diciembre 12, 2025

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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP

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A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH

Por Redacción

 

El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.

El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.

Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.

La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.

En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.

Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.

En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.

Muchas deudas

El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.

En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.

En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.

11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.

Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.

Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal

(SSPE) no ha diseñado una estrategia en cada municipio para la recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia, que incluya coordinación interinstitucional y participación ciudadana; tampoco ha implementado la estrategia de recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia en cada municipio ni ha evaluado la implementación de la estrategia en cada uno de los municipios con Alerta de Género.

La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.

La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.

La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.

La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.

La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.

La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.

Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.

La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.

La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.

Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.

 

También leaCEDH busca Alerta de Género para tres municipios más de SLP

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Unicornio trasquilado | Apuntes de Jorge Saldaña

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APUNTES

Culto Público: los animales mitológicos tienen algo en común: todos fueron creados para explicar un castigo. El dragón que arrasa pueblos por orgullo, la sirena que encanta para hundir barcos, el unicornio que se pierde por no saber dónde pisa

La UASLP, ese unicornio institucional que se cree intocable, y creyó invencible, acaba de descubrir que la política no cree en seres fantásticos. El Congreso, en lugar de domarlo y admirarlo con sabiduría, decidió arrancarle el rin colorido a tijeretazos.

Porque la UASLP cruzó por todo en este año: una crisis interna por una violación en una facultad, edificios tomados, manos externas metiendo ruido, paros, la ciudad paralizada y, por si algo faltaba, un adeudo estatal que se prolongó lo suficiente como para poner en terapia intensiva su estabilidad financiera.

Aun así, el unicornio resistió. Lo que no resistió —o no quiso resistir— fue la tentación de la soberbia.

La institución respondió al conflicto de los 206 millones adeudados con entereza (iba a poner con “gallardía” pero podría confundirse el apellido con el sustantivo) y ganó la batalla a costa del relato.

En todo el camino, no sumó aliados, sino enemigos: altivez frente al Congreso y constantes insinuaciones de pureza moral frente a la corrupción ajena, y un aislamiento que yo he descrito —con toda intención poética y política— como la isla de Cuba académica: orgullosa, autosuficiente en el discurso, y convencida de que todo aquel que no viva dentro de sus fronteras es un tonto, un corrupto o un vendido.

Hasta que llegó hoy la votación del Presupuesto 2026.

El Ejecutivo había propuesto 506 millones para la Máxima Casa de Estudios, con lo que podría comprometerse a firmar, la primera semana del año que viene, el convenio federal–estatal que permite a la Universidad respirar sin sobresaltos, sin embargo,  la Comisión de Hacienda decidió otra cosa: ¿Cuáles 506 millones? 320 millones y un casi, casi “y di que te fue bien”.

Hace unas horas el Pleno del Congreso lo aprobó junto a todo el paquete económico enviado por el ejecutivo sin oposición (una abstención aislada no pinta).

En el caso UASLP, el recorte de 186 millones de pesos representa una estocada política que no requiere demasiada hermenéutica.

El unicornio sintió el golpe aunque se resistan a aceptarlo (nunca lo harán, acudirán al rol de víctimas del imperio…y puede que tengan razón). 

Pero ojo, no es que nuestra Máxima Casa de Estudios no tenga argumentos —la autonomía universitaria merece respeto y la ciencia pública debería ser una prioridad del Estado— pero ¿Quién defendió a la Uni ante el tijeretazo presupuestal?

Hay que recordar que después de plantones cruzados, mensajes altaneros y una narrativa de “nosotros sí sabemos, ustedes solo firman”, la Universidad descubrió que las instituciones también pagan facturas… y que los diputados cobran sin contemplaciones los agravios.

Pero aquí es donde el análisis debe elevarse por encima del enojo y de los egos heridos: los diputados pueden sentirse agraviados, y con razón; pero legislar desde la víscera siempre dejará daños colaterales.

