diciembre 3, 2025

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Congreso de SLP aprobó nueva ley electoral… que en esencia sigue igual

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Aunque agrega conceptos sobre inclusión y paridad de género, el incremento en el porcentaje de votación necesario para obtener plurinominales se rechazó, además de que seguirán existiendo las alianzas partidarias

Por: Redacción

Ayer alrededor del mediodía, el Congreso del Estado aprobó la nueva Ley Electoral del Estado, que aunque incluye conceptos relacionados a la paridad, lenguaje incluyente y violencia política de género, desechó algunos cambios propuestos, como la prohibición de las alianzas entre partidos o el incremento del porcentaje mínimo de votación necesario para la obtención de diputaciones plurinominales.

La ley electoral aplicable para los comicios del próximo año mantiene el término de alianza partidaria, en la cual dos o más partidos podrán presentar candidaturas en alianza sin mediar coalición.

También, para la asignación de una curul de representación proporcional, se mantiene el porcentaje de 3.0 por ciento necesario para los partidos, aunque la propuesta era de aumentarlo a 3.7 por ciento. El mismo 3.0 por ciento es el necesario para mantener el registro como partidos políticos estatales.

Esta propuesta había sido rechazada el domingo pasado. Entonces, la diputada Paola Arreola señaló que, entre los asuntos que se integrarían en las reformas a la Ley Electoral también se encontrarían las sanciones para quien cometa violencia política de género y el ya citado aumento porcentual de votación para que los partidos obtengan una curul por la vía plurinominal. 

Este último punto causó controversia entre los diputados locales; pues el dictamen fue bajado de la orden del día el domingo pasado. Al respecto, el diputado Óscar Vera, del partido Conciencia Popular, afirmó que el aumento al umbral de participación ciudadana afectaría a los “partidos chicos” de San Luis Potosí. 

Además, Eugenio Govea, de Movimiento Ciudadano, explicó que la nueva ley beneficiaría a Morena, pues se pretendía prohibir las alianzas entre partidos políticos.

En cambio, en esta nueva Ley Electoral se destaca la inclusión de los conceptos y procesos de aplicación en relación a paridad, lenguaje incluyente y violencia política de género, pautas que permitirán garantizar los derechos humanos de las ciudadanas y ciudadanos dentro de los procesos y fuera de ellos; así la paridad de género conlleva un avance en la organización política del estado pugnando por la participación firme de las mujeres en la vida política a través de mecanismos que permitan la accesibilidad a los puestos públicos y con ello equilibrar lo que antes era el predominio de un género en vida pública y política de San Luis Potosí, aseguró el Congreso del estado en un boletín de prensa.

La nueva Ley Electoral define y establece la violencia política de género, en el Capítulo II, “De las Medidas Cautelares y de Reparación en materia de Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género” y el proceso sancionador especial, en el marco  de un enfoque adicional de protección en el ámbito de candidaturas, servidores públicos y en  general de cualquier actor político que vea impedida su libertad de actuación a cuestiones que  van orientados a interés de otros, con alcance en la limitación de su actuación e inclusive en la incidencia más allá de lo estrictamente laboral y que repercutan en lo personal, en la persecución de fines políticos específicos y que vulneran el derecho de los intervinientes en la vida pública del estado.

En materia de discapacidad, se dispondrá el uso de plantillas en Braille, para las boletas electorales, y con etiquetas en el mismo sistema para identificar las urnas, para personas con discapacidad visual; además de disponer de mamparas especiales movibles a una altura considerable, para facilidad de las personas en sillas de ruedas, y personas de talla baja.

En sus artículos transitorios, se indica que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, deberá elaborar lineamientos con acciones afirmativas en favor de los grupos y comunidades indígenas en la entidad, así como de las personas discapacitadas, ello derivado de la imposibilidad de llevarse a cabo las consultas correspondientes debido a la contingencia sanitaria provocada por la enfermedad denominada covid-19, por lo que es necesario contar con tales disposiciones en favor de estos grupos.

En el caso de prevalecer la contingencia sanitaria o eventualidades emergentes en materia de salud pública, deberán tomarse las previsiones y medidas necesarias para salvaguardar la salud de quienes participen en la jornada electoral.

Se definen fechas y plazos para registro, realización de precampañas y campañas electorales, y el desarrollo de los trabajos por parte de los organismos electorales para el desarrollo y resultados de la jornada electoral.

El presidente de la Directiva del Congreso del Estado, diputado Martín Juárez Córdova afirmó que será el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) quien emita los lineamientos para garantizar la participación de pueblos y comunidades indígenas en el proceso electoral 2020-2021.

Destacó que la nueva Ley Estatal Electoral aprobada por el pleno de la LXII Legislatura, fue producto de debates, posicionamientos y ponderaciones válidos en un parlamento y está dentro del plazo establecido por los ordenamientos legales correspondientes.

Iniciamos los trabajos de la Consulta Indígenas pero la pandemia no permitió seguir avanzando, entendemos que no basta con buenas intenciones pero también se aprende de estos casos y la consulta deberá hacerse en su momento, ya que cada tres años hay elecciones; por lo pronto, el órgano local electoral emitirá los lineamientos para este tema”, añadió.

El legislador Martín Juárez apuntó que “en la próxima Legislatura debe garantizarse la integración de un diputado indígena y para las candidaturas hay que encontrar los mecanismos para las verdaderas representaciones sin nada de argucias, situación en la que ya se trabaja”.

Sobre las modificaciones que se hicieron al dictamen de la Ley Electoral aprobado este martes, el diputado Martín Juárez dijo que “eso se platicó, el Congreso debe ser un espacio de consensos abiertos, hay posiciones sobre temas como las alianzas o aumentar el umbral de votos para las plurinominales, esto es un parlamento y se discutió con tiempo, días antes de vencer el plazo para alcanzar los acuerdos necesarios y sacar el tema adelante”.

Dijo que “somos 10 partidos en el Congreso y finalmente hubo apertura y no avasallamientos y coincidimos en temas relevantes como el combate a la violencia política de género y otras acciones afirmativas que integran este ordenamiento”.

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Ciudad

Incendios aumentan hasta un 30% en diciembre: Bomberos

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Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina

Por: Cristian Betancourt

Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.

Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia

y aumento de incendio en pastizales.

Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.

Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.

Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.

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Acusan que imputados simulan tortura para justificar delitos

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La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas 

Por: Redacción

La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.

La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.

“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.

La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar

, lo que impide que la parte acusadora simplemente se desista.

La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.

“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.

García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”

El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.

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SCT endurece regulación al transporte de personal industrial

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Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal

Por: Redacción

Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.

Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.

La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales

.

“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.

La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción

.

Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.

Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.

Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.

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