agosto 8, 2026

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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP

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A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH

Por Redacción

 

El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.

El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.

Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.

La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.

En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.

Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.

En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.

Muchas deudas

El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.

En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.

En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.

11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.

Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.

Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal

(SSPE) no ha diseñado una estrategia en cada municipio para la recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia, que incluya coordinación interinstitucional y participación ciudadana; tampoco ha implementado la estrategia de recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia en cada municipio ni ha evaluado la implementación de la estrategia en cada uno de los municipios con Alerta de Género.

La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.

La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.

La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.

La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.

La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.

La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.

Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.

La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.

La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.

Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.

 

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Ayuntamiento de SLP

SSPC de la Capital implementa operativo vial para agilizar accesos y salidas de la FENAPO 2026

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Durante la feria habrá modificaciones en avenida de las Torres, Simón Díaz y Francisco Martínez de la Vega, con rutas específicas para entrar y salir del recinto

Por: Redacción

Con el objetivo de agilizar la movilidad y facilitar el acceso de las familias a la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2026, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Capital, a través de la Dirección General de Policía Vial y Movilidad, implementa un operativo especial de circulación vehicular durante el desarrollo del evento.

Para el acceso de vehículos, se realiza cambio a un solo sentido de circulación en  la avenida de las Torres, de norponiente a suroriente, por lo que los vehículos que ingresen a la zona de la FENAPO deberán hacerlo desde Calzada de Guadalupe, utilizando esta vialidad como acceso principal. Como alternativa, se contará con un acceso secundario por avenida Simón Díaz, proveniente de avenida de la Constitución.

Para la salida del recinto, el flujo vehicular se distribuirá principalmente hacia Circuito Potosí, mediante la incorporación desde avenida de las Torres. Como salida secundaria, los automovilistas podrán continuar por esta misma vialidad para incorporarse a avenida Simón Díaz, con dirección a avenida de la Constitución y el fraccionamiento Simón Díaz.

Como parte de la estrategia de movilidad, la avenida Francisco Martínez de la Vega, en el tramo comprendido entre avenida de las Torres y avenida Simón Díaz, permanecerá cerrada al tránsito vehicular. El primer tramo, de avenida de las Torres al callejón peatonal América del Sur,

será habilitado como callejón peatonal, mientras que el segundo tramo funcionará como zona exclusiva para ascenso y descenso de taxis.

La SSPC de la Capital exhorta a las y los asistentes a la FENAPO a planificar sus traslados, respetar la señalización y las indicaciones del personal de Policía Vial, así como considerar el uso de transporte público para facilitar la movilidad en los alrededores del recinto.

Estas medidas buscan mantener un flujo vehicular ordenado y seguro durante la feria, privilegiando tanto la movilidad de quienes acuden al recinto como la seguridad de peatones, usuarios del transporte público y habitantes de las zonas aledañas.

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Ingresa ex gobernador de Guerrero al penal del Altiplano

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Ángel “N” buscó prisión domiciliaria por tener mas de 70 años; el juzgado federal rechazó la petición

Por: Roberto Mendoza

El exgobernador de Guerrero, Ángel “N”, recibió el dictado de prisión preventiva oficiosa en el penal de máxima seguridad del Altiplano, imputado por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia. La Fiscalía General de la República (FGR) sustentó la acusación señalando la instrucción directa para desaparecer los videos del Palacio de Justicia de Iguala.

Durante la audiencia inicial, el imputado ingresó a la segunda sala del Centro de Justicia Penal Federal en una silla de ruedas tras presentar alteraciones en su presión arterial que retrasaron la diligencia. La defensa legal solicitó al juez de control la medida cautelar de prisión domiciliaria, argumentando la edad de 70 años del exfuncionario y un cuadro clínico conformado por diabetes, hipertensión y una infección reciente

. El juzgador federal rechazó la petición al determinar que no se acreditaron los requisitos legales probatorios para otorgar el arraigo domiciliario, ratificando la reclusión.

