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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP
A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH
Por Redacción
El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.
El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.
Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.
La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.
En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.
Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.
En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.
Muchas deudas
El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.
En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.
En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.
11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.
Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.
Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal 
La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.
La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.
La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.
La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.
La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.
La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.
Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.
La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.
La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.
Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.
También lea: CEDH busca Alerta de Género para tres municipios más de SLP
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“Me dijo: te voy a matar”; mujer teme por amenazas de padre del alcalde de Cerro de San Pedro
Blanca Estela Hernández asegura que recibe llamadas intimidatorias y que ya no puede trabajar tranquila. Desde 2023 mantiene una denuncia contra J. Santos Nava Arista
Por: Ana G Silva
“Yo ahorita sí tengo miedo”. Blanca Estela Hernández Martínez dice que ya no puede trabajar con tranquilidad. Que teme abrir su negocio, que ha recibido llamadas intimidatorias y que, en una de las agresiones que denuncia, escuchó una frase que todavía recuerda: “Te voy a matar”.
“Ahí en el Cerro nadie te quiere”, asegura que le dicen en algunas de las llamadas que recibe.
Este testimonio, recabado en exclusiva por La Orquesta, es el de Blanca Estela Hernández Martínez, maestra y comerciante de Cerro de San Pedro, quien desde 2023 mantiene una denuncia contra J. Santos Nava Arista, padre del presidente municipal, Jesús “Chuy” Nava Loredo.
La mujer acusa a J. Santos de haberla agredido físicamente, amenazado y de intentar despojarla de un terreno que asegura es de su propiedad. Su denuncia quedó registrada en la carpeta de investigación 18077-23, iniciada tras hechos ocurridos el 14 de mayo de 2023.
Pero el miedo, asegura, fue precisamente una de las razones por las que dejó de impulsar el procedimiento durante un tiempo: “Yo sí recibí amenazas y dije: ‘No, ya mejor me detengo’”, relató. Ahora decidió volver a hablar.
Blanca Estela asegura que el conflicto ha dejado de ser únicamente una disputa por un terreno.
Dice que el temor la acompaña en su trabajo cotidiano y que ha llegado a sentirse insegura incluso dentro de su propio negocio: “Ya no trabajo a gusto”, explicó.
Según su testimonio, J. Santos ha llegado hasta la puerta de su establecimiento acompañado por varias personas y en una actitud que considera intimidatoria. También aseguró que ha recibido llamadas constantes con mensajes que interpreta como amenazas.
Hace unos días, relató, incluso solicitó apoyo de la Guardia Civil ante una situación que le generó temor. Asegura que esperó cerca de tres horas, pero los elementos nunca llegaron: “Yo ahorita, en estos momentos, sí tengo miedo”, insistió.
Una denuncia desde 2023
El origen del conflicto se remonta al 14 de mayo de 2023, cuando Blanca Estela fue informada de que había personas dentro de un predio que considera de su propiedad, ubicado en las inmediaciones de las calles Independencia y Arroyo San Nicolás.
Al llegar, aseguró haber encontrado una barra para la venta de cerveza y a varias personas trabajando en el lugar.
Según su relato, cuando cuestionó qué estaban haciendo en el terreno, J. Santos Nava Arista reaccionó de forma agresiva.
La mujer asegura que fue insultada, empujada, jalada del cabello y escupida en el rostro.
También afirma que fue amenazada de muerte.
“Te voy a matar”, recuerda que le dijo.
Por estos hechos presentó la denuncia que dio origen a la carpeta 18077-23.
El conflicto volvió a escalar, según su versión, en marzo de este año, cuando se enteró de que nuevamente se realizaban trabajos y excavaciones dentro del mismo terreno.
Blanca Estela asegura que acudió al lugar y volvió a recibir insultos y amenazas. También afirmó que, durante uno de estos episodios, J. Santos hizo un gesto con la mano simulando un arma.
El antecedente de la detención de julio
La denuncia de Blanca Estela surge apenas semanas después de que J. Santos “N” fuera detenido, el pasado 3 de julio, tras un incidente en agravio de otra mujer, identificada como Mayra “N”.
En ese caso, habitantes de Cerro de San Pedro cuestionaron públicamente que el padre del alcalde recuperara su libertad pocas horas después de haber sido asegurado.
