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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP
A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH
Por Redacción
El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.
El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.
Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.
La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.
En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.
Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.
En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.
Muchas deudas
El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.
En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.
En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.
11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.
Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.
Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal 
La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.
La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.
La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.
La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.
La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.
La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.
Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.
La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.
La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.
Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.
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Elementos de la Policía Municipal hallaron 35 casquillos en el domicilio, mientras la Fiscalía General del Estado ya interviene en el caso
Por: Redacción
Un domicilio de la colonia Simón Díaz, en Camino Viejo al Aguaje, recibió disparos de arma de fuego entre las 05:00 y las 06:00 horas de este lunes. El inmueble presuntamente pertenece a un mando de la Policía Municipal de San Luis Potosí.
Elementos de la corporación, que fungieron como primeros respondientes, habrían localizado en el lugar aproximadamente 35 casquillos percutidos, además de daños en la fachada. La propietaria señaló que las detonaciones ocurrieron alrededor de las 05:30 horas.
Juan Antonio Villa, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal (SSPC), confirmó el ataque y dijo que Guerra no había recibido amenazas previas. La funcionaria ya contaba con escoltas, agregó, y la corporación reforzará su esquema de seguridad.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) y la Guardia Civil Estatal ya intervienen en el caso, según Villa. La Policía Municipal resguardó el domicilio para evitar que la escena se contaminara, en su papel de primer respondiente.
Villa reconoció que quienes trabajan en temas de seguridad con resultados operativos “siempre van a estar en una línea muy delgada” y recordó que en otras corporaciones del país han fallecido elementos en circunstancias similares.
Consultado sobre si el ataque está relacionado con el trabajo operativo de la corporación, Villa evitó señalar una línea de investigación: “sería muy aventurado decirte yo ahorita si es una línea en ese sentido”, dijo, y agregó que por ahora se limitan a recabar información.
De manera extraoficial, mandos de la Policía Municipal indicaron que no darán mayor información sobre el ataque mientras avanza la investigación. Tampoco se descarta que esté relacionado con los operativos de seguridad que la corporación mantiene en la capital.
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El gobierno de Tamaulipas se deslindó del proyecto que Nuevo León reactivó ante Semarnat para llevar agua del río Pánuco hasta su zona metropolitana
Por: Redacción
Organizaciones campesinas de Tamaulipas y San Luis Potosí denunciaron que el proyecto Monterrey VI —el acueducto que trasladaría agua del río Pánuco, en la Huasteca Potosina, hasta la zona metropolitana de Nuevo León— fue reactivado, tres años después de que Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente de México, lo rechazara “de manera definitiva”.
De acuerdo con las organizaciones denunciantes, Samuel García, gobernador de Nuevo León, revivió el 13 de agosto el proyecto con la solicitud de autorización ambiental que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para construir el Acueducto Pánuco-Cerro Prieto, una obra de 390 kilómetros con capacidad inicial de cinco mil litros de agua por segundo. Semarnat publicó la solicitud en su gaceta el 27 de agosto; el proyecto aún no cuenta con autorización.
El trazo captaría el agua en el municipio de Ébano y contempla un tramo de más de 26 kilómetros dentro de territorio potosino; de ahí cruzaría Veracruz y Tamaulipas hasta conectar con la infraestructura de abasto de Nuevo León.
La propia Manifestación de Impacto Ambiental reconoce que la disminución del caudal del Pánuco representa un impacto ambiental negativo “muy significativo” durante la operación del acueducto. Especialistas y organizaciones ambientales advierten riesgos para la recarga de acuíferos, la agricultura, la ganadería de pequeña escala y el abasto de comunidades indígenas de la Huasteca, además de salinización en la parte baja de la cuenca y afectaciones a los sistemas kársticos. Entre los ríos que podrían resentir alteraciones se encuentran el Tampaón, Valles, Amajac, Gallinas, Santa María, Tamasopo y Moctezuma.
