enero 27, 2026

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“La pacificación de los tumultos”: la temporada con más condenas de muerte en SLP

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Estos disturbios son uno de los primeros levantamientos sociales registrados en el estado y tuvieron como protagonistas a las acciones sanguinarias de José de Gálvez

Por: Ana G Silva

A propósito de la iniciativa de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del estado, que propone la pena de muerte en contra de feminicidas, La Orquesta consultó con León García Lam, doctor en antropología por el Colegio de San Luis, para conocer su opinión sobre este tema, además de recordar uno de los antecedentes de este tipo de castigo donde se llevó a cabo una de las condenas capitales más significativas de San Luis Potosí, que fue “La pacificación de los tumultos” en el siglo XVIII.

La historia de Los Tumultos fue uno de los primeros levantamientos sociales que se verificaron en la alcaldía de San Luis Potosí; iniciaron el 10 de mayo de 1767 cuando un bando de mineros en el Cerro de San Pedro reaccionaron ante el régimen de las Reformas Borbónicas, que tenía el objetivo de expulsar a los jesuitas, el cobro de nuevos impuestos, la monopolización del tabaco y dejaba de reconocerles sus facultades y privilegios de mineros otorgados por las ordenanzas de minería.

A los mineros de Cerro de San Pedro se les unieron los habitantes de San Nicolás del Armadillo, rancheros de la Soledad, Concepción y otros. Aunque no se puede hablar de que Los Tumultos fueron un hecho aislado de San Luis Potosí, ya que estos también ocurrieron en otras partes del país.

La revuelta se extendió por gran parte de la región, hasta que fue sofocada por José de Gálvez, político español, que en 1765 fue enviado por la corona como visitador la Nueva España, aplicando severos castigos a los cabecillas de los conflictos, en los que destacó la pena de muerte.

Gálvez tuvo que dirigir una expedición militar el 24 de julio de 1967 hacia San Luis Potosí para restablecer la autoridad, por lo que realizó numerosas detenciones y juicios, las cuales él mismo detalló en informes que envió a diferentes personajes institucionales, especialmente al entonces virrey Carlos Francisco de Croix, donde narró los sucesos acontecidos en ese año para contener las revueltas hasta extinguirlas en tan solo unos meses.

Durante la represión de estos integrantes de la clase criolla en San Luis Potosí y como primer objetivo, Gálvez publicó bandos y circulares en los que se refrendaron las prohibiciones

, agregando “severas amenazas secundadas del ejemplar castigo de los rebeldes para que se consiga restituir a este país la obediencia y la justicia”.

De acuerdo con la tesis “Litigios y tumultos. Cultura política en Cerro de San Pedro y los ranchos de Soledad, 1760-1767” del Colegio de San Luis, cuando Gálvez llegó a San Luis Potosí ya había 257 reos capturados. Durante el mes de agosto se realizaron algunas detenciones más. A los llamados “cabecillas” se les dictó pena de muerte y las ejecuciones consistieron en ahorcarlos y decapitarlos ya muertos para exhibir sus cabezas “hasta que el tiempo las consuma” sobre picos en los terrenos de sus propias casas; las familias de estos fueron condenadas al destierro. En la Plaza Mayor de la ciudad (Plaza de Arma) en la iglesia parroquial (hoy Catedral) fueron ejecutados rebeldes del país; mientras que otros fueron condenados a diversas torturas como azotes y “garrote”, así como a mutilaciones.

Para el mes de octubre se llevaron a cabo las últimas ejecuciones y José de Gálvez, indicó que devolvió “la calma y la paz” a la “acongojada” ciudad.

León García Lam dijo que este ha sido el antecedente más brutal que se tiene de condenas de muerte en San Luis Potosí: “Hecho que dejó hondas cicatrices en la conciencia histórica del estado”.

Al cuestionar al antropólogo sobre si considera que proponer la pena de muerte sería un retroceso a los derechos humanos, respondió que al tratarse de los valores modernos y contemporáneos sí, pues en la idea del tiempo y de la progresividad “esto significa que reconocemos que hay un proceso que va desde la aplicación de penas corporales a procesos menos violentos”.

Finalmente, García Lam detalló que se debe entender que muchas sociedades ejercen estos castigos, pero no hay que olvidar que cada sistema normativo debe ser comprendido en sí mismo y “no se trata del mismo fenómeno, aunque el resultado parezca similar”.

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Centro Histórico no es un foco rojo de la capital: SSPCE

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Jesús Juárez Hernández aseguró que el Centro es en donde más fuerzas policiacas hay, pero que deben incrementar la atención en ciertos puntos y horarios

Por: Redacción

Tras el incidente donde un joven fue golpeado a las afueras de un antro del Centro Histórico, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), señaló que esta zona no representa un “foco rojo” para la capital potosina.

El secretario reconoció que este no es el primer caso que tienen en el Centro, pero recalcó que es el punto de la ciudad en donde se tiene una mayor presencia de la Guardia Civil y la Policía Municipal. 

Hernández aseguró que más allá de aumentar el número de elementos, lo que se tiene que hacer es poner un énfasis especial en algunos lugares en específico, así como incrementar la atención en ciertos horarios.

