El vocero de Observatorio Indígena dijo que la Ley Electoral no especifica si las comunidades pueden elegir a sus representantes con base en su autonomía

Por: Ana G Silva

El vocero de Observatorio Indígena, Felipe Cisneros, dijo que la nueva Ley Electoral, aprobada este martes por el Congreso de San Luis Potosí, no cuenta con la legalidad suficiente para que pueda desarrollarse, ya que no se incluyó las opiniones de las comunidades en cuanto al proceso de elección de sus representantes.

“El martes, de manera sorpresiva en un abierto madruguete legislativo, la legislatura aprobó la Ley Electoral (…) ya les andaba por tratar de sacar esta aprobación, recordemos que tiene que haber 90 días previos al arranque electoral para que se emitiera la ley”.

Felipe Cisneros mencionó que el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, y el secretario de gobernación, Alejandro Leal Tovías, forzaron a los diputados para que impulsaran la reforma electoral y quedara dentro del plazo como una fe de erratas “como si no se hubiera llevado a cabo la sesión del domingo”, donde dicha ley fue rechazada por la mayoría de los legisladores.

“Seguramente negociaron para que no se estableciera ese porcentaje de votación de 3.7, que prácticamente dejaba fuera a los partidos chiquitos fuera de cualquier representación a través de votaciones plurinominales”, añadió.

El integrante de la organización destacó que el poder legislativo “vende” la participación de las mujeres y de las comunidades indígenas, sin embargo en estas últimas “no queda claro en la ley el asunto de la autoinclusión calificada como para que las personas indígenas puedan ser propuestas a ocupar un cargo de elección popular, menos aún queda en la ley que se respete la autonomía de las comunidades para poder elegir por vía de usos y costumbres a sus representantes y definir sus formas de gobierno

, considerando que por lo menos 17 de los 24 municipios que tienen una presencia significativa de población que se autoescribe indígena puede regirse por otra vía que no sea la vía de elección de partidos políticos”.

Mencionó que municipios como Tanlajás, San Antonio, Aquismón, Xilitla, San Martin, Tampacán, entre otros, que tienen una fuerte presencia de población y que son absoluta mayoría “nunca dejan que gobierne una persona indígena y menos aún que sea electo por la vía de las costumbres de las comunidades”.

Cisneros subrayó que se estableció una ley que no cuenta con la legalidad suficiente ni con la legitimidad necesaria para que se pueda desarrollar: “El Congreso convocó el 14 de febrero una consulta indígena que jamás concreto ni realizó, dejo a todo mundo colgado y ahora con el pretexto del covid se zafan cuando en realidad el propio Congreso abortó esta consulta”.

“Nos debe el reconocimiento de nuestros derechos y serán las propias comunidades las que determinarán las vías para defender estos derechos, ya sea por la vía legal o la política”, finalizó.

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