El gobierno de Tamaulipas se deslindó de la iniciativa, pese a que ambas administraciones habían planteado antes una estrategia regional conjunta para aprovechar la cuenca. Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social de Tamaulipas, afirmó que la administración de Américo Villarreal Anaya no participa en el proyecto impulsado por Agua y Drenaje de Monterrey: “Desconozco los alcances actualmente de ese proyecto. No es un proyecto de Tamaulipas”.
Agua y Drenaje de Monterrey, en un comunicado del 28 de agosto, dijo que evalúa la “optimización” de Monterrey VI dentro de una planeación hídrica a 30 años y que requiere estudios complementarios de eficiencia energética y aprovechamiento del Pánuco, sin fijar fecha para iniciar la obra.
Monterrey VI se originó en 2011, durante el gobierno de Rodrigo Medina de la Cruz, y fue licitado en 2014 con una inversión inicial de 13 mil 644 millones de pesos. La administración de Jaime Rodríguez Calderón detuvo la obra por cuestionamientos sobre su costo y esquema financiero; el proyecto volvió a la discusión pública tras la crisis de abasto que enfrentó la zona metropolitana de Monterrey en 2022.
Cuando Samuel García planteó revivirlo ese mismo año, Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, se opuso de forma tajante y calificó la extracción de agua de la Huasteca Potosina como un “ecocidio”. En marzo de 2023, López Obrador rechazó de manera definitiva el proyecto durante una visita a Nuevo León y reconoció que la población de la Huasteca no permitiría la extracción.
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, había señalado en enero de 2025 que el proyecto seguía en estudio y que el primer paso era el diálogo entre Nuevo León y Tamaulipas para compartir la concesión del agua del Pánuco.
La Manifestación de Impacto Ambiental presentada por Agua y Drenaje de Monterrey queda ahora bajo revisión de Semarnat, el trámite que definirá si el acueducto avanza pese al rechazo histórico de San Luis Potosí y, ahora, al deslinde de Tamaulipas.
También lee: Gallardo, en contra del Monterrey VI si afecta a la Huasteca
El Gobierno estatal desplegó un operativo especial de seguridad en escuelas, paraderos y vialidades para el inicio del ciclo escolar 2026-2027
Por: Redacción
Este lunes 31 de agosto, más de 540 mil estudiantes regresan a las aulas en San Luis Potosí para comenzar el ciclo escolar 2026-2027, por lo que el Gobierno del Estado informó que mantiene coordinación entre distintas instituciones para procurar un regreso a clases ordenado y seguro en las cuatro regiones de la entidad.
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona deseó un exitoso inicio de ciclo a niñas, niños y jóvenes potosinos, y reconoció el trabajo de madres y padres de familia, así como de docentes, directivos y personal administrativo y de mantenimiento.
Como parte del operativo por el regreso a clases, la Guardia Civil Estatal mantiene desde las primeras horas de este lunes un despliegue especial de seguridad en coordinación con las policías municipales.
La vigilancia contempla presencia preventiva en las inmediaciones de los planteles educativos, paraderos y principales vialidades, particularmente durante los horarios de entrada y salida.
Gallardo Cardona también destacó que el respaldo a la educación durante su administración se ha traducido, de acuerdo con el gobierno estatal, en la construcción de 530 escuelas
El mandatario señaló que también se mantienen acciones para contar con planteles “dignos, modernos y seguros”, de acuerdo con las necesidades de las nuevas generaciones.
El Gobierno estatal señaló que durante el ciclo escolar continuará trabajando bajo el modelo de la Nueva Escuela Mexicana, además de implementar estrategias relacionadas con los cambios demográficos y el avance de las nuevas tecnologías.
El regreso a clases, sostuvo el gobernador, representa también la renovación del compromiso entre autoridades, docentes y familias para ampliar las oportunidades educativas de los estudiantes potosinos.
Así, más de 540 mil estudiantes vuelven este lunes a las aulas después del periodo vacacional y dan inicio formal al ciclo escolar 2026-2027 en las cuatro regiones de San Luis Potosí.
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