diciembre 3, 2025

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La FGE en SLP no investigó bien la muerte de un detenido en 2015: CNDH

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CNDH

A la entonces Procuraduría General del Estado le faltó incluir datos relevantes en la necropsia de ley, como las causas de la muerte 

Por: Redacción

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación para el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, y a los fiscales de San Luis Potosí y Guanajuato, Federico Garza y Carlos Zamarripa, por un caso de abuso policiaco en 2015.

De acuerdo con la recomendación 55/2019, se emitió la misma “por el uso excesivo de la fuerza, que derivó en la pérdida de la vida de una persona y la detención arbitraria de su hijo menor de edad por agentes de la Policía Federalen 2015 inadecuada investigación por las entonces Procuradurías Generales de Guanajuato y San Luis Potosí”.

La CNDH acreditó violaciones por parte de la Policía Federal a los derechos humanos a la vida, seguridad jurídica, libertad personal, legalidad y al interés superior de la niñez, además de la vulneración al derecho de acceso a la justicia por los servidores públicos de ambas fiscalías.

Los hechos ocurrieron el 20 de septiembre de 2015; una mujer señaló que agentes de la Policía Federal dispararon a su esposo y lo subieron a una patrulla, la cual se puso en marcha con rumbo desconocido, mientras que su hijo menor de edad fue detenido y obligado a subir a otra patrulla; este último fue liberado en un tramo carretero de Guanajuato.

Al día siguiente, agentes del Ministerio Público reportaron el hallazgo de un cuerpo sin vida en el municipio de Villa de Reyes.

La CNDH acreditó que el uso de la fuerza por los elementos de la Policía Federal no fue acorde con los principios de legalidad

, lo que derivó en la pérdida de la vida de una de las víctimas, mientras que la detención de la otra persona se realizó sin una orden de aprehensión.

El personal de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato no recabó testimonios de otras personas que aportaran elementos a la indagatoria, ni entrevistó a los agentes federales señalados.

Mientras tanto, la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí no realizó la necropsia de acuerdo con los protocolos, pues no describió los elementos necesarios para el estudio de lesiones ni contribuyó a establecer las causas de la muerte.

Debido a ello, la CNDH solicitó a Durazo, en coordinación con la CEAV, reparar integralmente el daño a la persona menor de edad afectada y a las víctimas indirectas del caso, además de otorgarle atención psicológica, tanatológica y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas.

También se deberá capacitar a los agentes de la Policía Federal en materia de derechos humanos con base en el Código de Conducta para Funcionarios y el Protocolo de Actuación de la Policía Federal.

Mientras tanto los fiscales de San Luis Potosí y Guanajuato deberán inscribir a lo afectados en el Registro Estatal de Víctimas.

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Ciudad

Incendios aumentan hasta un 30% en diciembre: Bomberos

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Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina

Por: Cristian Betancourt

Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.

Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia

y aumento de incendio en pastizales.

Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.

Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.

Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.

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Acusan que imputados simulan tortura para justificar delitos

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La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas 

Por: Redacción

La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.

La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.

“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.

La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar

, lo que impide que la parte acusadora simplemente se desista.

La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.

“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.

García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”

El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.

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SCT endurece regulación al transporte de personal industrial

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Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal

Por: Redacción

Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.

Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.

La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales

.

“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.

La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción

.

Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.

Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.

Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.

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