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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP
A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH
Por Redacción
El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.
El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.
Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.
La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.
En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.
Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.
En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.
Muchas deudas
El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.
En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.
En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.
11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.
Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.
Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal 
La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.
La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.
La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.
La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.
La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.
La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.
Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.
La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.
La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.
Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.
También lea: CEDH busca Alerta de Género para tres municipios más de SLP
Por: Haniel Valdés
Dos derrotas seguidas, ocho goles en contra y un solo objetivo por cumplir. El Atlético de San Luis Femenil llega a la última jornada del Apertura 2026 con la Liguilla al alcance, pero sin la tranquilidad con la que la tenía hace tres semanas, cuando se sabía tercero y con margen.
El golpe grande fue el del sábado 24 de octubre, en el Libertad Financiera. El América, el mejor equipo del torneo, ganó 7-0, con triplete de Geyse y goles de Montse Saldívar, Irene Guerrero (de penal) y Scarlett Camberos. Es difícil sacar conclusiones de un partido así, y más cuando San Luis se quedó con diez jugadoras antes del descanso por la expulsión de María Sánchez. Contra un rival de ese nivel, jugar con una menos es una sentencia, y el marcador habla más de eso que de lo que es este equipo.
Y en medio de esa tarde, una jugadora que mereció mejor suerte: Dayra Duarte. Con un equipo que tuvo 29% de posesión y que terminó el partido sin un solo disparo a puerta, la portera enfrentó 13 tiros al arco y atajó 6, varios de ellos pelotas que parecían gol cantado. Cuando un equipo recibe 35 remates, la portera es la que evita que el marcador sea todavía más duro, y en una goleada así rara vez se le reconoce.
La segunda derrota fue distinta y, en cierto modo, más preocupante. El lunes 2 de noviembre, en el Nou Camp, León ganó 1-0 en el partido pendiente de la jornada 13, con un disparo de zurda de Solange Lemos al minuto 4. San Luis tuvo la pelota y generó, con Enyerliannys Higuera y Amina Bello al frente, y al 54 Bello encabezó un contragolpe que terminó en un disparo de Michelle Gutiérrez, que la portera local rechazó. No fue una derrota de goleada, sino de las que se pierden por un gol temprano y por no encontrar el empate. Y León, ya sin posibilidades de Liguilla, no tenía nada que perder.
Lo que más pesa es que Higuera, la máxima goleadora de la historia del club, no apareció en el marcador en ninguno de los dos partidos y se quedó en 14 goles en el torneo. No es una crítica, es una realidad: cuando el equipo se queda sin su fuente de goles, el ataque se apaga.
Con esos resultados, San Luis suma 13 partidos jugados, 6 victorias, 1 empate y 6 derrotas, 19 puntos, y es tercero de su grupo. Atrás vienen Pumas (17 pts), Pachuca (16 pts) y Atlas (16 pts), por lo que el margen es corto. La cuenta es sencilla: si San Luis empata o gana, llega a 20 puntos y ya nadie puede alcanzarlo, porque Pachuca y Atlas llegarían, como máximo, a 19.
Y el examen de hoy es justo contra Pumas, con lo que sería la primera Liguilla en la historia del club en juego. El viernes 6 de noviembre, a las 17:00 horas, en Ciudad Universitaria, San Luis visita a un rival que también llega herido: en la jornada 13 cayó 6-0 ante Rayadas. Es un duelo directo, de esos que se resuelven con carácter más que con nombres, y San Luis no necesita jugar bien, necesita no perder.
Las últimas dos jornadas han sido duras, pero el equipo ya demostró en este torneo que sabe sobreponerse: tres partidos sin perder en octubre, una máxima goleadora histórica y dos porteras de nivel. Hoy toca demostrarlo otra vez, con la Liguilla de por medio.
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Trabajadores de SLP, en desventaja: solo se resuelven 14 de cada 100 conflictos laborales
En 2025, de los mil 989 conflictos de trabajo que se reportaron en el estado, solo solucionaron 284, es decir menos de uno al día
Por: Ana G Silva
En 2025 se registraron mil 989 conflictos de trabajo en San Luis Potosí y se solucionaron 284 (es decir solo el 14.28%), de acuerdo con las Estadísticas sobre Relaciones Laborales de Jurisdicción Local (ERLAJUL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Los conflictos solucionados bajaron de 825 en 2024 a 284 en 2025, una caída de 65.6%. En el mismo periodo, los conflictos nuevos subieron 7.9%: pasaron de mil 844 a mil 989.
