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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP
A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH
Por Redacción
El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.
El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.
Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.
La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.
En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.
Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.
En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.
Muchas deudas
El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.
En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.
En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.
11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.
Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.
Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) no ha diseñado una estrategia en cada municipio para la recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia, que incluya coordinación interinstitucional y participación ciudadana; tampoco ha implementado la estrategia de recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia en cada municipio ni ha evaluado la implementación de la estrategia en cada uno de los municipios con Alerta de Género.
La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.
La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.
La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.
La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.
La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.
La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.
Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.
La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.
La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.
Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.
También lea: CEDH busca Alerta de Género para tres municipios más de SLP
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Evidencia exhibe a Sánchez Zumaya y David Azuara con la “Wiwa”
Imágenes de distintas convivencias y un video difundido en 2024 por el propio exaspirante a la gubernatura documentan la presencia de Juan de Jesús Salazar en su entorno social; las revelaciones surgen en medio de investigaciones y señalamientos sobre contratos millonarios con Pemex y una presunta red de facturación irregular
Por: Jorge Saldaña
La reciente detención de Juan de Jesús Salazar, alias “Wiwa”, señalado por las autoridades como presunto líder criminal en la Huasteca potosina y buscado por homicidio calificado, ha puesto bajo escrutinio sus relaciones sociales con el empresario Gerardo Sánchez Zumaya, quien hasta septiembre pasado aspiraba a la gubernatura de San Luis Potosí.
Fotografías de distintas convivencias muestran encuentros entre Salazar y personas del entorno empresarial y político de Sánchez Zumaya. Entre las imágenes difundidas destaca una en la que el ahora detenido aparece abrazado con el diputado federal panista David Azuara Zúñiga.
Los registros gráficos adquieren relevancia tras la captura de Salazar, de 35 años, a quien las autoridades estatales atribuyen presuntas actividades delictivas en la región Huasteca y quien, según información de inteligencia, se desenvolvía públicamente bajo un perfil empresarial.
La presencia de “Wiwa” en estas reuniones no se limita a un solo evento. Existen fotografías correspondientes a diferentes convivencias y un video específico de una celebración familiar difundido desde las redes sociales del propio Sánchez Zumaya.
Uno de esos registros corresponde a la ostentosa boda de Eduardo Isaac Sánchez Zúñiga, medio hermano de Gerardo Sánchez Zumaya, celebrada en abril de 2024 en la Antigua Nave Lewis del Parque Fundidora, en Monterrey.
En el video de la fiesta, difundido por el propio exaspirante a la gubernatura, aparece Salazar entre los asistentes. La celebración alcanzó notoriedad por las presentaciones de agrupaciones y artistas como Gerardo Ortiz, Gabito Ballesteros, Los Recoditos y La Sonora Dinamita.
Contratos millonarios, factureras y cuentas bloqueadas
La difusión de las fotografías ocurre cuando Gerardo Sánchez Zumaya enfrenta cuestionamientos por sus relaciones empresariales y financieras, particularmente por operaciones relacionadas con Petróleos Mexicanos (Pemex) y empresas señaladas en investigaciones periodísticas por presuntas irregularidades de facturación.
En noviembre de 2024, una investigación de Reforma dio a conocer señalamientos sobre operaciones y transacciones por más de 15 mil millones de pesos entre 2022 y 2024 en una presunta red de empresas relacionadas con el sector petrolero y vinculadas con el empresario potosino.
Más recientemente, otra investigación del mismo diario reveló que Pemex y el Instituto Mexicano del Petróleo pagaron durante 2025 facturas superiores a 2 mil 800 millones de pesos a empresas señaladas como parte de una red relacionada con Sánchez Zumaya.
Entre las compañías mencionadas en esos reportes figuran Grupo Mineral & Logistic, Safnat y Diazol, cuyas operaciones, domicilios fiscales y movimientos financieros han sido objeto de cuestionamientos.
Los señalamientos alcanzan también a familiares y personas relacionadas con el entramado empresarial investigado, entre ellos al novio de la boda del 2024, medio hermano del ex aspirante y socio de Mineral & Logistic que inyectó un aumento de capital por 400 millones de pesos sin explicar su procedencia.
