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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP
A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH
Por Redacción
El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.
El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.
Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.
La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.
En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.
Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.
En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.
Muchas deudas
El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.
En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.
En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.
11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.
Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.
Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal 
La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.
La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.
La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.
La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.
La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.
La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.
Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.
La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.
La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.
Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.
También lea: CEDH busca Alerta de Género para tres municipios más de SLP
El gobernador asegura que el Ayuntamiento no entregó documentos completos para licitaciones como El Saucito
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, elevó el tono del conflicto con el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos al llamarlo “niño berrinchudo” por las críticas relacionadas con las licitaciones detenidas en la Contraloría General del Estado para obras municipales como el paso a desnivel de El Saucito.
El mandatario estatal aseguró que actualmente existen al menos tres proyectos del Ayuntamiento de San Luis Potosí que no han sido autorizados debido a que presuntamente no se entregó documentación completa para validar las obras.
“Eso no es un tema político ni es un tema de que a las fuerzitas en entrevistas me tienen que dar lo que quiero. Eso pareciera un niño berrinchudo estar pidiendo todo en entrevistas”, declaró Gallardo.
El gobernador sostuvo que la Contraloría estatal ha solicitado información adicional sobre las licitaciones y que, hasta el momento, el municipio no habría cumplido con todos los requisitos administrativos necesarios para avanzar en los procesos.
Explicó que cada proyecto debe incluir el desglose detallado de los recursos y justificó que el procedimiento es el mismo para todos los municipios del estado, independientemente del partido político que gobierne.
“Si cuesta 10 pesos, se manda en qué se gasta un peso, dos pesos, tres pesos… Al parecer esas tres obras no han mandado los documentos faltantes”, señaló.
Gallardo rechazó que exista un bloqueo político contra el Ayuntamiento capitalino y aseguró que diariamente la Contraloría autoriza proyectos provenientes de decenas de municipios, incluidos gobiernos de oposición.
Incluso advirtió que el Estado ha evitado exhibir públicamente presuntas irregularidades o sobrecostos detectados en proyectos municipales para no generar confrontaciones innecesarias: “Nunca hemos querido ventilar a ningún presidente municipal cuando quieren abusar de los precios de obra. Se les regresa, se corrige y listo”.
Finalmente, el gobernador acusó al Ayuntamiento de intentar convertir el tema en una confrontación política y pidió simplemente cumplir con los lineamientos administrativos para destrabar las obras pendientes.
También lee: Contraloría del Estado bloquea desde marzo licitación de El Saucito
La senadora aseguró que los partidos políticos deben asumir la responsabilidad de revisar los perfiles de sus candidatos y no el INE
Por: Redacción
La senadora potosina Ruth González Silva consideró que los partidos políticos deben asumir la principal responsabilidad en la revisión de perfiles de sus candidatos, luego de la discusión nacional sobre la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para reforzar los filtros contra posibles vínculos del crimen organizado en procesos electorales.
La legisladora respaldó la postura expresada por la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, quien recientemente señaló que el organismo electoral no tiene facultades para investigar antecedentes criminales de aspirantes, ya que su función es organizar elecciones y no actuar como autoridad ministerial o judicial.
“Estoy de acuerdo con el INE”, declaró Ruth González al ser cuestionada sobre la propuesta federal y el debate en torno a los llamados “narcocandidatos”.
La senadora sostuvo que cualquier ciudadano debe tener derecho a competir políticamente, pero insistió en que corresponde a los propios partidos establecer mecanismos internos más estrictos para seleccionar a sus candidatos.
“Yo creo que más es una responsabilidad de cada partido, una responsabilidad que los filtros se hagan a través de los partidos y de manera interna”, afirmó.
Ruth González añadió que los institutos políticos deben apostar por perfiles no solo capaces, sino también con una conducta pública y privada intachable.
También lee: “La IA se tiene que regular sí o sí”: Ruth González
En la institución potosina ya trabaja en herramientas para detectar trabajos hechos con inteligencia artificial
Por: Redacción
El Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí (Cobach) reconoció que la inteligencia artificial ya forma parte de la vida académica de estudiantes y maestros, por lo que actualmente trabaja en estrategias para evitar que esta herramienta sea utilizada de manera indebida dentro de las aulas.
Ricardo Daniel Centeno Trejo, director general del Cobach, explicó que a nivel nacional cerca del 70 por ciento de alumnos y docentes de educación media superior y superior ya utilizan herramientas de inteligencia artificial, tendencia que —aseguró— también se refleja en San Luis Potosí.
El funcionario señaló que el principal reto no es prohibir el uso de estas plataformas, sino evitar que los estudiantes dependan completamente de ellas para realizar tareas, investigaciones o actividades escolares.
“Estamos de acuerdo en implementar las herramientas, más no abusar de ellas”, afirmó.
Centeno Trejo detalló que el subsistema ya analiza mecanismos para detectar contenido generado por inteligencia artificial, mediante plataformas especializadas que permiten identificar textos o trabajos realizados automáticamente.
Indicó que el objetivo es que la IA sea utilizada como apoyo académico y no como un sustituto del aprendizaje.
“Lo que buscamos es que realmente lo utilicen como una herramienta de estudio y de trabajo, más no una herramienta que les haga el trabajo”, sostuvo.
El director del Cobach añadió que también se trabaja en la capacitación del personal docente para comprender el funcionamiento de estas nuevas tecnologías y aprender a incorporarlas de manera responsable en el ámbito educativo.
Explicó que durante los periodos vacacionales del alumnado se desarrollan jornadas de capacitación para maestros, donde además de temas de seguridad y educación continua, ya se incluyen cursos relacionados con inteligencia artificial.
Centeno Trejo reconoció que la IA representa uno de los desafíos educativos más importantes de los próximos años, debido al rápido crecimiento de estas herramientas y su impacto dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
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