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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP
A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH
Por Redacción
El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.
El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.
Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.
La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.
En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.
Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.
En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.
Muchas deudas
El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.
En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.
En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.
11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.
Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.
Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal 
La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.
La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.
La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.
La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.
La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.
La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.
Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.
La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.
La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.
Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.
También lea: CEDH busca Alerta de Género para tres municipios más de SLP
Se clarifica la definición central de la violencia digital, se precisan las conductas rectoras como acoso, hostigamiento y amenazas
Por: Redacción
Con el objetivo de brindar mayor claridad en el apartado de violencia digital, la diputada Dolores Robles Chairez propuso una modificación a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí.
La legisladora señaló que el objetivo es establecer en la legislación de manera estructurada este tipo de violencia, sirviendo como base para los programas de prevención, atención y erradicación a cargo de las autoridades ejecutivas estatales y municipales.
Explicó que en primer párrafo, se mantiene y clarifica la definición central de la violencia digital, se precisan las conductas rectoras como acoso, hostigamiento, amenazas, difusión o comercialización de contenido sexual sin consentimiento, entre otras; y, se establece el catálogo de derechos humanos tutelados que resultan vulnerados, tales como la integridad, dignidad, intimidad, libertad y la vida privada de las mujeres.
Se propone adicionar la definición de tecnologías de la información y comunicación, entendida como aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos.
El proyecto vial, que hoy ya se encuentra en operación, representa una solución estructural a una problemática de más de una década
Por: Redacción
Juan Manuel Navarro Muñiz, alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, destacó el camino de progreso y máximo desarrollo social que experimenta el municipio, con obra urbana trascedental que tras años de espera y planeación, hoy brindan mejores condiciones para vivir y habitar a familias locales y visitantes; un ejemplo de esta nueva infraestructura es el Puente Superior Vehícular en el Circuito Potosí, inaugurado por el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, el cual ha permitido reordenar la circulación en un punto que por años presentó congestionamientos y, hoy, conecta eficazmente a toda la zona metropolitana.
El proyecto vial, que hoy ya se encuentra en operación, representa una solución estructural a una problemática de más de una década, al incorporar un segundo nivel de circulación con tres carriles por sentido, además de infraestructura moderna que optimiza el flujo vehicular en uno de los cruces más transitados del municipio. La zona, que antes registraba largos tiempos de espera y saturación constante, hoy refleja una dinámica más ágil, segura y ordenada, con un impacto directo en la actividad comercial, la conectividad regional y la plusvalía de los sectores habitacionales aledaños.
“Hoy estamos viendo una realidad que por muchos años se esperó, y se planeó, este puente le sirve a Soledad en su movilidad, le sirve a nuestras familias y nos permite posicionar al municipio como uno de los más importantes del Estado”, expresó el alcalde.
Subrayó que Soledad vive un cambio histórico en cuanto a la infraestructura urbana, que hoy, impacta en mayor plusvalía de las familias, agilidad económica, inversión privada, movilidad segura y eficiente.
Durante 2026 ya se acumulan penalizaciones cercanas a los 14 millones de pesos, derivadas de la reciente suspensión del suministro
Por: Redacción
Derivado de los incumplimientos registrados durante 2025 en el acueducto de la presa El Realito, la Comisión Estatal del Agua (CEA) detalló que se retuvieron alrededor de 100 millones de pesos a la empresa Aquos S.A. de C.V., luego de contabilizarse 21 fallas, lo que obligó a activar los mecanismos contractuales establecidos para este tipo de casos. El director general del organismo, Pascual Martínez Sánchez, explicó que estas medidas buscan garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la operadora y dar respuesta a las afectaciones en el servicio.
Además, durante 2026 ya se acumulan penalizaciones cercanas a los 14 millones de pesos, derivadas de la reciente suspensión del suministro durante cinco días, afectando a miles de familias. Las sanciones aplicadas corresponden al esquema previsto en el contrato vigente, el cual permite descontar los montos directamente de los pagos a la empresa, de acuerdo con la duración y naturaleza de las fallas registradas.
El Gobierno del Estado mantiene el seguimiento permanente del funcionamiento del acueducto y de las medidas necesarias, con el objetivo de mejorar la continuidad del suministro de agua potable y proteger el derecho de la población.
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