considerar el nivel de la remuneración de las Mujeres”, tanto mientras se encuentran recluidas, como cuando son liberadas.
La vivienda también se ubica como una brecha para las mujeres encarceladas en San Luis Potosí, pues solo el 15% de ellas habita una vivienda propia, mientras que el 80% renta una u ocupa un inmueble prestado.
Trabajo, necesario tanto en reclusión como al recuperar la libertad
Las condiciones laborales de las mujeres privadas de su libertad resultan relevantes, tanto mientras se encuentran recluidas en los 6 centros ubicados entre San Luis Potosí, Tamazunchale, Ciudad Valles, Tancanhuitz, Matehuala y Rioverde, como cuando recuperan la libertad.
Entre la estadística que arrojó el estudio, se encuentra que el 55% de las Mujeres en proceso de reinserción están trabajando en el sector formal pero casi la mitad de ellas, en consecuencia, labora en el sector informal.
“Los ingresos de estas mujeres oscilan desde $900.00 (Novecientos pesos 00/MN) hasta $7,000.00 (Siete Mil pesos 00/MN); sin embargo, (…) el pico de la curva marca la cantidad de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/M.N.) al mes como el ingreso con mayor frecuencia”.
Más aún, apunta el documento, “el 65% de las Mujeres encuestadas mencionó que una de las principales razones por las que se les dificulta encontrar empleo, es debido a los antecedentes penales”, por lo que “resultaría importante trabajar en iniciativas respecto a este tema, como la sensibilización a familiares y la sociedad en general, así como la reestructuración legislativa para que se permita la reducción el estigma que se les coloca a las Mujeres que han sido privadas de su libertad, y se les permita acceder a sus derechos laborales indistintamente de la situación jurídica por la que hayan pasado”.
Al interior del penal, la situación no es mejor; pues el análisis realizado por el equipo de activistas arrojó que existen penales, como los ubicados en la zona Huasteca o en el Altiplano, donde las mujeres no perciben, mientras están internas, ninguna clase de ingreso; mientras que el ingreso semanal más elevado, reportado en el Penal de La Pila, es de 700 pesos semanales; sin embargo, solo una mujer reportó percibir esa cantidad.
En entrevista para La Orquesta, Marcela García, titular de Nueva Luna AC, explicó que dentro de las cárceles se vive una vida social a escala donde “la que no trabaja es pobre, y tienen que prestar servicios para sobrevivir volviéndose servidumbre, y sufren por crisis psicológicas 
Durante su estancia en prisión, las mujeres deberían recibir las herramientas para que, al recuperar la libertad, se desempeñen en actividades que les permitan acceder a una vida digna, además de impedir su reincidencia en actividades delictivas.
En los 6 penales de San Luis Potosí, las mujeres reciben capacitaciones en materia de primeros auxilios, estilismo, computación, mecánica automotriz, cocina, costura e inglés; sin embargo, “el 35% percibieron que no les han sido útiles las capacitaciones; únicamente un 30% refirió que fueron buenas y otro 30% que fueron medianamente buenas”.
La situación se agrava al conocer que el nivel secundaria es el promedio de formación educativa al que han accedido las mujeres privadas de su libertad en San Luis Potosí, mientras que, el máximo porcentaje de mujeres con formación profesional es el 10% y se ubica en la zona Huasteca; incluso, hay zonas como el Altiplano o la Media, donde ninguna mujer en reclusión tuvo acceso a estudios universitarios.
Reinserción social con perspectiva de género, necesaria en SLP
La Consulta para el diseño de un nuevo modelo de reinserción social para las mujeres en el estado de San Luis Potosí, como se denominó el estudio financiado por la organización Rise Up México, también desembocó en una serie de recomendaciones para las autoridades estatales.
Luego de identificar que el 70% de la población femenina en reclusión tiene entre 20 y 39 años, recomendaron “generar acciones educativas y de profesionalización para mejorar las habilidades y asegurar la inserción laboral; Generar programas y proyectos que potencien la autonomía y el autoempleo; o Adaptar y mejorar los espacios penitenciarios destinados a Mujeres, que contemplen elementos como el deporte, la recreación, la educación y el trabajo”.
También apuntaron, hacia el final del estudio, la necesidad de que el gobierno en San Luis Potosí reconozca “la carencia de perspectiva de género en el Modelo de reinserción actual, ya que, de estar integrada a la realidad de estas Mujeres, se dignificaría su estancia y con ello se impactaría en su calidad de vida”.
Los tres principales delitos que mencionaron como la causa de encontrarse privadas de la libertad, fueron homicidio, secuestro y delitos contra salud y el estatus jurídico de la mayoría es como “procesada”(54%) mientras que un gran número se encuentra “sentenciada”(37%).
Dentro de los centros visitados en la geografía de nuestro Estado, refleja una desatención que las autoridades penitenciarias han dado a los espacios físicos ocupados por ellas, ya que normalmente están ocupando espacios planeados para la población penitenciaria masculina.
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La movilización partirá de la Alameda Juan Sarabia y recorrerá el Centro Histórico para exigir justicia, visibilizar casos de violencia y recordar a las víctimas de feminicidio
Por: Ana G Silva
Este domingo 8 de marzo se llevará a cabo en San Luis Potosí la marcha conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer, cuyo recorrido atravesará el primer cuadro de la ciudad para visibilizar la exigencia de justicia, seguridad y respeto a los derechos de las mujeres.
