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La FGE en SLP no investigó bien la muerte de un detenido en 2015: CNDH
A la entonces Procuraduría General del Estado le faltó incluir datos relevantes en la necropsia de ley, como las causas de la muerte
Por: Redacción
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación para el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, y a los fiscales de San Luis Potosí y Guanajuato, Federico Garza y Carlos Zamarripa, por un caso de abuso policiaco en 2015.
De acuerdo con la recomendación 55/2019, se emitió la misma “por el uso excesivo de la fuerza, que derivó en la pérdida de la vida de una persona y la detención arbitraria de su hijo menor de edad por agentes de la Policía Federalen 2015 inadecuada investigación por las entonces Procuradurías Generales de Guanajuato y San Luis Potosí”.
La CNDH acreditó violaciones por parte de la Policía Federal a los derechos humanos a la vida, seguridad jurídica, libertad personal, legalidad y al interés superior de la niñez, además de la vulneración al derecho de acceso a la justicia por los servidores públicos de ambas fiscalías.
Los hechos ocurrieron el 20 de septiembre de 2015; una mujer señaló que agentes de la Policía Federal dispararon a su esposo y lo subieron a una patrulla, la cual se puso en marcha con rumbo desconocido, mientras que su hijo menor de edad fue detenido y obligado a subir a otra patrulla; este último fue liberado en un tramo carretero de Guanajuato.
Al día siguiente, agentes del Ministerio Público reportaron el hallazgo de un cuerpo sin vida en el municipio de Villa de Reyes.
La CNDH acreditó que el uso de la fuerza por los elementos de la Policía Federal no fue acorde con los principios de legalidad 
El personal de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato no recabó testimonios de otras personas que aportaran elementos a la indagatoria, ni entrevistó a los agentes federales señalados.
Mientras tanto, la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí no realizó la necropsia de acuerdo con los protocolos, pues no describió los elementos necesarios para el estudio de lesiones ni contribuyó a establecer las causas de la muerte.
Debido a ello, la CNDH solicitó a Durazo, en coordinación con la CEAV, reparar integralmente el daño a la persona menor de edad afectada y a las víctimas indirectas del caso, además de otorgarle atención psicológica, tanatológica y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas.
También se deberá capacitar a los agentes de la Policía Federal en materia de derechos humanos con base en el Código de Conducta para Funcionarios y el Protocolo de Actuación de la Policía Federal.
Mientras tanto los fiscales de San Luis Potosí y Guanajuato deberán inscribir a lo afectados en el Registro Estatal de Víctimas.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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