abril 9, 2026

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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP

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A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH

Por Redacción

 

El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.

El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.

Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.

La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.

En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.

Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.

En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.

Muchas deudas

El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.

En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.

En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.

11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.

Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.

Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal

(SSPE) no ha diseñado una estrategia en cada municipio para la recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia, que incluya coordinación interinstitucional y participación ciudadana; tampoco ha implementado la estrategia de recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia en cada municipio ni ha evaluado la implementación de la estrategia en cada uno de los municipios con Alerta de Género.

La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.

La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.

La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.

La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.

La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.

La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.

Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.

La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.

La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.

Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.

 

También leaCEDH busca Alerta de Género para tres municipios más de SLP

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Claudia, la que “se debilita”… ganando. Apuntes de Jorge Saldaña

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APUNTES

 

Culto Público, hijos de la narrativa que se cae como diente de leche flojo:

Siempre he creído que la oposición mexicana antes de ir a dormirse se cuenta una historia como para acurrucarse y soñar con un cuento de hadas al revés.

Sueñan desde los más fachos, hasta los más hipócritas -esos que estiran la mano y con la otra avientan la piedra- (Ya sé que así no va el refrán, pero siempre me doy mis licencias) que la presidenta Claudia Sheinbaum está debilitada, que el barco se hunde, que el país se desmorona y que pronto —cualquier día de estos, ya merito— todo se viene abajo, que entrarán a México todos los GI Joe gringos a exterminar en un parpadeo con los narcotraficantes y el narcotráfico (ajá…).

Deliran humedecidos que en cualquier chasquido, van a secuestrar a AMLO como lo hicieron con Maduro y que la Cuarta Transformación y a la presidenta la van a derrocar con mensajes en “Truth” aplicando la máxima goobeliana de “repite una mentira mil veces” (esa de que nos gobiernan los narcos) para que sea realidad” y aquí hay quien se la cree.

Esa narrativa la repiten los discípulos de su mesías “Lilly Tellez” en columnas, en mesas de análisis, en redes sociales y en cuanta cámara les pongan enfrente. Pero como decimos en el periodismo, hasta los aprendices, que todavía usamos datos: una cosa es el cuento público… y otra la realidad.

Vamos viendo: En estos días, la presidenta fue cuestionada sobre el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que habla de más de 132 mil personas desaparecidas en México.

Sheinbaum respondió con un argumento que hay que leer sin histeria: las cifras del comité extrapolan a 2025 datos de un análisis que cubre el periodo 2009-2016. Es decir, el grueso de esa tragedia corresponde a sexenios anteriores —los mismos que hoy callan cómodamente desde la oposición.

¿Es grave el problema de las desapariciones? Por supuesto que sí. Nadie con dos dedos de frente lo minimizaría. Pero una cosa es exigir justicia y otra es usar un informe con datos extrapolados como ariete político contra un gobierno que, al menos, no niega el problema y opera un censo para dimensionarlo.

Y ya que hablamos de la ONU y su preocupación por los derechos humanos, permítanme la pregunta que nadie se acuerda de hacer en las mesas de análisis: ¿Dónde está esa misma ONU frente a la guerra que Estados Unidos está librando contra Irán, a través de Palestina desde febrero de este año?

¿Dónde estuvo cuando las niñas iraníes fueron asesinadas? —digo— ¿ellas también desaparecieron no? ¿Ellas no cuentan?

¿Dónde están las resoluciones vinculantes, las sanciones, los comités especiales para los miles de civiles que desaparecen —literalmente de la faz de la tierra— bajo los bombardeos del país que, además y casualmente, financia y controla los hilos de los organismos internacionales?

Es decir, mientras la ONU le exige cuentas a México sobre personas desaparecidas, al mismo tiempo tolera la desaparición y extinción inmediata de miles de seres humanos (¿Ya se les olvidó que el lunes en la noche Trump prometió “desaparecer” a Iran?).

