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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP
A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH
Por Redacción
El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.
El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.
Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.
La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.
En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.
Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.
En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.
Muchas deudas
El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.
En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.
En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.
11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.
Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.
Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal 
La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.
La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.
La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.
La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.
La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.
La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.
Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.
La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.
La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.
Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.
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El artista dijo encontrar una ciudad distinta a la que conoció años atrás, con mayor limpieza y “luz”
Por: Redacción
El escultor mexicano Enrique Carbajal, “Sebastián”, se pronunció a favor de que su obra “El Pasito” permanezca en San Luis Potosí, luego de convertirse en uno de los principales atractivos de la exposición que presentó en el Centro Histórico.
“Me parece ideal, me parece genial”, respondió el artista al ser cuestionado sobre la posibilidad de que la escultura permanezca en la capital potosina.
Durante su visita a San Luis Potosí, Sebastián también habló de los cambios que ha observado en la ciudad desde la primera ocasión en que la visitó durante la administración del alcalde Enrique Galindo.
El escultor recordó que entonces percibió una ciudad “gris y deprimidona” y consideró que en ese momento algunos espacios lucían descuidados. En su regreso, aseguró haber encontrado una imagen distinta, con mayor limpieza y “luz”.
“Eso me emociona mucho”, expresó.
Sebastián relacionó esa transformación con la visión cultural del gobierno municipal y destacó que San Luis Potosí cuenta con una importante tradición e identidad cultural.
“Es una ciudad muy bella, con una gran tradición y una gran raíz cultural”, señaló.
La percepción del artista coincidió con una reflexión sobre su propio trabajo escultórico. Explicó que parte de su proceso consiste en transformar materiales rígidos y fríos, como el hierro y otros metales, en piezas que transmitan armonía y movimiento.
“Hay que convertir al material que es muy estricto, muy frío, en dúctil y en armónico”, explicó.
En ese contexto, “El Pasito” podría tener una segunda etapa en San Luis Potosí si finalmente se concreta su permanencia en la ciudad. La pieza llamó particularmente la atención durante la exposición y se convirtió en uno de los elementos escultóricos más visibles en el Centro Histórico.
Por ahora, la permanencia de la obra depende de las gestiones correspondientes, pero el propio Sebastián ya dejó clara su postura: le parece “ideal” que la escultura se quede en San Luis Potosí.
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El Congreso analiza siete iniciativas para modificar la operación del Padrón de Personas Deudoras Alimentarias Morosas
Por: Redacción
Quienes incumplan con el pago de pensiones alimenticias podrían enfrentar nuevas restricciones en San Luis Potosí, entre ellas la imposibilidad de ser candidatos a cargos de elección popular y de obtener una licencia de conducir, de avanzar siete iniciativas que analiza el Congreso del Estado.
La diputada Gabriela López Torres, presidenta de la Comisión Segunda de Justicia, informó que se buscará realizar una sesión conjunta con las comisiones de Movilidad, Comunicaciones y Transportes, y de Régimen Interno y Asuntos Electorales, para desahogar las propuestas relacionadas con la operación del Padrón de Personas Deudoras Alimentarias Morosas.
Entre las modificaciones planteadas se encuentra también hacer público el padrón, de manera que pueda ser consultado por la ciudadanía, aunque se deberán proteger los datos personales y la información sensible de niñas, niños y adolescentes involucrados en los procesos de pensión alimenticia.
López Torres explicó que el dictamen ya se encuentra elaborado, pero requiere la opinión de las otras dos comisiones debido a las disposiciones relacionadas con las personas inscritas en el padrón.
Una de las propuestas establece que quienes aparezcan en el registro no puedan ser postulados como candidatos a cargos de elección popular
La legisladora señaló que buscarán obtener a la brevedad las opiniones de las comisiones involucradas para avanzar en el dictamen, al considerar que se trata de un tema solicitado por integrantes de la sociedad civil.
López Torres agregó que el incumplimiento del pago de alimentos no se limita a hombres, pues también existen mujeres inscritas como deudoras, por lo que las medidas se aplicarían a cualquier persona que se encuentre en esta situación.
El objetivo, sostuvo, es fortalecer el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y privilegiar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, sin exponer sus datos personales.
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Tatiana “N”, de 32 años y originaria de Colombia, fue localizada sin vida el 1 de septiembre en Villa de Reyes
Por: Redacción
Juan “N” fue vinculado a proceso
Durante la audiencia, un Juez de Control determinó imponer al imputado la medida caute lar de prisión preventiva oficiosa
La autoridad judicial también estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía deberá reunir y fortalecer los elementos de prueba del caso.
Tatiana “N” había sido reportada como no localizada a finales de agosto, por lo que la FGESLP inició una carpeta de investigación y desplegó acciones de búsqueda a través de la Policía de Investigación y la Coordinación Estatal de Alerta Amber y Personas No Localizadas.
La búsqueda concluyó el 1 de septiembre, cuando la víctima fue localizada sin vida en un paraje de la carretera 80, en el municipio de Villa de Reyes.
A partir de las investigaciones realizadas tras el hallazgo, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión contra Juan “N”, quien fue detenido el 6 de septiembre como presunto implicado en los hechos.
Con la vinculación a proceso, el caso continuará bajo investigación durante los próximos seis meses, mientras se desahogan las diligencias correspondientes.
Cabe señalar que Juan “N” mantiene la calidad de imputado y será la autoridad judicial la que determine su responsabilidad penal conforme avance el proceso.
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