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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP
A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH
Por Redacción
El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.
El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.
Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.
La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.
En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.
Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.
En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.
Muchas deudas
El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.
En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.
En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.
11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.
Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.
Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal 
La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.
La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.
La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.
La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.
La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.
La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.
Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.
La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.
La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.
Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.
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Juárez Hernández afirmó que reforzaron patrullajes y detenciones por consumo, venta de droga y alcohol en la zona comercial
Por: Redacción
La Central de Abastos de San Luis Potosí se mantiene como uno de los focos de atención para las corporaciones de seguridad debido a problemas vinculados con narcomenudeo, consumo de alcohol y desorden en espacios públicos, reconoció la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado.
Jesús Juárez Hernández admitió que una de las principales encomiendas en esa zona comercial es combatir tanto la venta como el consumo de droga, además de la ingesta de bebidas embriagantes entre personas que operan o transitan en el lugar.
“Una de las encomiendas que traemos con el área que le toca allí Abastos es precisamente combatir tanto el consumo de bebidas embriagantes como el consumo de drogas y la venta de este tipo de drogas”, declaró.
El funcionario explicó que se mantienen operativos permanentes, con recorridos en patrulla y también vigilancia a pie entre los pasillos del centro de abasto, considerado uno de los puntos comerciales más importantes de la capital potosina.
“A diario me envían evidencias de los patrullajes que realizamos, sobre todo aquellos que realizamos a pie entre los pasillos de toda la Central de Abastos”, señaló.
Juárez Hernández indicó que además existe comunicación constante con representantes del patronato, quienes reportan necesidades, incidentes y movimientos sospechosos para fortalecer labores de inteligencia social y prevención del delito.
Nos hacen saber sus necesidades, las situaciones que observan, y eso nos ayuda a generar inteligencia social para poder desarrollar ahí nuestras acciones de prevención”, comentó.
El secretario recordó que en meses anteriores se registró un conflicto con estibadores o “diableros”, episodio que calificó como complicado, aunque aseguró que ya fue superado tras la presencia policial sostenida.
“Ya ustedes saben que tuvimos ahí un evento complicado con las personas que laboran ahí como estibadores o diableros. Creo que ya hemos superado ese tema”, sostuvo.
Finalmente, aseguró que las detenciones en la zona han disminuido, aunque dejó claro que la presencia de las corporaciones continuará ante los problemas relacionados con narcomenudeo y consumo de sustancias en uno de los principales centros de distribución de la ciudad.
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El delegado advirtió riesgos graves para mantos acuíferos, además de que la Huasteca es considerada una zona altamente vulnerable
Por: Redacción
Darío Fernando González Castillo, delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en San Luis Potosí, aseguró que en la entidad no se otorgarán permisos para la práctica del fracking, al advertir que representa un alto riesgo ambiental, particularmente en la región Huasteca.
El funcionario fue enfático: mientras esté al frente de la dependencia, no se permitirá este tipo de extracción energética en el estado: “Mientras yo esté en la titularidad de la Conagua en San Luis Potosí, no habrá permisos de fracking como se conoce”, declaró.
González Castillo explicó que la técnica de fracturación hidráulica implica riesgos significativos, especialmente por el uso intensivo de agua, químicos y la imposibilidad de controlar completamente la presión en el subsuelo.
Advirtió que en una zona como la Huasteca, caracterizada por su compleja geología, el fracking podría provocar contaminación de mantos acuíferos o alterar corrientes subterráneas.
“Sería un alto riesgo, no solo por la cantidad de agua que se utiliza, sino por la posibilidad de afectar los mantos freáticos”, señaló.
El delegado subrayó que, aunque el río Pánuco ha sido considerado una de las principales fuentes de agua en el país, su disponibilidad no es constante durante todo el año. Detalló que la suficiencia hídrica se concentra en apenas cuatro meses, mientras que el resto del año se presentan periodos de estiaje o sequía
González Castillo indicó que la postura de Conagua está alineada con la política energética del gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que prioriza la sostenibilidad.
Aclaró que, aunque se han mencionado nuevas técnicas para la extracción de gas, estas no contemplan el fracking como actualmente se conoce.
El funcionario no descartó completamente la exploración energética, pero condicionó cualquier proyecto a la existencia de estudios previos y al uso de tecnologías que no pongan en riesgo el agua ni el medio ambiente.
Recordó casos como el de la Minera San Xavier en Cerro de San Pedro, donde los daños ambientales han tardado años en ser mitigados.
“Imagínate que le hiciéramos eso a la Huasteca”, advirtió.
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El titular de Sedeco mencionó que siguen a la espera de que la aerolínea defina si la suspensión será temporal o definitiva
Por: Redacción
La suspensión del vuelo entre San Luis Potosí y Atlanta a partir de mayo es un hecho, pero su continuidad más allá de ese mes aún es incierta, reconoció el secretario de Desarrollo Económico del estado, Jesús Salvador González Martínez.
El funcionario explicó que, hasta el momento, no existe información oficial que confirme si la ruta será cancelada de manera definitiva o si únicamente se trata de una pausa temporal. Aunque el Grupo Aeroportuario Centro-Norte (OMA) notificó de forma verbal que en mayo no habrá operaciones, la aerolínea responsable aún no emite un comunicado formal que aclare el futuro del itinerario.
“Seguimos a la espera de una postura oficial para saber si la suspensión será solo por mayo o si se prolongará”, indicó.
En ese sentido, González Martínez admitió que prevalece la incertidumbre, ya que no ha fluido información concreta sobre las causas del paro ni sobre una eventual reactivación. Sin embargo, señaló que versiones dentro del sector aeronáutico —particularmente entre pilotos y operadores— apuntan a que la ruta podría no recuperarse en el corto plazo, debido a distintos factores que influyen en las decisiones comerciales de las aerolíneas.
Por ahora, lo único confirmado es que durante mayo los usuarios no podrán contar con vuelos directos entre San Luis Potosí y Atlanta, una de las conexiones internacionales más relevantes para la entidad.
Pese a este escenario, el secretario destacó que en junio comenzarán a operar nuevas rutas por parte de Volaris y VivaAerobus, las cuales fortalecerán la conectividad nacional y sumarán al menos una opción adicional hacia Estados Unidos.
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