marzo 23, 2026

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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP

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A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH

Por Redacción

 

El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.

El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.

Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.

La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.

En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.

Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.

En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.

Muchas deudas

El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.

En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.

En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.

11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.

Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.

Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal

(SSPE) no ha diseñado una estrategia en cada municipio para la recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia, que incluya coordinación interinstitucional y participación ciudadana; tampoco ha implementado la estrategia de recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia en cada municipio ni ha evaluado la implementación de la estrategia en cada uno de los municipios con Alerta de Género.

La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.

La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.

La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.

La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.

La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.

La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.

Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.

La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.

La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.

Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.

 

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Ciudad

De paso peatonal a corredor cultural: así cambiará la Calzada de Guadalupe

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El “Paseo Esmeralda” reunirá arte, literatura y comunidad en un espacio abierto que busca activar los derechos culturales desde la participación colectiva

Por: Haniel Valdés

La Calzada de Guadalupe está por transformarse en un punto de encuentro para la vida cultural de San Luis Potosí. A partir del próximo 11 de abril, el andador peatonal que conecta desde la calle Miguel Barragán hasta Coronel Ontañón será sede del Corredor Cultural y Literario “Paseo Esmeralda”, una iniciativa impulsada por Regala un Libro SLP y el Club de Lectura Letras Rodantes que busca acercar el arte y la lectura a la ciudadanía desde el espacio público.

El proyecto contempla la instalación quincenal de alrededor de 80 stands a lo largo del andador, en un horario de 16:00 a 21:00 horas, donde participarán artistas plásticos, colectivos culturales, escritores, editoriales potosinas, bibliotecas, cronistas, músicos, cantautores, diseñadores, artesanos, así como clubes de lectura, ajedrez y juegos de mesa, en una oferta diversa que pretende visibilizar la riqueza creativa local.

Más que un evento, la propuesta se plantea como un espacio abierto de expresión donde la cultura no se consume de manera pasiva, sino que se construye desde la interacción entre creadores y público

. Talleres, exposiciones, presentaciones musicales y actividades comunitarias formarán parte de esta dinámica que busca consolidarse como un ejercicio continuo de participación cultural.

De acuerdo con la promotora cultural Karina Soltero, el corredor responde a la necesidad de generar oportunidades para que el arte y la lectura sean accesibles a todos los sectores de la población

, al tiempo que se fortalecen las redes entre los distintos actores de la escena cultural potosina.

“Estamos desarrollando proyectos colectivos que despiertan la creatividad, fomentan la colaboración y ayudan a construir una comunidad más conectada y expresiva para todos”, señaló.

La iniciativa también se enmarca en un contexto más amplio de reconocimiento de los derechos culturales en la ciudad, respaldados por instrumentos como la Carta de la Ciudad de San Luis Potosí por los Derechos Culturales para el Buen Vivir, impulsada con el acompañamiento de instancias como UNESCO y organismos locales.

En ese sentido, el “Paseo Esmeralda” busca materializar estos principios en acciones concretas, apostando por la apropiación del espacio público como un escenario legítimo para el desarrollo cultural y la convivencia social.

Además, el proyecto forma parte de una serie de iniciativas que Regala un Libro SLP ha impulsado recientemente, como ferias de lectura, conciertos y encuentros artísticos, con el objetivo de construir una base comunitaria que, a mediano plazo, permita consolidar eventos de mayor alcance como una Feria del Libro de la ciudad.

“San Luis Potosí se merece vibrar alto y fuerte en sus oportunidades culturales, y estas alianzas entre la sociedad civil y las instituciones son fundamentales para lograrlo”, expresó Soltero.

Con el “Paseo Esmeralda”, la Calzada de Guadalupe no solo se perfila como un corredor peatonal, sino como un espacio vivo donde el pasado y el presente cultural de la ciudad se encuentran, en una apuesta por fortalecer la identidad, la participación y el acceso al arte desde lo colectivo.

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Desaparecen siete electricistas en carretera Matehuala-Cárdenas

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El caso se ha viralizado en redes sociales, incluso con apoyo de un equipo de futbol local

Por: Redacción

Siete jóvenes electricistas originarios del municipio de Cárdenas fueron reportados como desaparecidos luego de perder comunicación con sus familias el pasado sábado 21 de marzo, tras concluir una jornada laboral en Matehuala.

