abril 28, 2026

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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP

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A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH

Por Redacción

 

El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.

El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.

Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.

La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.

En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.

Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.

En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.

Muchas deudas

El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.

En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.

En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.

11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.

Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.

Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal

(SSPE) no ha diseñado una estrategia en cada municipio para la recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia, que incluya coordinación interinstitucional y participación ciudadana; tampoco ha implementado la estrategia de recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia en cada municipio ni ha evaluado la implementación de la estrategia en cada uno de los municipios con Alerta de Género.

La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.

La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.

La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.

La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.

La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.

La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.

Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.

La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.

La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.

Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.

 

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Ciudad

Galindo ve “mano negra” en conflicto por predio de Puerta de Piedra

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El Ayuntamiento propuso habilitar un terreno contiguo como parque urbano, con obras incluidas, pero no hubo respuesta del grupo inconforme

Por: Redacción

Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, aseguró que existen “manos negras” detrás del conflicto por el predio municipal en el fraccionamiento Puerta de Piedra, luego de que un grupo de vecinos promoviera un amparo para frenar su subasta.

El edil sostuvo que la oposición al proyecto dejó de tener lógica tras haber ofrecido alternativas formales a los inconformes, incluyendo la habilitación de otro terreno contiguo como parque urbano.

“No sé de quién, pero hay dos manos negras. Yo no me la creo. Si te ofrecen otro terreno, con iluminación, cercado y árboles, y no hay respuesta, entonces esto ya salió de la razón lógica”, declaró.

Galindo afirmó que el Ayuntamiento mantuvo diálogo con el grupo y respondió por escrito a sus peticiones, pero acusó que, en lugar de continuar con las negociaciones, optaron por judicializar el caso.

Además, rechazó que el proceso de subasta haya sido suspendido en su totalida

d, como han señalado integrantes del colectivo, al insistir en que el tema se encuentra en litigio y que el Cabildo aprobó la desincorporación de los predios conforme a la ley.

“No se hubiera subastado si no tuviera las condiciones legales. Fue aprobado por unanimidad”, sostuvo.

En contraste, el Colectivo Bosque Urbano Puerta de Piedra ha defendido el amparo interpuesto el pasado 13 de marzo, el cual fue admitido el 10 de abril por un juez, quien ordenó la suspensión del proceso de subasta de al menos 18 predios mientras se analiza el caso.

La audiencia constitucional del caso está programada para el próximo 8 de mayo, fecha en la que se definirá si el proceso de subasta puede continuar o si se confirma la protección legal de los predios.

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Destacadas

Afirma SSPC que la violencia se incrementa con el calor

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El secretario Juan Antonio Villa reveló que con la temperatura la gente se vuelve más irritable, además de que aumenta el consumo de alcohol

Por: Redacción

Juan Antonio Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló que han encontrado una correlación entre el incremento de actos de violencia y el aumento en las temperaturas.

Explicó que el calor genera que mucha gente se vuelva más irritable, por lo que en lugares muy cerrados o en casas pequeñas donde se exponencía la sensación térmica, crecen los incidentes de violencia, como puede ser la familiar.

Asimismo, en esta temporada se incrementa el consumo de bebidas alcohólicas, por lo que las personas tienden a embriagarse más, y “se ponen violentos” contra las personas a su alrededor.

Añadió que ante esta situación, han reforzado la seguridad para prevenir estos delitos, instruyendo al Agrupamiento Especial para Atención de Violencia de Género a tratar de manera inmediata los reportes.

Comentó que en la última semana atendieron 14 denuncias de este tema, de las cuales, cuatro resultaron procedentes, con los involucrados siendo puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado. 

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Ciudad

Con datos de INEGI, Galindo reporta avance histórico en seguridad pública

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En un encuentro con sectores sociales, políticos, y medios de comunicación, se confirmó con cifras verificadas que San Luis Potosí es el segundo gobierno más eficaz entre capitales del país.

Por: Jorge Saldaña

Con el respaldo de datos oficiales del INEGI y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el alcalde Enrique Galindo Ceballos anunció que San Luis Capital alcanzó su mejor nivel histórico en percepción de seguridad. Por primera vez desde que se realiza la medición, la ciudad se posicionó un 6.3% por debajo de la media nacional en inseguridad.

El anuncio se realizó la tarde de este lunes en un hotel del poniente de la ciudad, durante un evento de rendición de cuentas que congregó a figuras políticas como la senadora Verónica Rodríguez; los diputados locales Sara Rocha y Carlos Arreola; integrantes del gabinete municipal y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Juan Antonio Villa Gutiérrez. El acto también fue compartido con las representantes de los 800 Comités de Seguridad e Inteligencia Social, quienes recibieron el sello de “Garantía de Bienestar” como reconocimiento a su labor de vigilancia comunitaria.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), la confianza en la Policía Municipal escaló al 58.1%, situándose 9.2 puntos porcentuales por encima del promedio del país.

Este indicador se acompaña de una mejora del 35.6% en la percepción de seguridad respecto a los niveles críticos registrados entre finales de 2017 e inicios de 2018.

En el desglose de la incidencia delictiva, las cifras del Secretariado Ejecutivo confirmaron una disminución del 14% en delitos totales durante el primer trimestre del año, una reducción que supera la tendencia estatal (7.6%) y federal (3.6%). Entre los descensos más notables destacan la reducción del 72.4% en homicidios dolosos, una caída del 66% en robos con violencia y un 46% menos en robo a comercio.

El informe subrayó además la eficiencia administrativa, colocando a San Luis Potosí como el segundo gobierno más eficaz entre todas las capitales de México. Galindo Ceballos enfatizó que estos resultados son consecuencia de una estrategia de continuidad que ha mantenido a la ciudad dentro del “top cinco” de desempeño institucional por 14 trimestres consecutivos.

De la presentación también destaca el impacto de los servicios públicos en la prevención del delito. Actualmente, la capital potosina se posiciona como la ciudad mejor iluminada del país, factor que, junto con el trabajo de proximidad de la corporación policial, ha consolidado los niveles de confianza que reportan los organismos federales.

 

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Opinión

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