A la entonces Procuraduría General del Estado le faltó incluir datos relevantes en la necropsia de ley, como las causas de la muerte 

Por: Redacción

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación para el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, y a los fiscales de San Luis Potosí y Guanajuato, Federico Garza y Carlos Zamarripa, por un caso de abuso policiaco en 2015.

De acuerdo con la recomendación 55/2019, se emitió la misma “por el uso excesivo de la fuerza, que derivó en la pérdida de la vida de una persona y la detención arbitraria de su hijo menor de edad por agentes de la Policía Federalen 2015 inadecuada investigación por las entonces Procuradurías Generales de Guanajuato y San Luis Potosí”.

La CNDH acreditó violaciones por parte de la Policía Federal a los derechos humanos a la vida, seguridad jurídica, libertad personal, legalidad y al interés superior de la niñez, además de la vulneración al derecho de acceso a la justicia por los servidores públicos de ambas fiscalías.

Los hechos ocurrieron el 20 de septiembre de 2015; una mujer señaló que agentes de la Policía Federal dispararon a su esposo y lo subieron a una patrulla, la cual se puso en marcha con rumbo desconocido, mientras que su hijo menor de edad fue detenido y obligado a subir a otra patrulla; este último fue liberado en un tramo carretero de Guanajuato.

Al día siguiente, agentes del Ministerio Público reportaron el hallazgo de un cuerpo sin vida en el municipio de Villa de Reyes.

La CNDH acreditó que el uso de la fuerza por los elementos de la Policía Federal no fue acorde con los principios de legalidad

, lo que derivó en la pérdida de la vida de una de las víctimas, mientras que la detención de la otra persona se realizó sin una orden de aprehensión.

El personal de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato no recabó testimonios de otras personas que aportaran elementos a la indagatoria, ni entrevistó a los agentes federales señalados.

Mientras tanto, la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí no realizó la necropsia de acuerdo con los protocolos, pues no describió los elementos necesarios para el estudio de lesiones ni contribuyó a establecer las causas de la muerte.

Debido a ello, la CNDH solicitó a Durazo, en coordinación con la CEAV, reparar integralmente el daño a la persona menor de edad afectada y a las víctimas indirectas del caso, además de otorgarle atención psicológica, tanatológica y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas.

También se deberá capacitar a los agentes de la Policía Federal en materia de derechos humanos con base en el Código de Conducta para Funcionarios y el Protocolo de Actuación de la Policía Federal.

Mientras tanto los fiscales de San Luis Potosí y Guanajuato deberán inscribir a lo afectados en el Registro Estatal de Víctimas.

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