En paralelo, empresas y particulares vinculados con esa presunta red han promovido recursos judiciales contra el bloqueo de cuentas bancarias dispuesto por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El dirigente nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya
, confirmó públicamente el congelamiento de cuentas atribuidas a Sánchez Zumaya y a familiares suyos, así como la salida del empresario del país.Sánchez Zumaya anunció el 24 de septiembre su retiro de las aspiraciones a la gubernatura de San Luis Potosí, luego de buscar espacios políticos en Morena y el PT atribuyendo su retiro a la atención a “motivos familiares”.
Aunque las investigaciones periodísticas han documentado las presuntas irregularidades, hasta ahora no existe una sentencia judicial conocida que acredite responsabilidad penal de Gerardo Sánchez Zumaya aunque al mismo tiempo se sabe que salió del país.
Los Azuara Zúñiga
La aparición del diputado federal David Azuara Zúñiga en una fotografía junto a Salazar amplía la dimensión política de los encuentros documentados.
En esa imagen, el legislador panista aparece abrazado con quien posteriormente fue detenido y señalado como presunto líder criminal en la Huasteca potosina.
La fotografía no constituye evidencia de participación del diputado en actividades delictivas, sin embargo, sí demuestran la relación estrecha entre Salazar, GSZ, círculos empresariales y políticos panistas de SLP.
La captura que volvió relevantes las fotografías
Juan de Jesús Salazar fue detenido en San Luis Potosí después de una serie de hechos violentos registrados en Tanquián de Escobedo, incluidos enfrentamientos ocurridos entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de octubre, tras el asesinato de un elemento federal.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, Jesús Juárez Hernández, informó que, de acuerdo con información de inteligencia, Salazar presuntamente había llegado desde Veracruz para involucrarse en actividades delictivas en la región.
Las autoridades señalaron que era buscado por homicidio calificado y que mantenía una apariencia empresarial en su vida pública.
Por su parte, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona advirtió que algunos presuntos líderes criminales buscan integrarse a la sociedad potosina presentándose como empresarios, instalándose en zonas residenciales de alta plusvalía y participando en círculos sociales de alto perfil.
La captura de “Wiwa” y las fotografías de sus encuentros con Sánchez Zumaya y Azuara Zúñiga plantean nuevas preguntas sobre las relaciones sociales del detenido.
La documentación gráfica coloca esas relaciones en el centro de la atención pública, mientras continúan los cuestionamientos sobre las operaciones financieras de las empresas vinculadas con Sánchez Zumaya y el alcance de las investigaciones correspondientes.
También lee: Enfrentamientos armados en Tanquián; mencionan a grupo ligado a Sánchez Zumaya
Deportes
Mexicanas de oro | Columna de Haniel Valdés
Por: Haniel Valdés
El lunes 26 de octubre, en la gala del Balón de Oro en Londres, el futbol mexicano hizo historia, y lo hizo gracias a las mujeres. Charlyn Corral, delantera del Pachuca, recibió el trofeo Gerd Müller como la máxima goleadora del año, y es la primera mexicana en recibirlo. Scarlett Camberos, del América, terminó en el lugar 21 del Balón de Oro femenino, la primera mexicana en estar entre las 30 candidatas.
Vale la pena detenerse en lo que significa el premio de Corral, porque no es de los que se ganan por votos ni por simpatía. El Gerd Müller es por méritos deportivos: se lo lleva quien más goles marca en la temporada. Corral hizo 49 goles en 49 partidos, 36 con Pachuca y 13 con la Selección Mexicana. En el lado de los hombres lo recibió Harry Kane, el máximo artillero.
Y aquí es donde el mérito de Corral pesa más. Kane juega en el Bayern Múnich, donde casi todo se gana. Corral juega en un Pachuca que no es de los equipos fuertes: en este Apertura 2026 va en sexto lugar del Grupo B, con 13 puntos, lejos de la Liguilla. El premio no lo ganó por este torneo, sino por la temporada pasada, con 22 goles en el Apertura 2025 y 14 en el Clausura 2026 con el club, pero el contexto es el mismo. Aun así encabezó el goleo del mundo y dejó atrás a delanteras como Claudia Pina y Ewa Pajor, que juegan en el Barcelona, el mejor equipo del planeta, rodeadas de las mejores jugadoras. Pajor, de hecho, fue la primera ganadora de este trofeo en 2025; Corral es la segunda futbolista en recibirlo.