Fuentes cercanas al caso consultadas por La Orquesta señalaron entonces que la víctima habría sido presionada para otorgar el perdón, aunque esta versión no ha sido confirmada por la Fiscalía General del Estado.
De manera previa, este medio también obtuvo información sobre otras posibles investigaciones relacionadas con J. Santos “N”, correspondientes a los años 2019 y 2020.
A estos antecedentes se suma ahora la carpeta iniciada por Blanca Estela en 2023.
El caso adquiere una nueva dimensión luego de que, hace unos días, la titular de la Fiscalía General del Estado asegurara no conocer ningún caso en contra de J. Santos.
Sin embargo, la defensa de Blanca Estela presentó públicamente el número de carpeta 18077-23, abierta desde hace tres años.
Antonio Pérez Oldevilla, abogado de Blanca Estela, explicó que buscan reactivar las diligencias y que la investigación sea canalizada a las áreas especializadas correspondientes. También solicitarán medidas de protección para la denunciante.
El abogado sostuvo que el temor fue una de las razones por las que Blanca Estela dejó de dar seguimiento constante a la carpeta, pero aseguró que ahora busca continuar con el procedimiento.
Para ella, volver a hablar públicamente no significa que el miedo haya desaparecido. Pero, pese a ello, decidió retomar su denuncia. “Esto tiene que seguir adelante”, concluyó.
También lee: Caso Cerro de San Pedro: Gobierno pide que la Fiscalía actúe sin privilegios
La caída estatal casi triplica el ritmo con el que baja el dengue en el país
Por: Carlos Ruíz
San Luis Potosí registró 22 casos confirmados de dengue en lo que va de 2026, una caída de 91.8% frente a los 269 casos del mismo corte del año anterior, de acuerdo con el Panorama Epidemiológico de Dengue de la Dirección General de Epidemiología, de la Secretaría de Salud federal.
La reducción estatal contrasta con la nacional: los casos confirmados de dengue en el país bajaron de 6,405 a 4,152 en el mismo periodo —una caída de 35.2%—, mientras las defunciones pasaron de 32 a siete, según el corte a la Semana Epidemiológica 32, con información al 17 de agosto de 2026.
De los 22 casos confirmados en la entidad, 10 corresponden a dengue no grave, 10 a dengue con signos de alarma y dos a dengue grave. San Luis Potosí no registra defunciones por la enfermedad ni en 2025 ni en lo que va de 2026.
La tasa de incidencia estatal es de 0.73 casos por cada 100 mil habitantes, muy por debajo del 3.09 nacional. El único serotipo identificado por pruebas de PCR en tiempo real en la entidad es el DENV-3, presente en los seis casos con serotipo confirmado.
El 72% de los casos confirmados en el país se concentra en cinco estados: Sonora, Veracruz, Tabasco, Sinaloa y Baja California Sur. San Luis Potosí no forma parte de ese grupo.
El Panorama Epidemiológico de Dengue se actualiza cada semana; el corte usado aquí corresponde a la Semana Epidemiológica 32, publicada este jueves 20 de agosto.
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El gobernador pidió a la CFE anunciar las líneas y transformadores nuevos
Por: Redacción
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona reconoció que la Huasteca Potosina es la región del estado con más apagones recurrentes, y que San Luis Potosí figura entre los tres estados con más cortes de luz del país, de acuerdo con una investigación de NMAS Monterrey.
Gallardo atribuyó el problema a la sobrecarga de las líneas por el uso masivo de aires acondicionados en temporada de calor, y dijo que la falla se repite desde hace unos 20 años en toda la franja huasteca del país, incluidos Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo, Tabasco, Campeche y la península de Yucatán. Precisó que no es un problema frecuente en la zona metropolitana de la capital.
El mandatario dijo que ya hay diálogo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y calificó de “muy buen delegado” a Elizondo, representante de la dependencia en el estado, a quien atribuyó capacidad de respuesta rápida cuando ocurren las fallas.
Gallardo adelantó que la CFE prepara “cuatro inversiones fuertes” en la región, aunque no dio montos, líneas ni número de transformadores a sustituir; dijo que corresponde a la propia dependencia federal detallar esa información en una rueda de prensa.
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