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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP
A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH
Por Redacción
El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.
El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.
Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.
La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.
En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.
Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.
En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.
Muchas deudas
El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.
En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.
En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.
11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.
Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.
Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal 
La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.
La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.
La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.
La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.
La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.
La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.
Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.
La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.
La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.
Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.
También lea: CEDH busca Alerta de Género para tres municipios más de SLP
La senadora afirmó que excluir a una mujer de la política por sus vínculos familiares es violencia
Por: Redacción
La senadora Ruth González Silva afirmó que ha sido blanco de mentiras, señalamientos y críticas dirigidas a ella, a su familia y a su género, y sostuvo que ninguna mujer debe ver limitado su derecho a participar en la vida pública por sus vínculos familiares.
Lo dijo este lunes en su Segundo Informe como senadora de la República, en el Teatro de la Paz de la capital potosina, donde también negó haber expresado interés en el proceso electoral de 2027.
“Nunca me he pronunciado al respecto y jamás he dicho que quiera participar en el proceso electoral de 2027. Sin embargo, he sido blanco de mentiras, de señalamientos, de críticas, y no solamente hacia mí, sino también hacia mi familia y hacia mi género”, dijo.
Crítica a su trabajo, no a su vida personal
González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, distinguió entre el escrutinio a su trabajo legislativo y los cuestionamientos a su vida personal. Reconoció que la crítica forma parte de la democracia y que debe responder por las decisiones que toma en el Senado.
Pero, señaló, es muy distinto sostener que la vida personal de alguien determine si puede o no participar en las decisiones de su estado.
“Desacreditar, restringir o excluir a una mujer de la política por razones ajenas a su capacidad o a su desempeño está reproduciendo una forma de violencia”, afirmó.
Agregó que cuando se pretende que una mujer renuncie a participar “por el entorno que la rodea”, no solo se vulnera un derecho individual, también se debilita la democracia. “No podemos combatir las violencias contra las mujeres y al mismo tiempo tolerar las limitaciones para que puedan intervenir en la vida pública”, dijo.
La senadora anunció que defenderá ese derecho para ella y para las mujeres que quieran participar en la vida democrática de San Luis Potosí. “Antes de ser una profesionista de la comunicación, antes de ser hija, antes de ser madre, antes de ser esposa, incluso antes de ser senadora de la República, soy mujer”, expresó.
Para respaldar su trayectoria, mencionó sus recorridos por las cuatro zonas del estado y su trabajo en el Senado, donde, dijo, ha impulsado leyes “que han cambiado para bien la vida de millones de mexicanos y de mexicanas”.
“San Luis Potosí es tiempo de mujeres”
En la parte final de su mensaje, afirmó que, “independientemente de mis decisiones”, el proyecto político que gobierna el estado debe continuar. Llamó a preservar el transporte público digno, los programas sociales, la infraestructura carretera y las oportunidades de empleo, y advirtió que no se puede “regresar al pasado” con gobiernos que calificó de “deshumanos”.
“Así como la Presidencia de la República, San Luis Potosí es tiempo de mujeres”, concluyó.
El pasado 29 de septiembre, Gallardo Cardona dijo en entrevista que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aún no tenía la certeza de postular a la senadora a la gubernatura y que la definición llegaría entre diciembre y enero. El proceso electoral de 2027 arranca el 15 de noviembre.
Lee también: Verde aún no decide si postulará a Ruth González, afirma Gallardo
En su segundo año en el Senado presentó 91 iniciativas, 34 de ellas individuales
Por: Redacción
Ruth González Silva, senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por San Luis Potosí, informó que ha presentado 134 iniciativas en sus primeros dos años en el Senado de la República. Lo dio a conocer en su Segundo Informe Legislativo, en el Teatro de la Paz.
En el segundo año presentó 91 iniciativas: 34 individuales y 57 en conjunto con el Grupo Parlamentario del PVEM.
Según su informe, el total acumulado supera por más del doble el registro previo más alto entre sus antecesores potosinos en el Senado, de 66 iniciativas conjuntas en un periodo similar. Sus iniciativas individuales superan en 53 por ciento la marca anterior, que era de 30.
En salud, propuso incorporar la salud hormonal a la atención integral y aplicar tasa cero de IVA a los equipos para medir glucosa y presión arterial. También propuso actualizar el marco jurídico del cáncer infantil y crear espacios recreativos para personas adultas mayores. Además, respaldó la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales para sancionar la reincidencia en maltrato.
En educación y empleo, planteó un seguro médico escolar contra accidentes, llevar la educación cívica a los entornos digitales y estímulos fiscales para el primer empleo de jóvenes.
En materia familiar y de igualdad, propuso mecanismos judiciales para garantizar pensiones alimenticias cuando quien debe pagarlas está desempleado. También propuso medidas para reducir la brecha salarial
Desde las comisiones, participó en la aprobación de la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas semanales hacia 2030 sin afectar salarios. También en la protección contra burós laborales injustificados y en la protección de la voz y la imagen de artistas frente a la inteligencia artificial.
Como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, participa en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Su informe señala que en ese proceso ha defendido los empleos locales y la proveeduría de más de 113 mil micro, pequeñas y medianas empresas potosinas.
Asistieron al informe: Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del Estado; dirigentes nacionales del PVEM, como Karen Castrejón y Manuel Velasco; senadores de Morena, Movimiento Ciudadano, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
También lee: PVEM encabeza las encuestas rumbo a 2027 en San Luis Potosí
Héctor Serrano dijo que ninguno de los laudos viene de demandas contra esta legislatura
Por: Redacción
El Congreso del Estado acumula cerca de 30 millones de pesos en laudos laborales y en separaciones de trabajadores que ya alcanzan su jubilación, dijo Héctor Serrano Cortés, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
“Muchísimo dinero”, respondió al preguntarle por el monto. Serrano calculó que son “como ocho laudos“, aunque aclaró que no quería dar “una cifra al aire” y que el área jurídica del Congreso tendría el dato exacto.
Según el diputado, ninguno corresponde a demandas contra la actual legislatura. “Son laudos que recibimos en esta legislatura, pero no porque sean demandas contra esta legislatura”, explicó. Se trata de obligaciones institucionales que pasan de una legislatura a otra.
Y la cuenta crece. “La deuda no va a fenecer por no atenderla, al contrario, se va a incrementar”, advirtió Serrano, quien reconoció un “gran déficit económico” para pagar laudos y pensiones.
Sobre el origen de los casos, explicó que quien demanda suele alegar despido injustificado, y que a veces el Congreso pierde por “deficiencia jurídica o por desinterés jurídico” al no atender los procedimientos, lo que también implica responsabilidad. Los diputados, añadió, pueden ser sancionados por los órganos jurisdiccionales.
Estos pagos no forman parte del presupuesto asignado al Congreso porque son gastos extraordinarios. El Poder Legislativo los solicita a la Secretaría de Finanzas y recibe el dinero a lo largo del año, por eso no aparecen en el presupuesto que aprueba el pleno, algo que “a veces genera confusión”, dijo.
Para dimensionar: el presupuesto que los diputados aprobaron para el Congreso en 2027 es de 349.8 millones de pesos. Los 30 millones equivalen a casi 9% de esa cantidad.
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