Ricardo Gallardo ha dicho que buscará que a nivel federal se discuta un posible regreso de este tipo de castigos

Por: Ana G Silva

El pasado 19 de septiembre, Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, anunció que enviará al Congreso del Estado una iniciativa para proponer la pena de muerte en contra de feminicidas; adelantó que al ser un tema de índole federal, sabe que será rechazada, sin embargo, dijo que se pretende dejar un precedente para incentivar a que el tema llegue al Congreso de la Unión y se regule la ley para permitir este tipo de castigos.

La Orquesta realizó una investigación sobre la historia de la condena de muerte en el país y el estado, además de los países donde aún existe esta pena.

EN SAN LUIS POTOSÍ

De acuerdo con la tesis titulada “Criminalidad y justicia penal en San Luis Potosí: el caso de los delitos de sangre, 1755-1786” de maestría en el Colegio de San Luis, se detalla que en el Sistema Penal Novohispano, el delincuente era concebido como un pecador, con derecho a la redención a través de la expiación de sus pecados por medio de penas y castigos. Durante esa época, en el estado la pena de muerte se aplicaba a crímenes como: la traición, homicidios, fuerza a mujeres (violacion o estrupo) y pecado nefando (cualquier acto sodomítico que pusiera en peligro la economía de la creación e impidiera la posibilidad de la colaboración del hombre con Dios).

Una vez consumada la independencia y con el surgimiento de los amparos, existe el antecedente de que en el estado la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisó, durante el período 1870-1910, 12 sentencias de muerte, de las que negó cuatro y concedió ocho.

Aunque en los códigos penales a nivel federal de 1929 la sanción de pena de muerte fue abolida, en el Codigo Penal de San Luis Potosí la condena fue cancelada hasta el 6 de junio de 1968, siendo uno de los ultimos estados en suprimirla, pues fue solo unos días antes de que Nuevo León lo hiciera el 15 de junio de 1968, después fue Morelos el 15 de abril de 1970, Oaxaca el 17 de julio de 1971 y Sonora el 7 de febrero de 1975.

El pasado 19 de septiembre, el gobernador Ricardo Gallardo indicó que propondrá que la pena se restablezca en San Luis Potosí. Esta acción ha sido característica de integrantes del Partido Verde que han presentado la iniciativa en tres ocasiones.

La primera fue cuatro años después de que el presidente Fox la aboliera, el partido propuso restaurarla, esto por la violencia causada por la Guerra Contra el Narcotráfico, la retomó en 2018 para secuestradores y asesinos; en ninguna prosperó. Finalmente, en 2020, luego del asesinato de Fátima (Una niña de 12 años víctima de violación y feminicidio por parte de sus vecinos en 2015 en Ciudad de México), el PVEM presentó otra vez la iniciativa, pero esta vez para violadores, feminicidas e infanticidas, junto a otros 5 diputados de Morena, que fue rechazada por mayoría, tras darse a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador se mostraba en contra.

EN MÉXICO

La pena de muerte en México es muy antigua. En la culturas precoloniales las formas de aplicarla era cruel y dolorosa como: descuartizamiento, decapitación, lapidación, garrote y horca. Ya en la época colonial las autoridades eclesiales del Virreinato de la Nueva España eran las encargadas de imputar estos castigos. Entre los personajes destacados en la historia de México que murieron por esta sentencia se encuentran: Miguel Hidalgo, por “mandato de alevosos homicidios”, y José María Morelos y Pavón, por “herejía y traición”.

Después de la Independencia, las leyes eran las mismas que estaban vigentes durante la colonia y la pena de muerte se aplicaba a enemigos políticos como producto de las guerras o del poder y su abuso, uno de los personajes que fue condenado a esta fue Agustín Ituribide. La normativa fue modificada hasta la Constitución de 1842 en la que se estableció permitirla para asaltantes, asesinos e incendiarios y quedó prohibida para delitos políticos.

De acuerdo con el artículo “La pena de muerte en México, una historia constitucional” de la revista digital Este País: “en la época de la Reforma los liberales plantearon, por vez primera, su eliminación definitiva; sin embargo, la precariedad que imperaba en las cárceles provocó el aplazamiento de tal decisión”.

