noviembre 14, 2026

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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP

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A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH

Por Redacción

 

El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.

El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.

Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.

La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.

En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.

Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.

En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.

Muchas deudas

El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.

En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.

En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.

11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.

Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.

Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal

(SSPE) no ha diseñado una estrategia en cada municipio para la recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia, que incluya coordinación interinstitucional y participación ciudadana; tampoco ha implementado la estrategia de recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia en cada municipio ni ha evaluado la implementación de la estrategia en cada uno de los municipios con Alerta de Género.

La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.

La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.

La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.

La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.

La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.

La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.

Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.

La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.

La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.

Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.

 

También lea: CEDH busca Alerta de Género para tres municipios más de SLP

Ayuntamiento de SLP

“Serrano tiene mucho barrio, pero en otro lado”: Galindo

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El alcalde reiteró que lo considera su amigo e insistió en que lo invite al Congreso: “yo voy con mucho gusto”

Por: Redacción

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, dijo que sigue considerando amigo al diputado Héctor Serrano Cortés, pero que “estamos en el ring político” y que él “juega de local” y el legislador no.

Explicó que eso es lo que quiso decirle. Sobre lo de “chilango”, dijo que “si se malinterpretó… basta”, que no es “peyorativo ni clasista” y que su respeto es para el diputado.

Galindo reiteró, “por cuarta o quinta vez consecutiva”, que lo considera su amigo. Dijo que sigue insistiendo en que lo invite al Congreso: “yo voy con mucho gusto”.

“Mucho barrio, pero en otro lado”

Al preguntarle si Serrano “no tiene barrio”, respondió: “No, sí tiene mucho barrio, pero en otro lado. Le hace falta conocer la idiosincrasia del potosino”.

Galindo dijo que los potosinos “pensamos distinto” y que no es un tema de clasismo. “No es la primera vez que viene alguien de fuera a querernos decir cómo gobernar, nosotros sabemos gobernar”, afirmó. Aclaró que habla en plural, “no de Enrique Galindo”.

Contexto

El 13 de noviembre, Serrano dijo que el alcalde lo llamó “chilango” y le reprochó no conocer las colonias de San Luis. Calificó a Galindo de “a medias en todo” y de clasista, y dijo que el Congreso no lo citará antes del 15 de diciembre. Ese día, por la mañana, el alcalde había invitado al diputado a debatir en el Congreso.

También lee: Congreso no citará a Galindo antes del 15 de diciembre: Serrano

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Destacadas

Kremlin confirma cumbre de Trump, Xi y Putin en Shenzhen

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Zelenski teme que la cumbre sirva para negociar sobre Ucrania sin su país

Por: Redacción

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladímir Putin, se reunirán por primera vez los tres el 19 de noviembre en Shenzhen, China, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La Casa Blanca y el Kremlin confirmaron la reunión. Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, dijo que se alcanzó un acuerdo para el encuentro y lo calificó como extremadamente significativo, aunque rechazó compararlo con la Conferencia de Yalta de 1945, en la que Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética definieron el orden de la posguerra. Agregó que lo que se acuerde en Shenzhen no podrá imponerse a otros países.

Armas nucleares, el tema central

Trump dijo que la reunión es una oportunidad para que los tres países lleguen a un acuerdo sobre sus arsenales nucleares. Un funcionario estadounidense advirtió, sin embargo, que no se espera ningún acuerdo y que se trata de una primera conversación. Según la misma fuente, Trump también planea hablar de la guerra con Irán.

El encuentro llega nueve meses después de que expiró el New START

, el último tratado que limitaba las armas nucleares de Estados Unidos y Rusia. Trump rechazó la propuesta rusa de prorrogarlo un año y pidió un acuerdo nuevo que incluya a China. Es la primera vez en más de 50 años que no hay límites a los arsenales de las dos potencias. Rusia tiene más ojivas nucleares que nadie, seguida de Estados Unidos y China.

