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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP
A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH
Por Redacción
El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.
El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.
Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.
La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.
En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.
Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.
En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.
Muchas deudas
El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.
En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.
En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.
11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.
Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.
Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal 
La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.
La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.
La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.
La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.
La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.
La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.
Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.
La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.
La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.
Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.
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El diputado federal Jesús Valdés Peña advierte que la renovación del tratado es una oportunidad irrepetible para transformar la economía nacional desde abajo
Por: Haniel Valdés Velázquez
La Cámara de Diputados acaba de constituir la Comisión Especial de Seguimiento al T-MEC, un órgano plural integrado por todos los grupos parlamentarios y representantes de sectores empresariales y productivos. El diputado Jesús Valdés Peña, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, explicó la visión con la que el Poder Legislativo acompaña este proceso.
“Estamos en nuevos paradigmas: tecnológicos, del contrato social que se está reconformando, y económicos. En este contexto, el T-MEC implica fortalecer la parte comercial de América del Norte desde abajo hacia arriba”, comentó.
El legislador subrayó que las acciones de la comisión son de seguimiento y acompañamiento —no vinculantes—, y se desarrollarán en tres etapas: foros de consulta con empresarios y sectores productivos, reuniones con legisladores de los tres países del tratado, y coordinación interinstitucional para fortalecer la certeza jurídica en materia laboral, comercial y de inversiones.
En cuanto a la agenda negociadora, Valdés Peña identificó tres prioridades: aprovechar el nearshoring para potenciar a las casi 6 millones de pymes mexicanas; fortalecer el sector automotriz y de manufactura; y avanzar en la eliminación o reducción de aranceles sobre aluminio y acero. El objetivo de fondo es incrementar exportaciones y reducir importaciones para consolidar la economía nacional.
“La parte directa de la negociación está en el Poder Ejecutivo. Sabemos que el secretario Ebrard lo llevará de manera correcta, con su experiencia y visión de Estado
El diputado también destacó los avances en la relación con Canadá: más de 400 empresas han llegado recientemente al mercado canadiense, y una misión de más de 200 empresas mexicanas visitó ese país acompañadas directamente por el secretario Marcelo Ebrard. La visión, según Valdés Peña, es trilateral: lo que está en juego es la competitividad de toda la región de América del Norte en beneficio de la población de los tres países.
La comisión está presidida por el diputado Pedro Aces y cuenta con el respaldo del coordinador parlamentario Ricardo Monreal. Los grupos de trabajo abordarán temas comerciales, de inversiones, tecnológicos y legislativos, con el objetivo de garantizar la certeza jurídica que México necesita para consolidar el Proyecto México.
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Guadalupe Torres aseguró que ningún funcionario podrá relajarse o aprovecharse del cargo
Por: Redacción
Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno de San Luis Potosí, aseguró que la administración estatal mantiene una evaluación permanente de sus funcionarios y advirtió que cualquier servidor público que incurra en actos irregulares o pretenda aprovechar el cierre del sexenio para beneficio personal será removido y denunciado.
Durante una entrevista, el funcionario sostuvo que el gobierno estatal ha logrado remontar rezagos importantes en áreas como seguridad, educación, infraestructura, desarrollo económico y programas sociales, lo que —dijo— se refleja en las evaluaciones nacionales que colocan al gobernador Ricardo Gallardo Cardona entre los mandatarios mejor evaluados del país.
“No vamos a aflojar el paso”, afirmó Torres Sánchez, quien destacó que, a diferencia de administraciones anteriores, el actual gobierno mantiene cambios y ajustes constantes dentro del gabinete para exigir resultados.
“Estamos rompiendo viejas tradiciones sexenales donde al final del gobierno ya nadie trabajaba y muchos buscaban su famoso ‘año de Hidalgo’
El secretario añadió que todos los funcionarios estatales continúan bajo revisión permanente y dejó claro que no habrá tolerancia para posibles actos de corrupción o abuso de funciones en la recta final de la administración.
“Ninguno se puede pasar de listo. Y el que se detecte que así sea, no solo se va, sino que además será denunciado administrativa y penalmente”, advirtió.
Torres Sánchez insistió en que el gobierno estatal seguirá manteniendo el mismo ritmo de trabajo rumbo al quinto informe de gobierno y al cierre del sexenio, con énfasis en resultados y vigilancia interna.
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El alcalde indicó que en los próximos días el Cabildo de Soledad sesionará para aprobar las acciones necesarias dentro del proceso formal de desincorporación
Por: Redacción
El proceso para que Soledad de Graciano Sánchez deje de formar parte de Interapas y cuente con un organismo operador propio registra avances importantes, aseguró el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien afirmó que ya existen acuerdos claros sobre los aspectos técnicos, administrativos, laborales y jurídicos que implica la transición.
De acuerdo con El Sol de San Luis, el edil informó que recientemente sostuvo una reunión de trabajo con directivos de Interapas y con el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, en la que se revisó el estado del procedimiento y se definieron los alcances de la futura separación.
Navarro destacó que uno de los principales objetivos es consolidar una nueva estructura municipal que permita a Soledad administrar directamente los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento a través de un organismo operador propio.
“Avanzamos mucho y tenemos muy claro, tanto Interapas como nosotros, cuáles son los alcances técnicos y administrativos. El tema laboral ya está definido y vamos muy sólidos en ese sentido”, señaló.
El alcalde adelantó que en los próximos días el Cabildo de Soledad sesionará para aprobar las acciones necesarias dentro del proceso formal de desincorporación, con el fin de cumplir los requisitos legales que permitan concretar la separación.
Uno de los temas centrales en las mesas de trabajo ha sido la definición de la infraestructura hidráulica que quedará bajo control de cada municipio. De acuerdo con Navarro, existe consenso en que las redes, pozos y sistemas ubicados dentro del territorio soledense deberán ser operados por el futuro organismo municipal.
Asimismo, explicó que será necesario realizar la cesión legal de derechos de los pozos de abastecimiento para que el municipio pueda asumir formalmente la titularidad de estas fuentes de extracción.
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