junio 16, 2026

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La decadencia de avenida Venustiano Carranza

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Asesinatos, suicidios, asaltos, invasión de propiedades… el abandono de la zona ha convertido al lugar en un sitio de alto riesgo

Por: Ana G Silva

La muerte de Sua Jocsan Marín, un joven de 24 años que fue asesinado luego de ser asaltado sobre la avenida Venustiano Carranza esquina con Tomasa Esteves de la capital de San Luis Potosí, ha causado indignación en la sociedad potosina, pero este hecho parece ser solo una de las consecuencias que en los últimos meses han traído el abandono comercial y habitacional de la zona, la falta de vigilancia y el descuido de la infraestructura urbana.

La Orquesta dio a conocer, el 5 de octubre de 2022, el caso del Nido del Crimen, una vivienda ubicada en el número 905 de Carranza en la capital de San Luis Potosí, entre las calles Francisco Eduardo Tres Guerras y Francisco de P. Mariel, la cual fungía como sede de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), que en los últimos años ha sido utilizada como puente para invadir otras propiedades, pero debido a un conflicto con el Gobierno Estatal, durante la gestión de Juan Manuel Carreras, se mantiene abandonada en tanto no resuelve el litigio, por lo que ahor se convertido en refugio de personas en situación de calle y escondite de ladrones; espacio para la venta y consumo inseguro de drogas; acceso para la invasión de otras propiedades; además de que en su exterior, el 4 de noviembre del 2021, un joven de 17 años se suicidó.

La propiedad está abandonada y es habitada por al menos 15 personas de manera fija y decenas más que buscan refugio, lo que se ha convertido en uno de los factores para que ahora la colonia Moderna sea un sitio peligroso, pues los robos a casas, invasiones de terrenos, asaltos, tráfico y destrucción de la propiedad privada se han incrementado.

Un mes después de haber dado a conocer la noticia sobre este sitio, se reportó un incendio en el interior, al que acudieron a apagar elementos del Cuerpo de Bomberos; Adolfo Benavente Duque, comandante de la corporación indicó que el siniestro fue provocado por personas que invadieron la casa que pelean por apropiarse de los materiales que roban y después venden.

La Secretaría de Seguridad determinó, el 14 de noviembre de 2022, crear una unidad de la Guardia Civil para que vigile este sitio y otros parecidos ubicados en el Centro Histórico y sus alrededores, pero unos días después los vecinos tomaron la determinación de sellar el lugar, después del hartazgo de la inseguridad, incluso el gobierno del estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, se comprometió a ayudarles. Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Ayuntamiento capitalino también había informado que mantendría patrullajes y contacto con residentes de la avenida para conocer cualquier reporte de riesgo en el inmueble.

Este medio volvió, seis meses después, a hablar vecinas y vecinos, quienes apuntaron que no se habían solucionado los problemas de inseguridad. Los y las residentes afirmaron que los robos e invasión de propiedad continúan, pues la casa sigue abandonada y las labores de patrullaje que se habían prometido duraron poco más de una semana.

La madrugada del 1 de mayo, se reportó el asesinato de Sua Jocsan Marín, muerto a puñaladas cuando presuntamente él y sus acompañantes se resistieron a un asalto.

Miguel Gallegos, vocero de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dijo que la Policía Municipal de San Luis Potosí, responsabilidad del gobierno de Enrique Galindo, “tiene que sacar sus patrullas a las calles, sobre todo en espacios donde las familias se sientan vulnerables”. Mientras que Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, dijo que el problema de seguridad en la zona se debe a los horarios en los antros y “quizá no es necesario ampliar la vigilancia”, aunque luego se comprometió a ampliar la presencia policiaca.

