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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP
A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH
Por Redacción
El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.
El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.
Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.
La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.
En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.
Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.
En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.
Muchas deudas
El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.
En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.
En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.
11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.
Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.
Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) no ha diseñado una estrategia en cada municipio para la recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia, que incluya coordinación interinstitucional y participación ciudadana; tampoco ha implementado la estrategia de recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia en cada municipio ni ha evaluado la implementación de la estrategia en cada uno de los municipios con Alerta de Género.
La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.
La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.
La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.
La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.
La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.
La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.
Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.
La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.
La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.
Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.
También lea: CEDH busca Alerta de Género para tres municipios más de SLP
#4 Tiempos
El 2027 se escribe con B | Apuntes de Jorge Saldaña
APUNTES
Culto Público: El “plan B” es el antídoto al hubiera; es la versión adulta de cruzar los dedos; es pedir un deseo a una fuente pero guardar otra moneda.
En la política potosina de cara al 2027, los planes B proliferan como salpullido después de cortar elotes.
En el gallardismo, en la oposición, en Morena, en los pasillos federales y hasta en Washington (aunque ese último, como veremos, tiene poco de expediente y mucho de SPEI desde un Banorte capitalino) la segunda carta es un seguro que mas vale tener para no tener que usar.
Antes del análisis va un no negociable del proyecto en turno en el poder local: el movimiento gallardista tiene un gran y único plan. Uno sin letra que es el techo de toda la estrategia: ganar la siguiente gubernatura y garantizar la continuidad.
Para que eso ocurra se necesita un perfil que garantice lealtad, fidelidad, absoluta confianza, acceso ilimitado y acuerdos no limitativos. (Recuerde este párrafo por favor)
Ahora si, vamos de uno por uno:
Como todos lo creemos (por que así se ha hecho creer) la senadora Ruth González es el plan A a la vista. Cumple con todos los requisitos descritos aquí arriba. Sí, también es la esposa del gobernador, pero también una persona única, con decisiones propias, derechos políticos completos, y aprobación popular ganada, no heredada.
Para como están las cosas hoy, los caminos de participación de la senadora son dos: competir solo con el Verde con previsibles resultados ganadores (todas las encuestas coinciden) pero rompería la alianza — no tanto con Morena sino con la presidenta- y eso no es poca cosa.
La otra opción es Ruth con Morena y Verde juntos, una combinación imparable que volvería la elección un trámite, no obstante eso implicaría que Sheinbaum haga una excepción a su postura contra lo que ella llama nepotismo.
Entonces, para el caso San Luis, (que debes ser el asunto como 249 o más de la lista a resolver por la presidenta) hay cartas sobre el escritorio: hacer la excepción potosina, asegurar un estado ganador para la 4T sin arriesgarse a perder más, pero pagar un costo político altísimo por contradecir su propia postura.
O ir juntos… pero no con Ruth.
Aquí entonces entra el plan B presidencial: que no sea Ruth, a cambio de que Ricardo lleve mano para elegir abanderado o abanderada.
En este contexto, el perfil que proponga el gobernador se convertiría muy seguramente en el próximo mandatario o mandataria.
Entonces, si no es Ruth, aquí el plan B de Gallardo (que conociéndolo quizás siempre fue su plan A): escoger entre Ignacio Segura, Guadalupe Torres, Juan Manuel Navarro o Juan Carlos Valladares.
La ventaja de todos es que ninguno es la esposa de Ricardo. La desventaja: ninguno es mujer, ni se asume como tal. Los cuatro no se pueden descartar en el escenario de alianza completa, y cumplen lo Ricardo necesita en su sucesor: confianza absoluta, lealtad al proyecto y disposición de tomar el timón de un barco donde el siga siendo el capitán.
Entonces, ¿es alguno de ellos realmente el caballo negro, el plan B de los planes B, la carta mejor guardada para responder al “tu esposa no” de la presidenta?
No. No son ninguno de ellos. La respuesta es: Aranza Puente Bustindui.
¿Suena a disparate? A mí también al principio. Pero respiremos hondo y volvamos al quinto párrafo: de los requisitos los cumple todos.
Tiene el género correcto. Y muchos valores agregados: expediente y pasado a prueba de balas.
No es Nacho Segura, al que más vale tener siempre a un lado. No es Guadalupe Torres, cuya opinión a veces se interpreta como discrepancia. No es Juan Manuel Navarro, eficiente y leal pero sin la pericia política para improvisar y salir a salvo.
Tampoco es Juan Carlos Valladares — aunque hay que detenerse aquí, porque Juan Carlos merece párrafo aparte.
