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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP
A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH
Por Redacción
El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.
El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.
Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.
La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.
En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.
Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.
En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.
Muchas deudas
El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.
En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.
En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.
11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.
Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.
Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal 
La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.
La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.
La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.
La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.
La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.
La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.
Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.
La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.
La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.
Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.
También lea: CEDH busca Alerta de Género para tres municipios más de SLP
Citlalli Hernández informó que en las otras 16 gubernaturas la coalición de la 4T sí incluye a sus aliados.
Elí Cervantes, coordinador estatal, fue designado sin haberse inscrito y sin encuesta pública
Por: Redacción
San Luis Potosí será la única de las 17 gubernaturas en disputa en 2027 donde Morena irá sin sus aliados, el PVEM y el PT, informó su secretaria general, Citlalli Hernández Mora, al presentar este lunes a Elí César Eduardo Cervantes Rojas como coordinador estatal del partido.
En las otras 16 entidades, la coalición de la 4T sí contempla a sus partidos aliados.
El PVEM ya había descartado la alianza. La senadora Ruth González Silva respondió “con Morena, seguramente no” cuando se le preguntó por una posible coalición. Sobre el PT, dijo que ese partido aún debe definir su postura.
En el reparto nacional de coordinaciones, el PVEM obtuvo dos: Jasmine Bugarín Rodríguez, senadora, en Nayarit, y Manuel Cota Cárdenas, diputado federal, en Baja California Sur. El PT se quedó sin nombramiento propio. En Nayarit, el espacio correspondió al Verde como parte del ajuste de paridad, pese a que Héctor Santana había obtenido el primer lugar en la encuesta.
El proceso electoral 2027 en San Luis Potosí comenzará el 15 de noviembre. Ese mismo día, el PVEM prevé iniciar la negociación de alianzas parciales para diputaciones y ayuntamientos.
Cervantes, designado sin inscripción ni encuesta pública
Cervantes Rojas, delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en San Luis Potosí, fue designado por consenso por la Comisión Nacional de Elecciones y coordinará los trabajos del partido rumbo a la elección.
El ex senador no fue parte del registro original de aspirantes, sin embargo, la dirigencia argumentó que la comisión tiene facultades para valorar perfiles distintos a los inscritos.
No obstante, la dirigencia no presentó resultados, porcentajes ni metodología de las encuestas que no tuvieron ninguna utilidad, pues la comisión canceló la encuesta porque ninguno de los 28 inscritos alcanzó el umbral mínimo de 10 por ciento.
La decisión ya provocó inconformidades. Aid Ávila Covarrubias cuestionó que no se mostraran datos, cobertura ni metodología, y acusó a la dirigencia de no respetar sus propios procesos internos. El exdiputado local José Antonio Lorca Valle señaló que la convocatoria original no contemplaba la figura de coordinador estatal en los términos en que fue utilizada.
Ante los reclamos, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, se comprometió a presentar “detalladamente, una por una” las encuestas de las 17 coordinaciones estatales cuando concluyan las designaciones.
Lenia Batres sostuvo que la resolución retira la obligación a alternar el género entre elecciones 2027 y siguientes
Aún queda pendiente resolver la impugnación que redujo precampañas de 40 a 20 días
Por: Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la alternancia obligatoria de género para las candidaturas a la gubernatura de San Luis Potosí, con lo que quedó sin efecto el mecanismo que habría condicionado la postulación de cada partido en 2033 al género de su candidatura en 2027.
El Ple no resolvió este lunes las acciones de inconstitucionalidad 81/2026 y su acumulada 86/2026
La mayoría de seis ministros invalidó los segundos párrafos de los artículos 36 y 72 de la Constitución estatal, así como las disposiciones de alternancia contenidas en los artículos 9 y 265 de la Ley Electoral del Estado y el segundo transitorio del decreto. En el caso de la regla para candidaturas independientes, la invalidez fue aprobada por siete votos.
