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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP
A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH
Por Redacción
El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.
El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.
Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.
La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.
En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.
Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.
En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.
Muchas deudas
El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.
En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.
En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.
11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.
Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.
Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal 
La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.
La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.
La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.
La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.
La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.
La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.
Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.
La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.
La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.
Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.
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Pidió que el impuesto sobre la nómina pase a manos de los trabajadores y dijo que “vengan los aumentos que se requieran”
Por: Haniel Valdés
Jaime Chalita Zarur, presidente del Consejo Empresarial Mexicano (CEM) en San Luis Potosí, afirmó que “vengan los aumentos que se requieran” al salario y propuso eliminar el impuesto sobre la nómina para que ese dinero llegue a los trabajadores.
Recordó que la iniciativa privada propuso romper la inercia del salario mínimo en diciembre de 2016, junto con su desindexación y algunas multas. Dijo que después, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, comenzaron los aumentos “necesarísimos”. Sin ellos, afirmó, México estaría “fuera de competencia internacional” en salarios y San Luis Potosí seguiría generando pobreza salarial.
Señaló que los aumentos deben cumplir el deber constitucional de un salario que permita no solo vivir y vestir, sino también el esparcimiento.
Sobre el récord de empleos que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció, de alrededor de 23 millones, dijo que le parece bien, pero que esas fuentes de empleo están a cargo de “quienes las producimos” y quienes las pagan. Cuestionó dónde está “el impuesto que nos castiga por generar fuentes de empleo”.
Afirmó que, si se quiere que los trabajadores ganen más, el impuesto sobre la nómina “tendría que estar exactamente en el bolsillo de los trabajadores”. Planteó que se elimine para que no quede en manos del gobierno, sino en las de los trabajadores, en su sueldo integrado, y pidió que los legisladores lo escuchen.
Dijo que ese impuesto es “dinámico”: cada inversión anunciada, ya sea de crecimiento o de empresas nuevas, genera empleos que pagan impuesto sobre la nómina. Hizo la invitación a “entrarle a todos, en favor de la gente que trabaja”, para que se traslade a “las personas que le dan vida a la empresa, que son los trabajadores”.
Agregó que la economía “es para quien trabaja” y para quien hace las cosas mejor que los demás, sin límite de horas de trabajo para quienes quieren sacar adelante un emprendimiento.
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741 hombres murieron por accidentes en San Luis Potosí durante 2025, de acuerdo con las estadísticas del INEGI
Por: Ana G Silva
En San Luis Potosí, 741 hombres perdieron la vida por accidentes durante 2025, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) contabilizaron 963 muertes por accidentes en San Luis Potosí durante el año pasado. De acuerdo con el desglose por sexo, los hombres representaron alrededor de 77 por ciento de las defunciones.
La proporción es prácticamente igual a la registrada en el país. A nivel nacional, el INEGI contabilizó 38 mil 769 muertes por presuntos accidentes durante 2025: 77 por ciento correspondió a hombres y 22.9 por ciento a mujeres. En 33 casos no se especificó el sexo de la persona fallecida.
En el estado, los accidentes se ubicaron como la cuarta principal causa de muerte, detrás de las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos.
El reporte también permite dimensionar el peso de los percances de transporte: a nivel nacional, estos concentraron 42.6 por ciento
Además, los fallecimientos por accidentes de transporte se concentraron principalmente en hombres de 15 a 24 años y de 25 a 34 años, grupos que registraron las mayores proporciones dentro de la distribución por edad y sexo.
En cuanto a la tasa de defunciones por accidentes según la entidad donde ocurrieron, San Luis Potosí registró 35.4 muertes por cada 100 mil habitantes, por encima del promedio nacional de 29.7. Al ajustar la tasa por la estructura de edad de la población, la entidad tuvo 34.8, frente a 29.7 a nivel nacional.
Tanto en San Luis Potosí como en el país, los hombres concentraron alrededor de tres cuartas partes de las muertes por accidentes.
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La ENVE estimó alrededor de 35 mil 366 extorsiones en el estado, aunque el INEGI advierte que este cálculo tiene precisión estadística baja
Por: Ana G. Silva
La extorsión fue el delito más frecuente contra los negocios de San Luis Potosí en 2025: concentró 39 de cada 100 delitos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En el país, la proporción fue de 26 por ciento.
La encuesta estimó 35 mil 366 extorsiones contra unidades económicas en el estado. Es una tasa de 3 mil 161 por cada 10 mil, más del doble de la nacional, de mil 467.
El propio INEGI clasifica esas estimaciones estatales con precisión baja, es decir, con un coeficiente de variación de 30 por ciento o más, por lo que su uso requiere cautela.
El dato más firme de la encuesta es otro: cuántos negocios fueron extorsionados. En San Luis Potosí fueron 628 de cada 10 mil, prácticamente igual que los 612 del promedio nacional. Con esa tasa, el estado se ubicó en el lugar 18 del país.
Las mismas víctimas
Esa tasa equivale a alrededor de 7 mil negocios potosinos extorsionados durante el año.
La combinación de ambos datos sugiere que la extorsión no alcanzó a más negocios que en otros estados, sino que se repitió sobre los mismos. Con las cifras de la ENVE, a cada negocio extorsionado en San Luis Potosí le habrían correspondido unas cinco extorsiones en el año,
El peso de la extorsión fue mayor en las microempresas, donde representó 42 por ciento de los delitos, y en el sector servicios, donde llegó a 53 por ciento. Ambas estimaciones también tienen precisión baja.
En el país, la tasa de extorsión pasó de mil 562 a mil 467 por cada 10 mil negocios entre 2023 y 2025, un cambio que el INEGI no consideró estadísticamente significativo.
Cuotas en persona
El 3 de noviembre, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que la extorsión había bajado tras la detención de unas 35 personas de células que operaban en la Huasteca y el Altiplano.
El secretario explicó entonces que en San Luis Potosí el modus operandi es “más físico”: los extorsionadores se presentan en persona y piden cuotas con el argumento de que pertenecen a un grupo criminal.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) y la SSPC anunciaron en octubre una campaña preventiva contra la extorsión en las cuatro regiones del estado.
También lee: Detienen a presunto extorsionador de comerciantes en la carretera 57: SSPC
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