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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP
A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH
Por Redacción
El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.
El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.
Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.
La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.
En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.
Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.
En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.
Muchas deudas
El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.
En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.
En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.
11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.
Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.
Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) no ha diseñado una estrategia en cada municipio para la recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia, que incluya coordinación interinstitucional y participación ciudadana; tampoco ha implementado la estrategia de recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia en cada municipio ni ha evaluado la implementación de la estrategia en cada uno de los municipios con Alerta de Género.
La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.
La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.
La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.
La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.
La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.
La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.
Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.
La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.
La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.
Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.
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OPLES preparan defensa técnica frente a reforma electoral federal: Ceepac
Rechazan que dupliquen funciones del INE, pues elaboran documento técnico con datos operativos y estadísticos
Por: Redacción
Ante el debate nacional que se ha abierto en torno a la posible desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), Paloma Blanco López, presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), aseguró que estos organismos darán la batalla institucional para defender su permanencia dentro del sistema democrático del país.
La consejera presidenta explicó que las y los titulares de los OPLES en las distintas entidades federativas trabajan de manera coordinada en una estrategia de defensa frente al argumento de que estas instancias duplican funciones del Instituto Nacional Electoral (INE), una narrativa que ha cobrado fuerza de cara a la próxima Reforma Electoral federal.
Blanco López detalló que actualmente se elabora un documento técnico de alcance nacional, el cual será presentado durante el proceso de análisis de la reforma, con el objetivo de demostrar, a partir de datos operativos, estadísticos y territoriales, que los OPLES no replican funciones, sino que cumplen un papel complementario e indispensable en la organización de los procesos electorales locales.
“Más que defender la no desaparición, defendemos la existencia de los OPLES y su relevancia en los procesos democráticos locales”, subrayó.
La presidenta del Ceepac sostuvo que la eliminación de los organismos electorales locales implicaría un debilitamiento de la democracia en las entidades, al reducir la capacidad de atención a contextos sociales, geográficos y políticos específicos que no pueden ser plenamente absorbidos desde una estructura centralizada.
En este sentido, destacó que San Luis Potosí representa un caso emblemático de la importancia de los OPLES, ya que el organismo local ha contribuido de manera decisiva al fortalecimiento institucional, a la organización eficiente de elecciones y a la construcción de confianza ciudadana en los procesos democráticos.
Finalmente, Blanco López aclaró que, hasta el momento, no existe una determinación formal sobre la desaparición de los OPLES; sin embargo, consideró fundamental que el debate se sustente en criterios técnicos y no únicamente políticos, especialmente de cara a la discusión de la Reforma Electoral prevista para los primeros meses de 2026.
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Rechazo al dedazo: Verónica Rodríguez
La dirigencia estatal de Acción Nacional confirmó que no habrá designaciones directas en sus postulaciones en 2027 y que buscarán perfiles con respaldo social y legitimidad ciudadana.
Por: Redacción
El Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí, a través de su dirigenta, Verónica Rodríguez, aseguró que su partido transita hacia un nuevo modelo de selección de candidatos, dejando atrás las designaciones discrecionales.
La también senadora aseguró que el partido priorizará las elecciones internas y el uso de encuestas para definir a quienes aparecerán en las boletas en los próximos comicios.
“Esta nueva ruta busca que el PAN presente perfiles con un respaldo social auténtico, permitiendo que tanto militantes como ciudadanos sin afiliación puedan competir por representar al blanquiazul, siempre bajo un esquema de transparencia.” Dijo.
“Se acabaron los métodos cerrados. Hoy, quien aspire a una candidatura tendrá que validar su liderazgo ante la militancia o a través de encuestas. Vamos por los perfiles más competitivos y éticos para garantizar una competencia justa y con piso parejo”, declaró la dirigente.
Respaldo de la Asamblea Nacional.
Rodríguez Hernández detalló que estas directrices emanan de los acuerdos tomados en la XXVI Asamblea Nacional Ordinaria y la XX Extraordinaria celebradas a finales de noviembre . El objetivo es claro: recuperar la esencia democrática del partido y abrir las puertas a liderazgos que realmente conecten con las necesidades de la población.
Con esta medida, el panismo potosino busca dejar atrás las prácticas que generaron distancia con el electorado, apostando por procesos que refuercen la legitimidad de sus futuros representantes desde el origen.
La presidenta estatal también señaló que el trabajo inmediato se concentrará en fortalecer las estructuras municipales y la presencia en las colonias y comunidades del estado.
La meta, puntualizó, es edificar una oposición sólida y propositiva que se consolide como una alternativa real de gobierno para San Luis Potosí. “Queremos demostrar que somos una opción cercana a la gente, capaz de devolverle el rumbo al estado y al país”, concluyó.
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