Valladares sería un candidato rockstar. Hasta presidenciable si se anota el triunfo — y no lo digo yo, así lo leen en CDMX.
Su problema es que no es marinero: es capitán. Y en el barco 2027-2033 no puede haber dos con el mismo grado por más que compartan mapa.
Además, Morena lo tiene muy bien medido, lo ven muy bien, y eso — paradójicamente — le juega en contra para la gubernatura. Es el “si no es Ruth, entonces no es Juan Carlos presidenta”.
Por eso Valladares es claramente el plan A del tablero del gobernador para la capital potosina y un factor de empuje invaluable para ganar la gubernatura.
Si por alguna razón extraordinaria el diputado Valladares no se decide, el plan B capitalino apunta a Mario García — al que todavía le late el corazoncito —, Nacho Segura, o a algún perfil de Morena (la capital como ficha de cambio) que aunque vaya apoyado por el Verde, iría de sacrificio. Lo digo para que ni se apunten Cuauhtli y Arreola.
Ok. Cambiemos de lado el casette (y levante la mano quien tuvo uno de esos Sony cafés con etiqueta a escrita a mano que decía “calmaditas en inglés” jaja bueno ya, al tema)
En este mes es casi un hecho que se firme un convenio entre la Auditoría Superior de la Federación y el IFSE. Los términos implican alcances y facultades para el órgano fiscalizador estatal de tal magnitud que el IFSE accedió sin pensarlo a la única petición de la federación: no tocar al rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra.
¿Por qué la ASF (léase instrucción de Rosa Icela Rodríguez) estaría interesada en un blindaje de ese grado al oftalmólogo?
Pues resulta que desde el escritorio de Juan Ramiro Robledo allá en México
, se ha presupuestado una agenda de placeo federal del líder universitario con funcionarios, magistrados, diputados, senadores y operadores partidistas de Morena.El impulso lo opera el propio Juan Ramiro, pero lo ejecutan las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres. La idea sembrada a Gobernación: que el plan B de Morena jugando solos al gobierno potosino sea Alejandro Zermeño, el “factor sorpresa”, el contraste natural al proyecto actual, con una comunidad universitaria que, asume JRR, se desdoblaría para darle el triunfo al doctor.
En este posible — pero nada probable — escenario, el rector no tendría que bajar de la estación espacial internacional donde dijo que habitaría un año para no ser candidato a alcalde.
Solo tendría que decir que sí a una candidatura que (solo esa) le parece merecida para su estatura.
Lo bueno es que soñar no cuesta nada. Ser consciente de la realidad, levantar la mano con valor, con decisión y causa, eso sí. Por lo demás, el escenario Verde contra Morena todavía late, pero casi no oxigena.
Del lado de la oposición: hasta el viernes pasado a la una pe eme, la única candidata lista para registrarse por el PAN a la gubernatura era la senadora Verónica Rodríguez —muy a su pesar.
Pero pasados 104 minutos (maso) el plan A blanquiazul rescató al plan B: Enrique Galindo aceptó inscribirse. El plan A galindista no muere, solo queda en “estenbai”: lograr la alianza PRI-PAN aunque sea solo en San Luis Potosí, segundos antes de la hora. Posible, sí. Probable, mmm -no lo se.
Eso sí, Vero va firme a la alcaldía capitalina, dejará en su escaño en el senado a la maestra Estela Arriaga y dejará la dirigencia para concentrarse en la elección.
El combo hoy son entonces Galindo y Vero (los espacios para hombres en las 17 gubernaturas en juego para el PAN son tan reducidos que Enrique o aceptaba el viernes o se quedaba sin estar en la boleta).
El 21 de junio sabremos el nombre del perfil femenino inscrito por el PAN a la gubernatura (obligatorio) y si finalmente a la alcaldía se apuntan para medirse contra Vero, Marcelito de los Santitos Anayita, Davidito Azuarita, Rubén Guajardo, el empresario Fernando Díaz de León, el abogado José Mario de la Garza o el empresario Miguel Maya Romero.
Último plan B, y que creo es el más importante de mi entrega:
El supuesto expediente de Washington contra el gobernador Gallardo que reveló el periodista Raymundo Riva Palacios no se generó en Washington. Se generó en un SPEI desde un Banorte de la capital potosina a un Santander de la CDMX.
Siempre queda un CEP generado por el Banco de México.
No hay semáforo consultable para saber si los expedientes de la FGR se abren o se cierran, tampoco los de la UIF.
Lo que sí hay es una investigación que todos sabemos está en curso sobre el escándalo del Huachicol, los almirantes, sus cómplices y sus lavadores.
