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La deuda burocrática de la Alerta de Género en SLP
A más de 20 meses de su emisión, faltan muchas cosas por cumplirse, aunque eso sigue costando la vida de mujeres, de acuerdo al informe de la CEDH
Por Redacción
El 8 de marzo de 2018, en pleno Día Internacional de la Mujer, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado por la violación a los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia en contra de una mujer de Rioverde que fue víctima de feminicidio, pese a que había denunciado la violencia de género en su contra desde algunos meses antes.
El 14 de noviembre de 2017, la víctima había acudido a la Agencia del Ministerio Público de Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, según menciona el Informe Especial de la Situación del Cumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los Municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, que ayer presentó la CEDH a los medios de comunicación.
Ante el Ministerio Público, la mujer denunció la constante violencia que sufría por parte de su cónyuge y mencionó el temor que tenía del agresor, debido a que era una persona muy violenta y agresiva.
La víctima además solicitó se le exigiera a que saliera de su casa y se le impusiera una orden de restricción para que no se acercara a ella ni a sus hijas e hijo.
En respuesta a la denuncia de la víctima, el agente del Ministerio Público “solamente emitió un oficio dirigido al director de Seguridad Pública Municipal de Rioverde, por medio del que solicitó designar personal para que de manera inmediata acudiera en compañía de la víctima a su domicilio, con la finalidad de que le entregaran sus objetos personales y documentos de identidad, posteriormente se turnó el caso para la integración de la Carpeta de Investigación.
Por desgracia, el 24 de enero de 2018, la víctima fue privada de la vida en el municipio de Rioverde, a causa de las lesiones provocadas por paso de proyectil disparado por arma de fuego, acto que testigos atribuyeron a su exesposo.
En las evidencias de caso, no se demostró que el Agente del Ministerio Público haya dado respuesta a la orden de restricción que le requirió la víctima. Tampoco se mostró por qué consideró determinar únicamente como medida de protección la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión su exesposo, pese a que la denuncia se centraba principalmente en las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que había sufrido, además de que su agresor amenazó con matarla.
Muchas deudas
El informe de CEDH explica además que los medios de comunicación del estado registraron 34 muertes violentas de mujeres durante 2017 y 50 durante 2018. En cambio, el número de víctimas de feminicidio el año pasado fue de 27 mujeres y de 19 en 2017.
En 2018, otras 27 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y otras 31 en 2017.
En el año 2018, siete de las 50 mujeres asesinadas en el estado tenían entre 31 y 40 años de edad; una tuvo entre 0 y 15 años; seis entre 16 y 20 años; seis más entre 21 y 30; cinco entre 41 y 50 años; dos entre los 51 y 60; dos entre 61 y 70; dos entre 71 y 80 y 20 mujeres cuya edad fue desconocida.
11 de los asesinatos de mujeres en el estado fueron en la capital del estado; siete en Matehuala y seis en Soledad de Graciano Sánchez. Cuatro fueron en Rioverde, dos en Tamasopo, Villa de Arriaga, Villa de Zaragoza y Ébano. Los municipios de Ciudad Valles, Tamazunchale, Ahualulco, Ciudad Fernández, Villa de Reyes, Mexquitic, Villa Hidalgo, Charcas, Matlapa, Villa de la Paz, Tierra Nueva, Venado, Cerritos y Axtla de Terrazas tuvieron un homicidio de mujer cada uno.
Respecto al gobierno del estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene pruebas de la que la Dirección de Comunicación del Ejecutivo estatal hayan difundido los alcances de la Alerta de Género en espacios educativos de nivel básico, medio, superior y superior, ni en centros de salud.
Por su parte, el Instituto de las Mujeres del Estado falló en conformar un grupo Interinstitucional, por cada municipio, con participación ciudadana, conformado prioritariamente por mujeres, para revisar los mecanismos de vigilancia y Seguridad Pública que se implementen; también en diseñar una estrategia de vigilancia y en evaluar la estrategia de vigilancia de cada uno de los seis municipios con Alerta de Género en el estado.
