octubre 6, 2026

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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP

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A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH

Por Redacción

 

El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.

El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.

Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.

La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.

En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.

Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.

En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.

Muchas deudas

El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.

En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.

En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.

11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.

Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.

Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal

(SSPE) no ha diseñado una estrategia en cada municipio para la recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia, que incluya coordinación interinstitucional y participación ciudadana; tampoco ha implementado la estrategia de recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia en cada municipio ni ha evaluado la implementación de la estrategia en cada uno de los municipios con Alerta de Género.

La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.

La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.

La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.

La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.

La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.

La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.

Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.

La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.

La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.

Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.

 

También lea: CEDH busca Alerta de Género para tres municipios más de SLP

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No voy a escribir de la caída del Huasteco…pero podría | Apuntes de Jorge Saldaña

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Culto Público:

Este aprendiz de reportero podría escribir nada más porque le da la gana, que Eduardo Isaac Sánchez Zúñiga es medio hermano de Gerardo Sánchez Zumaya.

También podría decir que Héctor Manuel Portales Ávila es primo hermano de Samantha Portales Acosta, esposa del conocido como “El Huasteco”.

Si quisiera, podría teclear sin más, que el padrastro de Samantha y Simone Portales Acosta fue José Castillo Peregrin desde mayo del 2015, cuando contrajo nupcias con la mamá de ambas, Lucero Acosta Montalvo, hasta que el señor se murió en Tabasco en enero de este año.

Podría declarar al vuelo que fue justamente ese empresario huido de España el que realmente le cambió la vida al hoy venido a menos, Gerardo Sánchez Zumaya, ese empresario que pasó de vende gorras en Tanquián a proveedor de Pemex y socio de un conglomerado millonario.

También me sería fácil sacar de algún recoveco de mi inquieta imaginación que en un bonito día de abril (el nueve) de 2013, mientras Castillo Peregrin era novio de Acosta Montalvo y Sánchez Zumaya, novio de Samantha Portales, se creó la empresa Grupo Mineral (signo de “and”) logistic Comercializadora de Minerales y Construcción S.A. de C.V. (che nombresote…) en el pintoresco y pequeño municipio de Tancanhuitz.

Siete meses después, uno de los socios de esa empresa, con un capital de 50 mil pesos, “donó” (la gente de allá es generosa qué le vamos a hacer) sus acciones y en noviembre del mismo 2013 José Castillo Peregrin, el cincuentón presuegro de Zumaya, se convirtió en el administrador general de dicha empresa.

Si así le seguimos, en la dinámica en la que soy muy irresponsable en mis afirmaciones, también escribiría sobre todo el entramado familiar que existe entre Tanquián y Tabasco: Un árbol genealógico caótico, confuso, lleno de pasiones prohibidas, triángulos amorosos, traiciones, nombres y apellidos idénticos, relaciones hasta incestuosas (que entre primos en primer grado en México no son consideradas como tal -pero de todos modos “iu”-).

Para que Usted mi Culto Público tenga una idea, la familia Buendía en “Cien años de soledad”, allá en la ficción maravillosa del Gabo, se quedaría corta y sonrojada.

Ya sé que el tema familiar es intriga y prima hermana del chisme, pero dadas las circunstancias (recuerde que hasta ahorita solo las estoy imaginando) esas relaciones se convierten en interés periodístico por la trazabilidad de los hidrocarburos ilegales, del dinero a manos llenas que produjeron, de las facturas que lo bancarizaron, de la simulación societaria que se ejecutó, y de un delito que se llama lavado y se apellida de dinero, aquí donde los apellidos importan y…no mienten.

Pero no voy solo a escribir todo eso. Haré algo mejor.

Puede ser que tenga en mi poder acta por acta, fecha por fecha, empresa por empresa, notario por notario, actas de nacimiento, matrimonio, defunción, facturas, montos, direcciones (esas no serían publicables ¿ok?) y códigos postales repetidos tantas veces como los nombres de notarios tabasqueños casualmente usados en innumerables ocasiones por la colmena GESA “bien raro” incluso en las mismas fechas, en que también protocolizaron actos notariales personajes como Jorge Amílcar Olán Aparicio (el mismísimo).

