junio 30, 2026

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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP

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A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH

Por Redacción

 

El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.

El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.

Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.

La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.

En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.

Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.

En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.

Muchas deudas

El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.

En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.

En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.

11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.

Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.

Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal

(SSPE) no ha diseñado una estrategia en cada municipio para la recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia, que incluya coordinación interinstitucional y participación ciudadana; tampoco ha implementado la estrategia de recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia en cada municipio ni ha evaluado la implementación de la estrategia en cada uno de los municipios con Alerta de Género.

La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.

La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.

La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.

La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.

La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.

La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.

Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.

La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.

La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.

Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.

 

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Candidatos podrían usar exámenes de confianza como estrategia electoral: Ceepac

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El consejero Juan Manuel Ramírez recordó que los exámenes ya no serán obligatorios para quienes busquen un cargo público en SLP

Por: Redacción

Aunque los exámenes de control y confianza serán voluntarios para quienes aspiren a un cargo de elección popular en San Luis Potosí, su aplicación podría convertirse en una herramienta de campaña para que las candidaturas busquen generar confianza entre el electorado, consideró Juan Manuel Ramírez García, consejero del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).

El funcionario explicó que, tras la reciente reforma electoral aprobada por el Congreso del Estado, las personas candidatas podrán decidir libremente si se someten a estas evaluaciones, sin que el resultado o la negativa a realizarlas represente un impedimento para competir en las elecciones de 2027.

“Puede convertirse en un elemento adicional de campaña”, señaló Ramírez García, al considerar que algunos partidos o aspirantes podrían utilizar voluntariamente estas pruebas como una forma de demostrar transparencia o fortalecer su imagen ante la ciudadanía.

El consejero indicó que el próximo proceso electoral será el primero en el que exista esta posibilidad, por lo que también servirá para evaluar el interés de las candidaturas en participar en el mecanismo y la respuesta que tenga entre el electorado.

Recordó que, durante la discusión de la reforma, el Congreso decidió eliminar la obligatoriedad de los exámenes de control y confianza al considerar que exigirlos como requisito para registrarse podría vulnerar el derecho constitucional de las personas a ser votadas.

Además de este cambio, la reforma electoral incorporó otras modificaciones relevantes que entrarán en vigor para el proceso electoral local de 2027, el cual iniciará formalmente en noviembre.

Entre ellas destaca la posibilidad de que personas en prisión preventiva, sin sentencia firme, puedan ejercer su derecho al voto; el uso de plataformas digitales para el registro de candidaturas y la realización de diversos trámites ante la autoridad electoral; así como nuevas reglas para la distribución del financiamiento público a los partidos políticos.

En este último punto, la legislación contempla mayores recursos destinados a actividades relacionadas con juventudes, mujeres, pueblos indígenas y comunidades afromexicanas.

Ramírez García señaló que será hasta el desarrollo del proceso electoral cuando pueda medirse el impacto real de estas modificaciones y, particularmente, si los exámenes de control y confianza terminan convirtiéndose en un factor que influya en las campañas o en la percepción de los votantes.

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Cerca de 200 migrantes potosinos son repatriados cada mes

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El Gobierno estatal afirmó que las deportaciones no alcanzaron los niveles que se preveían

Por: Redacción

Aunque el endurecimiento de la política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump generó expectativas de deportaciones masivas, en San Luis Potosí el fenómeno ha sido menor de lo previsto. Cada mes, alrededor de 200 potosinos repatriados desde Estados Unidos reciben atención por parte del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI), informó su director, Luis Enrique Hernández Segura.

El funcionario aclaró que la cifra aún es estimada, ya que el Gobierno del Estado mantiene un proceso de validación de datos junto con el Instituto Nacional de Migración (INM) para determinar el número oficial de personas que han regresado a la entidad durante este año.

Hernández explicó que 2026 ha sido un periodo atípico en materia migratoria y aseguró que, contrario a lo que se anticipaba tras el cambio de políticas en Estados Unidos, las repatriaciones han mostrado una tendencia a la baja.

“El comportamiento de nuestros connacionales ha sido muy responsable”, señaló el titular del IMEI, al considerar que el impacto real de las medidas migratorias estadounidenses no ha alcanzado las dimensiones que se pronosticaban cuando comenzaron los anuncios del gobierno de Trump.

El director del instituto indicó que las personas que retornan a San Luis Potosí reciben acompañamiento a través de protocolos enfocados en cuatro ejes: identidad, salud, seguridad y asistencia social, con el objetivo de facilitar su reincorporación al estado.

Añadió que estos mecanismos también contemplan a familias que regresan con hijos nacidos en Estados Unidos o con doble nacionalidad, aunque reconoció que no existen datos específicos sobre programas diferenciados para menores binacionales ni sobre estrategias particulares para su incorporación a los sistemas educativo o de salud.

Hernández sostuvo que, además de atender a quienes regresan al estado, el IMEI participa en caravanas de servicios dirigidas a comunidades migrantes y sus familias, acciones que incluso se han extendido a otras entidades del país, aunque no precisó cuáles ni la frecuencia con la que se realizan.

Finalmente, insistió en que, pese a la atención mediática que ha recibido el tema migratorio durante los últimos meses, San Luis Potosí no ha registrado un incremento extraordinario en el número de repatriaciones y confió en que la tendencia continúe durante el resto del año.

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Reabren casi todos los parajes de la Huasteca tras tregua de las lluvias

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La mayoría de los parajes de la Huasteca ya están abiertos tras mejorar las condiciones de los ríos. Solo El Jabalí sigue fuera de operación

Por: Redacción

Tras tres días consecutivos sin lluvias, la mayoría de los parajes turísticos de la Huasteca Potosina reanudaron actividades y ya reciben visitantes, informó la Secretaría de Turismo del Estado con base en el reporte más reciente elaborado en conjunto con la Coordinación Estatal de Protección Civil.

La disminución de las precipitaciones permitió que los niveles de los ríos descendieran y que el agua recuperara mayor claridad, lo que redujo los riesgos para los turistas que visitan la región durante el actual periodo vacacional.

De acuerdo con el informe correspondiente a este sábado 27 de junio, únicamente el paraje El Jabalí, en el municipio de Aquismón, permanece cerrado al público debido a las condiciones que aún presenta la zona.

En contraste, los principales atractivos turísticos de Tamasopo, Ciudad Valles, El Naranjo, Xilitla y el resto de Aquismón

ya se encuentran abiertos, aunque algunos mantienen restricciones para determinadas actividades acuáticas como medida preventiva.

Las autoridades señalaron que la reapertura fue posible gracias a la mejora en las condiciones hidrológicas registradas durante la última mitad de la semana, luego de las intensas lluvias que provocaron el cierre temporal de diversos parajes por el incremento en los caudales y la alta turbiedad del agua.

La Secretaría de Turismo exhortó a los visitantes a respetar las indicaciones del personal de Protección Civil y de los operadores turísticos, ya que las restricciones vigentes buscan garantizar la seguridad de quienes acuden a disfrutar de los destinos naturales de la Huasteca.

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