La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) no ha diseñado una estrategia en cada municipio para la recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia, que incluya coordinación interinstitucional y participación ciudadana; tampoco ha implementado la estrategia de recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia en cada municipio ni ha evaluado la implementación de la estrategia en cada uno de los municipios con Alerta de Género.
La SSPE tampoco ha identificado áreas de mayor índice delictivo y de riesgo de violencia para las mujeres; ni ha incrementado la presencia de la policía vial en las calles y reforzado sanciones administrativas a conductas que podrían encubrir la comisión de un delito.
La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha elaborado el proyecto de Unidades Municipales de Atención Inmediata (UMAI), que incluya la vinculación con las líneas 911 y TELMUJER, así como una aplicación para teléfonos inteligentes.
La CEDH no tiene pruebas de que la FGE haya elaborado el protocolo de actuación y perfiles para el personal multidisciplinario de las UMAI. Tampoco realizó la selección de personal multidisciplinario por las UMAI, de acuerdo a los perfiles establecidos en el protocolo y por tanto, no capacitó al personal seleccionado para las UMAI.
La Fiscalía además ha carecido de realizar un diagnóstico sobre los tipos de órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia vigentes, su efectividad, así como el mecanismo de implementación y seguimiento de estas. Tampoco ha diseñado un plan de valoración de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar.
La FGE tampoco ha diseñado un plan de monitoreo de órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como para casos de violencia familiar; no se han adecuado las órdenes vigentes de protección para mujeres víctimas de violencia, así como los casos de violencia familiar, de acuerdo al plan de monitoreo.
La Fiscalía tampoco ha puesto en marcha los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, ni para casos de violencia familiar. También ha quedado a deber la evaluación de la efectividad de las órdenes de protección a partir de la puesta en marcha de los planes de valoración, implementación y monitoreo para todas las órdenes de protección.
Respecto a las medidas de prevención de feminicidios, a diferencia de lo que pide la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios del estado, la SSPE no ha elaborado una estrategia de difusión de los resultados del diagnóstico sobre las modalidad de violencia de género existentes en San Luis Potosí.
La SSPE tampoco ha cumplido con la identificación del perfil de hombres generadores de violencia que pudieran participar en un Programa de Atención, así como la forma en la que pudieran formar parte del programa; ni rediseñó el Programa de Atención a Hombres Generadores de Violencia.
La Secretaría de Seguridad Pública, a casi 21 meses de la implementación de la Alerta de Género, no ha diseñado, implementado y evaluado una estrategia intersectorial e intercultural de espacios públicos seguros para niñas, y mujeres, que garantice su derecho a una vida libre de violencia en el transporte y espacios públicos. La estrategia deberá incluir los procedimientos para atención de mujeres víctimas de violencia en el transporte público, así como propuestas de prevención de la violencia.
Los trabajos de SSPE también carecen de capacitar y sensibilizar a los concesionarios y operadores del transporte público en materia de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres en los espacios públicos y de monitoreo continuo en el óptimo funcionamiento de las cámaras de video vigilancia, además de realizar revisiones periódicas en el transporte urbano, foráneo y rural.
También lea: CEDH busca Alerta de Género para tres municipios más de SLP
#4 Tiempos
Hagamos Fan Fest, eso lo paga el pueblo | Columna de Haniel Valdés
Acento Ajeno
La clase política potosina parece estar de acuerdo en una sola cosa: es hora de pelearse. Sin embargo para coordinarse y ahorrar dinero público, para cumplir promesas de campaña o terminar las obras conjuntas, para dialogar como adultos o políticos maduros, serios, profesionales, en lugar de andar tirando piedras con cuanta pregunta lanzan mis colegas del gremio, para eso: “no señor, no tenemos tiempo”.
