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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP
A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH
Por Redacción
El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.
El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.
Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.
La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.
En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.
Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.
En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.
Muchas deudas
El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.
En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.
En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.
11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.
Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.
Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal 
La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.
La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.
La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.
La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.
La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.
La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.
Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.
La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.
La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.
Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.
También lea: CEDH busca Alerta de Género para tres municipios más de SLP
APUNTES
Culto Público, hijos de la paja en el ojo ajeno:
“Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”
¿Qué hace el vocero de la iglesia, Tomás Cruz Perales, dando sermones de transparencia, cuando su iglesia y el Vaticano es una de las instituciones, primero más ricas, menos transparentes y menos democráticas del planeta?
El Vaticano como Estado, en realidad es pobre, sería la última economía del mundo si se mide por su nivel de ingresos, que de acuerdo al propio Estado Vaticano solo provienen de la venta de medallas, artículos para turistas y entradas a museos.
Por otro lado, su territorio y población es muy pequeña, por lo tanto para el nivel de ingresos, divididos entre tan pocas personas, tienen un Ingreso per cápita, de los más altos del mundo (hay poco más de 600 habitantes)
Los puristas me dirán que el Vaticano y la iglesia no tienen por qué dar cuentas a nadie (solo a Dios) porque no recibe ”recursos públicos” (aunque sí recibe donaciones millonarias principalmente de EEUU, Francia e Italia y que a ciencia cierta no se sabe el destino que se les da a cantidades multimillonarias).
Es cierto que construye hospitales, albergues, y universidades por todo el mundo, pero los números, el balance de sus ingresos jamás ha sido conocido.
Datos duros, plasmados en la Biblia son muy pocos: si acaso las 30 monedas de plata que recibió judas, y el denario que pagaba el propietario de una viña a sus trabajadores en la parábola conocida así, la de “los obreros de la viña”.
(Seguramente hay otras referencias económicas en las escrituras, pero de ahí en fuera, la institución humana, y por lo tanto imperfecta, llamada iglesia, jamás en su historia ha dado cuentas a nadie de sus números, no obstante que es de todos conocido que tiene una cantidad de recursos tan alta que ya quisieran muchas naciones)
Pero a ver, preguntemos:… ¿No son recursos públicos los que recibe la iglesia católica?
Todas las dádivas y donaciones vienen de sus feligreses, que de manera voluntaria -eso sí- aportan. Sin olvidar todo lo que cobran de manera “no tan voluntaria”, como actas bautismales, bodas, misas, amonestaciones, licencias y muchos “etcéteras”.
En todo caso no son recursos públicos técnicamente hablando, pero sí “del público”.
Lo más importante: ya sea con alcancías a los pies de un santo, en la canasta de las limosnas, o en los sobres del diezmo, todos esos recursos son “ingresos propios” o auto generados por la institución creada
Si la iglesia es así de opaca en el manejo de los recursos de sus “seguidores públicos”, ¿por qué entonces no propone el vocero potosino, en un acto de humildad, de transparencia y de dar al César lo que le corresponde, que el IFSE audite cada alcancía, diezmo y limosnas?
¿Qué se tiene que estar metiendo Cruz Perales con las demás instituciones cuando la propia tiene mucho que explicar, y no solo en temas económicos?
Ya nada más falta que la iglesia potosina también ayude al SAT y promueva auditorías a sus fieles seguidores…
Total, “el que nada debe, nada teme” y bajo esa lógica deberían de poner el ejemplo, y dejar de ver la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio.
De otra forma se comportan como fariseos, tomando posturas de tumbas blanqueadas.
Mire, Culto Público, que el que esto escribe reconoce que “peco de persignado” y soy temeroso del poder de Dios, no obstante y aunque me excomulgue la iglesia no puedo dejar de decir la verdad. No mentirás es mi octavo mandamiento.
