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“La pacificación de los tumultos”: la temporada con más condenas de muerte en SLP
Estos disturbios son uno de los primeros levantamientos sociales registrados en el estado y tuvieron como protagonistas a las acciones sanguinarias de José de Gálvez
Por: Ana G Silva
A propósito de la iniciativa de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del estado, que propone la pena de muerte en contra de feminicidas, La Orquesta consultó con León García Lam, doctor en antropología por el Colegio de San Luis, para conocer su opinión sobre este tema, además de recordar uno de los antecedentes de este tipo de castigo donde se llevó a cabo una de las condenas capitales más significativas de San Luis Potosí, que fue “La pacificación de los tumultos” en el siglo XVIII.
La historia de Los Tumultos fue uno de los primeros levantamientos sociales que se verificaron en la alcaldía de San Luis Potosí; iniciaron el 10 de mayo de 1767 cuando un bando de mineros en el Cerro de San Pedro reaccionaron ante el régimen de las Reformas Borbónicas, que tenía el objetivo de expulsar a los jesuitas, el cobro de nuevos impuestos, la monopolización del tabaco y dejaba de reconocerles sus facultades y privilegios de mineros otorgados por las ordenanzas de minería.
A los mineros de Cerro de San Pedro se les unieron los habitantes de San Nicolás del Armadillo, rancheros de la Soledad, Concepción y otros. Aunque no se puede hablar de que Los Tumultos fueron un hecho aislado de San Luis Potosí, ya que estos también ocurrieron en otras partes del país.
La revuelta se extendió por gran parte de la región, hasta que fue sofocada por José de Gálvez, político español, que en 1765 fue enviado por la corona como visitador la Nueva España, aplicando severos castigos a los cabecillas de los conflictos, en los que destacó la pena de muerte.
Gálvez tuvo que dirigir una expedición militar el 24 de julio de 1967 hacia San Luis Potosí para restablecer la autoridad, por lo que realizó numerosas detenciones y juicios, las cuales él mismo detalló en informes que envió a diferentes personajes institucionales, especialmente al entonces virrey Carlos Francisco de Croix, donde narró los sucesos acontecidos en ese año para contener las revueltas hasta extinguirlas en tan solo unos meses.
Durante la represión de estos integrantes de la clase criolla en San Luis Potosí y como primer objetivo, Gálvez publicó bandos y circulares en los que se refrendaron las prohibiciones , agregando “severas amenazas secundadas del ejemplar castigo de los rebeldes para que se consiga restituir a este país la obediencia y la justicia”.
De acuerdo con la tesis “Litigios y tumultos. Cultura política en Cerro de San Pedro y los ranchos de Soledad, 1760-1767” del Colegio de San Luis, cuando Gálvez llegó a San Luis Potosí ya había 257 reos capturados. Durante el mes de agosto se realizaron algunas detenciones más. A los llamados “cabecillas” se les dictó pena de muerte y las ejecuciones consistieron en ahorcarlos y decapitarlos ya muertos para exhibir sus cabezas “hasta que el tiempo las consuma” sobre picos en los terrenos de sus propias casas; las familias de estos fueron condenadas al destierro. En la Plaza Mayor de la ciudad (Plaza de Arma) en la iglesia parroquial (hoy Catedral) fueron ejecutados rebeldes del país; mientras que otros fueron condenados a diversas torturas como azotes y “garrote”, así como a mutilaciones.
Para el mes de octubre se llevaron a cabo las últimas ejecuciones y José de Gálvez, indicó que devolvió “la calma y la paz” a la “acongojada” ciudad.
León García Lam dijo que este ha sido el antecedente más brutal que se tiene de condenas de muerte en San Luis Potosí: “Hecho que dejó hondas cicatrices en la conciencia histórica del estado”.
Al cuestionar al antropólogo sobre si considera que proponer la pena de muerte sería un retroceso a los derechos humanos, respondió que al tratarse de los valores modernos y contemporáneos sí, pues en la idea del tiempo y de la progresividad “esto significa que reconocemos que hay un proceso que va desde la aplicación de penas corporales a procesos menos violentos”.
Finalmente, García Lam detalló que se debe entender que muchas sociedades ejercen estos castigos, pero no hay que olvidar que cada sistema normativo debe ser comprendido en sí mismo y “no se trata del mismo fenómeno, aunque el resultado parezca similar”.
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Ciudad
Incendios aumentan hasta un 30% en diciembre: Bomberos
Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina
Por: Cristian Betancourt
Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.
Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia
y aumento de incendio en pastizales.Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.
Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.
Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.
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Acusan que imputados simulan tortura para justificar delitos
La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas
Por: Redacción
La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.
La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.
“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.
La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar , lo que impide que la parte acusadora simplemente se desista.
La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.
“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.
García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”
El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.
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SCT endurece regulación al transporte de personal industrial
Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.
Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.
La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales .
“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.
La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción .
Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.
Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.
Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.
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