El equipo legal del exgobernador se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que la resolución sobre su vinculación a proceso se definirá la próxima semana. En su intervención frente a la autoridad judicial, el exmandatario estatal manifestó su postura ante los señalamientos del Ministerio Público de la Federación: “Ayer fui detenido a las 10 de la mañana después de 12 años de la desaparición de los normalistas… Nunca me he escondido“.

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El Realito: la presa con huellas de Televisa y Slim

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Detrás de las fallas de agua que ya suman casi un centenar de reportes desde 2021, hay un consorcio con dueños muy conocidos que maneja el contrato que blinda su pago… pase lo que pase

Por: Carlos Ruíz

Están bien documentados los numerosos problemas que ha tenido San Luis Potosí con la Presa El Realito, un proyecto diseñado para surtir de agua a alrededor de 46 colonias de la Zona Metropolitana potosina, pero que tan solo en lo que va del año, ya ha fallado en al menos siete ocasiones. Múltiples veces se ha propuesto retirarle la concesión a la empresa operadora, la cual tiene a personajes muy poderosos detrás.

El consorcio Aquos El Realito, operador del acueducto que ha fallado al menos 73 veces desde 2021 y dejado 277 días sin agua a las colonias que dependen de él, pertenece a dos de los grupos empresariales más grandes de México: uno controlado por el magnate Carlos Slim, y otro por el financiero regiomontano David Martínez Guzmán, en sociedad con la cúpula de Grupo Televisa.

Aquos El Realito es una sociedad integrada por Aqualia Gestión Integral de Agua (44%) y Aqualia Infraestructura (5%), filiales del grupo español FCC; Conoinsa (50.999%), filial de Empresas ICA; y Servicios de Agua Trident (0.001%), filial de la japonesa Mitsui.

El bloque Aqualia (49% del consorcio) responde, en última instancia, a Carlos Slim: de acuerdo con registros financieros citados por Bankinter y El Economista en octubre de 2025, Slim controla 81.46% de FCC de forma directa y otro 7.247% a través de Operadora Inbursa de Fondos de Inversión. FCC, a su vez, mantiene 51% de Aqualia después de vender 49% de esa filial al fondo australiano IFM Investors.

Históricamente propiedad de la familia Koplowitz, FCC se consolidó como una de las constructoras más importantes de España, pero fue acumulando una deuda que la dejó al borde de la quiebra a mediados de la década pasada, hasta que el ingeniero Slim inyectó el capital necesario para salvar a la compañía y convertirse en su principal accionista. Desde su llegada, se han hecho con proyectos de la talla de la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid y de la ampliación del Metro de Nueva York.

El vínculo de Slim con El Realito no se limita a su participación como socio operador. La propia constructora de Carlos Slim, Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), fue la que diseñó y construyó físicamente la presa, bajo un contrato adjudicado en 2008. Así lo documenta el propio sitio de CICSA, que enlista la obra en su portafolio de proyectos de agua, junto con reportes de la revista Expansión y los reportes anuales de Grupo Carso, que reportan el avance de la construcción en 2008 y su conclusión en 2012. Es decir: antes de cobrar por operar el acueducto, Slim ya había cobrado por levantarlo.

El otro bloque, Conoinsa/Empresas ICA (50.999% del consorcio, la porción mayor), no es de Slim (o no del todo). Según documentó el periodista Mathieu Tourliere en un reportaje de investigación para la revista Proceso (15 de marzo de 2025), con actas de asamblea y registros públicos, el conglomerado ICA lo controla desde el rescate financiero de 2016-2018 el financiero regiomontano David Martínez Guzmán, vía vehículos de Luxemburgo ligados a su fondo Fintech Advisory, en sociedad con Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, los dos copresidentes de Grupo Televisa. 