Y esos daños no los paga ni el rector, ni los legisladores, ni los pleitos entre poderes: los paga la comunidad estudiantil, docentes, investigadores, trabajadores… 30 mil personas que no tienen culpa de la coreografía de soberbias entre Rectoría y Congreso.

Lo del recorte oficializado a 25 votos a favor, no debería celebrarse por nadie. Ni por quienes sienten que “ya pusieron en su lugar” al unicornio. Ni por quienes creen que el recorte les permitirá instalar una narrativa de victimización heroica.

Porque a estas alturas, lo único claro es que todos se equivocaron.

La Universidad se equivocó al suponer que la autonomía es un blindaje moral absoluto, cuando en realidad es una responsabilidad que exige diálogo, transparencia y mesura política.

El Congreso se equivocó al responder con tijera en mano a un conflicto personal (ah esa bella y caprichosa condición humana) que debió resolverse con inteligencia institucional, diplomacia, dialogo y apertura, no con revancha presupuestal.

Y el Gobierno del Estado —quizá sin querer— empieza a asomarse a un precipicio propio: el de tropezar con la misma piedra del año pasado. Porque hoy tiene aprobados 320 millones, pero en enero la Federación enviará —como es regla— un convenio para firmar por más de 506 millones.

Si gobierno lo firma, vuelve a quedar descuadrado su propio presupuesto. Si no lo firma, abre un frente innecesario con la presidenta Claudia Sheinbaum, justo en un 2026 donde Morena y el Verde necesitan parecer aliados… aunque localmente anden del chongo.

Decirle que no a la presidenta, lo mismo en un convenio que en una reunión (como a la que convocó éste día al gobernador Gallardo) no es un tema simple.

Total que entre unos y otros olvidaron lo esencial: La educación pública es un asunto de Estado, no un concurso de a ver quién parpadea más rápido.

Y aquí es donde conviene recordar y aplicar esa cartulina que apareció en la Facultad de Medicina durante el intento de tumbar al rector, pero adecuada al legislativo “Los diputados pueden ser pendejos… pero son nuestros pendejos (y los únicos que tenemos)”. Tienen la facultad y la usaron.

La frase, además de brutal, encierra una pedagogía política: uno puede criticar con severidad a sus instituciones, pero defenderlas cuando están bajo ataque, y los diputados pues… también se defendieron.

Entre tanto, el gobernador podrá decir, con razón y facultades, que él envió la propuesta para la UASLP por los 506 millones necesarios.

Los diputados podrán decir, con razón y facultades, que al no recibir  información financiera suficiente (y haberse sentido “ninguneados”-esa es la verdad-) los 320 millones son la cantidad correcta para la institución.

La Universidad podrá decir, con razón y facultades, que el convenio con la Federación requiere otra cifra y que los 320 millones significa cometer un mismo error dos veces. (Les dirá tontos e irresponsables nuevamente).

Y sin embargo, al menos para quien esto escribe, todas esas razones juntas no construyen un camino, sino un pantano.

Porque si este año la crisis por 206 millones puso a la UASLP al borde del colapso, ¿qué ocurrirá con un déficit similar el próximo año, cuando ya no haya un adeudo por corregir? ¿Quién pondrá la diferencia? ¿El Estado? ¿El Congreso? ¿La Federación? ¿Santa Clausula de las emergencias?

¿O la comunidad universitaria tendrá que aprender a vivir al filo del impago como si fuera parte del plan de estudios?

El unicornio, siendo mitológico, se está desdibujando por la realidad: la autonomía no sirve de nada si no hay presupuesto para pagar, otra vez, la nómina de tarde o temprano.

Para deshacer el nudo se necesita menos soberbia y más alianzas lo mismo que menos revancha y más perspectiva histórica.

El Gobierno por su parte necesita mirar dos veces el camino, no vaya a ser que tropiece con la misma piedra… y esta vez las implicaciones alcancen otras pistas.

