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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP
A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH
Por Redacción
El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.
El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.
Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.
La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.
En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.
Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.
En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.
Muchas deudas
El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.
En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.
En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.
11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.
Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.
Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) no ha diseñado una estrategia en cada municipio para la recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia, que incluya coordinación interinstitucional y participación ciudadana; tampoco ha implementado la estrategia de recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia en cada municipio ni ha evaluado la implementación de la estrategia en cada uno de los municipios con Alerta de Género.
La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.
La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.
La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.
La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.
La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.
La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.
Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.
La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.
La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.
Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.
También lea: CEDH busca Alerta de Género para tres municipios más de SLP
Acento Ajeno
Ni Moisés dividió tanto el agua | Columna de Haniel Valdés
Por: Haniel Valdés
Hoy escribo porque cometí un error. Fui de los periodistas que estuvimos en rueda de prensa con el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, al terminar la Junta de Gobierno con Interapas. El miércoles pasado ofreció declaraciones a medios de prensa que sí acudimos a la cita nocturna y compartió los acuerdos tomados en dicha reunión.
Ahí está mi error: al parecer mis notas no fueron lo suficientemente claras. O quizás solo fue que varios medios salieron a llenar huecos que no había.
Lo interesante de ese encuentro es que se aprobó el plan de estímulos fiscales que se llevará al Congreso del Estado para su aprobación de cara a 2027, donde se aclaró además (y se insistió mucho en eso) que la tarifa de cobro del líquido se mantendría igual que en este año.
Al día siguiente muchos medios ya traían la nota de que aumentaría la tarifa y quién sabe cuántos inventos más de colegas que no estuvieron en la conferencia de prensa y que les pareció divertido el imaginar datos e informar a medias.
Pero lo que más me preocupa no es el ruido que generaron esas notas, sino la incoherencia que se vivió en dicha reunión por parte del síndico y el alcalde de Soledad, así como de Pascual Martínez.
Según informa Galindo, entre las decisiones tomadas, está la de revisar si es posible cumplir con la petición que hizo el gobernador de no cobrar el servicio a adultos mayores. Ni los participantes por Soledad, ni el titular de la CEA, votaron a favor de dicha propuesta. ¿No están de acuerdo con la idea de Gallardo? Es que la primera vez que el gobernador habló sobre el tema, fui muy cuidadoso y me fijé claramente que ambos, Pascual
y Navarro, estaban aplaudiendo esa iniciativa.La CEA ya es habitual que no aporte a esas reuniones, según Galindo, el titular solo ha ido a tres y no votó en esta última, tampoco dio razones ni propuso algo. Sí, el organismo responsable de la política pública del agua en el Estado no tiene nada que aportar sobre el tema.
Según informó el presidente de la junta, Juan Manuel Navarro sí aportó algo, propuso un estímulo fiscal que también quedó dentro de los acuerdos que se enviaron al Congreso. Ahora, cuando tocó votar, Navarro se abstuvo de hacerlo, ¿no está de acuerdo con una idea que él mismo había planteado? ¿o algo lo hizo cambiar de opinión?
Lo cierto es que mientras la diputada Nancy Jeannine García, presidenta de la Comisión del Agua, llama a no politizar, todos lo continúan haciendo, lo hace el aquaman Gámez Macías, lo hace el alcalde capitalino, lo hace el gobernador del estado, lo hace el alcalde de Soledad y la CEA. Mientras hay cuentas sin pagar, tinacos sin llenar, conductoras sin reparar y rezos por hacer para que El Realito no vuelva a fallar.
“Entonces extendió Moisés su mano sobre el mar, y Jehová hizo que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche; y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas.” (Éxodo 14:21)
También lee: Maestría en derechos humanos y la incómoda pregunta | Columna de Haniel Valdés
Destacadas
Gallardo promete «mano dura» contra delincuentes de otros estados
Ricardo Gallardo dijo que la Guardia Civil Estatal sigue en las colonias para frenar el robo de autos y casas
Por: Redacción
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona dijo que los homicidios dolosos bajaron más de 85% en San Luis Potosí y que ahora la Guardia Civil Estatal entra a las colonias para combatir los robos.
Afirmó que ningún gobierno había logrado esa reducción. Agregó que no permitirán que delincuentes de otros estados lleguen a delinquir a la entidad: «los detenemos y los mandamos a los penales». Dijo que irán «con mano dura».
Gallardo señaló que lo que más le duele a la ciudadanía son los robos de carros y de casas en las colonias, los asaltos a quienes salen a trabajar por la mañana, los robos a transeúntes y los cristalazos. Sostuvo que esos delitos corresponden a la policía municipal y a las corporaciones municipales, y que por eso las patrullas de la Guardia Civil Estatal están en las colonias. «Ya no nos vamos a salir de la colonia hasta que acabemos con la delincuencia común
», afirmó.El gobernador aseguró que su gobierno trabaja «todos los días» como ningún ayuntamiento lo hace. Dijo que en la zona metropolitana no hay patrullas trabajando después de las 10 de la noche más que las de la Guardia Civil Estatal.
Sobre las patrullas clonadas detectadas en otros estados cercanos, Gallardo respondió que en San Luis Potosí no hay ningún caso. Advirtió que la primera que aparezca será detenida y puesta a disposición de las autoridades.
También lee: Reconoce Juarez Hernández que célula delictiva penetró en la huasteca y ya fue desarticulada
Ciudad
Galindo: Interapas tiene crisis financiera y el Estado le debe casi 300 mdp
El alcalde dijo que quiere explicar a los diputados por qué hay crisis financiera en el organismo y dónde está la responsabilidad
Por: Redacción
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, presidente de la Junta de Gobierno de Interapas, pidió que el Congreso del Estado lo invite a hablar del agua para explicar por qué el organismo atraviesa una crisis financiera y quién tiene la responsabilidad.
«Ojalá pronto el Congreso me invite. Es más, este es un buen motivo para que me inviten y platicar del agua», dijo. Recordó que hace dos años acudió a hablar de la tarifa y que ahora le gustaría «revelar» por qué «parece que hay crisis [del agua] cuando creo que no la hay», y dónde está la responsabilidad. «Y de una vez definir exactamente la tarifa», añadió.
En agosto, Galindo admitió que la situación financiera limita la rehabilitación de los más de 170 pozos del organismo, todos con necesidad de mantenimiento mayor, de los cuales más de 70 ya recibieron reparación integral. Dijo entonces que los recursos federales del año pasado y de este no llegaron y que la conciliación de cuentas con el Gobierno del Estado seguía pendiente desde hacía cuatro años, con montos superiores a 400 millones.
También lee: Crisis financiera impide rehabilitar todos los pozos de Interapas: Galindo
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