La CEDH podría solicitar informes al penal de La Pila en caso de que Traktolamp atente contra los derechos humanos de las internas

Por: Ana Dora

Susana Zavala Flores, tercera visitadora de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en San Luis Potosí, informó que esa institución atiende la queja presentada por una mujer interna en el Centro Estatal de Reinserción Social La Pila (Cereso), quien manifestó sufrir un “presunto hostigamiento, derivado de la interposición de un juicio laboral” contra la empresa Traktolamp.

La abogada relató que “la queja fue presentada a través de su abogado defensor” y que en el escrito, la afectada informó a la CEDH que “ya no prestaba servicios laborales para esta empresa”; además de que relató un presunto “abuso que se asemeja a explotación laboral”, puesto que “la jornada era de 8 horas con un ingreso muy precario y sin prestaciones de seguridad”.

Puntualizó que la CEDH emitió medidas precautorias para ser cumplidas por las autoridades del Centro Penitenciario “con la finalidad de que cesara todo acto que violentara sus derechos humanos” y aseguró que estas medidas fueron aceptadas por la autoridad responsable, por lo que, desde entonces, la quejosa “no ha manifestado más hostigamiento o trato indigno” lo que consta en actas levantadas en entrevistas con ella.

La visitadora también indicó que con documentos del representante legal y la autoridad penitenciaria, se negó la existencia de una relación laboral con la quejosa y que por el contrario, informó Traktolamp, se trata de “un programa de capacitación para el trabajo en donde están consideradas todas las mujeres internas y que por ende no se les considera trabajadoras formalmente

Pese a ello, Zavala Flores refirió que la Ley Nacional de Ejecución Penal publicada en el año 2017, apuntala que se mejore la situación de las personas internadas en los centros de penitenciarios, por lo que “la CEDH está convencida en que se debe transitar en el tema para mejorar las condiciones de vida de los internos”, tal y como lo plantea el abogado defensor de la quejosa.

La abogada acotó que el Estado es responsable de vigilar la legalidad y garantizar los derechos humanos de todas las personas que están recluidas, por lo que el viernes pasado se sostuvo una reunión con las autoridades, representantes de la empresa, la quejosa y su defensor, donde “las autoridades se comprometieron categóricamente a entregar el dinero a las internas”, en referencia a un recurso que se reclama, proveniente de un fondo de ahorro que se les retira de sus percepciones salariales.

Susana Zavala adelantó que en el supuesto de que la autoridad no cumpliera “se intervendría de manera inmediata con medidas precautorias para todas las mujeres, solicitando rindan informes para garantizar el cumplimiento a la brevedad”.

Además, señaló que es posible una nueva queja contra la misma autoridad, “tenemos las facultades de iniciarla por oficio”, para velar por los derechos de la población varonil que posiblemente estén en la misma situación.

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