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La decadencia de avenida Venustiano Carranza
Asesinatos, suicidios, asaltos, invasión de propiedades… el abandono de la zona ha convertido al lugar en un sitio de alto riesgo
Por: Ana G Silva
La muerte de Sua Jocsan Marín, un joven de 24 años que fue asesinado luego de ser asaltado sobre la avenida Venustiano Carranza esquina con Tomasa Esteves de la capital de San Luis Potosí, ha causado indignación en la sociedad potosina, pero este hecho parece ser solo una de las consecuencias que en los últimos meses han traído el abandono comercial y habitacional de la zona, la falta de vigilancia y el descuido de la infraestructura urbana.
La Orquesta dio a conocer, el 5 de octubre de 2022, el caso del Nido del Crimen, una vivienda ubicada en el número 905 de Carranza en la capital de San Luis Potosí, entre las calles Francisco Eduardo Tres Guerras y Francisco de P. Mariel, la cual fungía como sede de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), que en los últimos años ha sido utilizada como puente para invadir otras propiedades, pero debido a un conflicto con el Gobierno Estatal, durante la gestión de Juan Manuel Carreras, se mantiene abandonada en tanto no resuelve el litigio, por lo que ahor se convertido en refugio de personas en situación de calle y escondite de ladrones; espacio para la venta y consumo inseguro de drogas; acceso para la invasión de otras propiedades; además de que en su exterior, el 4 de noviembre del 2021, un joven de 17 años se suicidó.
La propiedad está abandonada y es habitada por al menos 15 personas de manera fija y decenas más que buscan refugio, lo que se ha convertido en uno de los factores para que ahora la colonia Moderna sea un sitio peligroso, pues los robos a casas, invasiones de terrenos, asaltos, tráfico y destrucción de la propiedad privada se han incrementado.
Un mes después de haber dado a conocer la noticia sobre este sitio, se reportó un incendio en el interior, al que acudieron a apagar elementos del Cuerpo de Bomberos; Adolfo Benavente Duque, comandante de la corporación indicó que el siniestro fue provocado por personas que invadieron la casa que pelean por apropiarse de los materiales que roban y después venden.
La Secretaría de Seguridad determinó, el 14 de noviembre de 2022, crear una unidad de la Guardia Civil para que vigile este sitio y otros parecidos ubicados en el Centro Histórico y sus alrededores, pero unos días después los vecinos tomaron la determinación de sellar el lugar, después del hartazgo de la inseguridad, incluso el gobierno del estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, se comprometió a ayudarles. Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Ayuntamiento capitalino también había informado que mantendría patrullajes y contacto con residentes de la avenida para conocer cualquier reporte de riesgo en el inmueble.
Este medio volvió, seis meses después, a hablar vecinas y vecinos, quienes apuntaron que no se habían solucionado los problemas de inseguridad. Los y las residentes afirmaron que los robos e invasión de propiedad continúan, pues la casa sigue abandonada y las labores de patrullaje que se habían prometido duraron poco más de una semana.
La madrugada del 1 de mayo, se reportó el asesinato de Sua Jocsan Marín, muerto a puñaladas cuando presuntamente él y sus acompañantes se resistieron a un asalto.
Miguel Gallegos, vocero de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dijo que la Policía Municipal de San Luis Potosí, responsabilidad del gobierno de Enrique Galindo, “tiene que sacar sus patrullas a las calles, sobre todo en espacios donde las familias se sientan vulnerables”. Mientras que Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, dijo que el problema de seguridad en la zona se debe a los horarios en los antros y “quizá no es necesario ampliar la vigilancia”, aunque luego se comprometió a ampliar la presencia policiaca.
Una semana después del crimen, amigos y familiares de Sua se manifestaron en lugar de lo ocurrido, en ella se presentó un pliego petitorio en el que se acusa a los gobierno de Ricardo Gallardo y Enrique Galindo de ser ineficientes en la investigación, no brindar seguridad, revictimizar a las personas afectadas y hacer una exclusión sistemática de los derechos de las personas jóvenes en San Luis Potosí.
El 9 de mayo, José Luis Ruiz Contreras, fiscal general del estado, informó que se indagará si hubo negligencia u omisión por parte de los elementos de la patrulla 2696 de la Guardia Civil Estatal (GCE) que se negaron a auxiliar a Sua cuando estaba en el suelo herido por arma blanca.
El crimen contra Sua llevó a que distintas personas denunciaron a este medio que la responsabilidad de lo ocurrido puede recaer en el Bar Glitter, de donde salieron las víctimas antes de ser atacadas, pues los elementos de seguridad del lugar están relacionados con los grupos de asaltantes que operan en la zona.