El estado va en sentido contrario al país. A nivel nacional se registraron 104 mil 741 conflictos y se solucionaron 106 mil 980, es decir, se cerraron más casos de los que entraron en el año. En San Luis Potosí se solucionaron 14 por cada 100 conflictos nuevos.
Para el INEGI, un conflicto de trabajo es una disputa individual, que afecta a una persona trabajadora, o colectiva, que afecta a todo el personal de una empresa. Se cuenta como solucionado cuando hay arreglo o resolución final. En el país, el principal motivo de los conflictos individuales fue el despido injustificado, con 59.5%.
Cinco años con el nuevo modelo
San Luis Potosí fue una de las ocho entidades que arrancaron la reforma laboral el 18 de noviembre de 2020. Desde entonces, acudir a un centro de conciliación es obligatorio antes de demandar ante un tribunal laboral. Las juntas locales de conciliación y arbitraje siguen resolviendo los asuntos que empezaron antes del cambio.
Antes de la reforma, el estado registraba entre 3 mil 800 y 4 mil 900 conflictos por año y solucionaba entre 2 mil 600 y 3 mik 400. En 2021, el primer año completo del nuevo modelo, los conflictos bajaron a 1,699 y los solucionados a mil 607. Desde entonces, los conflictos se han mantenido arriba de mil 600 al año, mientras los solucionados han bajado cada año.
Entre 2021 y 2025 se acumularon 9 mil 077 conflictos de trabajo en el estado y se solucionaron 4 mil 702.
En 2025 se solucionaron menos de un conflicto de trabajo por día (0.77 al día): 284 en todo el año, entre tribunales laborales y la junta local.
En el Poder Judicial del Estado, la materia laboral la atiende un solo órgano jurisdiccional con cuatro personas juzgadoras, según el registro administrativo de justicia laboral estatal del INEGI. Desde finales de 2020, ese órgano ha radicado 11 mil 068 expedientes y 6 mil 097 seguían en proceso al cierre de 2025, de acuerdo con la misma fuente.
En 2025, el Tribunal de Justicia Laboral contó con 29 millones 716 mil pesos, el 2.2% del presupuesto del Poder Judicial, según el informe del Programa Institucional 2025 del propio Poder Judicial al tercer trimestre.
La mayoría de las diferencias entre patrones y trabajadores ya no llega a esa etapa. En 2025 se registraron 12 mil 869 convenios prejudiciales en San Luis Potosí, 10.2 por cada mil personas ocupadas, por encima de la tasa nacional de 8.6. La tasa de conflictos fue de 1.6 por cada mil ocupados, cercana a la nacional de 1.7.
El Centro de Conciliación Laboral del Estado de San Luis Potosí, encargado de esa etapa, recibió 9 millones 609 mil 13 pesos en el Presupuesto de Egresos del Estado para 2025 (Decreto 0037). Es la misma cifra que tenía asignada en 2021, según el Programa Institucional del Centro 2022-2027, y la que repite el presupuesto de 2026 (Decreto 0338). Con ese monto se registraron los 12 mil 869 convenios del año, unos 747 pesos por convenio, aunque si solo se resolvieron 284 tiene un costo para los potosinos de 33 mil 834.55 pesos.
También lee: Ayuntamiento pagó 12 millones en laudos laborales, revela transparencia
Araceli Martínez dijo que las concesiones se cancelarán cuando concluyan los procesos
Por: Redacción
Hay alrededor de 15 carpetas de investigación abiertas contra taxistas por la probable comisión de delitos, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Según la funcionaria, los casos tienen que ver con la posible participación de choferes en robos o en otros incidentes. Aclaró que no se puede saber si son responsables “hasta que no se acredite y se concluya la investigación”.
Las carpetas siguen en proceso en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP). Para integrarlas, la Fiscalía ha pedido a la SCT datos de los taxistas, como números económicos y domicilios.
Esta semana, la dependencia pidió una reunión con la fiscal María Manuela García Cázares
La secretaria adelantó que los expedientes terminarán con la cancelación de la concesión de los taxistas que resulten responsables “en el momento procesal oportuno”. “Sin duda así será”, afirmó.
En julio, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que los choferes que entraran a la plataforma de taxis de la SCT pasarían exámenes de control y confianza.
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