El Mundial de 2026 está dejando una imagen que resume buena parte de la relación entre el gobernador Ricardo Gallardo y el alcalde Enrique Galindo: dos Fan Fest en la misma ciudad, financiados con recursos públicos distintos, promovidos por gobiernos distintos y dirigidos exactamente al mismo público, los potosinos.
Por un lado, el Gobierno del Estado adquirió un paquete de derechos de transmisión para llevar los partidos a San Luis Potosí, Soledad, Ciudad Valles y Rioverde. Por otro, el Ayuntamiento capitalino firmó sus propios acuerdos para organizar transmisiones en Plaza del Carmen.
La pregunta es inevitable: ¿era realmente necesario dos fan fest en la capital del estado?
Porque más allá de los argumentos políticos o administrativos que cada autoridad pueda presentar, el resultado práctico fue que dos gobiernos sostenidos por los mismos contribuyentes terminaron desarrollando estructuras paralelas para ofrecer exactamente el mismo servicio: que los ciudadanos vieran partidos del Mundial en espacios públicos.
Pantallas, logística, promoción, personal operativo, actividades complementarias y derechos de transmisión. Todo por duplicado.
Hasta ahora, ninguna autoridad ha transparentado completamente cuánto costaron los derechos de transmisión en cada caso. Se especula que mientras el Ayuntamiento capitalino gastó unos 11 millones, el “tetrapack” estatal superó los 60 millones.
Estas cifras pueden o no ser ciertas, pero lo que sí se conoce es que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno del Estado comprometieron millones de pesos en contratos relacionados con sus Fan Fest destinando recursos para un mismo esquema de transmisiones mundialistas, solo que en dos plazas distintas.
El problema no es que existan eventos para acercar el Mundial a la gente. Eso puede justificarse perfectamente. El problema es la ausencia de coordinación institucional.
¿Alguien analizó cuánto habría costado un solo gran Fan Fest respaldado por ambas administraciones?
¿Alguien calculó cuánto dinero público se habría ahorrado compartiendo infraestructura, producción y permisos?
¿Alguien explicó por qué era mejor tener dos proyectos compitiendo entre sí en lugar de uno complementario?
La impresión que queda es incómoda: la rivalidad política terminó pesando más que la eficiencia administrativa.
Mientras los discursos oficiales hablan de unidad, promoción turística y convivencia familiar, las decisiones muestran otra cosa. Muestran dos gobiernos empeñados en demostrar quién podía organizar el mejor evento, aunque eso implique gastar más recursos públicos de los necesarios.
Yo veo dos niños pequeños, organizando su cumpleaños y peleados por ver quien hace la fiesta más linda. ¿El problema? Como los niños son de la misma familia, el dinero sale de la misma bolsa y los invitados son exactamente los mismos “amiguitos”.
El Mundial dura unas semanas. Las consecuencias de gastar sin coordinación permanecen mucho más tiempo.
Porque el dinero utilizado para financiar proyectos paralelos no pertenece ni al gobernador ni al alcalde. Pertenece a los ciudadanos.
Y los ciudadanos tienen derecho a preguntarse si realmente era indispensable pagar dos veces por lo mismo.
También lee: Educar en el siglo veintiuno es un acto de fe, no solo de vocación | Columna de Haniel Valdés Velázquez
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SLP podría tener vuelos directos a España y Mazatlán
La ruta a España sería una de las conexiones internacionales más ambiciosas para el aeropuerto potosino, declaró la titular de Sectur
Por: Redacción
San Luis Potosí podría sumar en los próximos años nuevas conexiones aéreas nacionales e internacionales. La aerolínea Volaris ya realiza estudios para evaluar la viabilidad de abrir vuelos directos desde el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga hacia Mazatlán y Madrid, confirmó la titular de la Secretaría de Turismo estatal (Sectur), Yolanda Josefina Cepeda Echavarría.
La funcionaria explicó que la empresa se encuentra en la fase de análisis de aforo de pasajeros y demanda potencial para determinar si ambas rutas pueden operar de manera rentable desde la entidad.