La regla que desaparece
La reforma que llegó a la Corte ya no obligaba a los partidos a postular exclusivamente mujeres para la gubernatura en 2027.
Ese planteamiento formaba parte de la propuesta original. El Ceepac presentó la iniciativa el 11 de diciembre de 2025 y el Congreso la aprobó inicialmente con la obligación de que los partidos postularan mujeres en 2027.
Sin embargo, después de las observaciones del gobernador, el Congreso modificó el esquema y el 27 de mayo de 2026 eliminó esa obligación. La versión finalmente publicada permitió que en 2027 los partidos registraran a una persona de cualquier género y trasladó la alternancia a la elección de 2033.
El mecanismo establecía que cada partido debía postular en 2033 a una persona de género distinto al de su candidatura de 2027. Existía, además, una excepción: si en 2027 había postulado a una mujer, podía volver a registrar a una mujer en 2033.
Por ello, la resolución de la SCJN no determina si en 2027 San Luis Potosí tendrá un candidato o una candidata a la gubernatura
¿Qué argumentó la Corte?
El proyecto estuvo a cargo de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien sostuvo que la paridad de género establecida en la Constitución federal no equivale a imponer una alternancia automática entre elecciones para un cargo unipersonal.
La mayoría consideró que el Congreso local excedió su margen de configuración legislativa al establecer anticipadamente el género que correspondería a futuras candidaturas y con ello restringir el derecho a ser votado.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa votó en contra de invalidar las disposiciones principales. Durante la discusión defendió la constitucionalidad del modelo potosino y anunció un voto particular. En contraste, siete ministros sí respaldaron invalidar la disposición relativa a candidaturas independientes.
La decisión no elimina el principio constitucional de paridad de género ni impide que se establezcan acciones afirmativas para favorecer la participación política de las mujeres. El efecto concreto es dejar sin vigencia la obligación de alternar automáticamente el género de la candidatura a la gubernatura con base en la elección anterior.
La reforma electoral de San Luis Potosí todavía tiene otros asuntos pendientes ante la Corte.
Entre ellos está el Decreto 0571, impugnado por Somos México y por el Ejecutivo federal, así como el Decreto 0586, cuya constitucionalidad fue cuestionada por Somos México el 10 de septiembre por reducir de 40 a 20 días el periodo de precampañas para la gubernatura y por la falta de consulta a pueblos indígenas, afromexicanos y personas con discapacidad, de acuerdo con los planteamientos señalados en las impugnaciones.
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En Central de Abastos, la policía capitalina lleva más de 1,200 dosis decomisadas y 19 detenciones
Por: Haniel Valdés
El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal (SSPC), Juan Antonio Villa Gutiérrez, fue cuestionado sobre el panorama de consumo de drogas entre jóvenes en la capital, luego de la muerte de un adolescente por esta causa la semana pasada, y respondió con cifras de detenciones y decomisos, sin abundar en ese caso en particular.
En un operativo en la Central de Abastos, la corporación reporta más de 19 detenciones y el decomiso de más de 1,200 dosis de droga; uno de los dos objetivos prioritarios señalados obtuvo su libertad a las 24 horas tras ser puesto a disposición de un juez. En el resto de la ciudad, la policía capitalina rinde un promedio semanal de 15 a 16 detenciones
Villa Gutiérrez dijo que menos del 3% de los aseguramientos por consumo corresponde a menores de edad, a quienes se canaliza mediante el programa de justicia cívica a talleres de rehabilitación, atención psicológica y terapias.
El funcionario identificó al cristal y la mariguana como las drogas que más se detectan en los decomisos, seguidas de la cocaína, y dijo que la SSPC no ha encontrado medicamentos controlados entre lo asegurado.
La corporación atiende el tema a través de su área de prevención, con pláticas diarias en escuelas sobre los riesgos del consumo de sustancias ilícitas dirigidas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
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