Destacadas
La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP
A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH
Por Redacción
El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.
El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.
Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.
La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.
En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.
Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.
En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.
Muchas deudas
El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.
En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.
En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.
11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.
Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.
Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal 
La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.
La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.
La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.
La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.
La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.
La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.
Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.
La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.
La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.
Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.
También lea: CEDH busca Alerta de Género para tres municipios más de SLP
La cadena llevará su modelo “hard discount” con 10 sucursales a Ciudad Valles
Por: Redacción
La cadena de supermercados Tiendas 3B anunció una nueva etapa de expansión en la Huasteca Potosina con la apertura de 10 sucursales en Ciudad Valles, como parte de su estrategia de crecimiento en la región.
El proyecto fue dado a conocer por el alcalde de Ciudad Valles, David Medina Salazar, quien señaló que la llegada de estas tiendas representa nuevas inversiones y generación de empleos para el municipio. Además de las nuevas sucursales, también se contempla el desarrollo de dos plazas comerciales.
Tiendas 3B opera bajo el modelo “hard discount”, enfocado en ofrecer productos básicos a bajo costo mediante una operación simplificada y marcas propias. La empresa inició operaciones en México en 2005 y actualmente supera las 3 mil 400 tiendas en 19 estados del país
En los últimos años, la cadena ha mantenido un crecimiento acelerado en territorio nacional. De acuerdo con reportes recientes, la compañía continúa ampliando su presencia con cientos de nuevas aperturas previstas para 2026.
La llegada de Tiendas 3B se suma al interés de distintas cadenas comerciales por fortalecer su presencia en la Huasteca Potosina, una región que ha registrado movimiento en inversiones comerciales y de autoservicio durante los últimos años.
También lee: Médico alerta por abortos realizados con consejos de redes sociales en la Huasteca
El especialista recordó que existen protocolos y lugares autorizados para atención segura
Por: Redacción
El médico Alfredo García Solís advirtió sobre el incremento de mujeres que llegan a consultorios y clínicas privadas de la Huasteca Potosina tras intentar interrumpir un embarazo mediante métodos caseros o recomendaciones obtenidas en redes sociales, muchas veces sin supervisión médica y con graves riesgos para su salud.
De acuerdo con Código San Luis, el especialista señaló que actualmente se atienden hasta diez casos por semana relacionados con interrupciones de embarazo mal acompañadas o con pacientes que buscan orientación después de haber seguido consejos difundidos en internet.
De acuerdo con García Solís, la situación se ha vuelto cada vez más frecuente entre adolescentes y mujeres adultas, con pacientes que van desde los 14 hasta los 42 años de edad.
“El problema es la desinformación. En redes sociales les dicen cuántas pastillas tomar, cómo hacerlo en casa o qué procedimientos seguir, pero muchas veces terminan con complicaciones severas”, explicó.
El médico alertó que entre las principales consecuencias se encuentran infecciones, hemorragias, abortos incompletos e incluso daños permanentes como la pérdida del útero, además de riesgos que pueden poner en peligro la vida de las pacientes.
Indicó que, aunque la interrupción legal del embarazo ya puede realizarse dentro del marco permitido por la ley, muchas mujeres continúan enfrentando el proceso en soledad, sin acompañamiento profesional y confiando en información falsa o incompleta que circula en plataformas digitales.
“Esto no es algo que deba resolverse con un tutorial o un consejo en internet. Ya existen protocolos médicos, atención especializada y lugares autorizados donde las mujeres pueden recibir orientación segura”, sostuvo.
El especialista explicó que una parte importante de las pacientes llega con miedo, culpa o desconocimiento, por lo que insistió en la necesidad de reforzar el acompañamiento médico y psicológico durante todo el proceso.
Además, recordó que la legislación vigente permite que menores de edad accedan a este tipo de atención conforme a lo establecido legalmente, aunque subrayó que el seguimiento profesional sigue siendo indispensable para evitar riesgos físicos y emocionales.
Finalmente, García Solís consideró urgente la creación de un consejo o mecanismo especializado en la Huasteca Potosina que permita brindar información clara, atención integral y orientación confiable ante el aumento de casos detectados en la región.
También lee: Hospital de Valles atiende hasta 10 embarazos mensuales en menores de 15 años
La propuesta de Jessica Gabriela López plantea acreditar identidad de género al menos un año antes de la elección
Por: Redacción
La diputada Jessica Gabriela López Torres propuso modificar la legislación electoral de San Luis Potosí para evitar que personas aspirantes a cargos públicos utilicen la autoadscripción de género de última hora con el objetivo de acceder a candidaturas reservadas para acciones afirmativas o cuotas de paridad.
La iniciativa forma parte del paquete de reformas electorales que Morena busca presentar ante el Congreso del Estado y surge después de diversas controversias registradas durante el proceso electoral de 2024.
La propuesta plantea que quienes pretendan contender bajo una identidad de género distinta a la biológica deban manifestarlo y acreditarlo al menos un año antes de la jornada electoral, mediante documentación oficial y registros partidistas previos.
La legisladora señaló que el objetivo no es vulnerar derechos de la comunidad LGBTIQ+, sino evitar simulaciones que terminen debilitando las propias acciones afirmativas creadas para garantizar representación política.
Uno de los casos que detonó el debate ocurrió en el municipio de Venado, donde José Reyes Martínez Rojas ganó la alcaldía tras registrarse electoralmente como persona de sexo masculino con género femenino, situación que permitió al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) cumplir con las cuotas de género en candidaturas municipales.
Después de obtener el triunfo, el alcalde rechazó públicamente ser llamado “alcaldesa” y volvió a identificarse como hombre
En aquel momento, la consejera del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), Zelandia Bórquez Estrada, explicó que el sexo y el género son conceptos distintos, ya que el primero corresponde a características biológicas y el segundo a una construcción social e identidad personal.
Por su parte, Jessica López adelantó que la reforma será construida junto con colectivos y organizaciones LGBTIQ+, además de especialistas y autoridades electorales, con el objetivo de evitar discriminación y armonizar la propuesta con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tribunales electorales.
La diputada explicó que una de las alternativas planteadas es que los partidos políticos acrediten trabajo previo, militancia o vínculo real de las personas aspirantes con la comunidad de la diversidad sexual, además de que cuenten con documentación oficial actualizada, como la credencial del INE, con suficiente anticipación al proceso electoral.
También lee: En Venado… ¿tienen alcalde o alcaldesa?
-
Destacadas2 añosCon 4 meses trabajando, jefa de control de abasto del IMSS se va de vacaciones a Jerusalén, echando mentiras
-
Ciudad4 años
¿Cuándo abrirá The Park en SLP y qué tiendas tendrá?
-
Ciudad4 años
Tornillo Vázquez, la joven estrella del rap potosino
-
Destacadas5 años
“SLP pasaría a semáforo rojo este viernes”: Andreu Comas
-
Ciudad3 años
Crudo, el club secreto oculto en el Centro Histórico de SLP
-
Estado3 años
A partir de enero de 2024 ya no se cobrarán estacionamientos de centros comerciales
-
#4 Tiempos3 años
La disputa por el triángulo dorado de SLP | Columna de Luis Moreno
-
Destacadas4 años
SLP podría volver en enero a clases online
