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“La pacificación de los tumultos”: la temporada con más condenas de muerte en SLP

Estos disturbios son uno de los primeros levantamientos sociales registrados en el estado y tuvieron como protagonistas a las acciones sanguinarias de José de Gálvez
Por: Ana G Silva
A propósito de la iniciativa de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del estado, que propone la pena de muerte en contra de feminicidas, La Orquesta consultó con León García Lam, doctor en antropología por el Colegio de San Luis, para conocer su opinión sobre este tema, además de recordar uno de los antecedentes de este tipo de castigo donde se llevó a cabo una de las condenas capitales más significativas de San Luis Potosí, que fue “La pacificación de los tumultos” en el siglo XVIII.
La historia de Los Tumultos fue uno de los primeros levantamientos sociales que se verificaron en la alcaldía de San Luis Potosí; iniciaron el 10 de mayo de 1767 cuando un bando de mineros en el Cerro de San Pedro reaccionaron ante el régimen de las Reformas Borbónicas, que tenía el objetivo de expulsar a los jesuitas, el cobro de nuevos impuestos, la monopolización del tabaco y dejaba de reconocerles sus facultades y privilegios de mineros otorgados por las ordenanzas de minería.
A los mineros de Cerro de San Pedro se les unieron los habitantes de San Nicolás del Armadillo, rancheros de la Soledad, Concepción y otros. Aunque no se puede hablar de que Los Tumultos fueron un hecho aislado de San Luis Potosí, ya que estos también ocurrieron en otras partes del país.
La revuelta se extendió por gran parte de la región, hasta que fue sofocada por José de Gálvez, político español, que en 1765 fue enviado por la corona como visitador la Nueva España, aplicando severos castigos a los cabecillas de los conflictos, en los que destacó la pena de muerte.
Gálvez tuvo que dirigir una expedición militar el 24 de julio de 1967 hacia San Luis Potosí para restablecer la autoridad, por lo que realizó numerosas detenciones y juicios, las cuales él mismo detalló en informes que envió a diferentes personajes institucionales, especialmente al entonces virrey Carlos Francisco de Croix, donde narró los sucesos acontecidos en ese año para contener las revueltas hasta extinguirlas en tan solo unos meses.
Durante la represión de estos integrantes de la clase criolla en San Luis Potosí y como primer objetivo, Gálvez publicó bandos y circulares en los que se refrendaron las prohibiciones , agregando “severas amenazas secundadas del ejemplar castigo de los rebeldes para que se consiga restituir a este país la obediencia y la justicia”.
De acuerdo con la tesis “Litigios y tumultos. Cultura política en Cerro de San Pedro y los ranchos de Soledad, 1760-1767” del Colegio de San Luis, cuando Gálvez llegó a San Luis Potosí ya había 257 reos capturados. Durante el mes de agosto se realizaron algunas detenciones más. A los llamados “cabecillas” se les dictó pena de muerte y las ejecuciones consistieron en ahorcarlos y decapitarlos ya muertos para exhibir sus cabezas “hasta que el tiempo las consuma” sobre picos en los terrenos de sus propias casas; las familias de estos fueron condenadas al destierro. En la Plaza Mayor de la ciudad (Plaza de Arma) en la iglesia parroquial (hoy Catedral) fueron ejecutados rebeldes del país; mientras que otros fueron condenados a diversas torturas como azotes y “garrote”, así como a mutilaciones.
Para el mes de octubre se llevaron a cabo las últimas ejecuciones y José de Gálvez, indicó que devolvió “la calma y la paz” a la “acongojada” ciudad.
León García Lam dijo que este ha sido el antecedente más brutal que se tiene de condenas de muerte en San Luis Potosí: “Hecho que dejó hondas cicatrices en la conciencia histórica del estado”.
Al cuestionar al antropólogo sobre si considera que proponer la pena de muerte sería un retroceso a los derechos humanos, respondió que al tratarse de los valores modernos y contemporáneos sí, pues en la idea del tiempo y de la progresividad “esto significa que reconocemos que hay un proceso que va desde la aplicación de penas corporales a procesos menos violentos”.
Finalmente, García Lam detalló que se debe entender que muchas sociedades ejercen estos castigos, pero no hay que olvidar que cada sistema normativo debe ser comprendido en sí mismo y “no se trata del mismo fenómeno, aunque el resultado parezca similar”.
También lee: La historia de la pena de muerte en SLP. ¿Cuándo fue la última ejecución?
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Proyecto busca tumbar a Ruiz Contreras, pero sigue firme hasta decisión de Sala Superior.
Circula en redes una versión imprecisa respecto al proceso judicial de las impugnaciones en contra de José Luis Contreras, y es que se filtró un proyecto de sentencia de un ponente miembro de la sala superior, que sesionará de forma definitiva al respecto hasta el 10 de septiembre.
Circula en redes una versión imprecisa respecto al proceso judicial de las impugnaciones en contra de José Luis Contreras, y es que se filtró un proyecto de sentencia de un ponente miembro de la sala superior, que sesionará de forma definitiva al respecto hasta el 10 de septiembre.
José Luis Ruiz Contreras continúa en calidad de magistrado electo del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí, pese a que circula un proyecto de sentencia que propone revocar su nombramiento. Dicho documento, elaborado por un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aún no es una resolución definitiva, pues deberá discutirse y votarse en sesión de la Sala Superior el próximo 10 de septiembre.
El proyecto argumenta que Ruiz Contreras no cumplió con el requisito constitucional de haberse separado un año antes de su encargo como fiscal general del estado. Señala que presentó su renuncia en mayo de 2024, mientras que la convocatoria para magistraturas se publicó en enero de 2025, lo que lo colocaría en condición de inelegibilidad.