¿Y Ucrania?

Las versiones sobre Ucrania no coinciden. Un funcionario estadounidense dijo que Trump evitará el tema en la reunión a tres, mientras que autoridades rusas aseguraron que Putin y Trump tendrán además una reunión bilateral en Shenzhen para hablar de la guerra. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, expresó su preocupación de que la cumbre sirva para negociar un acuerdo sobre su país sin Ucrania en la mesa.

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#4 Tiempos

Mucho circo, poca humanidad: el caso de Odín | Columna de Ana G Silva

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Corredor Humanitario

 

Hay personas que todavía no entienden que los animales no son mercancía, decoración ni herramientas para sacar dinero. Y luego se molestan cuando alguien se atreve a señalarlo. El caso del Circo Osorio, en Cerritos, es un buen ejemplo de esa resistencia a entender algo tan sencillo como que los animales sienten, se lastiman y tienen derecho a no ser explotados.

Resulta que en este circo tenían un poni llamado Odín, que presentaba deformaciones en sus extremidades y, aun así, era utilizado para tomarse fotografías con las familias que acudían al espectáculo. Según los señalamientos difundidos por activistas, cada fotografía se cobraba entre 50 y 80 pesos. El argumento de los responsables fue que las personas no se subían al animal, sino que posaban a su lado. ¡Ah, bueno! Entonces no había problema, porque solamente lo utilizaban como escenografía viviente.

Qué conveniente resulta esa explicación cuando hay dinero de por medio. Si el poni servía para atraer visitantes, cobrar fotografías y completar la experiencia del espectáculo, ¿por qué no se procuró que estuviera en condiciones adecuadas? Si, como se argumentó, sus problemas eran las pezuñas largas, ¿tan complicado era llevarlo con un especialista para que recibiera atención?

La ironía es todavía mayor si recordamos que, para las fotografías, el animal sí tenía que estar presentable: que si la playerita de la Selección Mexicana, que si acomódense junto al poni, que si sonrían para la cámara. Pero cuando se trataba de su salud, ahí sí parecía que el presupuesto ya no alcanzaba.

Y no, señores, tener un circo no les da derecho a disponer de los animales como si fueran parte del mobiliario. Si tienen un espectáculo, aprendan a ofrecer un espectáculo. Hay malabaristas, acróbatas, payasos, bailarines, ilusionistas y un montón de disciplinas que no necesitan convertir a otro ser vivo en una atracción. Y si el negocio no funciona, también hay otras alternativas: poner un puesto de tacos, trabajar en un restaurante, buscar empleo en el cine o dedicarse a cualquier otra actividad. Las posibilidades son infinitas. Lo que no es una alternativa es seguir viviendo de la explotación animal porque resulta más fácil cobrar por exhibirlos que aprender a hacer algo diferente.

Pero aquí viene otra parte de esta historia que merece mucho más reconocimiento: la intervención de quienes sí hicieron algo por Odín.

En el rescate participaron agrupaciones y personas defensoras de los animales que se movilizaron, denunciaron y exigieron la intervención de las autoridades. Entre ellas estuvieron Salvando Huellitas, Seres Libres-Animal Rescue, Manada de Copito y Fundación Guarida Perruna. Su participación fue fundamental para que, después de varias horas de movilización, Odín pudiera salir del circo.

Odín fue trasladado a un hospital veterinario, donde sería evaluado para conocer las causas de las deformaciones en sus extremidades y determinar su estado de salud. Es decir, ahora sí tendría la oportunidad de recibir atención especializada.

Y mientras estas asociaciones hacían lo que podían para sacar a un animal de una situación que consideraban injusta, comenzaron las amenazas. Elizabeth Soto, integrante de Seres Libres-Animal Rescue, denunció intimidaciones que presuntamente provenían de personas vinculadas al circo. Incluso se difundieron mensajes públicos en redes sociales dirigidos a las activistas, con expresiones como: “eres una mugrosa, también te vamos a chingar a ti por culera”.

