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“La pacificación de los tumultos”: la temporada con más condenas de muerte en SLP
Estos disturbios son uno de los primeros levantamientos sociales registrados en el estado y tuvieron como protagonistas a las acciones sanguinarias de José de Gálvez
Por: Ana G Silva
A propósito de la iniciativa de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del estado, que propone la pena de muerte en contra de feminicidas, La Orquesta consultó con León García Lam, doctor en antropología por el Colegio de San Luis, para conocer su opinión sobre este tema, además de recordar uno de los antecedentes de este tipo de castigo donde se llevó a cabo una de las condenas capitales más significativas de San Luis Potosí, que fue “La pacificación de los tumultos” en el siglo XVIII.
La historia de Los Tumultos fue uno de los primeros levantamientos sociales que se verificaron en la alcaldía de San Luis Potosí; iniciaron el 10 de mayo de 1767 cuando un bando de mineros en el Cerro de San Pedro reaccionaron ante el régimen de las Reformas Borbónicas, que tenía el objetivo de expulsar a los jesuitas, el cobro de nuevos impuestos, la monopolización del tabaco y dejaba de reconocerles sus facultades y privilegios de mineros otorgados por las ordenanzas de minería.
A los mineros de Cerro de San Pedro se les unieron los habitantes de San Nicolás del Armadillo, rancheros de la Soledad, Concepción y otros. Aunque no se puede hablar de que Los Tumultos fueron un hecho aislado de San Luis Potosí, ya que estos también ocurrieron en otras partes del país.
La revuelta se extendió por gran parte de la región, hasta que fue sofocada por José de Gálvez, político español, que en 1765 fue enviado por la corona como visitador la Nueva España, aplicando severos castigos a los cabecillas de los conflictos, en los que destacó la pena de muerte.
Gálvez tuvo que dirigir una expedición militar el 24 de julio de 1967 hacia San Luis Potosí para restablecer la autoridad, por lo que realizó numerosas detenciones y juicios, las cuales él mismo detalló en informes que envió a diferentes personajes institucionales, especialmente al entonces virrey Carlos Francisco de Croix, donde narró los sucesos acontecidos en ese año para contener las revueltas hasta extinguirlas en tan solo unos meses.
Durante la represión de estos integrantes de la clase criolla en San Luis Potosí y como primer objetivo, Gálvez publicó bandos y circulares en los que se refrendaron las prohibiciones , agregando “severas amenazas secundadas del ejemplar castigo de los rebeldes para que se consiga restituir a este país la obediencia y la justicia”.
De acuerdo con la tesis “Litigios y tumultos. Cultura política en Cerro de San Pedro y los ranchos de Soledad, 1760-1767” del Colegio de San Luis, cuando Gálvez llegó a San Luis Potosí ya había 257 reos capturados. Durante el mes de agosto se realizaron algunas detenciones más. A los llamados “cabecillas” se les dictó pena de muerte y las ejecuciones consistieron en ahorcarlos y decapitarlos ya muertos para exhibir sus cabezas “hasta que el tiempo las consuma” sobre picos en los terrenos de sus propias casas; las familias de estos fueron condenadas al destierro. En la Plaza Mayor de la ciudad (Plaza de Arma) en la iglesia parroquial (hoy Catedral) fueron ejecutados rebeldes del país; mientras que otros fueron condenados a diversas torturas como azotes y “garrote”, así como a mutilaciones.
Para el mes de octubre se llevaron a cabo las últimas ejecuciones y José de Gálvez, indicó que devolvió “la calma y la paz” a la “acongojada” ciudad.
León García Lam dijo que este ha sido el antecedente más brutal que se tiene de condenas de muerte en San Luis Potosí: “Hecho que dejó hondas cicatrices en la conciencia histórica del estado”.
Al cuestionar al antropólogo sobre si considera que proponer la pena de muerte sería un retroceso a los derechos humanos, respondió que al tratarse de los valores modernos y contemporáneos sí, pues en la idea del tiempo y de la progresividad “esto significa que reconocemos que hay un proceso que va desde la aplicación de penas corporales a procesos menos violentos”.
Finalmente, García Lam detalló que se debe entender que muchas sociedades ejercen estos castigos, pero no hay que olvidar que cada sistema normativo debe ser comprendido en sí mismo y “no se trata del mismo fenómeno, aunque el resultado parezca similar”.
También lee: La historia de la pena de muerte en SLP. ¿Cuándo fue la última ejecución?
Ayuntamiento de SLP
Sin incrementos y moderada, cabildo capitalino aprueba Ley de Ingresos 2026
Esta sesión se realizó en las instalaciones del Ipicyt en conmemoración del 25 aniversario de la fundación de esta institución
Por: Redacción
El Ayuntamiento de la Capital avaló la propuesta por el orden de los 3 mil 650 millones de pesos, enfocada en ordenar trámites y fortalecer la recaudación. A nombre de la ciudad, el alcalde Enrique Galindo hizo un llamado al Congreso del Estado para analizar esta iniciativa con apertura y sensibilidad.
