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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP
A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH
Por Redacción
El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.
El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.
Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.
La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.
En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.
Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.
En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.
Muchas deudas
El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.
En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.
En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.
11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.
Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.
Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal 
La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.
La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.
La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.
La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.
La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.
La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.
Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.
La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.
La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.
Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.
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El gobernador atribuyó los hechos de violencia del fin de semana en Matehuala y La Pila a grupos que no radican en el estado, pidió 400 elementos federales de refuerzo y descartó cambios en la estrategia de seguridad.
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del Estado de San Luis Potosí, atribuyó los hechos de violencia registrados el fin de semana en Matehuala y La Pila a grupos que, según explicó, no radican en San Luis Potosí: entran al estado, cometen sus desperfectos y se retiran a sus entidades de origen.
El gobernador informó que ya se cuenta con cuatro denuncias y cuatro órdenes de aprehensión libradas por el caso, además de otras cuatro en trámite contra los responsables restantes. Dijo que 100 elementos de inteligencia trabajan en la zona y que las autoridades irán a los estados de origen de los señalados para ejecutar las órdenes pendientes. Agregó que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, ha estado al pendiente de la situación desde el fin de semana.
Gallardo detalló que se solicitaron 400 elementos federales para reforzar los municipios que colindan con San Luis Potosí, además de operativos especiales de fuerzas federales en esa franja territorial. Explicó que la dificultad para retener a los detenidos en flagrancia se debe a que los grupos entran
“Este acto de violencia es repugnable porque es un acto de desesperación por esa gente que quiere a fuerza volver a entrar a San Luis Potosí y no se les va a permitir el ingreso a San Luis Potosí a toda costa“, afirmó el gobernador.
Cuestionado sobre si el episodio llevaría a modificar la estrategia del secretario de Seguridad, Gallardo lo descartó. “Yo creo que el tema de seguridad está funcionando“, dijo, y agregó que San Luis Potosí se mantiene entre los tres estados más seguros del país pese al desencuentro del fin de semana.
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La dependencia detalló que la constructora deberá entregar una fianza adicional al concluir la obra
Por: Redacción
Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), detalló las garantías legales y los dictámenes de seguridad que respaldan el paso inferior de Circuito Potosí y avenida de las Torres, a un costado de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), diseñado con un desnivel de alrededor de un kilómetro para drenar el agua de lluvia sin bombeo. La funcionaria habló dos días después de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona
La funcionaria explicó que la obra se contrató con una fianza de cumplimiento de contrato y una fianza de anticipo. Al concluir los trabajos, la constructora deberá entregar una fianza adicional para responder por fallas que pudieran presentarse después de la entrega. El paso inferior ya cuenta, además, con dictámenes de seguridad, dijo Vargas Tinajero.
Sobre el diseño de la obra, la funcionaria explicó que el desnivel de un kilómetro permite que el agua de lluvia salga por sí sola, sin necesidad de bombeo. “La misma pendiente que lleva el puente saca el agua”, afirmó. Contrastó esta solución con la glorieta de la Familia y con otra vialidad de la zona que sí registran encharcamientos durante la temporada de lluvias.
Sobre el costo final de la obra, Vargas Tinajero dijo que Seduvop todavía no cuenta con esa cifra, pues los trabajos siguen en proceso. Explicó que, por ley, la dependencia tiene 60 días después de concluida una obra para cerrar el presupuesto, ya que pueden surgir ajustes a la baja, volumen adicional o trabajos extraordinarios.
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Gilberto Hernández Villafuerte adelantó que buscará penalizar la tala clandestina en la zona media y aplicar en el estado la futura ley nacional de protección animal
Por: Redacción
El senador de San Luis Potosí Gilberto Hernández Villafuerte planteó buscar la manera de penalizar la tala clandestina de árboles en la zona media del estado y adelantó que la futura ley nacional de protección animal, una vez decretada, también aplicará para San Luis Potosí.
Sobre la devastación forestal, el legislador advirtió que “hay zonas de bosques en muchos estados de la República donde hay una gran devastación, no se regula, se hace de la vista gorda, están acabando con las sierras”, en referencia a la revisión que el Senado prevé hacer sobre la tala registrada en puntos de la zona media potosina.
Hernández Villafuerte sostuvo que, de confirmarse esa devastación en territorio potosino, buscará “la forma también de penalizar cuando pase todo eso, porque es la devastación de nuestros bosques”.
El senador también confirmó que a nivel nacional se prevén sanciones más severas en materia de protección animal. “La ley ya una vez que se decrete aplica para todos los estados”, afirmó.
Explicó que la entrada en vigor no es automática: cada modificación debe pasar primero por los congresos locales antes de aplicarse en los municipios.
El legislador, quien milita en el Partido Verde, dijo que su bancada impulsa además temas ambientales como el combate al sargazo en las costas de Quintana Roo y la recuperación de los ríos más contaminados del país. Añadió que, en sus casi dos años en el Senado, su bancada ha respaldado las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dentro de la coalición.
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