Del expediente del que le hablo solo supongo que está enterada tanto la UIF, a través del que imagino es su correo: [email protected] como el departamento respectivo del SAT que igual tiene un mail como: [email protected] –

De todos estos datos y pruebas documentales seguro está enterada la federación.

De la estructura de simulación en la que se donaron y/o vendieron acciones con el objetivo de esconder que el beneficiario de las cuentas y recursos seguía siendo un mismo personaje que notarialmente quedaba desligado pero bancariamente acreditado, y que trabajó entre 2015 (año de las bodas en Tanquián) al 2025 para otros muy famosos personajes de la prensa nacional a los que hoy no se pueden nombrar sin recordar la palabra huachicol, también está enterada la Secretaría de Gobernación por ser un tema de interés para la nación. (No nada más porque sea paisana)

Quizá por eso es que se congelaron algunas muy grandes cuentas del banco Santander y otros hace algunas semanas.

Quizá por eso se le vio a Gerardo Sánchez Zumaya el 22 y 23 de septiembre en reuniones y oficinas de funcionarios del más alto nivel en la CDMX.

Quizás en una de esas reuniones, al bravucón Huasteco se le escaparon algunos adjetivos, nombres y datos de más (lo que se conoce como “se fue de hocico y embarró a medio mundo”)

Quizás en una de esas lo grabaron…

Tal vez no salió muy bien el intento de ir a reclamar en voz alta y sonsonete de Tanquián el “trato injusto” recibido a cambio de “apoyar y financiar a los amigos”.

Quizás por eso es que el comunicado fantasmagórico del 23 de septiembre, con el que se dijo que Sánchez Zumaya dejaba de buscar la candidatura al gobierno del estado potosino, no existió.

Según un relato que me contaron en un sueño, un “sí” con la cabeza del Huasteco permitió que se le atribuyeran declaraciones urgentes sobre “reflexivas circunstancias personales que requieren prioridad” y estas fueran repartidas a medios de comunicación nacionales.

Nadie le pidió dejar de ser candidato -que conste-

La decisión de Zumaya fue algo entre derrota, penitencia, ofrenda… y súplica.

¿Quién pudo dar la información necesaria para que la investigación más grande contra el huachicol fiscal apuntara a Gerardo Sánchez?

Yo no podría decirlo, pero sí recuerdo que Héctor Manuel Portales Ávila, primo hermano de la esposa de Sánchez Zumaya, fue uno de los detenidos en el más grande golpe contra las redes de huachicol en México.

Héctor Manuel fue administrador de la empresa MetraFletes, a través de la que según la investigación se movieron más de 10 millones de litros de hidrocarburos ilegales.

Los miles…sí, miles de millones que toda la red significaba tenían que parar en algún lado.

Gerardo se hizo un lado en su aspiración política.

El primo político, en junio recobró su libertad a cambio de ofrecer pruebas a la FGR.

Ni modo primo. Ni modo Huasteco. Todo se derrumbó y dicen que desde el Zócalo cuando se toca el tema alguien tararea: “Te vas porque yo quiero que te vayas…y a la hora que yo quiera te detengo”.

De acuerdo al psicoanálisis, la proyección psicológica es un mecanismo de defensa primitivo e inconsciente por el cual una persona atribuye a otros sus propios defectos, impulsos, pensamientos o emociones inaceptables.

¿Por qué le digo esto?

Porque en aquel video con el que el Huasteco salió a la luz pública y se hizo viral por lo alterado e iracundo de su tono, Gerardo repite 8 veces la palabra “delincuente”, 5 veces la palabra “miedo” y dos veces la palabra “tonto”. Nada más por eso.

Yo soy Jorge Saldaña.

También lee: Lááástima, Zu-ma-yi-ta. Apuntes de Jorge Saldaña

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Ciudad

De La Orquesta al libro: “Evocaciones potosinenses” se presentará este jueves

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Nuestro colaborador, Dr. Flash, presentará su libro este jueves 8 de octubre en el Museo Federico Silva

Por: Ana G Silva

Las historias, personajes y episodios que José Refugio Martínez, conocido como “Dr. Flash”, ha compartido durante años en sus columnas para La Orquesta llegarán ahora a las páginas de un libro.

