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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP
A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH
Por Redacción
El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.
El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.
Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.
La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.
En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.
Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.
En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.
Muchas deudas
El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.
En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.
En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.
11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.
Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.
Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal 
La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.
La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.
La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.
La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.
La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.
La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.
Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.
La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.
La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.
Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.
También lea: CEDH busca Alerta de Género para tres municipios más de SLP
Gabriel Salvador Martínez Flores, estudiante de Derecho y medallista nacional de tiro con arco, tenía 21 años. Su familia exige a Claudia Sheinbaum que el crimen no quede impune
Por: Redacción
La muerte de Gabriel Salvador Martínez Flores, estudiante de séptimo semestre en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), provocó indignación entre la comunidad universitaria y llevó a su familia a dirigir una carta abierta a la presidenta Claudia Sheinbaum para exigir justicia.
El joven fue asesinado el viernes 7 de agosto, cuando regresaba de sus actividades cotidianas. De acuerdo con los primeros datos proporcionados sobre el caso, habría sido víctima de un asalto y recibió dos impactos de bala.
Ante el hecho, familiares del joven difundieron una carta abierta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que cuestionan la falta de atención mediática y de respuestas institucionales frente al crimen.
La misiva, redactada por una tía de Gabriel, reclama que las víctimas de la violencia no sean reducidas a cifras estadísticas y enfatiza que el joven tenía una historia, una familia, proyectos y responsabilidades que quedaron truncados.
“Gabriel no es ni será un número”, sostiene el mensaje familiar, que reclama que su asesinato sea investigado y que no termine convertido en una carpeta más dentro de las estadísticas de violencia.
La carta también describe el impacto que el crimen ha provocado en su madre, su abuela y sus hermanos, y cuestiona la situación de inseguridad que, desde la perspectiva de la familia, permitió que el joven fuera víctima de un ataque mientras regresaba de sus actividades.
La familia también señala condiciones de inseguridad en la zona donde ocurrió el crimen, particularmente la falta de iluminación y vigilancia, aunque corresponde a las autoridades determinar las circunstancias concretas en las que ocurrió el asesinato.
El caso ha generado una exigencia que trasciende a la familia: que las autoridades esclarezcan quién asesinó a Gabriel Salvador Martínez Flores, determinen las responsabilidades correspondientes y eviten que su muerte quede sin respuesta.
Gabriel tenía 21 años y formaba parte del equipo Águilas UASLP como atleta de tiro con arco, disciplina en la que obtuvo reconocimiento y participó en competencias nacionales. Le faltaba aproximadamente un año para concluir sus estudios en la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija”.
De acuerdo con sus familiares, para contribuir a los gastos de su hogar y apoyar económicamente a su madre, vendía comida dentro de la universidad bajo el nombre de “Los muertos de hambre”. También colaboraba con el negocio familiar en un tianguis durante los domingos.
Además, de acuerdo con sus familiares y compañeros, Gabriel participaba en el cuidado de su abuela, de 80 años, y destinaba parte de su tiempo al rescate de animales.
Su muerte generó una amplia respuesta entre estudiantes, docentes, deportistas, vecinos y familiares. El velatorio reunió a cientos de personas, al punto de que el espacio resultó insuficiente para recibir a quienes acudieron a despedirlo.
La Facultad de Derecho de la UASLP publicó una esquela para expresar solidaridad con la familia del estudiante.
Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos ni se ha difundido un posicionamiento público de la Fiscalía General del Estado que permita conocer mayores detalles sobre el avance de la investigación.
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Las enfermedades del corazón provocaron 4 mil 589 muertes en 2025; diabetes y tumores malignos ocuparon el segundo y tercer lugar
Por: Ana G Silva
Las enfermedades crónicas concentran las principales causas de muerte entre los habitantes de San Luis Potosí. Durante 2025, las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos ocuparon los primeros tres lugares, de acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas del INEGI.
El principal motivo de defunción fueron las enfermedades del corazón, con 4 mil 589 muertes entre residentes del estado. De ellas, 2 mil 108 correspondieron a mujeres y 2 mil 481 a hombres.
La segunda causa fue la diabetes mellitus, responsable de 2 mil 312 defunciones: mil 225 mujeres y mil 87 hombres.
En tercer lugar aparecen los tumores malignos, con 2 mil 182 muertes, prácticamente divididas entre ambos sexos: mil 112 mujeres y mil 70 hombres.
Entre las principales causas también aparecen los accidentes, con 964 fallecimientos, y las enfermedades del hígado, con 899. En el caso de los accidentes, 743 de las defunciones correspondieron a hombres; mientras que las enfermedades del hígado provocaron 641 muertes entre hombres.
En conjunto, estas cinco causas representan 10 mil 946 defunciones entre residentes de San Luis Potosí durante 2025.
El INEGI reportó 18 mil 175 defunciones de residentes de San Luis Potosí durante el año, aunque la cifra de fallecimientos registrados en la entidad fue de 18 mil 336. La diferencia responde a que las estadísticas distinguen entre la entidad donde se registra u ocurre la defunción y el lugar de residencia habitual de la persona fallecida.
La fotografía que dejan los datos es clara: las enfermedades del corazón, diabetes y cáncer concentraron la mayor parte de las principales causas de muerte en el estado, por encima de accidentes y otras causas externas.
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El calendario se aplazó para no interferir con las fiestas patronales de El Saucito, explicó el alcalde Enrique Galindo
Por: Redacción
La construcción del paso a desnivel de El Saucito no comenzará este año y será hasta 2027 cuando el Ayuntamiento de San Luis Potosí prevé iniciar los trabajos, confirmó el alcalde Enrique Galindo Ceballos.
El edil explicó que, aunque el proyecto ya fue liberado por la Contraloría General del Estado, el calendario restante de 2026 ya no permite ejecutar la obra sin interferir con las fiestas patronales de El Saucito, compromiso que el Ayuntamiento mantiene con vecinos, organizaciones y asociaciones de la zona.
Galindo señaló que la obra requiere un proceso de licitación de aproximadamente 45 días y, posteriormente, varios meses de trabajos, por lo que comenzar este año implicaría afectar las celebraciones tradicionales.
De acuerdo con el calendario planteado por el Ayuntamiento, los trabajos podrían comenzar en marzo de 2027, una vez concluidas las festividades, y terminar en septiembre del mismo año
El alcalde informó que el proyecto fue uno de los 21 procesos municipales que obtuvieron autorización para continuar después de una reunión con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y la Contraloría General del Estado. En total, el Ayuntamiento mantenía 22 procesos pendientes y solo uno permanece sin liberarse.
El paso a desnivel contempla una inversión aproximada de 190 a 200 millones de pesos, además de recursos para la regeneración urbana del entorno. El proyecto incluye la pavimentación de laterales, alumbrado público, banquetas, infraestructura para personas con discapacidad y mejoras en las vialidades cercanas.
Galindo explicó que una parte de los recursos disponibles será reservada para garantizar la ejecución del desnivel, mientras que otra deberá incorporarse al presupuesto municipal de 2027.
Paralelamente, el Ayuntamiento prevé destinar entre 100 y 150 millones de pesos a trabajos de repavimentación, rehabilitación de avenidas e imagen urbana en la zona norte de la capital.
Con el calendario anunciado, el paso a desnivel de El Saucito quedaría terminado en septiembre de 2027, prácticamente en la etapa final de la actual administración municipal, por lo que se perfila como una de las últimas grandes obras de infraestructura vial del gobierno de Enrique Galindo.
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