Eso no es justicia, ni casualidad, ni es coherente. Eso es una puesta en escena con guión de Fox News y una geopolítica selectiva con narrativa a modo.

Y así, mientras la ONU se pierde en sus laberintos, y en el “dicen que tú y yo estamos locos Lucas”, La presidenta Sheinbaum hoy (miércoles) les recetó otra dosis de realidad estratégica: la consolidación de la soberanía energética.

La presidenta presentó hoy el plan para explotar nuestras propias reservas de gas natural, un recurso que por años hemos importado como si no tuviéramos nada bajo el suelo.

Ese no es solo un tema de hidrocarburos; es un mensaje de independencia. Disminuir la importación de gas es quitarle a los de afuera el interruptor de nuestra luz y nuestra industria. Es, de nuevo, el dato de la infraestructura aplastando el re lato de la dependencia.

Pero la fortaleza no solo es energética, también es social. Ayer, Sheinbaum terminó de trazar la ruta hacia la salud universal

. Mientras la oposición sigue añorando un sistema de salud que solo existía en sus comerciales y que aplaudían, el anuncio de esta semana consolida la integración total de los servicios para que el acceso a un médico no dependa de tu código postal o tu patrón. ¿Es un sistema perfecto? No, pero nunca lo ha sido, este gobierno por lo menos, tiene un camino claro.

Es la institucionalización de un derecho que los “debilitadores” de oficio trataron como mercancía durante décadas. ¿Eso es estar debilitada? Se necesita mucha fuerza política para meter en cintura al aparato burocrático de la salud y ponerlo a funcionar para todos, pero no con varita mágica.

Ahora, si me lo permite, hagamos un “Flash Back” a los “reveses a la Reforma Electoral en sus versiones A y B”: Si el Plan A era construir una autopista de seis carriles con distribuidores viales, puentes y señalización inteligente, el Plan B es repintar las rayas del estacionamiento y cambiar los focos de la caseta. Si el Plan A era reconstruir el estadio completo, el Plan B es ponerle lona nueva a la tribuna de sol. Si el Plan A era una cirugía a corazón abierto al sistema electoral, el Plan B es un Mejoral con tecito de manzanilla, pero… el A no pasó y el B… trastocado.

Para lo que nos corresponde a San Luis Potosí, el Plan B prácticamente no mueve ni a una abeja asustada, y es que ningún municipio potosino tiene más de 15 regidores y el presupuesto del Congreso local no supera el 0.7 por ciento del presupuesto estatal. Reforma de austeridad, le llaman, pero lo que toca es tan mínimo que ni se siente (como tu cariño…).

Bueno y llegamos a mi parte favorita, Culto Público, porque aquí la oposición se supera a sí misma. La narrativa opositora sostiene —todos los días, en todos los tonos, en todas las plataformas— que el país se está cayendo a pedazos. Que Sheinbaum no puede. Que la gente está harta. Que todo va de mal en peor. Perfecto. Asumamos por un segundo que tienen razón. Entonces, ¿por qué bloquearon la revocación de mandato que hubiera puesto a Sheinbaum en la boleta del 2027?

Si de verdad creen que la mayoría del país piensa como ellos, la revocación era su oportunidad de oro: someter a la presidenta al veredicto popular y, si el país está tan mal como dicen, obligarla a dimitir. ¿Por qué no lo hicieron? Porque saben —y este es el secreto que no confiesan ni en misa de 9 en el Santuario— que Sheinbaum ganaría.

La propia presidenta lo dijo sin rodeos: “Tuvieron miedo.”

Claudia Sheinbaum, contra todo, no se está debilitando. Se está fortaleciendo con las propias contradicciones de quienes la atacan.

Bloquear la revocación que podría tumbarla, rechazar reformas que beneficiarían a la oposición misma, tiros de tres bandas en los que se usan cifras extrapoladas mientras se ignoran guerras en tiempo real, no es una oposición que esté ganando terreno.