La movilización iniciará a las 16:00 horas en la Alameda Juan Sarabia, frente a la iglesia de San José, y será encabezada por familiares de víctimas de feminicidio.
El contingente avanzará por la calle Chicosein, detrás del Museo del Ferrocarril Jesús García Corona, donde se realizará una primera parada simbólica en memoria de Odalis Hipólito, joven localizada sin vida en ese sitio años atrás. Aunque el caso fue cerrado como suicidio, su familia continúa exigiendo la reapertura de la investigación y que sea tipificado como feminicidio.
Posteriormente, la marcha se integrará a la avenida 20 de Noviembre, donde se sumará el colectivo Mujeres con Discapacidad, para continuar por la calle Reforma y después incorporarse al Eje Vial.
Uno de los puntos centrales del recorrido será la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, donde integrantes de colectivos, especialmente el Colectivo de Madres, expondrán públicamente casos de violencia y omisiones institucionales que han enfrentado.
El contingente continuará por la calle Los Bravo hasta llegar a Plaza de Armas, pasando a un costado de la Catedral Metropolitana de San Luis Potosí, el Congreso del Estado y Palacio de Gobierno.
La movilización concluirá en la Plaza de los Fundadores, frente al Edificio Central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde se realizarán pronunciamientos finales.
Las organizadoras informaron que durante el recorrido habrá módulos de primeros auxilios médicos y psicológicos para brindar atención a las asistentes.
Asimismo, recomendaron a quienes participen acudir con ropa cómoda, calzado adecuado, hidratación suficiente y tomar rutas alternas ante los cierres viales previstos en el Centro Histórico.
La marcha se realiza bajo la consigna de exigir que no sea retirada la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), al considerar que las condiciones de violencia aún persisten.
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Tras los hechos registrados en Jalisco, el Gobierno estatal aseguró que el estado se mantiene “blindado” y sin presencia activa del CJNG
Por: Redacción
Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, afirmó que la ausencia de hechos violentos en la entidad tras la detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes responde al fortalecimiento de la estrategia de seguridad implementada en coordinación con autoridades federales.
El funcionario estatal señaló que, derivado de operativos permanentes contra la delincuencia organizada, se ha logrado debilitar e incluso erradicar la presencia de células del Cártel Jalisco Nueva Generación en territorio potosino.
“Este grupo criminal está relacionado con los hechos ocurridos en Jalisco; sin embargo, en San Luis Potosí prácticamente está desaparecido. Esto ha sido resultado del combate frontal y permanente que el estado y la federación han mantenido”, expresó.
Torres Sánchez indicó que, pese al escenario actual, las autoridades mantienen vigilancia preventiva ante posibles reacomodos entre grupos delictivos tras la muerte del líder criminal, con el objetivo de evitar bloqueos carreteros o actos violentos.
Asimismo, aseguró que el estado se encuentra “blindado” para impedir el llamado efecto cucaracha, es decir, el desplazamiento de delincuentes provenientes de otras entidades que intenten refugiarse en San Luis Potosí ante operativos de seguridad.
El secretario general precisó que estos operativos no responden a medidas emergentes, sino que forman parte de una estrategia permanente de control territorial para supervisar el ingreso y salida de personas en la entidad y preservar las condiciones de seguridad.
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Juárez Hernández afirmó que no se tolerarán abusos ni vínculos con el crimen organizado, incluso si los implicados forman parte de las fuerzas de seguridad
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad confirmó que hay investigaciones abiertas contra elementos por presuntos abusos en Salinas y por la detención de tres policías relacionados con un grupo armado en Tanquián, casos que —aseguró la autoridad— demuestran que no se tolerarán conductas fuera de la ley dentro de la corporación.
La corporación estatal abrió una investigación interna por la presunta actuación arbitraria de seis elementos que habrían ingresado a un restaurante en el municipio de Salinas, tras la denuncia del propietario, quien consideró irregular el operativo. El titular de Seguridad, Jesús Juárez Hernández, informó que mandos operativos acudieron al lugar para recabar información y solicitar apoyo del ayuntamiento para identificar a los agentes involucrados.
El funcionario explicó que se revisaron cámaras de vigilancia y se solicitó material adicional para ubicar la patrulla y al personal participante, aunque hasta ahora no se ha logrado su plena identificación. Señaló que ya existe una carpeta abierta y pidió a los afectados presentar denuncia formal para avanzar en el proceso y aplicar sanciones. Mientras tanto, los elementos continúan en funciones al no estar plenamente identificados.
En un segundo caso, la dependencia confirmó la detención de seis personas armadas en Tanquián, entre ellas tres policías estatales que presuntamente mantenían vínculos con un grupo delictivo
Juárez Hernández detalló que el operativo fue coordinado por mandos regionales con apoyo de un grupo táctico desplegado en Ciudad Valles, lo que permitió ubicar a los sospechosos y asegurar armas de uso federal. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que atrajo el caso por la naturaleza de los delitos y el armamento asegurado; actualmente se encuentran en un centro penitenciario.
El secretario subrayó que la detención de los propios elementos es un mensaje claro tanto al interior de la corporación como a la ciudadanía: no se tolerarán abusos ni vínculos con el crimen organizado, incluso si los implicados forman parte de las fuerzas de seguridad. Añadió que las investigaciones continuarán para determinar responsabilidades y reforzar los mecanismos de control interno.
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