Destacadas
La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP
A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH
Por Redacción
El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.
El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.
Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.
La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.
En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.
Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.
En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.
Muchas deudas
El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.
En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.
En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.
11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.
Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.
Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal 
La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.
La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.
La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.
La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.
La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.
La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.
Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.
La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.
La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.
Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.
También lea: CEDH busca Alerta de Género para tres municipios más de SLP
Dennise Porras advirtió que la legislación electoral no contempla disposiciones sobre el uso de inteligencia artificial en campañas políticas
Por: Redacción
La elección de 2027 en San Luis Potosí llegará sin un marco jurídico que regule el uso de inteligencia artificial en las campañas políticas. Así lo advirtió Dennise Porras Guerrero, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP).
“No hay un marco jurídico ni robusto ni débil, porque simplemente no existe”, afirmó Porras Guerrero a Pulso. La magistrada señaló que la legislación electoral vigente no contempla disposiciones sobre inteligencia artificial aplicada a las campañas, ni sobre el metaverso, los avatares o los contenidos generados mediante estas herramientas.
Ante ese vacío, el Tribunal deberá resolver las controversias que se presenten durante el proceso electoral con base en los criterios jurisdiccionales existentes y los precedentes que emita la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), conforme lleguen las denuncias o medios de impugnación.
Porras Guerrero sostuvo que la ausencia de regulación no implica restringir derechos como la libertad de expresión
El reto tecnológico se suma a una presión operativa que el propio Tribunal ya había reconocido. En junio, la magistrada presidenta informó a que el TEESLP buscará elevar su presupuesto de 32.5 a cerca de 45 millones de pesos para el próximo ejercicio fiscal, ante la necesidad de reforzar su plantilla —actualmente reducida— y contratar personal eventual para la carga electoral. “Estamos a contrarreloj”, reconoció entonces.
Las reformas político-electorales prevén además que el proceso local de 2027 arranque el 15 de noviembre, lo que acorta los tiempos de preparación.
También lee: TEESLP busca elevar su presupuesto a 45 millones de pesos
Sedesore reiteró que los programas deben entregarse directamente a los beneficiarios, sin intermediarios
Por: Redacción
La Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) dijo que da seguimiento a las denuncias de duplicidad en la entrega de despensas en Ciudad Valles y que verifica cada entrega para evitar que los apoyos se repliquen. “Ese tema lo revisamos: la intención de las entregas es verificar toda la entrega y que no se puedan duplicar todos los espacios”, afirmó María del Rosario Martínez Galarza, titular de la dependencia. Los señalamientos apuntan a José Luis Romero Calzada, conocido como “El Tekmol”, quien en video se ha atribuido la entrega de despensas de programas estatales en ese municipio.
El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí cuenta con diez días hábiles, a partir de finales de junio, para iniciar procedimientos contra Romero Calzada y otros dos integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gabriela Martínez Lárraga y David Medina Avendaño, luego de una denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). César González García, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Ciudad Valles, dijo que el equipo jurídico del partido seguirá aportando evidencia para fortalecer la denuncia.
Días antes, el secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Enrique Dahud Uresti, había exigido que se investigue la entrega de despensas por parte de personajes políticos que no son funcionarios estatales, entre ellos Romero Calzada y el diputado federal Óscar Bautista Villegas. “No sabemos si se las entrega el DIF o la Sedesore; está documentado y vemos que le llegan tráileres de este tipo”, declaró Dahud Uresti sobre el caso de Ciudad Valles.
No es la primera vez que Romero Calzada es señalado por repartir apoyos sociales atribuidos al gobierno estatal. En julio de 2025, tras difundir en redes sociales que recibiría 15 mil despensas mensuales del programa de Seguridad Alimentaria para distribuirlas él mismo, Sedesore emitió un comunicado en el que aclaró que los apoyos se entregan de manera directa a los beneficiarios, sin intermediarios, y que quien se ostente como “enlace” en la distribución incurre en faltas a la ley.
Un año después, con una denuncia electoral en curso, Sedesore sostiene la misma línea: verificar cada entrega para blindarla de duplicidad, aunque hasta ahora no ha señalado directamente a Romero Calzada ni precisado qué medidas tomará frente a la denuncia que ya tiene el Tribunal Electoral.
También lee: Sedesore entregará útiles escolares antes del inicio de clases
El titular de Sedarh reconoció que la incertidumbre ha llevado a productores a dejar de apostar por el mercado estadounidense
Por: Redacción
Los aranceles impuestos por Estados Unidos ya comienzan a impactar al sector agropecuario de San Luis Potosí, al generar incertidumbre entre los productores y provocar el cierre de al menos un invernadero en el municipio de Rioverde, informó Jorge Luis Díaz Salinas, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh).
El funcionario explicó que, aunque la exportación de becerros en pie continúa restringida, la venta de carne no enfrenta actualmente obstáculos para ingresar al mercado estadounidense.
“Lo que sí estamos exportando es la carne; la carne pasa y no tiene ningún problema”, señaló.
Respecto a productos agrícolas como jitomate, chile y otros cultivos de exportación, Díaz Salinas indicó que aún no existe c laridad sobre el impacto que podrían tener las revisiones anuales al T-MEC anunciadas recientemente.
“Hasta ahorita no tenemos cómo vaya a afectar al jitomate, a los chiles o a otros productos que exportamos a Estados Unidos”, comentó.
Sin embargo, reconoció que la política arancelaria aplicada por el gobierno estadounidense ya ha provocado pérdidas económicas al sector.
“Con los aranceles sí se han perdido muchos, sobre todo porque no hay la certidumbre de que puedan vender bien sus productos para allá; entonces mucha gente ya no le está apostando”, afirmó.
El secretario explicó que quienes más resienten esta situación son los propietarios de invernaderos de alta tecnología, ya que dependen en gran medida del mercado estadounidense y ajustan sus exportaciones conforme a los contratos que mantienen con compradores internacionales.
Como ejemplo, confirmó que un invernadero ubicado en Rioverde dejó de operar debido a la disminución en la rentabilidad del negocio.
“Ya se cerró un invernadero en Rioverde por los mismos temas de que ya no es tanto negocio, y no es tanto negocio por los aranceles que está poniendo Trump”, sostuvo.
Aunque la Sedarh no cuenta con una estimación sobre el monto de las pérdidas económicas ni el número de productores afectados, el funcionario reconoció que la incertidumbre comercial ha comenzado a modificar las decisiones de inversión dentro del sector agrícola potosino.
También lee: Gusano barrenador ya afectó al 90% del estado: Sedarh
-
Destacadas2 añosCon 4 meses trabajando, jefa de control de abasto del IMSS se va de vacaciones a Jerusalén, echando mentiras
-
Ciudad4 años
¿Cuándo abrirá The Park en SLP y qué tiendas tendrá?
-
Ciudad4 años
Tornillo Vázquez, la joven estrella del rap potosino
-
Destacadas5 años
“SLP pasaría a semáforo rojo este viernes”: Andreu Comas
-
Ciudad3 años
Crudo, el club secreto oculto en el Centro Histórico de SLP
-
Estado3 años
A partir de enero de 2024 ya no se cobrarán estacionamientos de centros comerciales
-
#4 Tiempos3 años
La disputa por el triángulo dorado de SLP | Columna de Luis Moreno
-
Destacadas4 años
SLP podría volver en enero a clases online