Dentro de la Constitución de 1857, la pena de muerte se extendió a traidores a la patria en guerra extranjera, a salteadores de caminos, a parricidas, a homicidas con alevosía, premeditación o ventaja, a quines cometieran delitos graves del orden militar y a los de piratería que definiere la ley. Con esto, en 1867 Maximiliano de Habsburgo fue fusilado en el Cerro de las Campanas, Querétaro.

En la investigación “Amparo y pena de muerte en México, 1869-1910”, de la revista Historia y Justicia, el juicio de amparo a esta condena surgió en la segunda mitad del siglo XIX como un instrumento del liberalismo jurídico para garantizar la protección de los derechos fundamentales de los individuos

Durante esa época, en 1871, el jurista sonorense Antonio Martínez de Castro logró que en el Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, se erradicara la pena de muerte para mujeres y hombres de más de 70 años de edad; además de que no podía llevarse a cabo en público, aunque la ejecución se notificaba al público por medio de carteles expresando el nombre y el delito cometido por el reo.
En la Constitución de 1917, se estableció que la pena de muerte podría “imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación y ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar”. Aunque en los códigos penales a nivel federal de 1929, la sanción fue abolida y su aplicación quedó excluida, incluyendo el entonces Distrito Federal, posteriormente cada uno de los estados prohibió la pena de muerte de forma paulatina, aunque en Michoacán ya se había suprimido desde 1924 y la ultima entidad en hacerlo fue Sonora en 1975.

Las últimas ejecuciones oficiales en México ocurrieron en 1957 y 1961: la primera fue a Juan Zamarripa y a Francisco Ruiz Corrales, quienes habían violado y asesinado a dos niñas en la ciudad de Hermosillo, esta fue una ejecución de orden civil; mientras que la segunda fue de orden militar a un soldado llamado José Isaías Constante Laureano acusado de insubordinación y asesinato de superiores, quien fue fusilado en Coahuila.

Pese a que los estados prohibían desde 1975 la pena de muerte de forma general, no fue sino hasta 2005 que el expresidente Vicente Fox abolió la condena en México.

Dos años antes, México había llevado a la Corte Internacional de Justicia una demanda en contra de los Estados Unidos, pues no respetó las obligaciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (un convenio internacional de la ONU) al pasar por alto leyes mexicanas.

EN EL MUNDO

Hasta septiembre de 2022, 145 países han abolido la pena de muerte; mientras que otros 60 aún la mantienen y la aplican en su legislación: en algunos de estos para crímenes cometidos en tiempo de guerra y otros para crímenes como el asesinato, robos, violaciones o narcotráfico; también hay naciones donde se puede ser castigado por aspectos relacionados con la libertad de expresión o la orientación sexual.

El primer país del mundo en abolir la pena de muerte fue Venezuela en 1863. Mientras que los últimos en hacerlo fueron la República Centroafricana, el pasado 27 de mayo, aunque su última ejecución fue en 1981; y Malasia el 6 de junio de 2022 donde actualmente mil 281 reclusos que esperan para ser ejecutados.

En 2021, Amnistía Internacional registró 579 ejecuciones en 18 países, es decir, hubo un incremento del 20% respecto al 2020 con 483. La mayoría se produjeron en China, Irán, Egipto, Arabia Saudí y Siria. No obstante, en China muchas de estas muertes se desconocen al estar clasificadas como secretos de estado, al igual que sucede con Corea del Norte y Vietnam que no se incluyeron en el total global de ejecuciones.

EL FUTURO

Si Ricardo Gallardo finalmente impulsa  a nivel legislativo la iniciativa, sería la tercera ocasión en que un integrante del Partido Verde, nunca un gobernador, propone reactivar la pena de muerte, no obstante, dados los convenios internacionales a los que México está suscrito y la agenda legislativa del oficialismo es complicado, casi imposible, que prospere. 

Gallardo, pese a lo anterior, ha conseguido que el tema entre en la agenda pública nacional, lo que abre la puerta tal vez no su aprobación, pero sí a hacer una reflexión sobre la necesidad de actualizar el Código Penal.

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