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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP
A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH
Por Redacción
El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.
El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.
Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.
La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.
En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.
Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.
En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.
Muchas deudas
El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.
En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.
En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.
11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.
Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.
Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal 
La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.
La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.
La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.
La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.
La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.
La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.
Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.
La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.
La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.
Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.
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El adelanto del aguinaldo para El Buen Fin depende de las condiciones de cada empresa, detalló el diputado César Arturo Lara
Por: Redacción
El sector productivo de San Luis Potosí cuenta con condiciones para cumplir en tiempo y forma con el pago de aguinaldos y otras prestaciones de fin de año, consideró el diputado César Arturo Lara Rocha, quien estimó que la mayoría de las empresas se encuentran preparadas para cubrir estas obligaciones laborales.
El legislador señaló que las empresas formales suelen anticipar sus presupuestos desde meses antes para garantizar el pago a sus trabajadores, por lo que previó que el cierre de año transcurra sin mayores inconvenientes en esta materia.
Recordó que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre y que el monto mínimo para las personas trabajadoras sujetas a esta legislación equivale a 15 días de salario. La prestación puede ser mayor cuando así lo est ablezcan los contratos o las condiciones laborales.
Lara Rocha llamó a los empleadores a cumplir con esta obligación dentro del plazo legal y garantizar que sus trabajadores reciban el pago correspondiente.
Sobre la posibilidad de adelantar el aguinaldo para que las personas puedan aprovechar las promociones de El Buen Fin, indicó que depende de las condiciones de cada empresa. Añadió que no todos los trabajadores tienen acceso a este beneficio, particularmente cuando no existen contratos colectivos que contemplen acuerdos de esa naturaleza.
El diputado también señaló que el pago de esta prestación contribuye a incrementar la circulación de recursos y dinamizar la actividad económica durante la temporada de fin de año.
Aunque el legislador previó un cierre sin contratiempos, su pronóstico corresponde a una estimación sobre el comportamiento del sector productivo y no a un balance de cumplimiento de las empresas.
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El documento establece obligaciones sobre alimentación, salud, protección, descanso y resguardo
Por: Redacción
El Concejo Municipal de Villa de Pozos aprobó por mayoría de votos el Reglamento para la Protección y Bienestar de los Animales, con el que se establecerán obligaciones para las personas responsables de animales y mecanismos para prevenir el maltrato y fomentar la tenencia responsable.
La aprobación se realizó durante una sesión ordinaria del Concejo Municipal. De acuerdo con la presidenta concejal, Paty Aradillas Aradillas
Entre sus disposiciones, el reglamento establece lineamientos relacionados con la alimentación, salud, protección, descanso y resguardo de los animales, además de señalar la necesidad de que cuenten con espacios adecuados para su bienestar.
Aradillas señaló que uno de los objetivos es promover una cultura de respeto y cuidado animal desde una perspectiva de salud pública, así como generar conciencia sobre las responsabilidades que implica tener animales y evitar prácticas que pongan en riesgo su integridad.
El documento también contempla la integración de un comité con participación ciudadana, que contribuirá a vigilar la aplicación y funcionamiento del reglamento.
Con esta aprobación, Villa de Pozos contará con un instrumento normativo municipal específico en materia de protección animal. Sin embargo, el boletín no detalla las sanciones previstas para quienes incumplan sus disposiciones, las autoridades responsables de aplicarlas ni la fecha en que entrará en vigor.
También lee: Villa de Pozos refuerza acciones de bienestar animal
José Andrés Aceves, “El Chiringas”, ejecutó las seis manganas del equipo potosino
Por: Redacción
El equipo potosino RG2 conquistó su tercer título nacional de charrería al coronarse campeón del LXXXII Congreso y Campeonato Nacional Charro 2026, tras sumar 412 puntos en una final que se definió hasta el paso de la muerte, ante una Arena Potosí llena.
La escuadra local se impuso a Rancho El Soyate, de Zacatecas, que terminó en segundo lugar con 406 unidades, mientras que Hacienda Santa Mónica ocupó la tercera posición con 350 puntos.
La competencia se mantuvo cerrada hasta los últimos momentos. La actuación de RG2 incluyó la cala de caballo de Cuco Raya; las colas de Álvaro León, Diego Ibarra y Chuyín Aceves; las seis manganas ejecutadas por José Andrés Aceves, “El Chiringas”, y el paso de la muerte de Óscar Guerra, que aseguró la victoria para el conjunto potosino.
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona encabezó la ceremonia de clausura del campeonato, que durante tres semanas reunió en San Luis Potosí a equipos de charros y escaramuzas de México y Estados Unidos, además de aficionados y visitantes.
La final representó el cierre de una edición del torneo en la que San Luis Potosí fue sede de las competencias nacionales en la Arena Potosí. La organización del evento también generó actividad para sectores como el hotelero, turístico, comercial y de servicios, aunque no se dieron a conocer cifras sobre la derrama económica o el número total de visitantes.
Con el triunfo de RG2, San Luis Potosí cerró el campeonato con un título nacional para su equipo, que consiguió imponerse por seis puntos a Rancho El Soyate en la final de la categoría AAA.
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