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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP
A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH
Por Redacción
El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.
El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.
Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.
La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.
En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.
Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.
En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.
Muchas deudas
El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.
En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.
En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.
11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.
Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.
Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal 
La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.
La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.
La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.
La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.
La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.
La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.
Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.
La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.
La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.
Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.
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Héctor Serrano indicó que el próximo martes sesionará la Jucopo para analizar y fundamentar jurídicamente la posible destitución de concejales de Pozos exhibidos como corruptos y que promovieron un paquete de prestaciones millonario.
Por: Redacción
El diputado y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés se manifestó respecto a las recientes revelaciones sobre la aprobación en la comisión de hacienda de Villa de Pozos de un paquete de prestaciones que otorgaría a los concejales más de 240 mil pesos a cada uno.
El legislador dejó en claro que es facultad del Congreso tanto la designación de la presidenta concejal de dicho municipio, como se dio en días pasados, y por lo tanto también tienen facultades de poder destituir concejales en caso de que se sustente jurídicamente y fundamenten los motivos.
El diputado recordó que el municipio de Pozos es un concejo y que sus integrantes no fueron electos y su designación no proviene de la voluntad popular, ya que fueron designados por el legislativo tal como lo marca el decreto que dio vida al nuevo municipio, por lo tanto, se revisará el próximo martes al interior de la Jucopo si existen los elementos jurídicos suficientes para destituir a los concejales exhibidos primero por aprobarse un paquete de prestaciones alejado de las políticas de austeridad y segundo por el audio en que se revela la “venta” de votos a cambio de recursos.
“El Congreso ha sido muy respetuoso de las funciones y atribuciones que hoy tienen, pero también somos enfáticos en decir que la intención de concretar un consejo como el de Pozos es garantizar la estabilidad social y mejorar las condiciones de vida de los potosinos que habitan esa región”
Resaltó que este tipo de conductas no corresponde a la dinámica de austeridad que ha establecido la actual administración estatal y adelantó que el próximo martes se llevará a cabo una convocatoria para tomar una decisión respecto a las medidas que deberán aplicarse.
“Lo tomamos con seriedad; acompañamos la propuesta y actuaremos en consecuencia con base en los hechos, que lamentablemente se han registrado y son atribuibles a la conducta de los integrantes de este consejo”, concluyó.
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“Es una mentada de madre” así se expreso el gobernador sobre los concejales de este municipio de autorizaron 200 mil pesos en prestaciones de fin de año
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, habló respecto a que los concejales de Villa de Pozos se autorizaron un paquete de prestaciones de fin de año, que se resume en que cada concejal recibirá 200 mil pesos.
“Es una mentada de madre, eso solo pasa con concejales que no son electos por el pueblo. El Congreso del Estado tiene que hacer algo ya. Hay una indignación de que estos concejales abusen de esta manera, saqueen de esta manera. El Congreso debe remover a todos esos integrantes
Cabe recordar que los concejales se autorizaron 45 días de aguinaldo, pago del llamado ‘Día 7’, la devolución total del ISR retenido en el aguinaldo, otorgado como prestación o bono y compensaciones adicionales contempladas en el Capítulo 1000 del presupuesto.
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La frase clave de la concejal de Villa de Pozos: “votemos todos a favor”, sugiriendo negociación grupal
Por: Redacción
Un audio en poder de este medio revela que la aprobación del millonario aguinaldazo en el recién creado municipio de Villa de Pozos no fue resultado de “convicción”, sino de negociaciones económicas entre regidores que se ostentan como oposición, particularmente los concejeros Maribel Lemoine y Dante Carreón.
En la grabación —que La Orquesta pudo obtener de fuentes cercanas al concejo — se escucha claramente a la regidora Maribel Lemoine condicionar su voto y el de otros regidores de oposición a cambio de un incremento de 200 mil pesos adicionales a sus prestaciones:
“Póngale otros 200 (mil) y puede que votemos a favor” y “primero traemos nosotros 240 (mil)… Entonces yo les digo: Súmanle otros 200 y la votación de noviembre a favor.”
En el fragmento, Lemoine no habla solo por ella, sino por un bloque de regidores de oposición: “votemos todos a favor”.
Esto evidencia que la negociación del aguinaldo no fue individual, sino colectiva, y que involucró votos de integrantes que públicamente se presentan como contrapeso del Cabildo.
De acuerdo con el dictamen aprobado por la Comisión de Hacienda —firmado por Dante Carreón, Maribel Lemoine y María Guadalupe Hernández Méndez— los regidores se autorizaron:
- Aguinaldo superior a 200 mil pesos por persona (más de 240 mil en algunos casos).
- 45 días de compensación para sus “asesores”, es decir 45 mil pesos extra.
- Pago del “día 7” (7 días extras por los meses con 31 días).
- Devolución del ISR retenido durante todo 2025, pagado por el municipio.
En total, el paquete navideño representa cerca de 40 millones de pesos, casi el 8% del presupuesto anual del nuevo municipio.
La ciudadanía de Pozos enfrenta ahora un Cabildo que, en su primer cierre de año, no discute obras, servicios ni prioridades comunitarias, sino cuánto dinero adicional puede sumarse a sus cuentas personales.
Aquí puedes consultar el audio: https://www.youtube.com/watch?v=Q8qjNT572Kw
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