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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP
A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH
Por Redacción
El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.
El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.
Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.
La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.
En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.
Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.
En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.
Muchas deudas
El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.
En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.
En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.
11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.
Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.
Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal 
La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.
La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.
La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.
La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.
La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.
La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.
Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.
La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.
La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.
Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.
También lea: CEDH busca Alerta de Género para tres municipios más de SLP
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Tras sigilosa renuncia de Tere Rivera, diputados preparan madruguete y mañana nombrarían a su remplazo
Por: Jorge Saldaña
A pesar de las condiciones de secrecía y hermetismo por parte del gobierno de Villa de Pozos y el poder legislativo, se pudo confirmar la presentación de la “renuncia” de Teresa de Jesús Rivera como presidenta concejal del nuevo municipio, situación que contrapone argumentos jurídicos respecto a quién corresponden las facultades para designar a su relevo.
De acuerdo a la Constitución del Estado en su artículo 121, correspondería al Congreso si es que el poder municipal de Pozos hubiera desaparecido o estuviera suspendido.
En contraparte, como no se encuentra en situación ni de desaparecido, ni suspendido el poder municipal, los concejales se apegarían a la Ley Orgánica del Municipio Libre, misma que los faculta a ellos a elegir a una presidenta o presidente sustituto de entre sus miembros.
Los argumentos jurídicos que implica la renuncia se contraponen.
Tras la licencia de la diputada Patricia Aradillas a su curul en la legislatura, aprobada en sesión extraordinaria el martes 11 de noviembre, comenzaron a circular versiones especulativas respecto a que sería ella quien podría relevar a Rivera Acevedo, no obstante ninguna de las partes ha hecho un anuncio oficial al respecto y se carece de certidumbre jurídica que soporte la forma en que se quiere llevar a cabo el relevo del poder municipal.
La tarde de este miércoles, LaOrquesta pudo obtener la imagen de la “renuncia” que se presentó el martes a la Oficialía de partes del Congreso por parte de la aún presidenta concejal, María Teresa Rivera.
En su “renuncia” Rivera Acevedo cita el artículo 122 de la Constitución Política del Estado, en el que se ampara para presentar su renuncia por motivos personales y que surtiría efecto a partir de que se vote, primero en la comisión de gobernación, y después en el pleno del legislativo.
En el artículo referido se habla de las facultades del congreso para nombrar un nuevo concejo siempre y cuando el poder de un municipio esté “suspendido o desaparecido” y esto haya ocurrido antes de un año del ejercicio del poder municipal.
El texto constitucional no prevé facultades al legislativo para nombrar solo al presidente o presidenta concejal, sino a todo el concejo, y es claro que la autoridad en Villa de Pozos no cumple las condiciones de estar desaparecido ni de estar suspendido.
Entre tanto, y de acuerdo al punto número 5 del orden del día
Por otro lado, miembros del concejo han convocado a una rueda de prensa para mañana a las 11 de la mañana, una hora después de que sesione la comisión de gobernación, para plantear una postura.
En exclusiva, se adelantó a este medio que la postura de los concejales es la de apegarse a la Ley Orgánica del Municipio Libre de Villa de Pozos, que contempla que en caso de una ausencia por más de 60 días de la presidenta concejal, es facultad del concejo nombrar a alguno de sus integrantes para que ocupe el cargo.
Juristas consultados al respecto apuntan a que la circunstancia de la renuncia de la presidenta concejal no está prevista en la constitución, pues solo considera facultades de una nueva designación completa del concejo si hubiera desaparecido la autoridad municipal por completo, lo que no es así.
También advirtieron los especialistas que si el congreso interpreta como suyas las facultades para designar nueva presidenta, podría enfrentar una controversia constitucional, pues fue la legislatura la que aprobó la municipalización y con ello, Villa de Pozos es un municipio autónomo, por lo que ningún otro poder podría entrometerse en su gobierno, mismo que debe apegarse a la Ley Orgánica del Municipio Libre; de otra forma, se podría interpretar que el congreso estaría tomando atribuciones que no le corresponden.
