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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP
A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH
Por Redacción
El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.
El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.
Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.
La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.
En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.
Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.
En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.
Muchas deudas
El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.
En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.
En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.
11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.
Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.
Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal 
La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.
La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.
La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.
La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.
La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.
La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.
Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.
La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.
La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.
Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.
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Ubican a la capital como la séptima ciudad mejor iluminada del país, se ha reducido el problema de los baches, entre otras cosas
Por: Redacción
La Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) que realiza cada trimestre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indicó que el proyecto de ciudad impulsado por Enrique Galindo Ceballos ha reducido los problemas de alumbrado público, baches y conflictos vecinales en las colonias de la Capital.
De acuerdo a datos de la ENSU, en el primer trimestre de 2024, el municipio de San Luis Potosí se posicionó como el séptimo municipio capital con mejor alumbrado público del país. Además, respecto a la percepción de los baches como un problema de la ciudad, se redujo, ubicándose en el lugar 18 de los municipios capitales del país.
La Encuesta Nacional de Seguridad Urbana refirió además que en el primer trimestre de 2024, se presentó el porcentaje más bajo de ciudadanos que presenciaron o escucharon sobre vandalismo en los alrededores de su vivienda desde que se llevan registros. Con 51.6% hubo una reducción de 21% respecto del trimestre anterior.
Cabe destacar que por cuarto trimestre consecutivo, el porcentaje de la población que presenció o escuchó sobre venta o consumo de drogas alrededor de su vivienda se ubicó por debajo del promedio nacional. En el primer trimestre de 2024 se redujo 17.7% respecto del trimestre anterior.
De veras
Respetable Culto Público de La Orquesta. A partir de este momento quisiera compartir algunas reflexiones que vayan más allá de la realidad que este reportero alcanza a detectar en el ejercicio cotidiano de su labor. Aquellas que por respeto al canon periodístico no me permito contar para no subjetivar un hecho puramente noticioso… pero que están ahí. De veras. Aquellas pequeñas rutinas que hemos llegado a normalizar, pero demandan un análisis profundo para que no queden en el abandono público. Luego estará que coincidamos o discutamos en lo mismo, pero con el único propósito de poner el ojo ahí, y no los volvamos a ignorar.
Y para comenzar, quiero permitirme hablar de movilidad sustentable sin hablar solamente de ciclovías o de bicicletas. Y no porque yo tenga algo en contra de ellas. De hecho, si me lo permite, quiero hacerlo como ex ciclista urbano que soy –y es que lo de “ex” viene por una bicicleta que me robaron en plena Plaza de Armas, y por la que no ha habido respuesta por parte de la Fiscalía del Estado, pero esa es harina de otro costal–.
Por ello, me disculpo de antemano si usted cree que este es otro texto sobre el retiro o permanencia de las ciclovías. No obstante, tampoco vengo a desestimar los esfuerzos que colectividades, sociedad civil y otras organizaciones han logrado en esta materia.
Entonces… ¿a dónde pretendo llegar con esto? A que la movilidad sustentable no merece limitarse a ese concepto.
La armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial por parte del Congreso del Estado de San Luis Potosí debería ser una garantía de espacios para libre tránsito de quienes se desplazan por métodos alternativos al automotor. Eso, suponiendo que las y los 9 diputados que pidieron licencia, hayan dejado bien encargado el tema a sus respectivas suplencias.
El proyecto de movilidad para la capital potosina debería asegurar la permanencia de los espacios ya existentes y preparar a la ciudad para la dispersión homogénea del parque vehicular. Eso, suponiendo que el Implan no vaya a “reciclar” los proyectos de las anteriores administraciones, como se señaló en días pasados.
El gobierno del estado ya dijo que sí quiere entrarle al tema de movilidad y de las ciclovías, siempre que se haga con responsabilidad, y no como las “porquerías” que dejaron los otros. Eso, suponiendo que sí se vayan a considerar a los sectores comercial, urbano, colectividades, sociedad civil, peatones, choferes de transporte público, usuarios de bicicleta, personas con discapacidad… y un largo etcétera.
Pero el problema no está en los casos antes mencionados. Aquí me conviene cuestionar si se trata realmente de políticas públicas en materia de movilidad –o nos conviene a usted y a mi, si es que coincidimos en esta parte–
Sí, estoy hablando de la ciclovía de Venustiano Carranza, pero la misma situación se replica frente al panteón del Saucito o en la avenida Himno Nacional. ¿Uno merece exponerse a que se lo lleve el ruta 9, nomas por su “ahorita me quito”? ¿O que un ciclista deba sortear a los transeúntes sobre la banqueta, porque le invadieron el espacio confinado exclusivamente para su uso?
Por eso digo que igual y esto nunca se trató de ciclovías, pero que nadie se confunda, no toda la culpa es de la ciudadanía.
Una solución a esto es, como casi siempre ocurre, dejarle el problema a los que siguen. Aprovechar la odisea electoral, donde los más avispados lo tomarán como estandarte de una campaña que eventualmente se convertirá en una promesa incumplida, pues una vez en el cargo, harán todo lo que esté al alcance para darle largas al asunto, como foros de debate, reunión de comisiones, sesiones extraordinarias, así como otros mecanismos de simulación –como aquella letanía del “lo vamos a revisar”–… y un largo etcétera.
Desde luego que en materia de políticas públicas, la autoridad todavía tiene una labor pendiente muy grande. Como los cruces, puentes y corredores peatonales; rutas de transporte suficientes, seguras y eficientes para la conectividad de toda la ciudad; libre tránsito de scooters eléctricos, patines, sillas de ruedas y otros dispositivos usados para la movilidad; la garantía de no exponernos a un accidente por circular en motocicleta; o que ya no habrá más bicicletas blancas en los postes de la ciudad.
¿Cómo? En el cumplir y hacerle cumplir a la ciudadanía esas leyes, normas y reglamentos.
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Liliana Flores comentó que la iniciativa beneficiará a todo el turismo de la entidad y del país al adicionar la categoría de “Turismo de Aventura”
Por: Redacción
Hace unos días, el Congreso del Estado aprobó someter a la consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para su trámite legislativo, la iniciativa que plantea reformar diversos artículos de la Ley General de Turismo, para incluir en su capitulado el turismo de naturaleza, y fomentar acciones de accesibilidad para las personas adultas mayores.
Ante esto, La Orquesta entrevistó a Liliana Guadalupe Flores Almazán, legisladora local y promovente de dicha iniciativa, quien declaró que esto es un llamado para que los miembros de la Cámara de Diputados revisen la Ley General de Turismo:
“El turismo es una actividad que debemos de impulsar, esta necesidad de revisión y esta propuesta que nosotros hacemos desde el Congreso de San Luis Potosí va encaminada a que se actualice y que se revise”.
La legisladora del Distrito XIII indicó que dicha propuesta será con el objetivo de atraer más turismo en todas las zonas de la entidad potosina.
Flores Alamzán resaltó que en San Luis Potosí fue de donde salieron estas propuestas, la cual buscará adicionar la categoría de Turismo de Aventura en La Ley General de Turismo.
Finalmente, la diputada panista confía en que la Cámara de Diputados apruebe estas reformas a la Ley General de Turismo:
“Al final de cuentas, los diputados federales nos representan a todos y es su responsabilidad escuchar las voces de cada unos de nosotros, entonces confío en que así lo harán y confío que esto desencadenará en una revisión a la Ley General de Turismo y esto beneficiará al turismo de todo México”.
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