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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP
A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH
Por Redacción
El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.
El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.
Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.
La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.
En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.
Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.
En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.
Muchas deudas
El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.
En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.
En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.
11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.
Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.
Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) no ha diseñado una estrategia en cada municipio para la recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia, que incluya coordinación interinstitucional y participación ciudadana; tampoco ha implementado la estrategia de recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia en cada municipio ni ha evaluado la implementación de la estrategia en cada uno de los municipios con Alerta de Género.
La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.
La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.
La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.
La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.
La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.
La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.
Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.
La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.
La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.
Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.
También lea: CEDH busca Alerta de Género para tres municipios más de SLP
Ciudad
La radiografía moral de una ciudad a través de sus esquinas. Primera Parte
Reportaje histórico, político y urbano de la nomenclatura potosina
«No nos une el amor sino el espanto;
será por eso que la quiero tanto.»
Jorge Luis Borges, «Buenos Aires», en El otro, el mismo (1964)
Por: Jorge Saldaña.
Caminar por San Luis Potosí es, sin que uno se dé mucha cuenta, un acto de paciencia historiográfica. Uno cree que va a comprar el pan, pero en realidad atraviesa cuatro siglos, tres regímenes, una revolución y una pulquería desaparecida. La esquina —esa institución tan mexicana— se vuelve aquí un libro abierto al que le faltan páginas, le sobran portadas y sostiene memorias cono nombres hechas de azulejo, metal o placa, que de no nombrarse ahí, nadie más las nombraría y menos las recordarían.
Lo cuento como periodista urbano, también como ciudadano y no como acusador. Esto no es una denuncia: es una caminata. Una caminata larga, tropezada y deliciosa por un casco antiguo donde una sola vía recta puede llamarse «Mariano Arista» en una placa, «ARISTA» en la siguiente y, dos cuadras más allá, «GRAL. M. ARISTA», todo en distintos materiales, todo igual de oficial, todo igual de imposible. Un solo general, tres nombres; un solo cabildo pero ningún acuerdo.
El estudio del licenciado Constantino Méndez sobre las inconsistencias actuales de la nomenclatura y el «Diccionario histórico de las calles de San Luis Potosí» de don Arcadio Castro Escalante —en su libro «Por las viejas calles de aquel San Luis»— dejaron consignado lo que aquí se cuenta con prosa de domingo: que la nomenclatura de esta ciudad es un palimpsesto -esos manuscritos en pergamino que conservan huellas de una escritura anterior- al igual que nuestro centro, en cada placa hay un héroe encima de un pordiosero, un revolucionario encima de un cura, una avenida encima de una zanja. Y que la abuela, terca, sigue diciendo «La Corriente» cuando el plano oficial dice «Reforma» desde hace ya un siglo.
El verso de Borges con que se abre este reportaje no es decorativo. Es la llave. Porque si hay una manera de querer a las ciudades, esa manera es contradictoria: las queremos por lo que nos avergüenza de ellas. Las queremos por su desorden, por su terquedad, por su modo de no obedecer. San Luis Potosí entra en esa categoría con orgullo. Es una ciudad que se ama, en parte, por su incapacidad para ponerse de acuerdo consigo misma.
De los apodos a los apellidos
En 1828, recién consumada la Independencia, el Ayuntamiento potosino se topó con un problema simpático y propio de la época: necesitaba bautizar oficialmente sus calles, pero no tenía a quién honrar. A los españoles ya no se les quería —era demasiado pronto—, y los héroes nacionales todavía no alcanzaban para tantas esquinas. La solución fue salomónica y muy mexicana: dejar los apodos populares y ponerle apellido de vecino distinguido a lo que faltara.
Así se inauguró, sin saberlo, la primera ley no escrita de la nomenclatura potosina: la calle no se nombra, la calle se hereda. Hereda al insurgente cuando llega la Independencia, hereda al liberal cuando llega la Reforma, hereda al revolucionario cuando llega 1914 —el año bisagra, el del gran rebautizo— y hereda al fraccionador cuando llega el siglo XXI con sus colonias bautizadas con nombres de árboles que aquí no crecen.
Antes de 1828, sin embargo, las calles ya tenían nombre: solo que el nombre lo ponía el barrio, no el cabildo. La calle de la Cruz se llamaba así porque había una gran cruz divisoria entre la ciudad y la villa de San Miguelito. La de las Bóvedas porque allí se levantaron las primeras casas con techo abovedado. La del Arenal porque las lluvias de La Merced llenaban de arena la cuadra. La de los Burros porque los arrieros amarraban sus bestias antes de bajar a la Plaza de Armas. La de la Tamalera porque ahí vivía una mujer cuyos tamales eran de gran demanda.