Un amigo cercano de Sua (quien pidió mantenerse en el anonimato) dijo que en redes sociales existen múltiples quejas contra los meseros de este lugar, pues roban las pertenencias de los clientes. Además de otros casos donde el personal de seguridad excede el uso de la fuerza para desalojar a las personas, al golpearlas, por lo que en ocasiones ha causado lesiones de gravedad.
Otra fuente aseguró que se ha reportado un posible vínculo entre los elementos de seguridad del bar y grupos de asaltantes que operan en la colonia Moderna, quienes aprovechan el estado de ebriedad en el que salen algunos clientes para asaltarlos. Compartió que la misma agencia de seguridad operaba en “Greko”, otro bar metros adelante que fue clausurado.
La Orquesta recibió varios videos y denuncias de vecinos y vecinas en los que se revelan varios atracos a casas y automóviles suscitados en calles como Rivas Guillen, Carranza y Tomas Esteves, los cuales también parecen guardar relación con el llamado Nido del Crimen.
Recientemente, La Orquesta recibió varios videos y denuncias de vecinos y vecinas en los que se revelan varios atracos a casas y automóviles suscitados en calles como Rivas Guillen, Carranza y Tomas Esteves, los cuales también parecen guardar relación con el llamado Nido del Crimen.
También lee: Glitter y otros antros de SLP contratan personas de anexos como seguridad
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SLP en primer lugar nacional en muertes prenatales
La entidad registró 625 muertes fetales durante 2025 y alcanzó una tasa de 81.3 casos por cada 100 mil mujeres de 15 a 49 años, la más alta entre las 32 entidades
Por: Ana G Silva
San Luis Potosí ocupó en 2025 el primer lugar nacional en la tasa de defunciones fetales, de acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Fetales (EDF) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El estado alcanzó una tasa de 81.3 muertes fetales por cada 100 mil mujeres en edad fértil, por encima de la media nacional de 58.9, lo que representa una diferencia de aproximadamente 38 por ciento.
Con esta cifra, San Luis Potosí se colocó ligeramente por encima de Ciudad de México, que registró una tasa de 81.0, y Durango, con 80.2. En contraste, las tasas más bajas se observaron en Oaxaca, con 25.7; Campeche, con 29.5, y Sinaloa, con 31.1.
En términos absolutos, el INEGI contabilizó 625 muertes fetales en San Luis Potosí durante 2025, de las cuales 492 correspondieron a la captación tradicional y 133 fueron casos complementarios captados por la Secretaría de Salud e incorporados en formato digital.
Los 625 casos representan alrededor de 3 por ciento de las 20 mil 741 muertes fetales registradas en todo el país durante el año. Sin embargo, el volumen absoluto debe leerse junto con la tasa, debido a las diferencias de población entre las entidades. Es precisamente la tasa la que coloca a San Luis Potosí como la entidad con mayor incidencia registrada en el país.
Las complicaciones del embarazo, entre las principales causas
A nivel nacional, las afectaciones al feto relacionadas con factores maternos y complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto representaron la principal causa, con 45.6 por ciento de las defunciones fetales.
Le siguieron otros trastornos originados en el periodo perinatal, con 24.8 por ciento, y los trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal, con 11.9 por ciento.
En conjunto, las dos primeras categorías representan más de 70 por ciento de las defunciones fetales registradas en el país.
Otro de los datos que dimensiona el fenómeno es la atención durante el embarazo.
En México, 79.6 por ciento de las mujeres cuyo embarazo terminó en una muerte fetal recibió atención médica prenatal, mientras que 17 por ciento no recibió atención y en 3.4 por ciento de los casos no se especificó.
Entre las mujeres que sí acudieron a consulta, 63.9 por ciento recibió entre una y cinco consultas; 30.6 por ciento tuvo entre seis y diez; 3.2 por ciento entre 11 y 15 y porcentajes menores reportaron más consultas.
Del total de muertes fetales registradas en México durante 2025, 80.5 por ciento ocurrió antes del parto, 18.3 por ciento durante el parto y en 1.2 por ciento de los casos no se especificó el momento.
Por edad gestacional, el mayor porcentaje de las muertes fetales correspondió a embarazos de 20 a 27 semanas, con 39 por ciento de los casos.
Después estuvieron los embarazos de 28 semanas o más, con 32.7 por ciento, y aquellos de 12 a 19 semanas, con 28.2 por ciento.