¿En serio? ¿Esa es la respuesta cuando alguien cuestiona el trato que reciben los animales? ¿Amenazar a quienes intervinieron para protegerlos? Parece que algunos están más preocupados por defender su negocio que por explicar las condiciones en las que mantenían a los ejemplares.

Y luego viene lo verdaderamente absurdo: ahora resulta que las animalistas quieren lucrar con el poni. Aquí sí vale la pena detenernos un momento. ¿Conocen el trabajo de estas asociaciones? ¿Han visitado sus refugios? ¿Saben lo que cuesta mantener a cientos de animales que fueron abandonados, atropellados, maltratados o que estuvieron a punto de morir?

Muchas de estas organizaciones trabajan sin respaldo económico permanente de los gobiernos. Organizan eventos a beneficio, buscan donaciones, realizan colectas y destinan buena parte de sus propios recursos para mantener a los animales que rescatan. Algunas tienen bajo su cuidado refugios con más de 50 perros y gatos

.

Y esos animales no comen aplausos. Necesitan alimento todos los días, atención veterinaria, vacunas, desparasitaciones, esterilizaciones, medicamentos, correas, espacios seguros y un techo. Algunos nunca consiguen una familia que los adopte y terminan pasando años bajo el cuidado de quienes decidieron no abandonarlos a su suerte.

Quienes están detrás de estas asociaciones también tienen trabajos, familias, responsabilidades y cuentas que pagar. No son millonarios ni viven de recoger animales. Al contrario, muchas veces tienen que trabajar para poder sostener su propia vida y, además, conseguir recursos para los animales que otros dejaron en el abandono.

Por eso resulta particularmente ofensivo que se les acuse de querer hacer negocio con Odín. Pero claro, si alguien está acostumbrado a cobrar por exhibir animales, quizá le cueste entender que también hay personas dispuestas a gastar su tiempo y dinero para ayudarlos sin esperar una fotografía de recuerdo a cambio.

Lucrar con un animal es utilizarlo para obtener dinero a costa de su bienestar. Rescatarlo implica precisamente lo contrario: asumir responsabilidades y gastos para que pueda recuperarse. No confundamos las cosas.

Y para quienes todavía tienen dudas sobre si el circo podía utilizar al poni, les dejamos un pequeño recordatorio jurídico. El artículo 120 de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de San Luis Potosí prohíbe expresamente el establecimiento y operación de espectáculos circenses en los que se utilicen animales vivos. No distingue entre ponis, caballos, perros, leones o cualquier otra especie.

El artículo 41 establece que las autoridades municipales deben garantizar que estos espectáculos no se establezcan ni operen. Y el 129 contempla sanciones económicas, el retiro inmediato del espectáculo y, de ser necesario, el auxilio de la fuerza pública. Por su parte, el artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre prohíbe el uso de ejemplares silvestres en circos.

Así que no se trata de que las animalistas estén buscando quitarle el trabajo a alguien, de que tengan algo personal contra el circo o de que quieran perjudicar a una familia. Se trata de cumplir una ley que existe desde hace años y que NO está puesta a consideración de los propietarios de un espectáculo. ¿Cómo es posible que todavía tengamos que discutir si se debe permitir la operación de un circo con animales cuando la prohibición está escrita en la legislación estatal?

A las asociaciones rescatistas, a quienes estuvieron ahí y a quienes no soltaron el caso: gracias por no mirar hacia otro lado. Ojalá que las autoridades también entiendan que su trabajo no termina cuando se retira a un animal, y que proteger a quienes denuncian debería ser parte de la misma responsabilidad.

Y a los señores del circo, con todo respeto: si la de hacer espectáculos sin animales no se la saben, quizá ya sea hora de aprender. Porque para ganarse la vida hay muchas maneras; para justificar la explotación de un animal, ninguna.

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