Estos nombres, hoy reemplazados por placas con apellidos solemnes, eran en realidad un primer sistema completo y eficaz. Funcionaba etnográficamente: nombraba lo que estaba, no lo que se quería honrar. Era una nomenclatura sin proyecto político, asentada en la observación cotidiana. Por eso, cuando el cabildo intentó imponer apellidos en 1828, lo hizo sobre un sustrato vivo que ofreció resistencia silenciosa. La gente siguió diciendo «La Tamalera» mientras la placa decía «Julián de los Reyes».
La cuadra como unidad onomástica
Hasta bien entrado el siglo XIX, una vía recta no tenía un nombre: tenía tantos nombres como cuadras. La calle Iturbide, por ejemplo, en 1864 se desplegaba en ocho identidades distintas: «Ciprés», «Palaus», «Chino o Clima», «Filantropía», «Guayabo», «Mora», «Cocheros» y «Chica». La calle Vallejo se dividía en cinco: «Remedios», «Las Recogidas», «Plaza de Las Recogidas», «Lucero» y «San Miguelito». Manuel José Othón —el poeta— caminaba de niño por una vía que cambiaba cinco veces de nombre.
La avenida Carranza es el caso emblemático. En 1864 era cinco calles distintas en una sola línea: «La Cárcel» las dos primeras cuadras, «Maltos» las dos siguientes, «El Elefante» la quinta, y todo el resto «Real de Tequisquiapan». Cinco nombres, una traza. Hoy es una sola Carranza —liberal, rectísima, peatonal en su tramo histórico— pero quien camine por ahí está caminando, sin saberlo, sobre el rastro de un elefante, una cárcel y un señor de apellido Maltos del que no quedó memoria.
«Una descripción de Zaira como es hoy debería contener todo el pasado de Zaira. Pero la ciudad no dice su pasado, lo contiene como las líneas de una mano, escrito en los ángulos de las calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras […], surcado a su vez cada segmento por raspaduras, muescas, incisiones, cañonazos.»
Italo Calvino, Las ciudades invisibles (1972)
Calvino no escribió sobre San Luis Potosí, pero pudo haberlo hecho. Su descripción de Zaira describe con exactitud lo que cualquier potosino ve al levantar la cabeza en una esquina del primer cuadro: la ciudad no cuenta su pasado, lo contiene. Lo carga en cada placa que no se quitó, en cada rótulo que se dejó conviviendo con el nuevo, en cada rincón donde el catastro y la abuela difieren y nadie se atreve a darle la razón a uno solo de los dos.
Esta lógica de los muchos nombres por cuadra tenía sentido en una ciudad pequeña. Cada tramo coincidía con un edificio característico, una anécdota memorable, un vecino famoso. Cuando la población creció y la administración pública se profesionalizó, ese sistema se volvió insostenible. Una calle con siete nombres no se puede catastrar, no se puede cobrar predial, no se puede patrullar. La unificación llegaría —y llegaría con una ideología.
Las cuatro fechas bisagra
La nomenclatura de San Luis Potosí no cambió de una vez. Cambió en oleadas, y cada oleada lleva la firma del régimen que la promovió. Cuatro son las fechas que conviene memorizar:
- 1828: primera nomenclatura oficial. Es la ola del cabildo independiente. Domina la mezcla de apellidos distinguidos y nombres triviales, por escasez de héroes.
- 1860–1870: primera ola liberal. Tras las Leyes de Reforma, aparecen Galeana, Morelos, Hidalgo, Allende sustituyendo nombres conventuales y virreinales. Es el primer barrido ideológico.
- 1914: el gran rebautizo revolucionario. La nomenclatura moderna —Carranza, Obregón, Madero, Zapata, 5 de Mayo— se impone sobre los antiguos nombres por cuadra. Es el momento más drástico: lo que había tardado tres siglos en sedimentar se sobrescribió en pocos años.
- 1930: ola posrevolucionaria. Aparecen nombres de gobernadores y políticos locales (Julián Carrillo, Francisco Alcalde, Ildefonso Díaz de León). La memoria estatal entra a competir con la memoria nacional.