Cepeda Echavarría destacó que existe disposición de las aerolíneas para explorar destinos que actualmente no cuentan con conexión directa desde San Luis Potosí, lo que representa una oportunidad para fortalecer la conectividad aérea del estado y atraer un mayor número de visitantes.
Uno de los proyectos que genera mayor expectativa es la eventual ruta directa entre San Luis Potosí y Madrid, la cual abriría una puerta estratégica hacia el mercado europeo.
“Estamos haciendo todo lo necesario para atraer este tipo de vuelos”, afirmó la secretaria, quien señaló que el Gobierno estatal trabaja paralelamente en la promoción turística internacional para posicionar a San Luis Potosí como un destino atractivo para visitantes españoles.
La funcionaria explicó que la estrategia busca generar las condiciones necesarias para que una conexión aérea de este tipo tenga demanda suficiente tanto para viajeros de negocios como para turistas.
Además de los proyectos relacionados con el aeropuerto de la capital, Cepeda Echavarría informó que también existen avances para fortalecer la conectividad en la Huasteca potosina.
Detalló que en el Aeropuerto Nacional de Tamuín se encuentran en trámite dos posibles rutas aéreas que podrían iniciar operaciones una vez concluida la ampliación de la pista, proyecto que actualmente enfrenta retrasos debido a la adquisición de un terreno necesario para completar la obra.
La negociación, indicó, es encabezada por la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado y presenta avances positivos. De concretarse, la ampliación de la pista podría quedar concluida e inaugurarse a más tardar en 2029, permitiendo la llegada de nuevas operaciones aéreas a la región.
También lee: Sin vuelos a Atlanta desde mayo… y sin fecha clara de regreso
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“Yo puedo vestir lo que quiera”: diputado del PT justifica reloj Cartier
Tomás Zavala defendió sus relojes de lujo asegurando que es un “empresario exitoso”, pese a representar a un distrito con altos niveles de pobreza y mantener una actividad legislativa cuestionada
Por: Redacción
El diputado local del Partido del Trabajo (PT), Tomás Zavala González, salió a defender el uso de un reloj Cartier valuado en hasta 380 mil pesos y aseguró que no tiene por qué ocultar su estilo de vida, pues afirmó que su fortuna proviene de sus negocios y no del servicio público.
Luego de que se exhibiera públicamente el accesorio de lujo, el legislador minimizó las críticas y sostuvo que puede usar “lo que quiera” porque, según dijo, todo lo ha ganado trabajando como empresario.
“Yo puedo vestir lo que yo quiera porque yo me lo gano. A nadie le he robado”, declaró.
Zavala incluso reconoció que además del Cartier también utiliza relojes Rolex y afirmó que posee esos artículos desde hace años, aunque evitó dar detalles sobre el tamaño real de sus negocios.
“No te voy a decir todos”, respondió cuando se le pidió precisar sus empres as y fuentes de ingresos.
El diputado argumentó que la austeridad promovida por la llamada Cuarta Transformación debería aplicarse únicamente a “políticos que engañan al pueblo” , deslindándose así del discurso que Morena y sus aliados han impulsado en los últimos años.
“La austeridad es para los políticos que engañan al pueblo. Yo no estoy engañando al pueblo porque soy un empresario exitoso”, insistió.
Las declaraciones generaron cuestionamientos debido a que Zavala representa a una zona con importantes niveles de rezago social y porque su desempeño legislativo ha sido señalado por mantener baja participación en tribuna y escasa presencia en iniciativas de alto impacto público.
Pese a ello, el legislador sostuvo que fue elegido por la ciudadanía y negó cualquier incongruencia entre portar artículos de lujo y ejercer un cargo público.
“Yo aquí estoy porque el pueblo me eligió y vengo a servir al pueblo. Ya les dí un poco de entrevista, aquí estamos a la orden, aquí hay un amigo diputado”, concluyó.
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