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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP
A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH
Por Redacción
El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.
El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.
Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.
La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.
En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.
Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.
En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.
Muchas deudas
El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.
En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.
En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.
11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.
Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.
Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal 
La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.
La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.
La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.
La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.
La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.
La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.
Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.
La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.
La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.
Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.
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La Guardia Nacional tiene identificados a grupos delictivos de entidades vecinas que llegan a operar en San Luis Potosí; para rastrearlos cuenta con un equipo especializado en inteligencia y análisis de información.
Por: Redacción
La Guardia Nacional confirmó que grupos delictivos originarios de otros estados tienen presencia en San Luis Potosí y participan en actividades criminales dentro del territorio potosino. Así lo reveló el general de brigada de Estado Mayor Jorge Enrique Martínez Medina, coordinador estatal de la corporación, al ser cuestionado sobre si tienen identificadas bandas que operan en la entidad.
“Definitivamente sí. No precisamente aquí en el Estado, en estados aledaños, pero sí llegan a participar, a tener presencia”, afirmó Martínez Medina. El general no precisó cuáles son los grupos ni de qué entidades provienen.
Para hacerles frente, la Guardia Nacional en SLP opera un equipo especializado en inteligencia criminal. “Tenemos nuestro grupo de servicios especializados. Hay gente que se dedica a la investigación, a la inteligencia, al análisis y a la explotación de información”, explicó el coordinador estatal.
Las operaciones contra esos grupos se realizan de forma interinstitucional. “Actuamos conjuntamente, interinstitucionalmente, con el Ejército Mexicano
El general también abordó el protocolo que aplica cuando civiles confrontan a los elementos. “Tenemos una ley de uso de la fuerza. De acuerdo, como les mencionamos, si hay una resistencia a la autoridad, pues se va procediendo”, indicó.
Como parte de la estrategia de seguridad, la Guardia Nacional complementa sus operativos con acciones de proximidad social en escuelas primarias, secundarias, universidades y oratorios. “Que tengan la confianza en su Guardia Nacional, que sepan que estamos para cuidarlos y para defenderlos de la delincuencia”, sostuvo el coordinador.
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Nancy Jeanine García señaló que tanto SLP como Guanajuato deben presionar a la operadora; recordó que Sheinbaum ya había planteado cancelar el contrato el año pasado
Por: Redacción
Nancy Jeanine García Martínez, diputada local y presidenta de la Comisión del Agua en el Congreso del Estado, señaló que las fallas recurrentes del sistema El Realito son responsabilidad de la empresa operadora y llamó a los gobiernos de San Luis Potosí y Guanajuato a tomar acciones en su contra.
La legisladora recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había mencionado, desde el año pasado, la posibilidad de cancelar el contrato con la empresa, cuyo nombre no se precisó. “Esto es meramente la empresa la que está incumpliendo”, afirmó García Martínez, quien señaló que corresponde al Estado de San Luis Potosí y a Guanajuato intervenir para exigir el cumplimiento.
Consultada sobre si promovería un exhorto formal al Ejecutivo, la diputada no se comprometió. Explicó que desde la Comisión del Agua
García Martínez calificó como contradictoria la situación: las presas están llenas, pero el agua no llega a la ciudad. Atribuyó el problema estructural a la mala infraestructura, la falta de planeación urbana y la ausencia de voluntad política. “Sí hay soluciones que se pueden hacer si se tiene voluntad, en que se apliquen realmente las leyes, se apliquen las normas”, dijo.
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La Guardia Nacional mantiene más de 300 elementos en las vías del estado y trabaja con mapas de calor e inteligencia para reducir los robos a autotransporte, que han disminuido de forma significativa según el propio mando
Por: Redacción
La Guardia Nacional despliega permanentemente más de 300 elementos en las carreteras de San Luis Potosí, distribuidos en 7 estaciones instaladas a lo largo de las principales vialidades del estado. Así lo confirmó el general de brigada de Estado Mayor Jorge Enrique Martínez Medina, coordinador estatal de la corporación, quien detalló las condiciones actuales del operativo carretero.
“Tenemos un despliegue permanente. En el Estado tenemos 7 estaciones de carreteras. Tenemos más de 300 elementos desplegados en las carreteras”, afirmó Martínez Medina.
Entre las rutas bajo vigilancia destaca la carretera 57. El general precisó que, aunque no es la vía de mayor operatividad para la corporación, su volumen de tráfico la convierte en un foco de atención constante. “La 57 no es realmente la principal, pero ahí circulan aproximadamente entre 19,000 y 30,000 vehículos diarios“, indicó.
La estrategia en carreteras combina presencia física con trabajo de inteligencia. La corporación opera puestos de inspección ciudadana en puntos intermedios entre las estaciones, además de recorridos permanentes a lo largo de los tramos asignados. “Hacemos mapas de calor para evitar los robos principalmente de autotransporte”, explicó el coordinador.
Esa combinación de presencia e inteligencia ha dado resultados medibles. Los robos a vehículos de carga han “disminuido significativamente”, al grado de que el sector privado lo reconoció formalmente. “Esto se ha platicado inclusive con las cámaras de transporte. Nos han hecho un reconocimiento, porque en San Luis Potosí sí han disminuido los robos de autotransporte”, sostuvo Martínez Medina.
El operativo es interinstitucional. La Guardia Nacional trabaja en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Civil Estatal División Carreteras, el personal de las empresas concesionarias de las vías y las fiscalías. “Actuamos conjuntamente, interinstitucionalmente, con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Guardia Civil y con las Fiscalías. Principalmente tenemos bases de operaciones mixtas interinstitucionales que están en todo el Estado”, detalló.
Además de los operativos en campo, la corporación cuenta con un grupo especializado en inteligencia. “Tenemos nuestro grupo de servicios especializados. Hay gente que se dedica a la investigación, a la inteligencia, al análisis y a la explotación de información“, dijo el general. Ese grupo tiene identificados a grupos delictivos activos, aunque aclaró que su presencia es sobre todo desde estados vecinos. “No precisamente aquí en el Estado, en estados aledaños, pero sí llegan a participar, a tener presencia”, advirtió Martínez Medina.
La Guardia Nacional trabaja de manera particular con la Fiscalía General de la República (FGR) en materia de seguridad carretera. “Trabajamos muy de la mano con las autoridades, con la Fiscalía General de la República, con la Fiscalía General del Estado, pero particularmente con la Fiscalía General de la República, con las autoridades de seguridad de carreteras”, precisó el coordinador estatal.
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