Ah y se me olvidaba el AIFA: Frente a los embates de los Texcocoheridos, el aeropuerto toma vuelo y las cifras lo comprueban. (Chequen ustedes si no me creen)

Hasta la próxima

Yo soy Jorge Saldaña

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El 98% de contratos en ayuntamientos se asignaron por dedazo en 2024:INEGI

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En 2024, el 98% de las adquisiciones y obras públicas en los ayuntamientos del país se realizaron mediante adjudicación directa

 

Por: Redacción 

Con estos datos, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado admite irregularidades recurrentes en los procesos de adjudicación municipal en SLP y señala sobreprecios, expedientes mal integrados y uso excesivo de excepciones legales.

En 2024, el 98% de las adquisiciones y obras públicas en los ayuntamientos del país se realizaron mediante adjudicación directa —es decir, sin licitación ni competencia—, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales del INEGI.

Ante estos datos, el titular del IFSE, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, reconoció que las omisiones en los procedimientos de adjudicación son una constante en los municipios y motivo frecuente de observaciones.

El auditor explicó que, aunque las leyes permiten excepciones a la licitación pública y a la invitación restringida, los entes municipales suelen omitir estos procedimientos sin integrar adecuadamente los expedientes, lo que deriva en irregularidades administrativas.

Además, señaló que en algunos casos los bienes y servicios sí se entregan, pero a costos superiores, lo que representa un perjuicio para las finanzas públicas. “Al haber omitido el procedimiento legal, adquieren o contratan de manera mucho más onerosa”, advirtió.

El IFSE también reconoció haber sido “flexible” con los municipios, priorizando la capacitación de funcionarios sobre la sanción inmediata, aunque admitió que las fallas persisten.

En ese contexto, Lecourtois López planteó la necesidad de reformar y homologar en el estado las leyes de Adquisiciones y Obra Pública —ya modificadas a nivel federal— para cerrar los vacíos que permiten el uso discrecional de la adjudicación directa.

El auditor insistió en endurecer las sanciones contra funcionarios que recurran indebidamente a estos mecanismos, aunque matizó que el estudio del INEGI es únicamente cuantitativo y no detalla las condiciones específicas de cada contrato.

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Desactivan bomba en Soledad: Detecta PC 30 pipas cargadas de gasolina sin control

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Protección Civil identificó riesgo inminente de explosión en un encierro sin permisos y procedió a clausurar el sitio; la FGR abrió investigación sobre el origen del combustible

Por: Redacción

Un predio que resguardaba al menos 30 auto tanques cargados con hidrocarburos —sin permisos ni condiciones de seguridad— fue clausurado en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, tras detectarse un riesgo inminente de explosión que pudo haber provocado una tragedia de gran escala.

El operativo fue realizado de manera conjunta por personal de la FGR y Protección Civil Estatal de San Luis Potosí, quienes además iniciaron una investigación para determinar si el combustible almacenado es de procedencia legal o está vinculado al mercado ilícito, conocido como huachicol.

El sitio intervenido corresponde a los patios de encierro de Grúas Pensiones Tangamanga, ubicados sobre la carretera San Luis Potosí–Matehuala. En el lugar se localizaron unidades, en su mayoría con capacidad de hasta 48 mil litros, cargadas con gasolina, diésel y combustóleo.

De acuerdo con autoridades estatales, el inmueble no contaba con permisos básicos como seguro de responsabilidad civil por daño ambiental ni estudios de riesgo de incendio, lo que elevaba significativamente el peligro para la población cercana.

Mauricio Ordaz Flores, titular de Protección Civil Estatal, advirtió que el manejo inadecuado de este tipo de material representaba un riesgo crítico, por lo que la clausura buscó contener una posible emergencia mayor.

El operativo se generó a partir de reportes ciudadanos y derivó en la suspensión total de actividades del predio, mientras los responsables deberán implementar medidas correctivas.

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