Si uno camina hoy el centro y lee placa por placa, está leyendo —en estricto rigor— la geología política de la ciudad. La capa más profunda es colonial: convento, virgen, cruz. La siguiente, decimonónica: apellido distinguido, anécdota local. Encima, la liberal: insurgente. Encima, la revolucionaria: jefe armado. Encima, la postrevolucionaria: gobernador. Y en los fraccionamientos nuevos, la capa contemporánea: árbol exótico, flores, montañas y cordilleras. Cinco capas, una ciudad.
La memoria popular como capa subterránea
Hay una capa más, sin embargo, que ningún régimen logró borrar: la oral. Las placas también hablan de lo que el poder quiso olvidar. La calle de Las Manitas —hoy un tramo de Abasolo— se llamó así porque ahí enterraron las manos de un homicida. La de Las Cruces —hoy un tramo de Universidad— porque dos hombres se mataron mutuamente y se les puso cruces en el sitio. Estos nombres no entraron a la oficialidad porque la oficialidad prefiere héroes; pero la oralidad los recuerda. La calle, otra vez, no se borra: se tapa.
Y hay nombres populares que sí lograron permanecer, contra todo pronóstico. La calle Juan del Jarro lleva el nombre de Juan de Azios Ramírez, un pordiosero potosino del siglo XIX, vestido de harapos y con un jarro al hombro para pedir agua y comida. Se le atribuían dotes adivinatorias; la gente lo consultaba sobre fechas de muerte y matrimonios futuros, y atinaba lo suficiente para volverse leyenda. Cuando murió, le pusieron calle. Es uno de los pocos sitios en México donde un mendigo tiene placa oficial. Cosa rara, cosa potosina, cosa hermosa.
Ciudad
Galindo ve “mano negra” en conflicto por predio de Puerta de Piedra
El Ayuntamiento propuso habilitar un terreno contiguo como parque urbano, con obras incluidas, pero no hubo respuesta del grupo inconforme
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, aseguró que existen “manos negras” detrás del conflicto por el predio municipal en el fraccionamiento Puerta de Piedra, luego de que un grupo de vecinos promoviera un amparo para frenar su subasta.
El edil sostuvo que la oposición al proyecto dejó de tener lógica tras haber ofrecido alternativas formales a los inconformes, incluyendo la habilitación de otro terreno contiguo como parque urbano.
“No sé de quién, pero hay dos manos negras. Yo no me la creo. Si te ofrecen otro terreno, con iluminación, cercado y árboles, y no hay respuesta, entonces esto ya salió de la razón lógica”, declaró.
Galindo afirmó que el Ayuntamiento mantuvo diálogo con el grupo y respondió por escrito a sus peticiones, pero acusó que, en lugar de continuar con las negociaciones, optaron por judicializar el caso.
Además, rechazó que el proceso de subasta haya sido suspendido en su totalida d, como han señalado integrantes del colectivo, al insistir en que el tema se encuentra en litigio y que el Cabildo aprobó la desincorporación de los predios conforme a la ley.
“No se hubiera subastado si no tuviera las condiciones legales. Fue aprobado por unanimidad”, sostuvo.
En contraste, el Colectivo Bosque Urbano Puerta de Piedra ha defendido el amparo interpuesto el pasado 13 de marzo, el cual fue admitido el 10 de abril por un juez, quien ordenó la suspensión del proceso de subasta de al menos 18 predios mientras se analiza el caso.
La audiencia constitucional del caso está programada para el próximo 8 de mayo, fecha en la que se definirá si el proceso de subasta puede continuar o si se confirma la protección legal de los predios.
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Afirma SSPC que la violencia se incrementa con el calor
El secretario Juan Antonio Villa reveló que con la temperatura la gente se vuelve más irritable, además de que aumenta el consumo de alcohol
Por: Redacción
Juan Antonio Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló que han encontrado una correlación entre el incremento de actos de violencia y el aumento en las temperaturas.
Explicó que el calor genera que mucha gente se vuelva más irritable, por lo que en lugares muy cerrados o en casas pequeñas donde se exponencía la sensación térmica, crecen los incidentes de violencia, como puede ser la familiar.
Asimismo, en esta temporada se incrementa el consumo de bebidas alcohólicas, por lo que las personas tienden a embriagarse más, y “se ponen violentos” contra las personas a su alrededor.
Añadió que ante esta situación, han reforzado la seguridad para prevenir estos delitos, instruyendo al Agrupamiento Especial para Atención de Violencia de Género a tratar de manera inmediata los reportes.
Comentó que en la última semana atendieron 14 denuncias de este tema, de las cuales, cuatro resultaron procedentes, con los involucrados siendo puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.
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