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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP
A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH
Por Redacción
El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.
El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.
Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.
La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.
En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.
Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.
En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.
Muchas deudas
El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.
En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.
En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.
11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.
Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.
Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal 
La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.
La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.
La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.
La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.
La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.
La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.
Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.
La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.
La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.
Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.
También lea: CEDH busca Alerta de Género para tres municipios más de SLP
La empresa que más unidades controla también enfrenta una denuncia por incumplir su concesión
Por: Haniel Valdés
Un tercio del transporte urbano metropolitano de San Luis Potosí está en manos de solo cuatro empresas, según el padrón más reciente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). De las 1,203 unidades registradas y los 217 titulares que las operan, Transportes Urbanos y Suburbanos Tangamanga, Línea Guadalupe Siglo XXI, Transporte Urbano y Suburbano Tequis y Transportistas Asociados Línea Guadalupe concentran 435 unidades, el 36.1% del total. En un servicio que la ley concibe como un mosaico de decenas de concesionarios compitiendo por ruta, cuatro nombres deciden ya la disponibilidad de transporte para uno de cada tres pasajeros del sistema colectivo.
La tendencia además no se frena: entre los dos últimos cortes disponibles del padrón, el top 10 de empresas pasó de controlar 60.6% a 61.2% de las unidades, mientras el número de titulares bajó de 225 a 217. Menos empresas se reparten cada vez más unidades — un mercado que se consolida, no se fragmenta, y que llega a la mesa de negociación con la autoridad con más peso específico que hace apenas un par de años.
Tangamanga, la empresa con más unidades del padrón (123), es también la que concentra el señalamiento más serio. Según Ciudadanos Observando, mantiene suspendidas las rutas 29, 31 y 32 de su título de concesión, obtenido en 1999, desde la administración de Juan Manuel Carreras. Su presidente, José Guadalupe González Covarrubias, pidió al Gobierno del Estado de San Luis Potosí cancelar la concesión si la empresa no la cumple y abrir una convocatoria nueva. El dato importa por el contraste: la empresa que más peso tiene en el padrón es la misma que, según esta organización, lleva años sin operar rutas completas sin que eso le haya costado la concesión.
El padrón de automóvil de alquiler muestra un patrón parecido, a escala de personas: de 368 concesionarios de ruleteo, 94 (25.5%) tienen dos o tres concesiones cada uno, y reúnen 41% del total disponible en esa modalidad. El taxi individual, pensado como un oficio de un permiso por persona, ya tiene también su propia versión de concentración: 4 de cada 10 concesiones están en manos de una cuarta parte de los concesionarios.
El propio padrón colectivo, además, tiene un salto que ninguna fuente pública explica: de 881 unidades en 2022 pasó a 1,202 en 2023, un incremento de 36% en un solo año. La cifra pesa porque contradice lo que la misma SCT ha declarado después: su titular, Araceli Martínez Acosta, informó en 2026 que en lo que va del año no se ha otorgado ninguna concesión nueva mientras corre un diagnóstico técnico, y reconoció que cerca de 350 camiones salieron de circulación apenas en 2024. Si la política reciente es de congelamiento y baja de unidades, el alta masiva de 2022-2023 no encaja con esa narrativa.
Ese diagnóstico, que arrancó en junio de 2026, contempla todas las modalidades del transporte público y privado regulado, y busca establecer con datos técnicos si hay zonas con déficit o saturación de unidades antes de decidir si se abren concesiones nuevas. Mientras ese estudio no concluya, el mapa de operadores del transporte urbano en San Luis Potosí seguirá siendo el que ya existe hoy: uno donde cuatro empresas deciden la mayor parte del servicio.
También lee: FGR asegura 2 mil 400 litros de huachicol en Ejido Los Gómez
Dos hombres fueron detenidos y una bodega quedó bajo resguardo tras el hallazgo de huachicol en el Ejido Los Gómez
Por: Redacción
Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron 2 mil 400 litros de hidrocarburo, tres tractocamiones, una cabina Kenworth, un semirremolque y un montacargas tras catear un inmueble en el Ejido Los Gómez.
El operativo derivó del seguimiento a un reporte de robo de un tractocamión en el Libramiento Poniente. En esa primera intervención fueron detenidos Juan “N”, de 29 años, y Cristian “N”, de 27, quienes presuntamente resguardaban el acceso a una bodega.
En el lugar se localizaron también un tractocamión International 2018 con reporte de robo y una camioneta Chevrolet. El inmueble quedó bajo custodia policial mientras se tramitaba la orden de cateo correspondi ente.
Con la orden ya en mano, autoridades federales catearon la propiedad y decomisaron el hidrocarburo
Los dos detenidos y el material asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente. La Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana del Estado (SSPC) informó que mantiene coordinación permanente con autoridades federales y estatales para dar seguimiento a reportes de robo de vehículos y transporte de carga.
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Cinco municipios buscan sumarse a los seis Pueblos Mágicos de San Luis Potosí
Por: Redacción
La Secretaría de Turismo del Estado confirmó que los municipios de Villa de Reyes, Pozos, Soledad de Graciano Sánchez, Axtla de Terrazas y Cerro de San Pedro buscan sumarse al programa de Pueblos Mágicos, que hoy reconoce a seis localidades potosinas.
La secretaria Yolanda Josefina Cepeda Echavarría dijo que los candidatos deberán cumplir con capacitación, inversión en infraestructura y experiencias turísticas competitivas, además de contar con hotelería y oferta gastronómica tradicional.
Según la funcionaria, un nuevo nombramiento podría concretarse antes de que termine el año o a inicios de 2027.
Los seis Pueblos Mágicos vigentes se ubican entre los mejor evaluados del país, de un total de 177 reconocidos en México. La dependencia estatal trabaja, junto con Protección Civil del Estado, en completar los planes municipales de protección civil de los seis municipios, un requisito federal pendiente.
Cepeda Echavarría destacó la coordinación con la Secretaría de Turismo federal para ese proceso.
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