Además, 65.2 por ciento de los productos que fallecieron tenía un peso menor a mil un gramos, mientras que los casos con peso de entre 4 mil 001 y 5 mil gramos representaron apenas 1.1 por ciento.
El fenómeno tampoco se concentra exclusivamente en embarazos de mujeres de mayor edad.
Los grupos de mujeres de 20 a 24 y de 25 a 29 años representaron cada uno 23.4 por ciento de los casos a nivel nacional. Juntos concentraron 46.8 por ciento.
Si se agrega el grupo de 30 a 34 años, que representó 20 por ciento, estos tres grupos acumularon 66.8 por ciento de las muertes fetales.
El reporte también muestra un perfil social de las mujeres cuyos embarazos terminaron en muerte fetal: 53 por ciento vivía en unión libre y 23.4 por ciento estaba casada. En cuanto a escolaridad, secundaria y preparatoria concentraron conjuntamente 64 por ciento de los casos.
Además, 64.9 por ciento declaró no trabajar y 31.7 por ciento sí tenía actividad económica.
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Raúl Tortolero llama a “recristianizar” la cultura de Occidente
En su libro, Derecha Popular: Geopolítica Cristiana de la Clase Trabajadora frente al Dragón Rojo, llama a los trabajadores cristianos a encabezar una “recristianización” de Occidente
Por: Haniel Valdés
Raúl Tortolero, presidente del Consejo Nacional de Nueva Derecha, presentó en entrevista con La Orquesta su más reciente libro, Derecha Popular: Geopolítica Cristiana de la Clase Trabajadora frente al Dragón Rojo, en el que llama a los trabajadores cristianos a encabezar una “contrarrevolución cultural” y una “recristianización” de Occidente frente a lo que describe como el avance de ideologías de izquierda.
La propuesta de Tortolero parte de una idea bastante amplia de lo que significa ser de derecha: su organización, explicó, realiza iniciativas de ley, manifestaciones, protestas y hasta oración pública para defender los llamados “valores cristianos”. El objetivo, dijo, no sería únicamente ganar elecciones, sino transformar culturalmente a Occidente, al que considera “invadido por ideologías de izquierda muy perniciosas para la fe, para la familia, para la vida, para la propiedad privada”.
Sobre el público al que dirige el libro, afirmó que está escrito “para la clase trabajadora”, aunque aclaró que no usa esa categoría en sentido marxista: “si tú trabajas estás con nosotros”, dijo, y puso como ejemplo a albañiles, plomeros, electricistas, meseras y enfermeras, pero también contadores, abogados, filósofos y empresarios. Sostuvo que es esa “clase trabajadora cristiana” —y no los gobiernos— la que debe protagonizar el cambio que propone: “no lo van a hacer los cambios nada más los presidentes o los gobernadores o los alcaldes”.
El autor contrastó su propuesta con el marxismo, al que acusó de usar a los pobres “como base electoral” y “como fuerza de choque”. Citó el Manifiesto Comunista de 1848 para sostener que Karl Marx llamaba a los trabajadores a una revolución violenta contra los ricos: “solamente la mente de un psicótico puede concebir tal locura”, afirmó. Como contraparte, citó el pasaje bíblico de Mateo 25:40 como base de lo que llamó una ayuda a los pobres “con valores cristianos” y no “con fines de explotación electoral”.
Acusó a la izquierda de utilizar a los pobres mediante programas sociales para mantenerlos dependientes del gobierno y sostuvo que, en lugar de entregar apoyos, deberían impulsarse créditos para que las familias puedan abrir negocios pequeños. En su lista aparecieron papelerías, pollerías, carnicerías, barberías, zapaterías, fondas y hasta pequeñas farmacias.
Tortolero descartó que Nueva Derecha busque construir un partido político propio. Dijo que su intención es que las plataformas existentes —”mientras no sea Morena”— retomen sus ideas. Como antecedente, afirmó que planteamientos de un libro suyo previo, La Contrarrevolución Cultural frente al marxismo posmoderno, fueron retomados en campaña por Abelardo de la Espriella, actual presidente de Colombia, cuando este llamó a “expulsar la ideología de género de las aulas” y “volver a poner a Dios al centro de la vida”.
El autor se declaró militante panista y sostuvo que el Partido Acción Nacional nació en 1939 abierto a todos los sectores sociales, no solo al empresarial. Acusó a la izquierda de instalar la idea de que “si eres del PAN es porque eres rico” para desalentar el voto de la clase trabajadora, y llamó a ese partido a “retomar” las ideas de Nueva Derecha para disputarle a Morena el respaldo de los sectores populares.
