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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP
A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH
Por Redacción
El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.
El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.
Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.
La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.
En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.
Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.
En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.
Muchas deudas
El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.
En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.
En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.
11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.
Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.
Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal 
La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.
La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.
La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.
La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.
La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.
La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.
Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.
La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.
La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.
Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.
También lea: CEDH busca Alerta de Género para tres municipios más de SLP
La Coespo indicó que el desconocimiento de anticonceptivos influye en embarazo adolescente en SLP: La Huasteca mantiene los focos de atención
Por: Redacción
Mayra Edith Velázquez Loera, titular del Consejo Estatal de Población (Coespo), informó que San Luis Potosí logró reducir en 37 por ciento el embarazo adolescente, además de registrar una disminución del 10.3 por ciento en la tasa específica de fecundidad, lo que coloca al estado en el quinto lugar nacional con mayor reducción en este indicador.
La funcionaria señaló que estos resultados se derivan de las estrategias implementadas para atender a los grupos más vulnerables, particularmente niñas y adolescentes menores de 15 años.
Velázquez Loera destacó que por primera vez los 59 municipios del estado registraron una disminución en el embarazo adolescente, aunque algunos mantienen mayor incidencia y requieren estrategias focalizadas.
Entre estos municipios mencionó Aquismón, San Antonio y Santa Catarina, ubicados en la región Huasteca, donde se han reforzado las acciones en coordinación con comunidades indígenas.
La titular de Coespo explicó que uno de los principales factores que influyen en los embarazos tempranos es el desconocimiento de los métodos anticonceptivos, así como la falta de educación sexual integral desde el entorno familiar y escolar.
“Se detectó que había desconocimiento total de los métodos anticonceptivos y falta de información, por eso se implementaron campañas con distintas instituciones”, explicó.
Indicó que los casos de embarazo infantil se han presentado en edades de entre 12 y 13 años, mientras que anteriormente se habían registrado casos desde los 11 años.
De acuerdo con Velázquez Loera, la meta del gobierno estatal es reducir en al menos 50 por ciento el embarazo adolescente, objetivo hacia el cual se avanza actualmente con una disminución del 37 por ciento.
En cuanto a posibles prácticas de matrimonio forzado o uniones tempranas, la funcionaria señaló que, aunque es un problema presente en México y en varios países de América Latina, en San Luis Potosí no se han detectado casos confirmados.
Añadió que, a través de la estrategia denominada “Alerta Verde”, se han impulsado campañas interinstitucionales para prevenir estos fenómenos y promover que las niñas permanezcan en la escuela y no enfrenten maternidades tempranas.
“Queremos que nuestras niñas estén jugando y estudiando, no siendo madres”, afirmó.
También lee: Gallardo asegura que existen “garantías totales” para protección de mujeres en SLP
La FGESLP dio a conocer que el docente es investigado por los delitos de violencia familiar y lesiones
Por: Redacción
María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), informó que un maestro de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) fue vinculado a proceso tras la denuncia presentada por una exalumna.
La fiscal explicó que la resolución judicial se emitió recientemente, luego de que la semana pasada se realizara la audiencia inicial del caso.
“El día de antier se resolvió la situación jurídica del maestro y se le vinculó a proceso”, señaló.
Precisó que esta determinación no significa que exista una sentencia condenatoria, sino que el juez consideró que existen elementos suficientes para que el caso continúe su curso en el proceso penal.
“Hay indicios”, indicó la funcionaria al explicar que la vinculación se basa en los datos de prueba presentados durante la audiencia.
De acuerdo con la Fiscalía, el docente es investigado por los delitos de violencia familiar y lesiones, derivados de la denuncia presentada por la exalumna.
García Cázares añadió que también existe una denuncia del maestro contra la joven, sin embargo, ese caso aún no ha sido resuelto y se encuentra pendiente de determinar si será judicializado.
En ese sentido, explicó que corresponderá al Ministerio Público evaluar los elementos de la carpeta de investigación para decidir si el proceso también procede en ese sentido.
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El gobernador afirmó que no han recibido información oficial de la Federación sobre un nuevo mecanismo que sustituya la alerta de violencia de género
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, aseguró que en el estado se mantienen los protocolos actuales para atender la violencia contra las mujeres y afirmó que existen “garantías totales” para su protección, pese a las versiones sobre la posible eliminación de la alerta de violencia de género a nivel nacional.
Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que la Federación implemente un nuevo mecanismo que sustituya a la Alerta de Género, el mandatario estatal señaló que hasta el momento no han recibido información oficial al respecto.
“No, no, no todavía, no nos ha pasado la Federación ningún mecanismo nuevo. Seguimos con los mismos protocolos”, indicó.
Gallardo Cardona añadió que actualmente la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí trabaja con los protocolos vigentes y que incluso se analizan posibles ajustes a nivel local, lo cual consideró positivo para fortalecer las acciones de protección.
“Creo que es muy benéfico siempre todo lo que nos ayude al cuidado de la mujer en San Luis Potosí; para nosotros es bien recibido y bienvenido”, expresó.
Al preguntarle si en la entidad existen condiciones suficientes para garantizar la protección de las mujeres, el gobernador respondió: “Totalmente”.
Las declaraciones del mandatario se dan luego de que la diputada local de Morena, Jessica Gabriela López Torres, advirtiera que desde la Secretaría de las Mujeres federal se analiza retirar la Alerta de Violencia de Género en todo el país.
De acuerdo con la legisladora, esta decisión no significa que el problema de la violencia contra las mujeres haya desaparecido, sino que el mecanismo actual es considerado obsoleto, por lo que se trabaja en una nueva estrategia que lo sustituya.
López Torres señaló que el objetivo del nuevo esquema sería establecer acciones más puntuales por parte de los gobiernos locales, así como el uso de estadísticas para evaluar su funcionamiento.
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