Una semana después del crimen, amigos y familiares de Sua se manifestaron en lugar de lo ocurrido, en ella se presentó un pliego petitorio en el que se acusa a los gobierno de Ricardo Gallardo y Enrique Galindo de ser ineficientes en la investigación, no brindar seguridad, revictimizar a las personas afectadas y hacer una exclusión sistemática de los derechos de las personas jóvenes en San Luis Potosí.

El 9 de mayo, José Luis Ruiz Contreras, fiscal general del estado, informó que se indagará si hubo negligencia u omisión por parte de los elementos de la patrulla 2696 de la Guardia Civil Estatal (GCE) que se negaron a auxiliar a Sua cuando estaba en el suelo herido por arma blanca.

El crimen contra Sua llevó a que distintas personas denunciaron a este medio que la responsabilidad de lo ocurrido puede recaer en el Bar Glitter, de donde salieron las víctimas antes de ser atacadas, pues los elementos de seguridad del lugar están relacionados con los grupos de asaltantes que operan en la zona.

Un amigo cercano de Sua (quien pidió mantenerse en el anonimato) dijo que en redes sociales existen múltiples quejas contra los meseros de este lugar, pues roban las pertenencias de los clientes. Además de otros casos donde el personal de seguridad excede el uso de la fuerza para desalojar a las personas, al golpearlas, por lo que en ocasiones ha causado lesiones de gravedad.

Otra fuente aseguró que se ha reportado un posible vínculo entre los elementos de seguridad del bar y grupos de asaltantes que operan en la colonia Moderna, quienes aprovechan el estado de ebriedad en el que salen algunos clientes para asaltarlos. Compartió que la misma agencia de seguridad operaba en “Greko”, otro bar metros adelante que fue clausurado.
La Orquesta recibió varios videos y denuncias de vecinos y vecinas en los que se revelan varios atracos a casas y automóviles suscitados en calles como Rivas Guillen, Carranza y Tomas Esteves, los cuales también parecen guardar relación con el llamado Nido del Crimen.

Recientemente, La Orquesta recibió varios videos y denuncias de vecinos y vecinas en los que se revelan varios atracos a casas y automóviles suscitados en calles como Rivas Guillen, Carranza y Tomas Esteves, los cuales también parecen guardar relación con el llamado Nido del Crimen.

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Mataperros de Soledad obtiene amparo y evita su detención

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Aunque la Fiscalía ya había obtenido una orden de aprehensión, un juez federal le concedió una suspensión dentro de un juicio de amparo

Por: Redacción

El hombre señalado por presuntamente haber matado a balazos a dos perros en un campo de fútbol de Soledad de Graciano Sánchez no será detenido por el momento, luego de obtener una suspensión federal dentro de un juicio de amparo que frena la ejecución de la orden de aprehensión girada en su contra.

Así lo confirmó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien explicó que la dependencia ya había integrado la carpeta de investigación por presunto maltrato animal y conseguido una orden de captura emitida por un juez de Control. Sin embargo, antes de que ésta pudiera ejecutarse, el imputado recurrió a la justicia federal.

La fiscal detalló que el Juzgado de Distrito concedió una suspensión para evitar que el hombre sea detenido mientras se resuelve el procedimiento de amparo, aunque la protección judicial está condicionada al cumplimiento de diversas medidas.

Entre ellas, deberá cubrir una garantía económica y acudir periódicamente ante la autoridad judicial para acreditar que permanece a disposición de la justicia: “Está concedida la suspensión para efecto de que no se le detenga”, señaló García Cázares.

La funcionaria precisó que la orden de aprehensión sigue vigente y podría ejecutarse si el acusado incumple cualquiera de las condiciones impuestas por el Poder Judicial de la Federación.

Por ahora, el caso que provocó indignación entre colectivos animalistas y usuarios de redes sociales permanece en una fase de espera, mientras las autoridades verifican que el imputado cumpla con las obligaciones derivadas del amparo.