Uno de los ejes del libro, dijo Tortolero, es lo que llama “geopolítica cristiana”: una lectura de las relaciones internacionales basada en valores religiosos compartidos y no en factores “comerciales, económicos o armamentistas”
. Como ejemplo citó el Escudo de las Américas, la coalición de más de 15 países liderada por Estados Unidos contra el crimen organizado, que —dijo— debería ir acompañada de una “guerra cultural” con base cristiana.En esa lógica, Tortolero dijo esperar que Jair Bolsonaro gane las elecciones de octubre en Brasil frente a Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó de “pillo”, y que la oposición mexicana recupere la mayoría del Congreso en 2027. Para 2030, mencionó a Ricardo Salinas Pliego como posible “candidato ciudadano” capaz de unificar a los partidos opositores frente a Morena.
Su “nueva derecha”, explicó, tampoco sería una defensa del dinero por encima de todo. Rechazó una derecha “elitista” y dijo que su propuesta no es “economista”, “comercialista”, “monetarista” ni “liberal”. En su lugar, propuso una derecha que “pone a Dios al centro de la vida”.
Tortolero cuestionó la interpretación del Estado laico en México. Sostuvo que ese principio “únicamente” implica que no hay una religión oficial, pero no impide a los funcionarios públicos vivir su fe de manera explícita. Acusó que los ministros de culto en el país son “ciudadanos de segunda” porque la ley les exige renunciar a su ministerio religioso para poder ser candidatos a un cargo de elección popular, restricción que atribuyó al “juarismo”. También criticó el uso de la figura de Quetzalcóatl como emblema por parte del gobierno federal —entre ellos por Andrés Manuel López Obrador en 2021— y sostuvo que un país cristiano debería usar en su lugar “un Cristo o una Virgen de Guadalupe”.
Consultado sobre las primeras decisiones que tomaría un gobierno alineado con la “derecha popular”, Tortolero ubicó como prioridad “respetar la libertad de expresión”. Afirmó haber aparecido en “listas negras” publicadas, dijo, tanto por funcionarios del gobierno mexicano como por el expresidente colombiano Gustavo Petro, y sostuvo que México es “el país donde más periodistas asesinados hay en todo el mundo” y también “donde más sacerdotes católicos son asesinados”.
Otro de los objetivos de esta “recristianización” serían las universidades. Tortolero aseguró que algunos jóvenes ingresan a ellas con determinados valores y salen apoyando el aborto, el feminismo o los movimientos LGBT. Desde su perspectiva, las instituciones educativas tendrían que recuperar una orientación acorde con los valores cristianos de la mayoría de la población mexicana.
Más que un programa de gobierno tradicional, Derecha Popular presenta así una visión política en la que la religión funciona como punto de partida para explicar desde la pobreza y el trabajo hasta la educación, las elecciones y las relaciones internacionales. Una propuesta que, por momentos, parece tener una respuesta cristiana para prácticamente cualquier problema político.
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Gobierno de SLP ofrece devolver dinero por cobros en trámite de identidad trans
Gobierno de SLP niega tener denuncia formal por presunto cobro a personas trans en cambio de identidad
Por: Redacción
El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, respondió a un señalamiento de un colectivo de personas trans que denunció un cobro indebido por parte del gobierno estatal en el trámite de cambio de identidad de género. El funcionario aclaró que ese trámite es completamente gratuito y que no debe generar ningún cobro.
El señalamiento se relaciona con una denuncia previa de la colectiva DignidadEs Todas, que documentó un cobro de 1 mil 488 pesos por el trámite de reconocimiento legal de identidad de género en San Luis Potosí.
De acuerdo con el colectivo Todes Trans, ese cobro fue incorporado en diciembre de 2025, cuando el Congreso del Estado aprobó modificaciones a la Ley de Hacienda sin consulta previa a la comunidad trans. Según datos de la propia colectiva, once personas no binarias realizaron el trámite durante el último año y todas tuvieron que cubrir el pago.
Torres Sánchez dijo que su oficina no tiene registrada una denuncia formal sobre el señalamiento, pero ofreció mecanismos de aclaración y, en su caso, la devolución del dinero cobrado indebidamente. Añadió que las puertas de su dependencia están abiertas para atender cualquier caso similar.
El funcionario destacó que la actual administración estatal ha emitido reglamentación relacionada con actos del Registro Civil que involucran a personas de la diversidad sexual y de género, con el objetivo de darles certeza jurídica en su convivencia cotidiana y frente a las autoridades.
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