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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP
A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH
Por Redacción
El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.
El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.
Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.
La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.
En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.
Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.
En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.
Muchas deudas
El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.
En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.
En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.
11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.
Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.
Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal 
La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.
La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.
La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.
La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.
La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.
La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.
Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.
La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.
La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.
Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.
También lea: CEDH busca Alerta de Género para tres municipios más de SLP
Autoridades de salud refuerzan acciones de prevención y atención en salud mental
Por: Redacción
En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, la titular de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, Leticia Mariana Gómez Ordaz
La funcionaria explicó que este dato ha llevado a las autoridades sanitarias a reforzar las acciones de atención y prevención en materia de salud mental, especialmente entre la población femenina.
Gómez Ordaz señaló que la dependencia trabaja en distintos programas orientados a la prevención, así como en campañas de información y sensibilización dirigidas a la población.
Entre las estrategias también se incluye la promoción de la salud sexual y reproductiva
La titular de Salud indicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos institucionales para atender problemáticas que afectan de manera particular a las mujeres, tanto en el ámbito de la salud mental como en otros aspectos relacionados con su calidad de vida.
Finalmente, reiteró que la Secretaría de Salud mantiene programas de acompañamiento y prevención para identificar factores de riesgo y fortalecer la atención en salud mental dentro del estado.
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La dependencia explicó que la decisión sobre la alerta corresponde al gobierno federal
Por: Redacción
Gloria Serrato, encargada de despacho de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva de San Luis Potosí, informó que la dependencia ha buscado establecer diálogo con distintas colectivas feministas luego de la publicación de un desplegado en redes sociales donde se plantean diversas solicitudes institucionales.
La funcionaria explicó que el documento fue firmado por al menos una colectiva y dirigido a varias instituciones, entre ellas la secretaría, por lo que desde la dependencia se intentó contactar a los grupos para dar seguimiento a las peticiones y abrir espacios de conversación.
Serrato señaló que ya se han realizado acercamientos con algunas organizaciones y que continúan pendientes de concretar reuniones con otras colectivas, como Por Ellas y por las Nuestras, para revisar de manera puntual sus planteamientos.
Entre los temas mencionados por los colectivos se encuentra la situación de la Alerta de Violencia de Género, mecanismo que actualmente se mantiene activo en el estado.
La funcionaria explicó que la determinación de mantener, modificar o levantar la alerta corresponde al gobierno federal, por tratarse de un instrumento establecido en la legislación nacional.
No obstante, aseguró que el gobierno estatal continuará con las acciones implementadas a partir de esta declaratoria, las cuales incluyen medidas de seguridad, atención institucional y estrategias de prevención de la violencia contra las mujeres
Entre estas acciones mencionó la operación de unidades especializadas de la Guardia Civil Estatal para atención a mujeres, módulos de atención, un banco estatal de información sobre violencia de género, diagnósticos de violencias y programas de prevención dirigidos a niñas, niños y adolescentes.
Serrato afirmó que muchas de estas medidas ya se encuentran institucionalizadas mediante decretos, acuerdos y programas publicados en el Periódico Oficial del Estado, por lo que continuarán aplicándose independientemente de las decisiones futuras sobre la alerta.
La funcionaria agregó que el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género busca coordinar a las instituciones de los tres niveles de gobierno para fortalecer el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las mujeres.
Finalmente, indicó que el estado se mantiene atento a las determinaciones que emita la Federación sobre el seguimiento de este mecanismo y reiteró la disposición de la secretaría para continuar trabajando con organizaciones y autoridades en la prevención de la violencia contra las mujeres.
También lee: Fiscalía advierte aumento de violencia familiar en SLP
María Manuela García señaló que se realizan evaluaciones de riesgo y apoyo psicológico a víctimas; en casos graves incluso se ofrece ingreso a refugios
Por: Redacción
La fiscal general del estado, María Manuela García Cázares, advirtió que en San Luis Potosí se ha registrado un aumento en los casos de violencia familiar, por lo que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ha reforzado los mecanismos de atención, evaluación de riesgo y protección para las víctimas.
La fiscal explicó que cuando una persona denuncia este tipo de violencia se activa un proceso de análisis que incluye valoración psicológica para determinar el nivel de riesgo en el que se encuentra la víctima. Indicó que, en los casos donde se detecta un riesgo alto, las autoridades incluso ofrecen a las víctimas la posibilidad de ingresar a refugios de protección.
“Se hace la valoración psicológica y se establece el riesgo que tiene la víctima. Inclusive si se detecta que el riesgo es alto, se le pide a la víctima, si es mujer, que si quiere entrar al refugio”, explicó.
La fiscal señaló que este análisis también influye en las medidas cautelares que pueden solicitarse ante un juez durante el proceso judicial, particularmente cuando se busca evitar que el agresor represente un peligro para la víctima.
Detalló que, dependiendo de las circunstancias del caso, el Ministerio Público puede solicitar medidas como la prisión preventiva justificada si se considera que la persona imputada representa un riesgo elevado.
García Cázares explicó que el estudio de cada denuncia implica revisar cómo ocurrieron los hechos y qué tipo de violencia está sufriendo la persona afectada
En ese sentido, indicó que personal especializado de la fiscalía, incluyendo ministerios públicos y psicólogos, participa en la evaluación de los casos para determinar el tipo de violencia, el nivel de riesgo y las medidas de protección que deben aplicarse.
La fiscal también subrayó que uno de los retos principales en la atención de estos casos es evitar la revictimización de las personas que acuden a denunciar.
Por ello, dijo, se trabaja en la capacitación del personal tanto de ministerios públicos como de policías de investigación para mejorar el trato hacia las víctimas y generar confianza en las instituciones.
“Es muy importante que todos estemos inmersos en que la víctima no debe ser revictimizada”, afirmó.
Finalmente, señaló que brindar una atención adecuada dentro de las fiscalías es fundamental para que las personas afectadas se sientan seguras al presentar una denuncia y puedan avanzar en los procesos legales contra sus agresores.
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