En contra parte, su defensa solicita a los magistrados ser más exhaustivos en el estudio del caso, teniendo como base que, si solicitó licencia de su cargo en el poder judicial para desempeñarse como fiscal, es porque tiene carrera judicial y por lo tanto, como lo marca la convocatoria, acceso al “pase directo” para haber sido postulado y votado.
De aprobarse el criterio del proyecto, la sentencia ordenaría al Congreso del Estado designar a otra persona en su lugar. Sin embargo, si el pleno de la Sala Superior rechaza el proyecto, su nombramiento quedará plenamente ratificado.
El documento surge a raíz de impugnaciones presentadas por otros aspirantes a magistraturas, inconformes con el proceso legislativo de selección. No obstante, el proyecto únicamente cuestiona la designación de Ruiz Contreras, y valida la legalidad de los demás nombramientos realizados por el Congreso local.
Hasta que la Sala Superior del TEPJF no se pronuncie en uno u otro sentido, José Luis Ruiz Contreras permanece en calidad de magistrado electo.
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Negligencia médica deja a niño de 6 años postrado en el IMSS de Zapata
Personal médico le aplicó un medicamento al que era alérgico; convulsionó siete veces y cayó en paro cardíaco
Por: Ana G Silva
Joaquín Ezequiel, un niño de apenas 6 años, enfrenta las secuelas de una presunta negligencia médica en el Hospital IMSS de Zapata. El menor ingresó el 12 de mayo de 2025 por neumonía, pero el 16 de mayo, el personal médico le administró ampicilina a pesar de que su madre había advertido que era alérgico.
Esto provocó que Joaquín convulsionara siete veces, y el personal de enfermería no aplicó los medicamentos indicados ni notificó al médico responsable, lo que derivó en un paro cardíaco. Fue únicamente la intervención de una pediatra quien logró estabilizarlo.
Actualmente, Joaquín permanece postrado en cama, con traqueostomía y gastrostomía, sin poder hablar ni sostener su cabeza. Requiere oxígeno permanente y terapias intensivas para recuperar la movilidad de sus extremidades. Según la madre, “es consciente de lo que sucede, pero no puede moverse ni hablar; es devastador verlo así”.
Además de la gravedad médica, la familia enfrenta la indiferencia y burla del personal que causó el daño. Tras presentar su queja, las enfermeras responsables —identificadas como Lourdes “N” y Concepción “N”— reaccionaron con comentarios sarcásticos y hostiles hacia la madre, lo que la llevó a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
La situación económica de la familia también es crítica. Fabiola Hernández, madre de Joaquín, perdió su empleo tras solicitar incapacidades médicas, y su esposo no trabaja. Los tres hijos de la pareja dependen de ella, y actualmente no tienen recursos ni para útiles escolares ni uniformes, mucho menos para cubrir las necesidades médicas de Joaquín.
Para poder darle de alta y continuar con sus terapias, la familia solicita apoyo urgente para adquirir un tanque portátil de oxígeno, cuyo costo es de aproximadamente 4 mil pesos.
Datos para donaciones:
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Nombre: Fabiola Hernández
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Banco: BBVA
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Cuenta: 4152 3141 7994 9022
La familia pide a la ciudadanía apoyo para garantizar la atención mínima que su hijo necesita mientras continúa el proceso legal por la presunta negligencia médica, que podría tener consecuencias de por vida en la salud de Joaquín.
También lee: Hallan feto en baño de la Clínica 2 del IMSS en SLP
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Valeo “simula” resolución; quiere negar el pago de utilidades 2016
El comité de extrabajadores señaló que administrativos de la empresa presentó supuestas resoluciones finales, cuando en realidad fueron acuses de recibo
Por: Redacción
El Comité de Extrabajadores de Valeo en San Luis Potosí, quienes esperan el pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) desde 2016, señalaron un intento de simulación, manipulación y engaño por parte de la empresa y su firma de abogados, tras aparentar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) había emitido las resoluciones finales, cuando en realidad se trataba de acuses de recibo.
Según el propio comité, dio a conocer que los abogados de Valeo habrían presentado la resolución final del recurso de revocación relativo a la PTU 2016. A través de diferentes oficios, el equipo legal de la empresa señaló que lo único pendiente era un “cierre oficial” del recurso de revocación. Además, que la declaración complementaria ya reflejaba los montos definitivos, tal y como se habían ingresado al sistema del SAT, y que ello debía entenderse como el cumplimiento de la resolución.
No obstante, de acuerdo a documentos en poder de este medio de comunicación, ninguno de los documentos presentados correspondería a la resolución del recurso de revocación del 30 de junio de 2025. Mientras que en otros casos, como el de la declaración complementaria, no implica aceptación ni conclusión del recurso.
Además que otro de los oficios es un acto accesorio de recaudación (reducción de multas y recargos), que se deriva de la autocorrección de Valeo, pero no resuelve el fondo del asunto ni el reparto adicional de PTU 2016.
Para las y los ex trabajadores de Valeo, estos documentos entregados no constituyen la resolución definitiva del recurso de revocación, sino únicamente actos accesorios de recaudación y acuses de recibo, que no responden al reparto adicional de PTU que se les debe por lo laborado durante 2016.
El comité reiteró que continuarán su lucha por los cauces legales y sociales hasta que se reponga el pago de lo concerniente. Además que las medidas del colectivo se endurecerán como respuesta a este acto de opacidad y falta de respeto a la dignidad de los trabajadores y extrabajadores.
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