De acuerdo con sus familiares, el grupo había salido desde el 16 de marzo para realizar trabajos de electricidad y construcción en distintos puntos del Altiplano potosino. La última vez que tuvieron contacto con ellos fue la mañana del sábado, cuando informaron que ya se encontraban en camino de regreso por la carretera Matehuala-Cárdenas. Desde ese momento, sus teléfonos dejaron de responder.

Los desaparecidos, cuyas edades oscilan entre los 20 y 30 años, fueron identificados como: Ángel Daniel Pérez López, Miguel Ángel Pérez Olivo, Jaciel Zapata García, Omar Godoy Galván, Said Hernán Olvera, Celso López González y Macario Torres Castillo.

De manera preliminar, una persona ajena al grupo alertó a sus familiares sobre la posible privación ilegal de la libertad; sin embargo, hasta ahora no existe información oficial sobre el lugar exacto de los hechos ni sobre posibles responsables.

“Lo único que pedimos es que los regresen con vida. Ellos trabajaban bien, no andaban en nada malo”, expresó uno de los familiares.

Los jóvenes realizaban labores para una empresa particular y se desplazaban constantem ente por el estado. De acuerdo con sus allegados, no habían recibido amenazas previas ni se encontraban en situaciones de riesgo conocidas.

El caso ha generado movilización en redes sociales. El equipo Deportivo Cali FC, al que pertenecen algunos de los jóvenes, difundió una solicitud de apoyo para su localización, pidiendo a la ciudadanía compartir información que pueda contribuir a dar con su paradero.

Pese a la creciente presión social, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en San Luis Potosí aún no ha emitido fichas oficiales de búsqueda

, lo que ha incrementado la angustia de sus familias.

La desaparición ocurre en un contexto de violencia en la región y en medio de reportes recientes de desapariciones colectivas de trabajadores en el país, como el caso de mineros en Concordia, Sinaloa.

De acuerdo con el informe A quienes nos faltan: Datos para encontrarles, elaborado por Data Cívica, San Luis Potosí registra una tasa de 348 personas desaparecidas por cada 100 mil habitantes, colocándose por encima de entidades como Oaxaca, Tlaxcala y Querétaro.

Este panorama evidencia no solo la magnitud del problema, sino también los retos pendientes en materia de búsqueda y atención a víctimas.

A nivel institucional, familias y colectivos han señalado una respuesta insuficiente por parte de las autoridades, además de exigir mayor transparencia y acciones inmediatas.

Uno de los pendientes es el informe especial sobre desapariciones que la Comisión Estatal de Derechos Humanos mantiene en proceso desde 2019. Su elaboración, según ha reconocido el propio organismo, depende de información proporcionada por distintas autoridades, lo que ha retrasado su conclusión.

En paralelo, el Congreso del Estado aprobó en febrero de 2026 la creación de una Fiscalía Especializada en desaparición de personas, con el objetivo de fortalecer las investigaciones y mejorar los mecanismos de búsqueda en la entidad.

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Más de 500 potosinos han sido deportados en 2026

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El Gobierno del Estado activó una estrategia integral de atención, enfocada en evitar que los migrantes retornados caigan en condiciones de vulnerabilidad

Por: Redacción

El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos comienza a reflejarse con fuerza en San Luis Potosí. En poco más de dos meses, alrededor de 500 potosinos han sido deportados, lo que ha obligado a las autoridades estatales a reforzar las estrategias de atención para personas retornadas.

De acuerdo con cifras del Instituto de Migración y Enlace Internacional, tan solo en enero regresaron 564 personas provenientes de Estados Unidos, en su mayoría hombres, lo que confirma un repunte en el flujo de deportaciones hacia la entidad.

Este escenario ha encendido alertas en el gobierno estatal, que ya implementa una estrategia integral para atender a quienes regresan en condiciones de vulnerabilidad tras su salida forzada del país vecino.

Entre las acciones destacan apoyos para trámites oficiales, acceso a servicios de salud, programas alimentarios y alternativas educativas, con el objetivo de facilitar su reintegración social. Además, se contempla la revalidación de estudios y la certificación de habilidades laborales.

Como parte de este plan, también se trabaja en coordinación con el sector privado para generar oportunidades de empleo que permitan a las y los connacionales reconstruir su proyecto de vida.

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