El plan activo no es que Washington venga a atrapar al gobernador — sueño de sus detractores que omiten los procedimientos, el fuero, la soberanía y la resistencia estratégica de la presidenta frente a las presiones de intervención estadounidense planteadas en el discurso del 31 de mayo (Si no entendieron eso, pues no entendieron nada).
El plan activo es otro: encarcelar a la cabeza del entramado facturero del caso huachicol. Muchas cabezas han caído, y cuando caen cabezas primero caen las de abajo.
AMLO se blindó a él y a su hijo Andy con la carta a Trump. Andy puso tierra de por medio. Ellos no van a caer, pero si tienen que entregar una cabeza en bandeja de plata, pues la guillotina apunta a Tanquián.
Ese sí es un plan B: Morena sin Adán Augusto y sin Andy no tiene razón para proteger a Sánchez Zumaya. Y si Estados Unidos quiere un “abono” de buena voluntad, el nombre del Batman de Tanquián es primero en la lista.
Sí, así son los planes B Culto Público, son no deseados pero necesarios, son el tercer portero en la banca, se ruega porque no se ocupen, pero se ocupan si es inevitable.
¿Sabían que no hay razón lógica por la que la “A” sea la primera letra del alfabeto? Es un convencionalismo de cuatro mil años, inventado por comerciantes semíticos que dibujaban cabezas de vaca y casas en tablillas.
Entonces, para leer el alfabeto electoral, no es necesario comenzar con la A.
Hagamos equipos de tres y lo discutimos después del mundial ¿va?
Hasta la próxima.
Yo soy Jorge Saldaña.
También lee: Si yo lo hago es libertad, y delito cuando me lo hacen | Apuntes de Jorge Saldaña
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Alcohol y drogas, principales causas de las riñas en SLP: SSPC
Jesús Juárez informó que se realizan cerca de 30 detenciones diarias por narcomenudeo
Por: Redacción
El consumo de alcohol y drogas continúa siendo uno de los principales detonantes de las riñas que se registran en San Luis Potosí, algunas de las cuales han derivado incluso en homicidios, aseguró Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC).
Al ser cuestionado sobre el incremento de hechos violentos relacionados con enfrentamientos entre particulares, el funcionario descartó que exista un crecimiento de grupos pandilleriles o de organizaciones dedicadas a generar conflictos en colonias y comunidades.
Juárez Hernández señaló que, de acuerdo con los análisis realizados por las autoridades de seguridad, la mayoría de estos casos tienen como origen el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y, en segundo término, el uso de sustancias ilícitas.
“El problema es el consumo de alcohol en primer lugar y en segundo lugar el consumo de drogas”, afirmó.
Ante esta situación, explicó que la SSPC mantiene operativos coordinados con las policías municipales para combatir el narcomenudeo y reducir factores que propician la violencia. Entre las estrategias mencionó los operativos Convoy, Cazador y Boomi, enfocados en la detección de delitos relacionados con la venta y distribución de drogas.
El secretario destacó que San Luis Potosí se mantiene entre las entidades con mayor actividad en el combate al narcomenudeo, al registrar en promedio alrededor de 30 detenciones diarias por este delito, realizadas de manera conjunta entre la Guardia Civil Estatal y corporaciones municipales.
Según explicó, estas acciones han contribuido a contener delitos de alto impacto vinculados con grupos criminales, aunque reconoció que persisten problemas de violencia derivados de conflictos entre particulares bajo los efectos del alcohol o las drogas.
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CEDH reporta mayor demanda de atención en la región Huasteca
La presidenta del organismo explicó que muchas de las quejas están relacionadas con servicios públicos, educación y seguridad
Por: Redacción
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha identificado que la mayor parte de las quejas y solicitudes de atención que recibe provienen de la región Huasteca, informó su presidenta, Giovanna Itzel Argüelles Moreno.
La ombudsperson explicó que los asuntos más recurrentes están relacionados con temas educativos, de seguridad pública y dificultades en la realización de trámites ante diversas instituciones, aunque aclaró que existe una amplia variedad de casos: “Donde hemos recibido más es sobre todo en la zona Huasteca”, señaló.
Argüelles Moreno destacó que una de las prioridades de la actual gestión ha sido fortalecer los mecanismos para restituir derechos de manera inmediata , incluso antes de que concluya formalmente el proceso de queja.
La presidenta de la CEDH explicó que, gracias a la coordinación con dependencias estatales y otras instituciones públicas, en diversos casos se ha logrado resolver la problemática planteada por los ciudadanos durante el desarrollo de la investigación.
“Hay muchas maneras de poder realizar el trámite para que las personas sientan satisfacción, y una de ellas es que se resuelva durante el trámite”, indicó.
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