Destacadas
La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP
A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH
Por Redacción
El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.
El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.
Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.
La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.
En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.
Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.
En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.
Muchas deudas
El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.
En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.
En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.
11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.
Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.
Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) no ha diseñado una estrategia en cada municipio para la recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia, que incluya coordinación interinstitucional y participación ciudadana; tampoco ha implementado la estrategia de recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia en cada municipio ni ha evaluado la implementación de la estrategia en cada uno de los municipios con Alerta de Género.
La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.
La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.
La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.
La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.
La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.
La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.
Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.
La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.
La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.
Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.
También lea: CEDH busca Alerta de Género para tres municipios más de SLP
Destacadas
Caso del perrito Hachi en Valles: lo sometieron de forma violenta y entregaron el cuerpo degollado
El alcalde David Medina Salazar respaldó el actuar del personal de Protección Civil, aseguró que “la intervención se realizó conforme a protocolo”
Por: Redacción
La muerte de “Hachi”, un perro de raza labrador, ha generado indignación en Ciudad Valles, luego de que su familia denunciara un sometimiento violento por parte de elementos de Protección Civil municipal, así como la entrega del cuerpo degollado, lo que que calificaron como indignantes.
De acuerdo con los testimonios difundidos, el animal se encontraba bajo el cuidado de un tercero cuando, durante un paseo, reaccionó tras presunta agresión por parte de menores, lo que derivó en el reporte a autoridades.
Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, quienes procedieron a asegurar al perro. Sin embargo, testigos y familiares señalan que el procedimiento incluyó uso excesivo de la fuerza, con inmovilización del animal mediante sujeción física que le impidió moverse, lo que —afirman— le provocó lesiones.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran al perro sujeto contra una estructura, con el cuerpo restringido y sin posibilidad de movimiento, mientras era ahorcado por varios elementos con cuerdas y sogas.
Horas después, de acuerdo a información de C4 Jiménez, la familia denunció que el cuerpo de Hachi fue devuelto sin vida, dentro de una bolsa plástica y en condiciones que evidenciaban un manejo inadecuado y falta de respeto, pues el animal estaba degollado, en bolsas de plástico y otras partes del cuerpo cortadas.
Pese a estos señalamientos, el alcalde David Medina Salazar respaldó el actuar de su personal, asegurando que la intervención se realizó conforme a protocolo.
En la misma línea, el director de Protección Civil, Miguel Ángel Sánchez, sostuvo que el procedimiento fue correcto.
Ante ello, ciudadanos y organizaciones han solicitado la intervención de la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.
El caso de Hachi ha colocado en el centro del debate no solo la actuación de las autoridades, sino también los límites del llamado “protocolo” frente al respeto y protección de la vida animal.
También lee: Tigrillo muere tras ser atropellado en autopista de la Huasteca
Destacadas
Tigrillo muere tras ser atropellado en autopista de la Huasteca
Una usuaria de Facebook dijo que se dio aviso a Selva Teenek Ecopark y a Eco Huellas TMZ; denunció la falta de pasos de fauna en la zona
Por: Redacción
Un tigrillo fue encontrado agonizando tras ser atropellado en la autopista rumbo a San Luis Potosí, cerca de la entrada al municipio de Tamasopo, de acuerdo con el reporte realizado por una usuaria en redes sociales.
Según el testimonio difundido, el felino aún presentaba signos de vida al momento de ser localizado; sin embargo, su estado era crítico. Ante la situación, las personas que se encontraban en el lugar únicamente pudieron orillarlo fuera de la vialidad para evitar que otros vehículos lo arrollaran nuevamente.
Asimismo, se dio aviso a organizaciones dedicadas a la protección de fauna, entre ellas Selva Teenek Ecopark y Eco Huellas TMZ, con el fin de que pudieran intervenir en el caso.
De acuerdo con lo señalado en la publicación, la ausencia de pasos de fauna en esta zona contribuye a que estos incidentes ocurran con frecuencia.
También lee: “Coyotes” rondan a municipios para “limpiar” cuentas, advierte el IFSE
Destacadas
Buscan visibilizar a menores en orfandad tras feminicidios con nuevo registro
La Ministra de la SCJN, Yasmín Esquivel Mossa, participó en la reunión de instalación del grupo de trabajo para la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Condiciones de Orfandad por Feminicidio
Por: Redacción
“Atender la orfandad derivada del feminicidio hace un imperativo contar con un marco jurídico integral, capaz de articular, de manera coherente, las obligaciones del Estado en materia de atención a víctimas, protección de la niñez, prevención y erradicación de la violencia, asistencia social y actuación procesal penal”, aseguró la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa.
Durante su intervención en la reunión de instalación del grupo de trabajo para la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Condiciones de Orfandad por Feminicidio, la Ministra reconoció que se trata de una decisión clave para la atención de infancias y adolescencias con esta problemática.
Esquivel Mossa explicó que más allá de un padrón, este registro tiene mayores implicaciones: “hablamos de la realidad a la que se enfrentan niñas, niños y adolescentes quienes, tras el feminicidio de sus madres, quedan en situación de orfandad y enfrentan una ruptura que afecta tanto su dignidad como su estabilidad emocional, y las perspectivas de una vida que garantice sus derechos y los satisfactores que requieren para un desarrollo integral”.
Por ello, el registro nacional de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio es un instrumento que permitirá visibilizar de manera inmediata a las víctimas indirectas, asegurar su incorporación oportuna a los mecanismos de protección y reparación previstos en la ley y coordinar la actuación de todas las instituciones involucradas.
Finalmente, la Ministra Esquivel se solidarizó con quienes hacen posible este esfuerzo, reiterando que en ella tienen una aliada, siempre a favor de las mujeres víctimas de violencia y las víctimas indirectas.
Esta actividad, convocada por la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), María del Rocío García Pérez, contó además con la presencia de Fabiola María Salas Ambriz, procuradora federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración; Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias; Maribel Borjorges Beltrán, fiscal especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas; así como Javier Valseca, director de Tecnologías de la Información del SNDIF.
También lee: “La primavera laboral llegó para quedarse”: Sheinbaum sobre acuerdo para trabajadores del estado
-
Destacadas2 años
Con 4 meses trabajando, jefa de control de abasto del IMSS se va de vacaciones a Jerusalén, echando mentiras
-
Ciudad3 años
¿Cuándo abrirá The Park en SLP y qué tiendas tendrá?
-
Ciudad4 años
Tornillo Vázquez, la joven estrella del rap potosino
-
Destacadas5 años
“SLP pasaría a semáforo rojo este viernes”: Andreu Comas
-
Ciudad3 años
Crudo, el club secreto oculto en el Centro Histórico de SLP
-
Estado2 años
A partir de enero de 2024 ya no se cobrarán estacionamientos de centros comerciales
-
#4 Tiempos3 años
La disputa por el triángulo dorado de SLP | Columna de Luis Moreno
-
Destacadas3 años
SLP podría volver en enero a clases online