La estructura accionaria de ICA Tenedora se ha modificado con el tiempo: tras la venta a la francesa Vinci, en diciembre de 2022, de la participación conjunta en Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), quedó en 30% para Martínez y 23.95% para cada uno de los dos ejecutivos de Televisa y un 1.2% de Control Empresarial de Capitales, filial de Grupo Carso de Carlos Slim, es decir, el propio Slim también tiene una participación minoritaria, aunque simbólica, dentro del bloque de ICA. 

Gómez y De Angoitia han sido por muchos años los hombre de confianza de Emilio Azcárraga Jean, al grado que cuando en 2024 este último dio un paso al costado de la presidencia de Grupo Televisa en medio de las investigaciones por el presunto soborno a ejecutivos de la FIFA para asegurar los derechos del Mundial, fueron ellos dos quienes asumieron el puesto de Co-Presidentes Ejecutivo

s.

Su relación con Martínez no se limita a Empresas ICA, pues desde octubre de 2024 (justo unos días antes del cambio en la presidencia) el oriundo de Monterrey ha comprado, además, acciones de la propia Televisa. Empezó con 7.8%, lo que lo volvió su tercer mayor accionista; y hace unas semanas, se acabó se consolidar. El pasado mes de junio, como parte de un aumento de capital de alrededor de 7 mil millones de pesos aprobado por los accionistas de Televisa, la empresa informó que la participación de Martínez podría llegar a 22.3% una vez se conviertan las obligaciones que compró, lo que lo convertiría en el mayor accionista individual de la compañía. 

Esa conversión todavía no ocurre: se proyecta para 2027. Azcárraga ha reducido considerablemente sus acciones de la compañía, aunque conserva (vía un fideicomiso familiar y una clase especial de acciones) el control formal del voto de la empresa, independientemente de cuánto capital tenga cada quien. En resumidas cuentas, aunque Emilio Azcárraga tiene el poder de decisión, el mismo financiero que reparte el control de El Realito con los dos hombres más poderosos de Televisa está, al mismo tiempo, camino a convertirse en el mayor dueño accionario de la propia televisora.

David Martínez es apodado coloquialmente como “El Fantasma de Wall Street”, y ha adquirido un poder inmenso en Latinoamérica, especialmente en Argentina, donde ha servido como negociador para la deuda nacional y en 2017, fue considerado por Forbes como el hombre más rico de dicho país. El regiomontano tiene un historial documentado de tomar control de empresas en dificultades financieras a partir de deuda: lo hizo con la textilera CYDSA en los años 90, con la vidriera Vitro entre 2009 y 2012, y con las ya mencionadas Empresas ICA desde 2016. 

Algo similar realizó en 2020 con Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), el operador de, entre otros, el Aeropuerto Ponciano Arriaga de la capital potosina. Fintech compró primero acciones especiales que garantizaban el control de la aeroportuaria y luego concretó una oferta pública con la que en julio de 2021, alcanzó el 30.1% de participación económica, suficiente para mantener el control hasta que lo vendieron a la francesa Vinci Airports en 2022 (El Economista, dic. 2020 y jul. 2021; Folleto Informativo Definitivo, Bolsa Mexicana de Valores, may. 2021). 

Si bien todos estos empresarios se han aliado en otras ocasiones (en 2017 ganaron la licitación para construir el ahora cancelado Aeropuerto de Texcoco), cuando se otorgó la concesión para la administración de El Realito, ni Slim ni Martínez ni los copresidentes de Televisa tenían sus actuales injerencias en Aquos, por lo que se podría decir que ésta fue heredada, y acabó dejando el control de la presa en las manos de cuatro de los hombres más poderosos del país.

Desde entonces, al menos tres intentos de rescindir o modificar el contrato se han hecho sin haber prosperado: en agosto de 2018, la Comisión Estatal del Agua abrió un expediente que no avanzó pese a 350 mil afectados y una queja de oficio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; en abril de 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a una petición del gobernador Ricardo Gallardo Cardona con un “a lo mejor se lo cambiamos” que no derivó en ningún trámite documentado; y desde 2025, la Comisión Nacional del Agua asegura estar “evaluando” el retiro de la concesión, hasta el momento, sin resolución.

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