La UASLP y el IFSE tienen su liturgia y mandamientos mundanos, cívicos y sin ninguna relación celestial, por lo tanto no se meta, señor vocero, en temas que no le incumben. Amén.
En otros temas, con la misma curiosidad, tenacidad, geometría analítica espacial, ciencia, cálculo y matemática con que se midió la asistencia a la Fenapo, se debería poner en tela de juicio los números de los costos de las obras que anuncian los gobiernos.
Es el caso del municipio bebé de Villa de Pozos, que presumió gastar 4 millones de pesos en 3 aulas de 6×8 metros cuadrados…
Precios por metro que solo en las zonas más lujosas de SLP se tienen.
Las aulas “inclusivas” que presume Pozos, que se sepa o se vea, no tienen tecnología acústica de primer nivel, ni sistemas en braille, ni grúas para la movilidad de personas con discapacidad. Tiene tres rampas y dos ventiladores.
Fue en la primaria José Mariano Jiménez, en Pozos, donde Teresa Rivera presumió la entrega de tres aulas “didácticas e inclusivas” de 6×8 metros, con una inversión de 4 millones de pesos. La cuenta no falla: 1.3 millones por aula, o casi 28 mil pesos el metro cuadrado. Ni los departamentos de Lomas cuestan tanto. La presidenta concejal presume “materiales de alta calidad” y rampas para hacerlo inclusivo, pero a ese precio uno esperaría butacas con calefacción, pizarras inteligentes o conexión satelital. La obra era necesaria, sí y va a beneficiar a medio millar de niños, pero la matemática es más clara que el discurso: el sobre precio es evidente.
Hasta la próxima.
Yo soy Jorge Saldaña.
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El titular de la SSPC capitalina dijo que el responsable enfrenta un proceso judicial ante la Fiscalía de SLP; está concentrado en trabajar al frente de la corporación municipal
Por: Redacción
A casi dos meses de haber sido atropellado por un taxista en estado de ebriedad, Juan Antonio Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de San Luis Potosí (SSPCSLP), informó que continúa su recuperación física, mientras que el responsable enfrenta su proceso judicial luego de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.
Señaló que el conductor ya enfrenta un proceso legal y actualmente se encuentra en libertad, pero con la obligación de firmar cada 15 días como parte de las medidas cautelares. “El asunto ya está ante un juez. El taxista está bajo un proceso. Tengo entendido que ahorita están en la etapa de investigación”, explicó.
Villa Gutierrez aseguró estar de pie y comprometido con su labor,
Finalmente, Villa Gutiérrez agradeció la paciencia del alcalde Enrique Galindo Ceballos durante su ausencia de la SSPCSLP. Además, hizo un llamado a la responsabilidad tanto desde su posición como servidor público como desde la experiencia personal.
“Si lo veo como secretario, te puedo decir que nosotros estamos trabajando muy duro para que este tipo de cosas no sucedan. Si lo veo como ciudadano, obviamente me solidarizo con aquellas personas que de alguna manera han tenido un accidente de este tipo”.
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Araceli Martinez Acosta dijo que no se ha solicitado mayor información sobre irregularidades correspondientes a la administración pasada
Por: Redacción
Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), confirmó que desde principios de 2023 la dependencia puso a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) todos los expedientes relacionados con la construcción y operación de la Metro Red en la administración anterior, señalada por un presunto desvío millonario de recursos.
Martínez Acosta detalló que en ese momento la FGE tuvo acceso completo a la documentación necesaria para integrar la carpeta de investigación, por lo que a la SCT no se le han solicitado nuevas pruebas o información adicional desde entonces.
“Ellos ya cuentan con todos los elementos y están trabajando en la integración de la carpeta”, aseguró la funcionaria, quien precisó que la Secretaría mantiene disposición para colaborar si se requiere más adelante.
La investigación sobre el uso de recursos en la entonces Metro Red continúa bajo la conducción de la Fiscalía, luego de denuncias sobre irregularidades en contratos y aplicación del presupuesto.
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