Rivera Acevedo asumió el cargo para el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2027.
Seguiremos informando.
El gobernador afirmó que se frenaron obras públicas para destinar los recursos al pago
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, aseguró que su administración terminará 2025 con la deuda saldada ante la Dirección de Pensiones del Estado, luego de destinar más de cuatro mil 900 millones de pesos para sanear las finanzas del organismo.
Durante su declaración, el mandatario señaló que el pago representa “un logro muy grande” para su gobierno, ya que se dejaron de realizar diversas obras públicas —incluidos cuatro puentes en la capital potosina— con el objetivo de liquidar los adeudos acumulados por administraciones anteriores.
lo“Le hemos pagado más de cuatro mil 200 millones de pesos. Vamos a cerrar diciembre con casi cuatro mil 960 millones de pesos pagados a Pensiones. Ya con eso quedamos en ceros”, afirmó.
Gallardo Cardona insistió en que la deuda fue producto de la llamada “Maldita Herencia”, en referencia a gobiernos pasados que, dijo, actuaron de manera irresponsable con los recursos del sistema de pensiones.
“Nos apretamos el cinturón. Teníamos cuatro puentes muy grandes que íbamos a hacer en la capital y los tuvimos que frenar para darle el dinero a Pensiones. (…) Ya de aquí en adelante, los gobiernos lo que tienen que cuidar es no volver a cometer la pendejada que cometieron de endeudar pensiones.”
El mandatario adelantó que el próximo año su administración se enfocará nuevamente en la ejecución de obras públicas, luego de haber “puesto al corriente” las finanzas de Pensiones.
Gallardo también adelantó que la Dirección de Pensiones será reestructurada y reforzada con nuevos mecanismos de control, para evitar que vuelva a generarse un déficit financiero.
Afirmó que en administraciones pasadas existió un manejo irregular de préstamos internos, principalmente por parte de sindicatos que permitieron el endeudamiento excesivo de los trabajadores.
“Había trabajadores que tenían hasta tres préstamos de 380 mil pesos. Nunca se pagaban, entonces fue un desfalco enorme. Se tiene que renovar y poner candados para que no vuelva a pasar”, comentó.
Finalmente, señaló que, a partir de 2026, el gobierno estatal únicamente realizará las aportaciones patronales, las cuales superan los 2 mil millones de pesos anuales, mientras se consolida la reestructuración del sistema.
También lee: Solo en octubre de 2025 en SLP se crearon casi 2 mil nuevos empleos formales
Ciudadanos piden al Ayuntamiento sancionar a los responsables y prevenir nuevos casos
Por: Redacción
Una denuncia ciudadana en redes sociales generó indignación en Santa María del Río, luego de que una persona reportara que un conductor arrastraba a un perro amarrado a una pipa mientras circulaba por calles del municipio.
A través de Facebook, la usuaria compartió un video y un mensaje dirigido al Ayuntamiento de Santa María del Río y a la alcaldesa Isis Díaz, exigiendo que se sancione a los responsables y se ponga fin a este tipo de actos de crueldad animal.
“Traía un perrito amarrado atrás de su pipa y lo llevaba arrastrando. Cuando dio vuelta le dio más fuerte (…) sí necesitamos que estas acciones sean sancionadas, porque no es la primera ocasión que sucede; pero sí queremos que sea la última”, denunció.
La publicación se viralizó rápidamente, generando decenas de comentarios de usuarios que exigieron la intervención de las autoridades municipales y de Protección Animal, para identificar y sancionar al conductor de la unidad.
La denunciante también subrayó la diferencia moral entre humanos y animales, recordando que el ser humano “tiene conciencia y decisión sobre lo que hace”.
Hasta el momento, ni el Ayuntamiento de Santa María del Río ni la Fiscalía General del Estado han emitido un posicionamiento oficial sobre el caso.
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