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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP
A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH
Por Redacción
El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.
El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.
Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.
La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.
En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.
Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.
En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.
Muchas deudas
El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.
En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.
En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.
11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.
Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.
Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal 
La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.
La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.
La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.
La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.
La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.
La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.
Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.
La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.
La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.
Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.
También lea: CEDH busca Alerta de Género para tres municipios más de SLP
Ricardo Gallardo adelantó que los cambios obedecen a temas meramente electorales
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del Estado, adelantó que hará uno o dos cambios en su gabinete de cara al último año de su administración y que esos movimientos serán “100% electorales”.
“Yo creo que cambio uno o dos nada más. Todo lo demás va a ser lo mismo”, respondió en entrevista con Jorge Saldaña, cuando se le preguntó si habría relevos tras su Quinto Informe de Gobierno, presentado el 21 de septiembre.
Sobre el propósito de los ajustes, precisó: “Vamos a fortalecer la parte electoral”.
El gobernador descartó que algún integrante de su equipo deje el cargo en este momento para buscar una candidatura. “Ningún colaborador va a salir. Va a esperar los tiempos”, señaló. También dijo que les pidió concentrarse en el gobierno.
Gallardo Cardona anticipó que 2027 será “el mejor año” de su administración. Ese mismo año, San Luis Potosí votará por quien lo sucederá en la gubernatura.
En la misma conversación, vinculó la continuidad de sus políticas públicas con la permanencia de su grupo político en el poder. “Yo creo que va uno con otro, porque a final de cuentas la manera de hacer estas políticas públicas las hace este grupo político”, afirmó.
Según el mandatario, los grupos que gobernaron el estado antes de su llegada “tuvieron la oportunidad 40 años y nunca lo hicieron”. Por eso, sostuvo, su prioridad es que continúe el mismo modelo económico.
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Fuentes del partido ubican a Verónica Rodríguez y Rubén Guajardo como los finalistas
Por: Redacción
El PAN de San Luis Potosí prevé anunciar en los próximos días, muy probablemente antes de que termine este fin de semana, quién encabezará su proyecto en la capital rumbo a 2027. Así lo confirmaron por separado fuentes al interior del partido.
Esas fuentes ubican como finalistas a la senadora Verónica Rodríguez Hernández y al diputado local Rubén Guajardo Barrera, de más de 20 aspirantes que se inscribieron en el proceso del PAN por la alcaldía de la capital. Entre los perfiles más visibles de la contienda están también el diputado federal David Azuara Zúñiga y el empresario Marcelo de los Santos Anaya.
Lo que se define es la coordinación municipal, el paso previo a la candidatura por la alcaldía. El anuncio ya se había pospuesto: la dirigencia lo fijó para el 31 de agosto. A principios de septiembre, Santiago Taboada, secretario de Acción Política y delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en el estado, informó que los aspirantes habían cumplido las dos primeras etapas, firmas de apoyo y foros. La tercera y última, dijo, sería una encuesta del CEN.
La visita de Romero
El martes, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, y Taboada asistieron al informe del alcalde Enrique Galindo Ceballos. Guajardo había adelantado el lunes que el CEN definiría las fechas después de esa visita.
Al interior del partido la leen como algo más que un gesto de cortesía. Romero llegó a evitar agraviados entre quienes no queden.
Galindo, por su parte, dijo en su informe: “Quiero contender en el 2027, estoy listo”. Aseguró contar con el respaldo de PRI y PAN, cuyos representantes nacionales estuvieron presentes.
Una interna que no fue tersa
Desde julio, aspirantes como Elodia Gutiérrez Estrada reclamaron que la dirigencia estatal, entonces encabezada por Rodríguez, solo presentó a cuatro perfiles pese a que había más registros. Guajardo y Azuara negaron favoritismo. Rodríguez pidió licencia a la presidencia estatal para competir en igualdad de condiciones.
En septiembre, Guajardo cuestionó un evento de De los Santos con Movimiento Ciudadano y descartó “mano negra” en la encuesta del CEN. Rodríguez, Guajardo, Azuara y De los Santos aceptaron que su resultado sea vinculante.
Lo que dicen las cifras
Una medición de la empresa Vektor, difundida el 26 de septiembre, colocó a Guajardo al frente con 39.25 por ciento de preferencia, contra 30.25 por ciento de De los Santos. En opiniones, Guajardo sumó 65 por ciento favorables y 35 desfavorables. Rodríguez registró 46 favorables y 54 desfavorables. La que define la contienda es la encuesta del CEN.
Guajardo ha recordado que el PAN eligió por encuesta interna a su candidato a la alcaldía capitalina en cuatro procesos anteriores y ganó tres.
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Enrique Galindo afirmó que las políticas públicas en materia de salud, educación y agua son los principales ejes en los que difiere del movimiento que hoy gobierna
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, se colocó como la opción del antigallardismo rumbo a la elección de gobernador de 2027 y afirmó que hoy no tiene ninguna circunstancia política, jurídica, administrativa ni familiar que lo haga desistir.
En entrevista, Galindo confirmó que se ubica “del lado del anti-Gallardo”. Precisó que su postura no es contra el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, con quien dijo llevarse bien, sino contra el movimiento que gobierna el estado y que, a su juicio, se encamina a una “transmisión familiar del poder” con la senadora Ruth González Silva, esposa del mandatario.
“Si hoy dijeran, en sus marcas, listos, fuera mañana precampañas, yo hoy no tendría absolutamente ningún tema para desistir de este proyecto”, dijo el alcalde, quien recordó que esta sería la tercera vez que busca la gubernatura.
Salud, educación y agua
Galindo planteó que el contraste con el gallardismo está en las prioridades de gobierno. Reconoció la obra de infraestructura del sexenio —”seguramente es el gobierno que más ha hecho en infraestructura, puentes, carreteras”—, pero sostuvo que salud, educación y seguridad siguen pendientes en la agenda pública.
“¿Cuál es el gran programa estandarte en materia de salud pública en el Estado?”, cuestionó. Afirmó que los indicadores de salud, educación y combate a la pobreza nunca estuvieron en la agenda de esta administración estatal, y que tampoco existe un programa de rescate al campo.
Sumó el agua como otro pendiente. Dijo que el estado necesita una política hídrica integral y puso como ejemplo la Huasteca, donde hay agua superficial pero no infraestructura; calculó que la región requiere 1,500 millones de pesos de inversión. Aclaró que lo planteaba como propuesta, no como crítica.
Un frente más allá del PRI y el PAN
Galindo, militante del PRI y respaldado por el PAN, afirmó que ninguno de los dos partidos le pone condiciones, ni él a ellos. Puso como ejemplo su gabinete de coalición: el secretario del Ayuntamiento y el director de Servicios Municipales son del PAN; el secretario de Educación y el director de Cultura, del PRI.
Cuestionado sobre si alguno de los dos partidos podría cerrarle la puerta y optar por otro perfil, respondió: “Si fuera hoy la decisión, no tengo ningún problema”.
El alcalde llamó a formar un “gran frente ciudadano” por encima de las militancias. Afirmó que en el antigallardismo “hay de todos los partidos”, incluida Morena, a la que describió como “un fuerte antigallardismo en San Luis Potosí” por sus diferencias y confrontaciones con ese grupo.
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