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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP
A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH
Por Redacción
El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.
El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.
Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.
La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.
En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.
Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.
En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.
Muchas deudas
El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.
En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.
En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.
11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.
Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.
Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal 
La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.
La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.
La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.
La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.
La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.
La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.
Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.
La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.
La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.
Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.
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Ricardo Gallardo detalló la nueva línea de MetroRed que conectará gratis a Ahualulco y Mexquitic de Carmona con la capital
Por: Redacción
El Gobierno del Estado de San Luis Potosí anunció una nueva línea de MetroRed, gratuita, que conectará a los municipios de Ahualulco y Mexquitic de Carmona con la capital potosina, informó Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del Estado.
La ruta comprende los tramos Ahualulco–Mexquitic de Carmona y Mexquitic de Carmona–San Luis Potosí, en ambos sentidos. Gallardo Cardona dijo que el acuerdo con esos municipios ya está definido y que el servicio será completamente gratuito.
El gobernador comprometió el arranque de la nueva línea para noviembre o diciembre de este año. Se trata, dijo, de una ruta pensada para los trabajadores de Ahualulco y Mexquitic de Carmona que se trasladan a diario a la capital y regresan cada noche a sus municipios.
Gallardo Cardona explicó que la primera etapa de la ruta llega hasta Ahualulco, obras que enmarcó dentro de lo que llamó el Altiplano potosino. Una segunda etapa extenderá el servicio hasta Charcas, con un trayecto que pasará por Moctezuma y Venado.
El anuncio se dio en el contexto de una gira del gobernador por Ahualulco y Mexquitic de Carmona, donde supervisó obras que calificó de alto impacto para la región.
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De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, los potosinos trabajan, pero no les alcanza, por lo que buscan más horas de empleo
Por: Ana G Silva
Tener un empleo no necesariamente significa que se tenga una remuneración suficiente. En San Luis Potosí, una parte importante de la población ocupada necesita laborar más horas, para complementar sus ingresos o se ocupa en actividades informales sin las protecciones y derechos que marca la Ley.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondiente al segundo trimestre de 2026 indica que 10.5 por ciento de los trabajadores potosinos se encuentra en condición de subocupación, una cifra considerablemente superior al promedio nacional, que es del 6.9 por ciento.
La subocupación se refiere a las personas que ya cuentan con un trabajo, pero que tienen la necesidad y buscan la disponibilidad de ofrecer más horas laborales de las que su ocupación actual les permite para mejorar su ingreso, es decir, se trata de trabajadores que no están desempleados, pero sus remuneraciones formales resultan insuficientes.
El contraste es significativo: mientras que a nivel nacional 6.9 de cada 100 personas ocupadas buscaba trabajar más horas, en San Luis Potosí la proporción ascendió a 10.5 por cada 100 trabajadores.
A esta situación se suma la informalidad laboral. Durante el periodo abril-junio de 2026, 54.9 por ciento de la población ocupada en San Luis Potosí se encontraba en la informalidad, prácticamente al mismo nivel que el promedio nacional de 55.1 por ciento.
La medición de informalidad laboral no se limita a quienes trabajan en negocios informales. El indicador también contempla a personas laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan y a quienes laboran sin que su vínculo
Además, del 100 por ciento de la población ocupada, el 34.2 por ciento se encuentra en condiciones críticas de ocupación, dentro de los que se considera a las personas que trabajan menos de 35 horas semanales por razones ajenas a su decisión, a quienes laboran jornadas de más de 35 horas con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y a quienes trabajan más de 48 horas por semana con ingresos de hasta dos salarios mínimos.
Aunque el porcentaje de trabajadores potosinos en condiciones críticas se encuentra por debajo del 37.7 del promedio nacional, los datos muestran que más de uno de cada tres ocupados enfrenta alguna de las situaciones consideradas dentro de este indicador.
Las cifras dibujan así una problemática distinta a la del desempleo: para miles de potosinos, el reto no es únicamente encontrar una ocupación, sino conseguir un empleo que ofrezca suficientes horas de trabajo, ingresos y condiciones laborales que les permitan mejorar su calidad de vida.
Aunque en San Luis Potosí se registra una población ocupada de 1 millón 329 mil 458 personas, los indicadores de subocupación, informalidad y condiciones críticas muestran que contar con un empleo no siempre es garantía de que éste sea suficiente.
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Ricardo Gallardo informó que los espacios serán distribuidos en las cuatro regiones del estado; las remodelaciones comenzarían en septiembre
Por: Redacción
San Luis Potosí contará con 400 consultorios médicos gratuitos como parte de una estrategia coordinada entre el Gobierno del Estado y la administración de Claudia Sheinbaum para ampliar la atención primaria y preventiva en las cuatro regiones de la entidad.
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que el proyecto ya se encuentra en proceso de preparación y que actualmente se trabaja en los distintos puntos donde serán instalados los consultorios. De acuerdo con el mandatario, las primeras remodelaciones comenzarían en septiembre.
La meta es que los espacios estén equipados antes de concluir el año, para que en enero puedan comenzar operaciones con el personal necesario para brindar atención a la población.
Durante una reunión virtual de trabajo con autoridades del sector Salud, Gallardo y la presidenta Claudia Sheinbaum avanzaron en la planeación del proyecto, que contempla distribuir los consultorios de acuerdo con las necesidades de las distintas regiones y comunidades del estado.
Los nuevos espacios ofrecerán servicios de primer contacto, prevención, detección oportuna y seguimiento de enfermedades, con la intención de acercar la atención médica a comunidades que enfrentan mayores necesidades de servicios de salud.
El proyecto se sumará a los programas estatales de atención gratuita, como las Clínicas Rosas, que ofrecen consultas, medicamentos y atención especializada, de acuerdo con información del Gobierno del Estado.
Gallardo señaló que la coordinación con el Gobierno Federal permitirá ampliar la cobertura de servicios médicos y avanzar en la instalación de los 400 consultorios, mientras se terminan de definir las ubicaciones, el modelo de operación y las condiciones necesarias para su funcionamiento.
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