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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP
A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH
Por Redacción
El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.
El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.
Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.
La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.
En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.
Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.
En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.
Muchas deudas
El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.
En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.
En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.
11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.
Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.
Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal 
La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.
La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.
La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.
La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.
La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.
La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.
Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.
La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.
La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.
Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.
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Además, ordenó al Congreso del Estado legislar para que los partidos nacionales recién inscritos puedan recibir financiamiento estatal
Por: Redacción
El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (Teeslp) revocó la inscripción local del partido Somos, antes Somos México, y el financiamiento público estatal que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) le había asignado. La revocación es “para efectos”: el CEEPAC deberá repetir el procedimiento de inscripción y emitir un nuevo dictamen.
La resolución se votó por unanimidad este 9 de octubre, en el recurso de revisión que presentó Morena contra dos acuerdos que el CEEPAC aprobó en agosto. Uno inscribió a Somos como partido político nacional en el estado y el otro le asignó recursos públicos estatales. El proyecto fue del magistrado Sergio Iván García Badillo y lo respaldaron la magistrada presidenta, María Carolina López Rodríguez, y la magistrada Denisse Adriana Porras Guerrero, sin debate.
Qué hizo mal el CEEPAC
Según la sentencia, el CEEPAC no revisó la solicitud como lo ordena la ley. Le pidió a Somos un requisito que la ley electoral no contempla, el certificado de su registro anterior. Al mismo tiempo, no le requirió algo que la ley sí exige: el domicilio oficial de su comité directivo estatal. Además, le dio un plazo para cumplir más adelante, algo que la ley tampoco prevé.
En cuanto al dinero, el Tribunal concluyó que el CEEPAC confundió dos figuras distintas. El registro corresponde a los partidos locales; la inscripción, a los partidos nacionales que quieren participar en el estado. El CEEPAC le asignó el financiamiento a Somos con base en el artículo 158 de la ley electoral, que aplica a los partidos con registro local. Por eso, dijo el Tribunal, el acuerdo no tenía sustento legal.
Un pendiente para el Congreso
Al revisar el caso, el Tribunal encontró que la ley electoral del estado no establece cómo dar financiamiento a los partidos nacionales de reciente inscripción, aunque la Constitución federal lo ordena. A esto se le llama una omisión legislativa. Por eso, la sentencia vincula al Congreso del Estado para que legisle sobre el tema.
En la misma sesión, el Tribunal desechó sin entrar al fondo un recurso del propio Somos. Su dirigencia estatal, encabezada por Francisco Javier Nava Palacios, pedía que el financiamiento se le calculara desde el 1 de julio de 2026, cuando el INE le otorgó su registro nacional, y no desde septiembre. Como el acuerdo del financiamiento ya había sido revocado en el caso de Morena, el Tribunal consideró que ya no había materia para resolver.
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Ricardo Gallardo dijo que el Estado no podrá atender todas las solicitudes de préstamo y adelanto de prestaciones
Por: Redacción
Entre nueve y 10 municipios de San Luis Potosí tienen problemas financieros para cerrar el año, advirtió Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del Estado, quien anticipó que el Gobierno del Estado no podrá cumplirles a todos los que le piden apoyo.
“Se nos empiezan a llenar las cartitas de solicitudes de préstamos o de adelanto de prestaciones de muchos municipios, y va a ser difícil poderles cumplir a todos”, dijo.
Sobre las finanzas estatales, afirmó que el Gobierno del Estado cerrará el año sin problemas: tiene listos aguinaldos, pensiones y pagos a proveedores.
Gallardo explicó que en los dos primeros años de su administración el Estado les “hizo una vaquita” a los municipios: les recortaba un poco del presupuesto durante el año y se los entregaba al final, para que cubrieran sus obligaciones sin pedir préstamos.
Después, en una reunión, los municipios pidieron recibir sus recursos completos y organizarse por su cuenta. Así se hizo el año pasado y, según el gobernador, no funcionó: “No se organizaron, no valió gorro, no guardaron lo que tenían que guardar y ya estaban pidiendo varios dineros”.
“Esta ocasión fue lo mismo, se les entregó completo prestaciones, y ahorita el problema es que varios no van a salir con sus compromisos”, señaló.
Los municipios ya han buscado otras vías de liquidez. En junio, la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado rechazó solicitudes de adelanto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) de municipios como Santa Catarina, Tampacán, Rayón y Tamasopo.
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Los divorcios aumentaron 8.3 % en el estado, mientras en el país bajaron 4.1 %
Por: Ana G Silva
En San Luis Potosí, por cada tres matrimonios registrados durante 2025 hubo aproximadamente un divorcio, de acuerdo con las estadísticas de Matrimonios y Divorcios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Durante el año pasado se celebraron 11 mil 055 matrimonios en el estado, mientras que se registraron 3 mil 829 divorcios. La relación fue de 34.6 divorcios por cada 100 matrimonios, equivalente a casi un divorcio por cada tres bodas.
La proporción aumentó respecto a 2024, cuando se registraron 32 divorcios por cada 100 matrimonios. El cambio ocurrió principalmente porque los divorcios crecieron mientras las bodas prácticamente se mantuvieron sin variación.
En 2025 hubo 292 divorcios más que el año anterior, un incremento de 8.3%. En contraste, los matrimonios apenas aumentaron en 17 casos.
La tendencia potosina también contrasta con la nacional. Mientras San Luis Potosí registró un aumento de 8.3% en sus divorcios, en México disminuyeron 4.1% durante el mismo periodo.
La mayoría se separa sin alegar una causa
Dentro de los divorcios registrados en San Luis Potosí, el divorcio incausado fue la modalidad predominante.
En 2025 se contabilizaron 2 mil 983 divorcios incausados, 459 más que en 2024, lo que representa un incremento de 18.2%.
Esta modalidad permite que una sola de las partes solicite el divorcio sin t ener que justificar una causa y representó 77.9% de todas las separaciones legales registradas en el estado
En 2024, los divorcios incausados representaban 71.4% del total, por lo que su peso dentro de las separaciones aumentó en un año.
En sentido contrario, los divorcios por mutuo consentimiento disminuyeron. Pasaron de 956 casos en 2024 a 845 en 2025, una reducción de 11.6%.
SLP, por encima del promedio nacional
La tasa de divorcios en San Luis Potosí fue de 1.9 por cada mil habitantes de 18 años y más, por encima de la tasa nacional de 1.7.
Con este indicador, el estado ocupó el lugar 11 entre las 32 entidades, empatado con Yucatán y Zacatecas. Campeche presentó la tasa más alta, con 4.4 divorcios por cada mil habitantes adultos.
En cuanto a los matrimonios, la tasa potosina fue de 5.6 por cada mil habitantes de 18 años y más, ligeramente superior a la nacional de 5.4. San Luis Potosí ocupó el lugar 18 en este indicador.
También aumentan las bodas entre personas del mismo sexo
De los 11 mil 055 matrimonios registrados en San Luis Potosí durante 2025, 161 fueron entre personas del mismo sexo: 104 entre mujeres y 57 entre hombres.
Estas uniones representaron 1.5% de todos los matrimonios celebrados en el estado, por encima del 1.3% registrado a nivel nacional.
Las cifras corresponden a las estadísticas anuales de Matrimonios y Divorcios 2025 del INEGI, elaboradas a partir de los registros de las oficialías del Registro Civil y de los juzgados familiares, civiles y mixtos.
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