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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP
A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH
Por Redacción
El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.
El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.
Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.
La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.
En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.
Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.
En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.
Muchas deudas
El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.
En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.
En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.
11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.
Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.
Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal 
La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.
La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.
La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.
La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.
La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.
La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.
Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.
La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.
La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.
Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.
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Familiares entregaron un nuevo pliego de exigencias al Ayuntamiento y solicitaron información sobre permisos, inspecciones y la situación de Plaza Alttus
Por: Redacción
A dos años de la tragedia ocurrida en el antro Rich, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, confirmó que sostendrá una reunión con familiares de las víctimas para revisar las inquietudes que recientemente plantearon al Ayuntamiento sobre las condiciones de seguridad en Plaza Alttus y la aplicación de la normativa comercial.
El edil señaló que aún no ha revisado personalmente el oficio entregado por los padres de las víctimas a la Secretaría General del Ayuntamiento, por lo que prefirió reservarse comentarios hasta dialogar directamente con ellos.
“Yo quedé de ver a los papás el miércoles, por eso estoy reservándome a ver exactamente qué es lo que ellos necesitan”, expresó.
Respecto a una de las principales inquietudes de las familias, relacionada con la plataforma digital para verificar permisos y condiciones de operación de establecimientos comerciales, Galindo aseguró que el proyecto continúa avanzando.
“La plataforma va avanzando bien, hay muchos supuestos, hay muchas condiciones, pero está trabajándose bastante bien”, indicó.
Sobre las versiones que apuntan a un posible retiro de sellos en Plaza Alttus, el alcalde afirmó no tener conocimiento de alguna instrucción en ese sentido y sostuvo que, mientras no se cumplan las disposiciones establecidas por la autoridad
“Al menos no es una indicación quitarlos hasta que no se cumpla con la normativa que establece la plaza y el establecimiento”, puntualizó.
Galindo también reconoció que continúan los procesos legales promovidos por familiares de las víctimas contra el Ayuntamiento
“La verdad es que estamos en litigio, eso no ha parado. Sigue un litigio de las familias contra el Ayuntamiento”, comentó.
El presidente municipal reveló que actualmente existen cuatro demandas que, en conjunto, superan los 200 millones de pesos.
Asimismo, recordó que antes de que se presentaran las acciones legales existían negociaciones encaminadas a alcanzar acuerdos indemnizatorios con algunas familias.
“Habíamos establecido un parámetro de indemnización. Insisto, nunca el dinero va a sustituir el costo de una vida, pero las indemnizaciones son para que las familias pasen este trago amargo de su vida en mejores condiciones”, señaló.
No obstante, explicó que tras la presentación de las demandas ya no fue posible concretar nuevos acuerdos y ahora el asunto deberá resolverse en tribunales.
Las declaraciones del alcalde se producen luego de que familiares de las víctimas entregaran un nuevo pliego de exigencias al Ayuntamiento al cumplirse dos años de la tragedia ocurrida el 7 de junio de 2024, en el que solicitan información sobre la supervisión de establecimientos, la aplicación del Reglamento de Comercio y las condiciones de seguridad en Plaza Alttus.
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El secretario Jesús Juárez Hernández informó que la estrategia contempla vigilancia en los puntos donde se transmitirán los partidos y en las rutas utilizadas por personas que viajarán a las sedes del torneo
Por: Redacción
Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), anunció que preparan un operativo especial para las actividades relacionadas con la Copa Mundial de Futbol que se desarrollarán en San Luis Potosí.
El funcionario explicó que la estrategia de seguridad se concentrará en dos aspectos principales: la vigilancia en los espacios donde se proyectarán los encuentros y el monitoreo de la movilidad de aficionados que se desplazarán fuera de la entidad para seguir el torneo.
“Tenemos un plan de trabajo apuntado en dos sentidos: la concentración de personas en los lugares donde se van a proyectar los partidos y también la movilidad que va a tener el estado
Las acciones se desprenden de las actividades anunciadas recientemente por el gobierno estatal, que incluyen principalmente la transmisión gratuita de partidos en el Estadio Libertad Financiera.
Juárez Hernández indicó que las autoridades prevén una mayor afluencia de personas en espacios públicos durante los juegos, por lo que se contempla la participación de distintas corporaciones para garantizar condiciones de seguridad y orden.
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El diputado federal consideró que la Copa del Mundo generará consumo y movimiento económico en todo el país
Por: Haniel Valdés
El diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann consideró que la realización de la Copa del Mundo en México traerá beneficios económicos para San Luis Potosí, a pesar de que la entidad no figura entre las sedes oficiales del torneo.
El legislador señaló que eventos de esta magnitud generan una importante dinámica económica que impacta a diferentes regiones del país, no únicamente a las ciudades donde se disputan los encuentros.
“Obviamente algo se mueve. Yo creo que cuando llega un Mundial a un país, la economía se mueve en todos los sentidos”, expresó.
Valladares reconoció que los mayores beneficios se concentrarán en los estados sede; sin embargo, afirmó que el incremento en el consumo y la movilidad de personas también favorecerá a otras entidades, entre ellas San Luis Potosí.
“Obviamente no al nivel que se mueven los estados que tienen sede, pero es una dinámica donde todos estamos con la cabeza enfocada en el Mundial
El diputado sostuvo que el ambiente que genera un evento deportivo de alcance internacional incentiva la actividad comercial y turística, por lo que consideró que la entidad potosina también podrá aprovechar esa inercia económica.
Finalmente, señaló que el Mundial representará una oportunidad para el país en su conjunto y confió en que San Luis Potosí pueda captar parte de los beneficios derivados del incremento en el turismo y el consumo.
“Creo que eso ayuda definitivamente a todo el país en general y a San Luis también”, concluyó.
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