mayo 31, 2025

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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP

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A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH

Por Redacción

 

El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.

El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.

Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.

La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.

En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.

Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.

En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.

Muchas deudas

El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.

En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.

En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.

11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.

Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.

Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal

(SSPE) no ha diseñado una estrategia en cada municipio para la recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia, que incluya coordinación interinstitucional y participación ciudadana; tampoco ha implementado la estrategia de recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia en cada municipio ni ha evaluado la implementación de la estrategia en cada uno de los municipios con Alerta de Género.

La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.

La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.

La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.

La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.

La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.

La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.

Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.

La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.

La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.

Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.

 

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Tribunal Electoral prohibe “acordeones” para elección judicial del domingo

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La resolución no impide que los votantes porten sus propias notas personales de apoyo para ejercer su sufragio

Por: Roberto Mendoza

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó por unanimidad la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de prohibir el uso de “acordeones” en la histórica elección judicial que se realizará este domingo, 1 de junio.

La resolución, avalada durante una sesión privada, respaldó las medidas cautelares implementadas por el Consejo General del INE para impedir la distribución masiva de estos materiales de apoyo durante la votación para elegir ministros, magistrados y jueces.

El magistrado Felipe Fuentes, ponente del proyecto de sentencia aprobado, estableció una distinción fundamental que define el alcance de la prohibición. La medida se limita exclusivamente a vetar “la elaboración y difusión de materiales denominados ‘acordeones’ con la finalidad de darlos a conocer a la ciudadanía“, pero no impide que los votantes porten sus propias notas personales de apoyo para ejercer su sufragio.

Esta precisión resultó determinante para desestimar los argumentos de al menos cinco personas que impugnaron la decisión ante la Sala Superior, alegando que la medida les impedía “auxiliarse de algún instrumento o guía propia para la emisión de los sufragios”.

El Tribunal Electoral declaró infundados todos los agravios presentados por los inconformes, quienes consideraban que las medidas cautelares violentaban su derecho a contar con herramientas de apoyo durante la votación.

La decisión refuerza la autoridad del INE como árbitro electoral y consolida el marco normativo bajo el cual se desarrollará esta elección judicial sin precedentes en México, donde por primera vez los ciudadanos elegirán directamente a quienes integrarán el Poder Judicial de la Federación.

Queda establecido, que los votantes podrán acudir con sus apuntes personales y no se permitirá la distribución organizada de material electoral que pueda influir en la decisión ciudadana en las inmediaciones de las casillas.

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Ayuntamiento de SLP

Gobierno de la Capital clausura 9 establecimientos por incumplimiento de la Ley Seca

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En un operativo realizado la madrugada de este sábado, el Ayuntamiento Capitalino clausuró los negocios

Por: Redacción

Las primeras horas de esta sábado, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Comercio Municipal, llevó a cabo un operativo en distintos puntos de la ciudad para verificar el cumplimiento de la Ley Seca con motivo de la Elección del Poder Judici al.

Como resultado de estos recorridos, fueron clausurados nueve establecimientos que operaban fuera de la normatividad

, al no contar con su licencia de funcionamiento y exceder el horario permitido para la venta de bebidas alcohólicas.

La Dirección de Comercio reitera su agradecimiento a las y los empresarios que se han mantenido en cumplimiento de la ley, demostrando responsabilidad y compromiso con el orden público, especialmente durante este periodo electoral.

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SLP es uno de los ocho estados con cero secuestros durante abril

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La entidad se sumó a Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Querétaro y Yucatán

Por: Redacción

San Luis Potosí se colocó entre las ocho entidades del país que no registraron ningún secuestro durante el mes de abril de 2025 de acuerdo con el Reporte Nacional de Secuestro emitido por la asociación Alto al Secuestro. Este resultado confirma la efectividad de la estrategia integral de seguridad impulsada por el Gobierno del Estado que encabeza Ricardo Gallardo Cardona.

Junto con San Luis Potosí, los otros siete estados que también reportaron cero casos de secuestro en abril son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Querétaro y Yucatán. Estos resultados destacan aún más si se contrasta con los estados que encabezan la lista de mayor incidencia: Sinaloa con 105 casos, Veracruz con 11 y Chihuahua con nueve, concentrando entre ellos más del 67 por ciento de los secuestros ocurridos a nivel nacional.

Este contexto resalta el avance de San Luis Potosí en el combate a delitos de alto impacto, gracias a acciones contundentes como la modernización del sistema de videovigilancia del C5i2, el fortalecimiento de la Guardia Civil Estatal, el equipamiento y capacitación de los elementos, así como la estrecha coordinación con los otros dos niveles de Gobierno.

El Gobierno Estatal reafirma su compromiso con la seguridad y el bienestar de las familias potosinas logrando no solo prevenir el delito, sino posicionar a San Luis Potosí como un Estado líder en paz y orden lo que a su vez mejora la calidad de vida e incentiva la inversión extranjera.

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Opinión

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