El hecho ocurrió recientemente en un campo de fútbol de Soledad de Graciano Sánchez, donde dos perros fueron asesinados a balazos, un caso que generó una fuerte condena pública y reavivó el debate sobre las sanciones por maltrato animal en San Luis Potosí.

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SSPCE cuestiona a jueces que liberan a detenidos por delitos graves

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Jesús Juárez aseguró que muchas liberaciones no obedecen a errores policiales, sino a decisiones judiciales

Por: Redacción

Jesús Juárez Hernández, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, criticó los criterios utilizados por algunos jueces federales para otorgar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva a personas detenidas por delitos graves, al considerar que estas resoluciones debilitan el trabajo de las corporaciones de seguridad y pueden representar un riesgo para la ciudadanía.

El funcionario sostuvo que, en diversos casos, las liberaciones no obedecen a fallas en las detenciones realizadas por policías estatales o municipales, sino a decisiones tomadas posteriormente por las autoridades judiciales: “La situación de la liberación no tiene que ver incluso con la actuación policial”, afirmó.

Juárez explicó que las corporaciones suelen realizar investigaciones, operativos y puestas a disposición conforme a los procedimientos establecidos; sin embargo, señaló que algunos jueces optan por imponer medidas cautelares que permiten a los imputados enfrentar sus procesos en libertad.

Según el titular de Seguridad, existe una tend encia de algunos juzgadores a privilegiar criterios garantistas sobre la prisión preventiva,

incluso en asuntos relacionados con delitos de alto impacto o portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

“Entiendo yo, es una percepción, que hay jueces federales muy garantistas; prefieren dar otra medida en libertad que la prisión preventiva”, expresó.

El secretario advirtió que este tipo de resoluciones generan frustración entre los cuerpos de seguridad, debido a que muchas detenciones son resultado de meses de investigación, seguimiento e inteligencia operativa.

Además, aseguró que las corporaciones han documentado casos en los que personas liberadas posteriormente reinciden en actividades delictivas, situación que consideró especialmente preocupante cuando deriva en nuevos hechos violentos.

“Lo hemos visto. Son liberados y luego privan de la vida a otra persona. Es lo más grave y es lo que deberían considerar los jueces federales o locales”, señaló.

Juárez Hernández consideró que cuando existen elementos que acreditan la portación de armas largas o la probable participación en delitos de alto impacto, los juzgadores deberían analizar con mayor firmeza la aplicación de la prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada, para evitar que los imputados continúen operando mientras enfrentan un proceso penal.

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Fiscalía de SLP investiga un aborto practicado fuera del plazo legal

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El caso fue detectado por una clínica del IMSS tras atender a una mujer con sangrado después de las doce semanas de embarazo.

Por: Redacción

De los cinco abortos que reportó el Secretariado de Seguridad en lo que va del año, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) tiene abierta una sola carpeta de investigación penal, correspondiente a un procedimiento practicado fuera del límite legal de doce semanas, confirmó María Manuela García Cázares, titular de la dependencia.

El Congreso del Estado, en cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reformó la legislación local en materia de aborto: el procedimiento es legal antes de las doce semanas de gestación y puede practicarse en los centros hospitalarios autorizados. A partir de esa semana se considera delito.

El único caso bajo investigación este año fue detectado por una denuncia de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): una mujer llegó con sangrado y se determinó que el aborto había sido provocado después del límite legal.

García Cázares no precisó en qué municipio ocurrió ni si hay personas imputadas.

Los otros cuatro registros del Secretariado no han llegado a la Fiscalía. La titular explicó que corresponde a la Secretaría de Salud verificar que los procedimientos se hayan practicado dentro de las doce semanas antes de que puedan ser atendidos en los centros autorizados.

En cuanto a quienes obliguen a una mujer a abortar —otro supuesto previsto en el Código Penal— García Cázares recordó el caso del año pasado: un médico que practicó un aborto ilegal y causó la muerte de la paciente. No informó si ese proceso concluyó ni cuál fue su resolución.

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