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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP
A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH
Por Redacción
El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.
El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.
Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.
La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.
En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.
Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.
En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.
Muchas deudas
El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.
En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.
En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.
11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.
Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.
Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal 
La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.
La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.
La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.
La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.
La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.
La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.
Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.
La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.
La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.
Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.
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El alcalde capitalino acusó que la mayoría del Congreso legisla contra las facultades de los municipios
Por: Redacción
El Ayuntamiento de San Luis Potosí mantiene cinco controversias constitucionales contra leyes aprobadas por la mayoría del Congreso del Estado que, a su juicio, violan el artículo 115 de la Constitución al invadir facultades municipales, reveló Enrique Galindo Ceballos, alcalde capitalino.
Entre las normas impugnadas citó una que impide al ayuntamiento pronunciarse en materia de desarrollo urbano en la Zona Industrial —”eso es totalmente anticonstitucional, viola el 115″, afirmó— y otra que pretende administrar recursos propios del municipio desde la esfera del gobierno estatal. Acusó que esa mayoría legislativa busca constantemente regular al ayuntamiento y controlar sus recursos y su territorio.
El alcalde subrayó que esas legislaciones no aplican únicamente a la capital: por ser de alcance estatal, afectan de manera transversal a municipios como Ciudad Valles, Tamuín o Salinas. La mayoría del Congreso, dijo, “ha puesto a sufrir a muchos municipios”.
Cuestionado tras la derogación de la Ley Serrano, Galindo consideró que el verdadero reto es para el Legislativo, que acumula reveses: la Suprema Corte
El alcalde aclaró que su señalamiento no alcanza a todo el Congreso, pues hubo legisladores que votaron en contra, se abstuvieron o se reservaron en las distintas propuestas; su crítica, precisó, es para la mayoría que ha aprobado esas normas y que ha dejado mal parado a San Luis Potosí.
Recordó, por último, que en el caso de la Ley Serrano tampoco se tomaron en cuenta las iniciativas ciudadanas que buscaban modificarla, por lo que la derogación, sostuvo, también termina por darles la razón a esos ciudadanos.
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Los precios varían entre 700 y 2 mil pesos por persona hacia Puerto Vallarta, Mazatlán y Cancún, según la línea de transporte y la anticipación de compra
Por: Redacción
Viajar en autobús desde San Luis Potosí hacia los principales destinos de playa del país costará entre 700 y 2 mil pesos por persona en el periodo vacacional de verano 2026, de acuerdo con las tarifas consultadas entre distintas líneas de transporte.
Puerto Vallarta, Mazatlán y Cancún concentran la mayor demanda de los potosinos que viajan por carretera hacia la costa, con precios que varían según el tipo de servicio y las escalas del recorrido.
El trayecto a Puerto Vallarta dura alrededor de 10 horas. Los servicios ejecutivos de ETN ofrecen boletos desde mil 534 pesos, mientras que las corridas con escalas pueden conseguirse desde 700 pesos.
Hacia Mazatlán, las tarifas oscilan entre mil 500 y 2 mil pesos. Los viajes a Cancún suelen superar esos montos debido a los transbordos necesarios para completar el recorrido.
Además de ETN, Primera Plus, Ómnibus de México y ADO, cada vez más usuarios recurren a plataformas digitales que comparan horarios y precios entre líneas de transporte para encontrar promociones y tarifas más económicas.
Las compañías transportistas advirtieron que los precios tienden a subir conforme avanza la temporada vacacional y se reduce la disponibilidad de asientos, por lo que recomendaron comprar los boletos con anticipación y aprovechar descuentos en compras en línea o viajes redondos.
El autobús continúa siendo una de las principales alternativas de movilidad para las familias potosinas que buscan vacacionar sin asumir los costos de un viaje en avión o en vehículo particular, principalmente hacia los destinos del Pacífico y del Golfo de México.
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El refugio necesita antibióticos, material de curación y un concentrador de oxígeno para atender a la mujer, que perdió las piernas al intentar subir al tren conocido como “La Bestia”.
Por: Redacción
Marco Antonio Luna Aguilar, director de la Casa del Migrante, pidió el apoyo de la sociedad potosina para una migrante hondureña que perdió ambas piernas al intentar subir al tren de carga conocido como “La Bestia”, en su trayecto hacia el norte del país.
El refugio necesita antibióticos, material de curación y un concentrador de oxígeno para la mujer, que es atendida en el lugar pero cuyo tratamiento no puede completarse con los recursos disponibles.
Luna Aguilar explicó que la Casa del Migrante opera actualmente a poco más de la mitad de su capacidad, mientras el flujo de personas migrantes, principalmente de Centroamérica, va en aumento. Muchas de ellas llegan con enfermedades y heridas diversas, por lo que el dispensario médico del refugio se encuentra rebasado.
“Antibióticos, material de curación, también ahorita estamos necesitando un concentrador de oxíge no que no es fácil conseguirlo también, es una persona que lo necesita, hemos estado buscando y no hemos podido conseguirlo, ojalá que alguien pueda echarnos la mano”, dijo el sacerdote, quien compartió el teléfono de la Casa del Migrante para quien desee colaborar: 4448156225
Los donativos pueden entregarse a través del área de Trabajo Social del refugio, dijo Luna Aguilar, con el objetivo de evitar que la mujer adquiera una infección y de mejorar la atención de los demás enfermos que resguarda la institución.
Sobre el accidente, el director de la Casa del Migrante relató que la mujer arribó a San Luis Potosí junto con su pareja, pero al pasar el tren frente al refugio, ubicado en el barrio de Tlaxcala de la capital potosina, solo el hombre logró subir. Ella cayó y perdió ambas piernas.
Desde entonces la pareja se separó y la migrante hondureña permanece sola, atendida únicamente por la caridad del refugio católico.
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