El caso de Camberos tiene el mismo fondo. Cuando se compara con los hombres, Julián Quiñones
quedó en el lugar 28 del Balón de Oro, el mexicano mejor ubicado en la historia de la votación, después de marcar cuatro goles con México en el Mundial 2026 y 33 en la liga saudí. Lo hizo en un torneo que ven millones de personas. Camberos terminó siete lugares arriba, en el 21, con 25 goles y 17 asistencias, y con tres títulos del América en la temporada: la Copa de Campeonas de la Concacaf, el Clausura 2026 y el Campeón de Campeones. Lo logró jugando en una liga mucho más joven y con mucha menos exposición internacional.Lo mismo pasó con el América como equipo. Fue considerado para el premio al mejor club femenil del año, algo que nunca había ocurrido con un equipo mexicano. No ganó porque el premio fue para el Barcelona, un rival imposible: Alexia Putellas, que ya no está en el club blaugrana pero hizo los méritos para el premio cuando aún jugaba ahí, se llevó su tercer Balón de Oro; Vicky López ganó el Kopa como mejor jugadora joven y el equipo blaugrana arrasó con todo lo que jugó. Pero estar en esa conversación, desde un equipo joven, en una liga joven y en un continente que apenas empieza a tomarse en serio el futbol femenil, ya es un logro enorme. El América puede estar, sin exagerar, entre los mejores del mundo.
Esas son las cifras. Lo que importa ahora es cómo las tratamos. Las jugadoras mexicanas están compitiendo en el escenario más grande y compitiendo bien, con méritos que se pueden medir en goles, títulos y posiciones. Un premio ganado por goles no admite discusión, y un puesto 21 entre 30 candidatas del mundo no se regala. Que se les reconozca con la misma vara que a los hombres que quedaron detrás o delante de ellas es lo mínimo que merecen.
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La carretera 57, entre las exigencias de seguridad de transportistas en SLP
Norberto Cueto, de Canacar, advirtió que en el país suman 15 transportistas asesinados durante asaltos
Por: Redacción
Transportistas de San Luis Potosí se sumaron este lunes al paro nacional del autotransporte de carga con un recorrido de unidades que salió del puente de Peñasco, en Periférico, rumbo a la carretera federal 57 y al Eje 140, para exigir al Gobierno Federal más seguridad en las carreteras.
De acuerdo con Código San Luis, los operadores denunciaron robos, extorsiones y agresiones constantes durante el traslado de mercancías. La movilización en la capital potosina formó parte de una jornada de protesta en todo el país.
Norberto Cueto, delegado estatal de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), señaló que la inseguridad es uno de los principales problemas de la industria por el riesgo que enfrentan a diario los conductores en sus recorridos.
De acuerdo con el representante empresarial, en el país suman 15 transportistas asesinados durante intentos de asalto. En San Luis Potosí, dijo, también ha habido ataques contra operadores en carretera.
Entre los puntos de mayor riesgo en territorio potosino, Cueto ubicó distintos tramos de la carretera federal 57, en particular en las inmediaciones de Santa María del Río, La Pila y la zona de El Huizache.
Cueto advirtió que la inseguridad también ha reducido el interés por trabajar en el transporte de carga, un sector que enfrenta un déficit estimado de hasta 90 mil operadores
en todo el país.Además de más vigilancia carretera, los manifestantes pidieron medidas contra las extorsiones, los cobros indebidos y los abusos de autoridad.
Exigieron también soluciones al aumento en el precio de los combustibles, las cuotas de peaje y las obligaciones fiscales que pesan sobre la operación de las empresas.
A eso se suma, según el sector, el deterioro de la infraestructura carretera, que eleva los costos de mantenimiento y les resta competitividad tanto a las grandes compañías como a los transportistas independientes.
La 57 ya estaba en la agenda de seguridad. En julio, Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del Estado, informó que buena parte de los elementos federales adicionales enviados a San Luis Potosí se desplegaría en esa carretera contra el robo al transporte.
A principios de octubre, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Guardia Nacional y la Guardia Civil Estatal catearon en San Luis Potosí un inmueble ligado al robo al autotransporte federal. Ahí aseguraron 297 tarimas con mercancía, 10 vehículos y 30 inhibidores de señal.
También lee: Carretera 57: autoridades actúan contra el robo a transportistas
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