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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP
A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH
Por Redacción
El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.
El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.
Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.
La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.
En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.
Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.
En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.
Muchas deudas
El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.
En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.
En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.
11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.
Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.
Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal 
La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.
La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.
La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.
La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.
La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.
La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.
Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.
La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.
La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.
Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.
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El diputado local afirmó que las críticas mediáticas por la Ley Serrano no son su prioridad “frente al bienestar de los potosinos”
Por: Redacción
El Gobierno del Estado de San Luis Potosí firmó este jueves una iniciativa para derogar la Ley Serrano, en acuerdo con representantes del Congreso del Estado, el Poder Judicial y la Fiscalía General. La iniciativa será enviada al Congreso para su discusión. Horas más tarde, el diputado local Héctor Serrano, autor de la ley que lleva su apellido, la defendió y afirmó que el embate mediático es lo último que le preocupa y lo último que le lastima.
“Lo último que me preocupa es el embate mediático. Lo último que me lastima es el embate mediático”, sostuvo el legislador, quien insistió en que su prioridad es la colectividad y el bienestar de las y los potosinos.
En la declaración revisada por La Orquesta, Serrano no se refirió directamente a la iniciativa de derogación firmada esa misma mañana. Insistió, en cambio, en definir la Ley Serrano como precursora de la regulación de la inteligencia artificial en el país.
Serrano sostuvo que el término Ley Serrano fue atribuido en un inicio por el medio Pulso con una intención dolosa. Afirmó que hoy queda claro que la iniciativa es precursora de la regulación de la inteligencia artificial, incluso cuando el propio Gobierno del Estado impulsa ahora su derogación.
La Ley Serrano ha sido cuestionada por organizaciones civiles que advierten riesgos para la libertad de expresión en el uso de la inteligencia artificial y las plataformas digitales. En esta declaración, Serrano tampoco se refirió directamente a esos señalamientos.
El legislador adelantó que el Gobierno federal abrirá foros sobre la regulación de la inteligencia artificial y de las plataformas digitales, que no serán exclusivos de San Luis Potosí. Recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ya se ha referido a la necesidad de regular ese tema, así como la difusión de información y desinformación.
Serrano reconoció que decidió no leer parte de las críticas en su contra. “Ya hice una clasificación de qué leo y qué no leo”, dijo, y explicó que se apoya en herramientas de inteligencia artificial para hacer esa selección.
Para defender la ley, el diputado recurrió a un antecedente histórico: dijo que en 1826 en San Luis Potosí solo se podía profesar la religión católica, hasta que alguien propuso ejercer la libertad de credo. Con ese ejemplo buscó equiparar la Ley Serrano con la defensa de derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión.
El legislador consideró que cualquier desgaste político derivado de las críticas mediáticas es secundario frente a lo que llamó la defensa del interés colectivo. Afirmó que ninguna aspiración política es superior a sus ideales, sus convicciones y sus principios.
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Daniela Cid impulsa la vinculación entre las empresas de la delegación y sus habitantes
Por: Redacción
La delegación de La Pila puso en marcha un esquema de vinculación entre las empresas asentadas en su zona industrial y los habitantes de la demarcación, cuyo primer resultado es una lata conmemorativa del Mundial diseñada por una vecina en alianza con la empresa Villa Castel, informó Daniela Cid, delegada de La Pila.
Cid destacó que la delegación concentra “una de las zonas industriales más poderosas del Bajío, si no es que del país”, por lo que buscó acercamientos con empresas como Villa Castel para generar proyectos conjuntos que involucren a la comunidad.
El primer ejercicio se hizo mediante una convocatoria abierta: los habitantes propusieron diseños para una lata conmemorativa del Mundial que se celebra en México, bajo la idea de cómo el lema San Luis, corazón del fútbol se vive desde La Pila. Un jurado eligió la propuesta de una vecina de la delegación, que combina elementos de México, de La Pila y del futbol.
La delegada detalló que el proyecto se trabajó con la coordinación de turismo y desarrollo económico de la delegación y con la dirección de Turismo municipal, a cargo de Claudia Peralta, como parte del llamado de Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, a combinar el talento de las empresas y de los habitantes en experiencias de comunidad.
Cid adelantó que la delegación también buscará atraer el turismo gastronómico, pues la promoción turística no debe concentrarse únicamente en el centro de la ciudad: “La Pila también es capital”, afirmó.
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El comandante de la corporación detalló que 6 de cada 10 incendios de junio se originaron por gas de habitación
Por: Redacción
Adolfo Benavente Duque, comandante del H. Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí, informó que el 60% de los incendios atendidos en junio se originó por gas de habitación. La corporación atribuyó el problema a instalaciones de gas defectuosas y sobrecargas en las viviendas.
El comandante explicó que la corporación cerró junio con 188 emergencias atendidas en la ciudad, de las cuales 78 fueron incendios.
De esos 78 incendios, el 60% correspondió a gas de habitación, originado por instalaciones defectuosas y sobrecargas.
Benavente Duque atribuyó la disminución de otro tipo de incidencias a las condiciones climatológicas del verano: la lluvia y la humedad han ayudado a bajar el número de emergencias, pese a las temperaturas altas.
El comandante comparó la cifra con la de meses anteriores, aunque no precisó con exactitud el número de incendios de mayo. Dijo que junio se mantiene en niveles similares al mes anterior.
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