Se trata de Evocaciones potosinenses, obra que tendrá su presentación este jueves 8 de octubre a las 20:00 horas en el Museo Federico Silva, como parte de una velada en la que también serán presentados los libros Vamos a Andar y Aventuras en lo oscurito.

Martínez, colaborador de este medio, toma como base para Evocaciones potosinenses parte de las columnas que ha publicado en La Orquesta, en las que ha abordado distintas historias, personajes y episodios de San Luis Potosí desde una mirada cercana a la memoria, la cultura y la divulgación.

Así, textos que originalmente encontraron espacio en las páginas de un medio periodístico ahora se reúnen en una publicación que permite volver sobre esas historias y conservarlas en otro formato.

La obra representa también un recorrido por una parte del trabajo que “Dr. Flash” ha desarrollado como colaborador de La Orquesta, donde sus columnas se han convertido en un espacio para acercar a los lectores a aspectos poco conocidos o curiosos de la historia y la cultura potosina.

La presentación de Evocaciones potosinenses se realizará junto con Vamos a Andar y Aventuras en lo oscurito este jueves 8 de octubre a las 8 de la noche en el Museo Federico Silva.

La invitación queda abierta para quienes quieran conocer la obra de José Refugio Martínez y reencontrarse, ahora en forma de libro, con algunas de las historias que “Dr. Flash” ha compartido con los lectores de La Orquesta.

También lee: Los espejos Olmecas, El Señor del Espejo Humeante | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

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Mario Delgado encabezará en SLP el primer foro estatal sobre celulares

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El encuentro definirá cómo se aplicará en las escuelas potosinas la restricción de celulares que arranca el 3 de noviembre

Por: Redacción

Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), visitará San Luis Potosí el 15 de octubre para participar en el primer foro estatal sobre la regulación del uso de celulares y otras plataformas digitales en las escuelas, informó Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, diputado local.

De acuerdo con el legislador, el encuentro será coordinado entre el Gobierno de México y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, y tendrá como objetivo discutir cómo aterrizar en la entidad las nuevas disposiciones sobre dispositivos electrónicos en los planteles.

“Va a ser el primer estado, el primer foro estatal para debatir el tema de los celulares y cómo lo vamos a implementar en las escuelas”, afirmó.

Badillo Moreno señaló que antes se realizaron cuatro foros regionales con docentes, estudiantes y autoridades escolares, y que el de San Luis Potosí buscará ampliar esa discusión con representación de las distintas zonas del estado.

Explicó que se contempla la participación de autoridades educativas de las cuatro regiones, representantes de educación básica, media superior y superior, madres y padres de familia, estudiantes, docentes, directores y personal académico.

“La idea es poder escuchar a todas, a todos, y podamos hacer un debate y un foro amplio”, dijo.

Según el diputado, la visita también dará seguimiento al acuerdo federal sobre el uso de dispositivos digitales en las escuelas y a la reforma que aprobó el Congreso del Estado para restringir el uso personal y no pedagógico del celular durante la jornada escolar en educación básica.

Badillo Moreno insistió en que el objetivo no es eliminar por completo el acceso a estos dispositivos, sino ponerles límites. Entre los motivos para regularlos mencionó los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en celulares y plataformas digitales, como extorsión, acoso y afectaciones a la salud mental.

Añadió que, antes de definir cómo se aplicarán las medidas en las aulas, hay que conocer las problemáticas a las que están expuestos los estudiantes potosinos.

Qué cambia el 3 de noviembre

El acuerdo federal se publicó el 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF). En educación básica no podrá usarse el celular durante la jornada escolar y los alumnos podrán guardarlo en la mochila para emergencias. En media superior, cada institución fijará sus propios límites. En la consulta de la SEP, el 81 por ciento de los docentes se manifestó a favor, informó entonces Delgado Carrillo.

La reforma estatal entrará en vigor el 3 de noviembre, la misma fecha que la regulación federal. Durante toda la jornada escolar, los celulares y otros dispositivos deberán permanecer fuera de uso cuando no tengan una finalidad pedagógica, médica, de emergencia o vinculada con el ejercicio de algún derecho.

También lee: Celulares en escuelas: regulación federal entra en vigor en noviembre.

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Opinión

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