Durante la sesión ordinaria celebrada este lunes en las instalaciones del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt), el Cabildo de la Capital aprobó por mayoría el proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026, en el que se contempla prácticamente el mismo monto que en 2025, por el orden de los 3 mil 650 millones de pesos. El documento será turnado al Congreso del Estado para su revisión y eventual autorización.
El presidente Municipal reiteró su petición —“a nombre de la ciudad”— al Congreso del Estado para que analice la iniciativa con apertura, al ser prácticamente idéntica en cifras a la del ejercicio anterior. Señaló que el próximo año implica compromisos financieros relevantes y que la administración hará un esfuerzo de gestión para responder a las necesidades de la Capital.
Enrique Galindo Ceballos explicó que se trata de una propuesta moderada, con montos similares a los autorizados el año pasado, y que incorpora ajustes normativos orientados a mejorar la eficiencia del Gobierno Municipal. Detalló que la iniciativa revisa y clarifica procesos como licencias de funcionamiento y de construcción, con el objetivo de facilitar que la ciudadanía realice trámites y que más contribuyentes en situación irregular puedan regularizarse.
Esta Sesión Ordinaria de Cabildo se realizó en las instalaciones del Ipicyt en conmemoración del 25 aniversario de la fundación de esta institución.
Destacadas
Caso Rich: dos familias otorgan perdón; el resto exige justicia
Dos familias otorgaron el perdón legal a los imputados tras recibir indemnizaciones de 150 mil y 250 mil pesos
Por: Redacción
En una audiencia larga, tensa y llena de episodios inesperados, dos de las familias de jóvenes lesionadas en el colapso del barandal del antro Rich —tragedia ocurrida el 7 de junio de 2024 en plaza Alttus— decidieron otorgar el perdón legal a los imputados, después de recibir indemnizaciones que oscilaron entre los 150 mil y los 250 mil pesos.
De acuerdo con El Universal San Luis, el acuerdo, alcanzado en una sola sesión, provocó molestia e indignación entre el resto de las víctimas, quienes insisten en que no buscan un arreglo económico, sino justicia.
Ramón Infante, padre de uno de los jóvenes fallecidos, lamentó la decisión de las jóvenes “A” y “R” —quienes acudieron acompañadas de sus madres— de desistir de cualquier acción penal.
“Ese fue el valor que le dieron a su vida y a sus lesiones. Es triste. Pero para nosotros la lucha sigue; no descansaremos hasta que haya una sentencia que deje un antecedente y evite que algo así vuelva a ocurrir”, señaló.
La audiencia se tornó aún más caótica cuando los abogados del despacho LEE, encabezados por el litigante Marco Polo Méndez —representantes de los imputados Nancy N., Ulises N. y Francisco N.— abandonaron la sala de juicios orales, en lo que las demás partes consideraron una maniobra de presión y un acto grave de falta de profesionalismo.
“Fue una audiencia desgastante, llena de tácticas impropias. No se vale dejar botados a los propios representados en plena sala. Es una rebeldía que demuestra nulo compromiso con la verdad”, acusó Infante.
Aunque dos familias aceptaron las compensaciones —150 mil pesos para Andrea Reyna y 250 mil para Renata Portillo, quien era menor de edad el día del accidente— otras víctimas reiteraron que no aceptarán una salida alterna ni un juicio abreviado, figuras a las que la defensa intenta acogerse.
El colapso del barandal, ocurrido en un tercer nivel del antro Rich, dejó dos jóvenes muertos y más de diez heridos. Las investigaciones posteriores revelaron que el lugar operaba con sobrecupo, sin permisos adecuados y sin cumplir con medidas básicas de Protección Civil.
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Ciudad
Galindo reconoce que casi no hay denuncias por daños vehiculares
El Ayuntamiento tiene menos de 10 reportes formales, aunque asegura que atiende el 90% de los baches que llegan por la app Güicho
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, reconoció que son muy pocas las denuncias formales de automovilistas que reclaman daños en sus vehículos debido a los baches de la ciudad. Señaló que, hasta el momento, el Ayuntamiento no tiene más de 10 reportes.
Galindo afirmó que la mayoría de las quejas se quedan en redes sociales, lo cual —insistió— no permite iniciar ningún proceso: “La denuncia en redes no nos ofrece identidad, no sabemos dónde ocurrió ni los detalles. Yo invito a la gente a que se acerque con nosotros.”
El edil explicó que el municipio ha realizado un “esfuerzo muy fuerte” para atender los reportes que ingresan por la aplicación Güicho, donde aseguró que se ha atendido casi el 90% de los reportes. Sin embargo, reconoció que “mucho no llega” por esa vía y que las cuadrillas siguen recorriendo la ciudad para detectar y tapar baches.
Galindo adelantó que para el próximo año se implementará un mecanismo nuevo relacionado con este programa de atención a daños vehiculares, aunque no quiso revelar detalles “hasta que esté consolidado”.
El alcalde también detalló el protocolo que sigue el Ayuntamiento cuando un bache provoca daños o un accidente: Primero se tapa el bache, para evitar más incidentes. Luego se atiende a la persona afectada, siempre y cuando exista una denuncia formal.
Pese a ello, insistió en que la falta de cultura de denuncia limita la posibilidad de que más ciudadanos accedan a este mecanismo de reparación: “Sí llegan muy pocas denuncias formales.”
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