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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP
A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH
Por Redacción
El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.
El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.
Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.
La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.
En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.
Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.
En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.
Muchas deudas
El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.
En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.
En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.
11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.
Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.
Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal 
La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.
La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.
La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.
La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.
La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.
La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.
Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.
La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.
La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.
Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.
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Guadalupe Torres explicó que los documentos se elaboran con la Secretaría de Seguridad y estarán listos este mes
Por: Redacción
El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que el Gobierno del Estado prepara dos iniciativas en materia de seguridad: una para sancionar con mayor rigor a quienes asesinan a un integrante de un cuerpo policiaco y otra para exigir a los municipios un mayor compromiso en el combate a la inseguridad.
Explicó que los instrumentos no los construye la Secretaría General de Gobierno por sí sola, sino que se elaboran en colaboración institucional con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Este mismo mes, dijo, deben estar diseñados y circularse entre especialistas, para que opinen y valoren si el diseño es adecuado, antes de su presentación y trámite.
Ambas propuestas fueron planteadas por el titular de la SSPC, Jesús Juárez Hernández, el 21 de octubre ante el Congreso del Estado, tras comparecer por la Glosa del Quinto Informe. Juárez explicó que un policía que delinque en su trabajo carga con un agravante por el solo hecho de serlo, y que, “en reciprocidad”, la pena debe ser ejemplar cuando es víctima del delito.
La otra iniciativa busca crear soportes jurídicos para obligar a presidentes municipales y directores de policía a fortalecer sus corporaciones. Según el secretario, los análisis de la mesa de coordinación muestran que las policías municipales no participan activamente en el combate a la incidencia criminal. Agregó que, en los municipios alejados, el tiempo y la distancia le impiden al Estado mantener una base operativa completa.
Juárez dejó también una propuesta para ampliar las instituciones que atienden adicciones y conductas violentas, que consideró un problema social y de salud, no de seguridad pública.
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El CEEPAC aprobó por unanimidad una nueva distribución del financiamiento público para noviembre y diciembre de 2026
Por: Redacción
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) aprobó por unanimidad una nueva distribución del financiamiento público para los partidos políticos en San Luis Potosí, luego de que el Tribunal Electoral del Estado ordenara retirar los recursos asignados a los institutos nacionales de reciente creación que no cuentan con antecedentes de votación local.
La modificación aplicará para el cierre de 2026 y deriva de dos sentencias emitidas en los expedientes TESLP/RR/06/2026 y TESLP/RR/07/2026, resueltos el 9 y 15 de octubre, respectivamente. En ellas, el Tribunal determinó que los partidos políticos nacionales de nueva inscripción no pueden recibir financiamiento público estatal hasta obtener al menos el tres por ciento de la votación válida en una elección local previa.
Con este criterio, el órgano jurisdiccional revocó el acuerdo CG/2026/AGO/34 del CEEPAC y dejó sin efectos la asignación de recursos que se había aprobado para los partidos nacionales de reciente creación. En cumplimiento de las resoluciones, el organismo electoral redistribuyó el dinero correspondiente a noviembre y diciembre entre los siete partidos que contaban con registro previo a la última elección.
PVEM recibirá la mayor cantidad
Para actividades ordinarias, los partidos se repartirán 27.6 millones de pesos durante el bimestre, mediante dos ministraciones mensuales de 13.8 millones de pesos.
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) concentrará la mayor asignación, con 3.8 millones de pesos mensuales. Le sigue Morena, con 2.8 millones, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) recibirá 2.2 millones de pesos por mes.
Además del financiamiento para actividades ordinarias, el CEEPAC distribuyó 829 mil pesos para actividades específicas durante noviembre y diciembre, con ministraciones de aproximadamente 414 mil pesos mensuales. A ello se suman 3.3 millones de pesos destinados a franquicia postal.
Estos dos últimos conceptos se repartirán de manera igualitaria entre los mismos siete partidos, de acuerdo con la nueva distribución aprobada por el organismo electoral.
Nueva Alianza tendrá financiamiento adicional
Por otra parte, Nueva Alianza San Luis Potosí, único partido con registro local, recibirá 113 mil 140 pesos mensuales como financiamiento adicional durante el proceso electoral.
La redistribución modifica el esquema de recursos públicos que el CEEPAC había aprobado previamente para el cierre del año. El ajuste responde a las resoluciones del Tribunal Electoral, que establecieron que los partidos nacionales de reciente creación deben acreditar un respaldo mínimo en las urnas de San Luis Potosí antes de acceder al financiamiento estatal.
De esta manera, el dinero público correspondiente a noviembre y diciembre se concentrará en los siete partidos que cumplen con el criterio de registro y participación electoral establecido por el Tribunal.
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Varios medios difundieron imágenes en las que el presidente municipal aparecería accionando un arma de fuego en la vía pública
Por: Redacción
Imágenes difundidas en redes sociales por varios medios de comunicación muestran, presuntamente, al presidente municipal de San Vicente Tancuayalab, Gilberto González Zumaya, realizando detonaciones de arma de fuego al aire durante un supuesto festejo en la vía pública.
En el video, la persona señalada como el edil acciona el arma en un sitio donde se encuentran habitantes. Disparar al aire implica un riesgo para quienes están cerca, pues el proyectil puede caer y causar lesiones.
El hecho se suma al contexto de seguridad que atraviesa el municipio. El 21 de octubre, la Guardia Civil Estatal detuvo a dos hombres que se identificaron como policías municipales, Pascual “N”, de 43 años, y Nicasio “N”, de 56. Se les imputa portación de arma sin licencia, una pistola calibre 9 milímetros
Dos días antes, el 19 de octubre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que la Fiscalía General del Estado y la FGR investigan la actividad de grupos criminales en Tanquián de Escobedo y San Vicente Tancuayalab. El 26 de octubre, la SSPC señaló que ambos municipios se encontraban en calma, con presencia de las corporaciones de seguridad y del Ejército.
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