Finalmente, el funcionario pidió a las fuerzas de seguridad ubicadas en el Centro Histórico que no se relajen, pues muchas veces se piensa que estos incidentes solo ocurren en la periferia, cuando también pueden suceder en esta zona.

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Estancada inversión nacional en SLP: Rosas Montiel

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El diputado señaló que, aunque hay inversión extranjera, los empresarios mexicanos no están invirtiendo de forma generalizada

Por: Redacción

Emilio Rosas Montiel, diputado local por Morena, advirtió que la inversión nacional en México, y particularmente en San Luis Potosí, se encuentra prácticamente estancada, al señalar que los empresarios mexicanos no están invirtiendo, pese a los esfuerzos por generar condiciones favorables para el desarrollo económico.

Durante su posicionamiento, el legislador reconoció que, si bien existe inversión extranjera directa —dato que calificó como relevante—, la inversión nacional no presenta el mismo dinamismo. No obstante, hizo un paréntesis para destacar que empresarios potosinos sí están apostando por el estado, mencionando a empresas sólidas como Grupo Valoran y Grupo Acerero, entre otras, que continúan invirtiendo.

Rosas Montiel explicó que el contexto económico actual es complejo y que se requieren estímulos y condiciones adecuadas para incentivar la inversión, especialmente ante escenarios internacionales adversos, como el comportamiento del presidente estadounidense Donald Trump, lo cual impacta el ánimo de los inversionistas y la generación de empleos.

El diputado señaló que actualmente existen 14 polos de desarrollo que ya se encuentran en vías de consolidación a nivel nacional, y expresó el interés de que San Luis Potosí cuente también con uno de estos polos, como parte de una estrategia para fortalecer el crecimiento económico del estado.

Asimismo, destacó la incorporación de los conceptos de economía regenerativa y economía circular dentro de la Ley de Desarrollo Económico, subrayando que esta visión está alineada con los criterios impulsados a nivel federal por la presidenta Claudia Sheinbaum

, especialmente en materia de sostenibilidad y aprovechamiento de recursos.

Detalló que este enfoque contempla exenciones fiscales importantes, como la exención del 100 por ciento en activos fijos para maquinaria destinada a este tipo de negocios, la asignación de tierra y exenciones del 25 por ciento para innovación, tecnología y capacitaciones, lo que representa un incentivo directo para nuevas inversiones.

El legislador explicó que la economía regenerativa y circular busca atender problemáticas como el manejo de residuos, el aprovechamiento de energías limpias y renovables, así como el impulso al turismo ecológico, planteando estas áreas como oportunidades de negocio desde una perspectiva económica.

Finalmente, informó que también se aprobó la abrogación de la Ley de Mejora Regulatoria, al señalar que uno de los principales logros de la administración federal ha sido la aprobación de la Ley de Eliminación de Trámites Burocráticos, ante la existencia de más de siete mil trámites en todo el país, entre niveles municipal, estatal y federal, con el objetivo de avanzar hacia un sistema único y digitalizado.

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Gallardo advierte consecuencias a alcaldes que no aumenten sueldo a policías

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El gobernador dijo que febrero es el mes límite para que los municipios cumplan con el salario mínimo de 15 mil pesos a sus elementos

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, advirtió que los municipios que no incrementen el salario de sus policías y mantengan a elementos sin certificación incurrirán en responsabilidades legales, luego de reconocer que hasta el momento varios ayuntamientos no han respondido al llamado para mejorar las condiciones laborales de sus corporaciones municipales.

Gallardo Cardona señaló que existe una grave omisión por parte de algunos alcaldes, quienes se han negado a aplicar aumentos salariales a sus policías, a pesar de contar con recursos federales del Ramo 33, destinados precisamente al fortalecimiento de la seguridad pública.

El mandatario reveló que el 80 por ciento de los policías municipales en el estado no cuenta con su examen de control y confianza, situación que calificó como alarmante, ya que —subrayó— ningún elemento debería portar un arma ni ejercer funciones policiales sin estar debidamente certificado.

En este contexto, desmintió que el Centro de Evaluación (C4) esté limitando el acceso a los exámenes, al asegurar que las instalaciones se encuentran abiertas todos los días y que actualmente solo hay 25 elementos programados

, una cifra que podría evaluarse en una sola jornada.

“Los exámenes no son caros ni simples. Incluyen evaluaciones médicas, clínicas y de laboratorio para detectar consumo de drogas o vínculos con la delincuencia. No es solo preguntar si se portan bien o mal”, puntualizó.

Como ejemplo de la precariedad en algunos municipios, el gobernador mencionó el caso de Tancanhuitz, que cuenta únicamente con 20 policías municipales, una cifra insuficiente para garantizar la seguridad de la población.

Gallardo Cardona recordó que ya se impulsó una iniciativa de ley para obligar a los municipios a cumplir con el salario mínimo establecido para policías, que es de 15 mil pesos, y advirtió que febrero es el último plazo para hacerlo.

“Quien no cumpla va a enfrentar consecuencias. No se puede tener a un policía muriéndose de hambre, porque eso los empuja a la delincuencia. Eso no puede suceder en San Luis Potosí”, sentenció.

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