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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP
A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH
Por Redacción
El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.
El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.
Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.
La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.
En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.
Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.
En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.
Muchas deudas
El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.
En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.
En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.
11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.
Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.
Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal 
La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.
La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.
La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.
La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.
La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.
La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.
Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.
La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.
La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.
Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.
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Nancy Jeanine García aseguró que no existe todavía una sesión de cabildo para aprobar la salida de Soledad del Interapas
Por: Redacción
La diputada local Nancy Jeanine García Martínez aseguró que hasta el momento no existe ninguna solicitud formal ni acuerdos oficiales para concretar la desincorporación de Soledad de Graciano Sánchez del organismo Interapas, pese a que autoridades municipales han mencionado públicamente que el proceso podría presentarse antes del 30 de mayo.
La legisladora explicó que, hasta donde tiene conocimiento, ninguno de los cabildos involucrados ha sesionado para abordar el tema, por lo que el procedimiento legal todavía no ha comenzado formalmente.
“No ha habido ni siquiera sesión en los cabildos, en ninguno”, declaró.
García Martínez recordó que la posible salida de Soledad del organismo operador requiere primero la aprobación de la Junta de Gobierno y posteriormente de los cabildos de los municipios involucrados mediante mayoría de votos.
Una vez cumplido ese paso, tendría que ser el propio Interapas quien remita al Congreso del Estado la solicitud oficial de desincorporación para iniciar el análisis legislativo correspondiente.
La diputada señaló que, hasta ahora, el Congreso únicamente se mantiene en espera de que exista un trámite formal y advirtió que el proceso implica una serie de responsabilidades administrativas, financieras y operativas
“No nada más es así como que a la vuelta y mañana ya se me ocurre y quito todo”, expresó.
Entre los aspectos que tendrían que revisarse se encuentran la entrega-recepción del organismo, la definición de responsables administrativos, posibles liquidaciones, manejo financiero y el modelo con el que Soledad garantizaría el suministro de agua potable.
La legisladora insistió en que el Congreso deberá actuar de manera responsable cuando llegue la solicitud formal y aclaró que, mientras no existan acuerdos oficiales en cabildos, no hay ninguna acción legislativa que pueda realizarse.
Finalmente, reiteró que aunque el tema se mantiene en el debate público y político, el procedimiento legal aún no ha comenzado formalmente.
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Según la investigación de la Fiscalía, un hombre fue detenido, ingresado a las celdas municipales… y después entregado a personas armadas. Hasta hoy sigue desaparecido
Por: Redacción
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) ejecutó varias órdenes de aprehensión por el delito de desaparición forzada relacionadas con un caso ocurrido en Tamazunchale, donde presuntamente participaron policías municipales y civiles en la entrega de un detenido a un grupo armado, cuyo paradero continúa desconocido.
Entre las personas detenidas se encuentra el exdirector de la Policía Municipal de Tamazunchale, Christian Alejandro “N”, quien actualmente ya se encontraba bajo prisión preventiva por delitos contra la salud y portación de arma de fuego, luego de una detención previa realizada por la Guardia Civil Estatal.
Además, la Policía de Investigación (PDI) cumplimentó mandamientos judiciales contra los policías activos Antonio “N” y Yadira “N”, así como contra Claudia “N” y Rodolfo “N”, señalados como presuntos participantes en los hechos registrados el 11 de enero de 2026.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, la víctima fue ingresada inicialmente a las celdas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tamazunchale. Posteriormente, tres de los implicados habrían entregado al hombre a personas armadas y desde entonces no se conoce su ubicación.
La FGESLP señaló que las indagatorias permitieron reunir líneas de investigación sólidas para obtener las órdenes de aprehensión contra los cinco implicados.
Las autoridades estatales indicaron que todas las personas detenidas permanecerán recluidas en el centro penitenciario correspondiente mientras se desarrollan las audiencias ante un Juez de Control, donde el Ministerio Público buscará su vinculación a proceso.
El caso ocurre en medio de diversos señalamientos y operativos recientes relacionados con la corporación policiaca de Tamazunchale, uno de los municipios donde las autoridades estatales han reconocido problemas persistentes de seguridad y presencia de grupos delictivos.
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Todos los casos son reportados a autoridades de protección y al Ministerio Público
Por: Redacción
El Hospital General de Ciudad Valles atiende en promedio hasta 10 casos mensuales de embarazos en menores de 15 años, una situación que mantiene en alerta al personal médico debido a los riesgos físicos, emocionales y sociales que enfrentan las adolescentes.
Jesús Guillén Larraga, director del hospital, informó que tan solo durante la semana pasada fueron atendidos dos casos de niñas embarazadas de 12 y 13 años provenientes de colonias periféricas del municipio, lo que refleja la persistencia de este problema en la región Huasteca.
“Todo menor de 15 años se reporta a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y menores de 18 años al Ministerio Público”, explicó el médico.
El especialista advirtió que cualquier embarazo en adolescentes representa un riesgo médico importante, incluso cuando existe control prenatal, debido a que el cuerpo de las menores todavía se encuentra en desarrollo y
Además del aspecto clínico, Guillén Larraga señaló que muchos de estos embarazos están relacionados con contextos familiares complejos, violencia o entornos vulnerables que terminan influyendo en las decisiones de las menores.
“A veces los pensamientos de algunas jóvenes son embarazarse para salirse de sus casas porque no toleran el trato de sus papás”, comentó.
El director del Hospital General hizo un llamado a fortalecer la educación sexual, la comunicación familiar y el acompañamiento psicológico para prevenir embarazos a temprana edad y reducir los riesgos que enfrentan niñas y adolescentes.
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