Ni modo, por el momento no hay marcha atrás. El presupuesto está aprobado y no hay milagro navideño que pueda modificarlo.  

La UASLP sobrevivirá. No hay duda. La pregunta es ¿Cómo? ¿Alcanzará la magia del Unicornio para que la federación ponga la diferencia localmente recortada?

Para rematar, Culto Público, en este pleito de instituciones agraviadas, realidades humanas y tableros confusos, el único que no ha dicho palabra es también el único que importa: el estudiante que solo quiere estudiar y no entender por qué la política mueve el piso bajo sus pies cada diciembre. 

Pero no crean que por no hablar, no entienden, y por experiencia sabemos que cuando ellos hablan…hablan fuerte.

Hasta la próxima. Yo soy Jorge Saldaña.

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Sí se busca remover a todos los concejales de Villa de Pozos: Serrano

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El legislador explicó que la remoción sería un procedimiento natural del Congreso, la presidenta Patricia Aradillas permanecería en el cargo

Por: Cristian Betancourt

El diputado local Héctor Serrano confirmó que existe la intención de remover a los concejales de Villa de Pozos, también precisó que este proceso se realizaría de la misma forma en que fueron designados, como la establece el marco legal y los transitorios aprobados.

En entrevista, Serrano explicó que la facultad de retirar a los integrantes del concejo municipal recae en el Congreso, el cual debe seguir el procedimiento formal a tráves de un acuerdo con la Junta de Coordinación Política (Jucopo)

y después someter la decisión a votación del Pleno.

Serrano fue enfático al señalar que la presidenta Patricia Aradillas no está contemplada dentro de los cambios, pues la revisión se centra en 14 concejales.

Finalmente, el legislador reconoció que la agenda se encuentra “apretada”, pero reiteró su compromiso de informar con claridad la información.

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El IMSS SLP dejó expirar millones de pesos en medicamentos

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Vacunas reetiquetadas. Tratamientos para cáncer, diálisis e hipertensión abandonados en un almacén del IMSS en la capital

Por: Redacción

En el almacén delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí —ubicado en Avenida de los Conventos 107— quedaron abandonados cientos de medicamentos y vacunas que nunca llegaron a los pacientes, pese a que muchos de ellos dependen de estos insumos para sobrevivir.

De acuerdo con Fuerza Informativa Azteca, documentos muestran que más de 30 millones de pesos en fármacos caducaron en este espacio sin haber sido distribuidos.

El caso más grave corresponde al medicamento Ribociclib, utilizado en el tratamiento de cáncer de mama: 196 piezas, valuadas en casi 5 millones de pesos, fueron dejadas vencer. A ello se suman 8 mil 400 piezas de Sevelamero, empleado para pacientes en diálisis, con un valor cercano a 9 millones de pesos, y 371 mil piezas de Irbesartán, recetado para la hipertensión arterial, cuyo costo asciende a 17 millones de pesos. Ninguno fue entregado a tiempo.

Personal del IMSS denunció que la problemática también afecta a las vacunas. Las cajas vacías regresan a los almacenes, donde —según los testimonios— se reetiquetan y rellenan con dosis caducadas o próximas a vencer

, que luego se redistribuyen a unidades médicas sin una revisión minuciosa.

A esta situación se suma la polémica contratación, por adjudicación directa, de la empresa Medam, encargada de recolectar insumos caducos. Esta compañía fue clausurada previamente en Yucatán y Baja California Sur por el mal manejo de residuos biológicos y peligrosos. La Semarnat documentó que Medam vertía materiales contaminantes —incluidos medicamentos— que terminaron afectando ríos y mantos acuíferos.

El almacén, que debería ser el punto de distribución para todas las unidades del IMSS e IMSS-Bienestar en San Luis Potosí, se convirtió en un depósito donde tratamientos esenciales jamás llegaron a quienes los necesitaban, dejando a pacientes con cáncer, insuficiencia renal e hipertensión sin alternativas y evidencia de un grave desorden administrativo.

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