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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP
A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH
Por Redacción
El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.
El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.
Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.
La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.
En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.
Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.
En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.
Muchas deudas
El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.
En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.
En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.
11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.
Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.
Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal 
La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.
La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.
La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.
La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.
La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.
La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.
Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.
La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.
La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.
Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.
También lea: CEDH busca Alerta de Género para tres municipios más de SLP
En SLP, el partido anunció que irá sin el Verde, aunque las definiciones oficiales llegarán hasta diciembre
Por: Redacción
El Consejo Nacional de Morena votará este sábado 10 su política de alianzas rumbo a 2027, la que fijará con qué partidos competirá por diputaciones federales, 17 gubernaturas, congresos locales y alcaldías. Las definiciones oficiales de cada coalición llegarán hasta diciembre.
Será la primera gran sesión del partido después de celebrar sus 15 años, el miércoles en el Auditorio Nacional. El Consejo sesionará al mediodía en la Ciudad de México y también recibirá un informe sobre cómo se eligieron los coordinadores estatales, las figuras que serán candidatas a las gubernaturas.
¿Con quién va Morena en SLP?
San Luis Potosí llega como la excepción del país. El 28 de septiembre, la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, anunció que aquí el partido irá sin el Partido Verde, su aliado en el resto de las gubernaturas, al presentar a Elí César Eduardo Cervantes Rojas como coordinador estatal. Cervantes fue designado sin haberse inscrito y sin encuesta pública. Por el Verde, la senadora Ruth González Silva respondió “con Morena, seguramente no”.
Según Punto de Vista, en el estado Morena busca aliarse con el PT y con Nueva Alianza, y la dirigencia potosina confirmó acercamientos con ambos partidos. El medio también publicó que el PT podría respaldar a Cervantes en lugar de postular a alguien propio.
Las dos piezas están en el aire. El PT tiene “en pausa” las negociaciones con Morena en todo el país, aunque descarta romper la alianza, dijo en San Luis Potosí su comisionado político nacional, Gerardo Acosta Zavala. A nivel nacional, el petista Benjamín Robles Montoya advirtió que el partido podría ir con candidaturas propias en algunos estados y mencionó a San Luis Potosí entre los que tienen “perfiles competitivos”. Nueva Alianza, por su parte, dijo el 29 de septiembre que “no ha habido ningún acercamiento” con Morena.
También lee: Morena irá sin Verde ni PT en SLP, única excepción nacional
La resolución obliga al INE a modificar sus lineamientos y establece una regla uniforme para los cómputos
Por: Redacción
El Partido Acción Nacional (PAN) informó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que las llamadas “boletas planchadas”, es decir, las que no presentan las marcas de doblez necesarias para haber sido introducidas en la urna, no deberán contabilizarse ni incorporarse a los resultados electorales de 2027.
De acuerdo con el partido, la resolución deriva, entre otros medios de impugnación, del recurso de apelación SUP-RAP-215/2026, que promovió contra los lineamientos aprobados por el Consejo General del INE para los cómputos distritales y de circunscripción plurinominal del Proceso Electoral Federal 2026-2027.
El PAN explicó que había advertido que el mecanismo original permitía reservar una boleta sin las marcas de doblez y que, después, un Consejo Distrital decidiera mediante votación si debía contabilizarse o no. Según el partido, ese esquema dejaba abierta la posibilidad de incorporar boletas sobre las que existía una duda objetiva respecto de si habían seguido el procedimiento legal de emisión del voto.
La Sala Superior determinó que el planteamiento era fundado y estableció una regla: una vez marcada, la boleta debe doblarse y depositarse en la urna. Si durante el escrutinio o un recuento aparece una boleta sin los dobleces necesarios, deberá considerarse inválida.
“Ganamos una batalla fundamental para proteger el voto de las y los mexicanos. Las elecciones se ganan en las urnas, con votos emitidos legalmente, no con boletas cuya procedencia genere dudas. La voluntad ciudadana se respeta y se defiende”, sostuvo el PAN
Con la sentencia, el INE deberá modificar sus lineamientos. A partir de ahora, cuando durante el escrutinio y cómputo se detecte una boleta sin las marcas de doblez necesarias, no deberá contabilizarse ni incorporarse a la suma de resultados. Además, deberá registrarse la irregularidad y conservarse la boleta separada de aquellas que sí fueron computadas.
La decisión sustituye el esquema aprobado originalmente por el INE, bajo el cual cada Consejo Distrital podía deliberar y votar sobre la validez de este tipo de boletas, y establece en su lugar un criterio uniforme para todos los órganos electorales.
El Tribunal reconoció que el INE cuenta con facultades para reglamentar los cómputos electorales, pero determinó que deben ejercerse con respeto a la legislación y a los principios constitucionales de certeza, autenticidad y secrecía del sufragio.
El PAN afirmó que continuará utilizando todos los instrumentos jurídicos disponibles para defender la legalidad de las elecciones y garantizar que cada voto sea contado exactamente como fue emitido.
“Hoy ganó la certeza electoral. Ganó la legalidad y, sobre todo, ganó el derecho de las y los mexicanos a que su voto sea respetado. En el PAN vamos a seguir defendiendo cada elección, cada casilla y cada voto frente a cualquier intento de vulnerar la voluntad ciudadana”, concluyó.
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Ricardo Gallardo atribuyó la saturación a la detención de narcomenudistas, que hoy son casi ocho de cada 10 internos
Por: Redacción
Los penales de San Luis Potosí operan al 120 por ciento de su capacidad, reconoció Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del Estado, al responder sobre un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que reprueba a cuatro de los cinco centros penitenciarios del estado. Para el mandatario, la salida es construir un sexto penal.
“Lo que se llama reprobar no es un tema de reprobar, es un tema que ya no tienen capacidad de albergar más personas”, dijo. “Estamos en sobrepoblación, en todos los penales tenemos sobrepoblación”.
De acuerdo con el gobernador, casi el 80 por ciento de esa población son narcomenudistas, personas detenidas por vender sustancias prohibidas en las calles. Antes, explicó, salían en 72 horas; con los cambios hechos con el Poder Judicial, ahora permanecen detenidas.
“Prácticamente se están limpiando las calles, pero ahora el fortalecimiento se tiene que dar en los penales”, señaló.
Cuestionado sobre si la solución es un nuevo centro, r espondió: “La solución es un sexto penal, sin lugar a dudas”. Al preguntarle si estaría para 2027, contestó que sí: “Eso se tiene que hacer”.
Agregó que el Estado ha trasladado a más de 100 internos a penales federales, con envíos de 20 personas cada tres o cuatro meses.
Gallardo vinculó la sobrepoblación con el ritmo de detenciones de la Guardia Civil Estatal, que, según dijo, detiene cada semana entre 80 y 90 narcomenudistas en las cuatro zonas del estado, contra cinco o seis de los municipios. “Prácticamente no es nada lo que se detiene a nivel municipal”, afirmó. Las policías municipales, a su juicio, tendrían que ayudar en ese trabajo en las calles.
Los cinco centros penitenciarios dependen de la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana (SSPC), a través de su Dirección General de Prevención y Rehabilitación Social.
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