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La decadencia de avenida Venustiano Carranza
Asesinatos, suicidios, asaltos, invasión de propiedades… el abandono de la zona ha convertido al lugar en un sitio de alto riesgo
Por: Ana G Silva
La muerte de Sua Jocsan Marín, un joven de 24 años que fue asesinado luego de ser asaltado sobre la avenida Venustiano Carranza esquina con Tomasa Esteves de la capital de San Luis Potosí, ha causado indignación en la sociedad potosina, pero este hecho parece ser solo una de las consecuencias que en los últimos meses han traído el abandono comercial y habitacional de la zona, la falta de vigilancia y el descuido de la infraestructura urbana.
La Orquesta dio a conocer, el 5 de octubre de 2022, el caso del Nido del Crimen, una vivienda ubicada en el número 905 de Carranza en la capital de San Luis Potosí, entre las calles Francisco Eduardo Tres Guerras y Francisco de P. Mariel, la cual fungía como sede de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), que en los últimos años ha sido utilizada como puente para invadir otras propiedades, pero debido a un conflicto con el Gobierno Estatal, durante la gestión de Juan Manuel Carreras, se mantiene abandonada en tanto no resuelve el litigio, por lo que ahor se convertido en refugio de personas en situación de calle y escondite de ladrones; espacio para la venta y consumo inseguro de drogas; acceso para la invasión de otras propiedades; además de que en su exterior, el 4 de noviembre del 2021, un joven de 17 años se suicidó.
La propiedad está abandonada y es habitada por al menos 15 personas de manera fija y decenas más que buscan refugio, lo que se ha convertido en uno de los factores para que ahora la colonia Moderna sea un sitio peligroso, pues los robos a casas, invasiones de terrenos, asaltos, tráfico y destrucción de la propiedad privada se han incrementado.
Un mes después de haber dado a conocer la noticia sobre este sitio, se reportó un incendio en el interior, al que acudieron a apagar elementos del Cuerpo de Bomberos; Adolfo Benavente Duque, comandante de la corporación indicó que el siniestro fue provocado por personas que invadieron la casa que pelean por apropiarse de los materiales que roban y después venden.
La Secretaría de Seguridad determinó, el 14 de noviembre de 2022, crear una unidad de la Guardia Civil para que vigile este sitio y otros parecidos ubicados en el Centro Histórico y sus alrededores, pero unos días después los vecinos tomaron la determinación de sellar el lugar, después del hartazgo de la inseguridad, incluso el gobierno del estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, se comprometió a ayudarles. Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Ayuntamiento capitalino también había informado que mantendría patrullajes y contacto con residentes de la avenida para conocer cualquier reporte de riesgo en el inmueble.
Este medio volvió, seis meses después, a hablar vecinas y vecinos, quienes apuntaron que no se habían solucionado los problemas de inseguridad. Los y las residentes afirmaron que los robos e invasión de propiedad continúan, pues la casa sigue abandonada y las labores de patrullaje que se habían prometido duraron poco más de una semana.
La madrugada del 1 de mayo, se reportó el asesinato de Sua Jocsan Marín, muerto a puñaladas cuando presuntamente él y sus acompañantes se resistieron a un asalto.
Miguel Gallegos, vocero de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dijo que la Policía Municipal de San Luis Potosí, responsabilidad del gobierno de Enrique Galindo, “tiene que sacar sus patrullas a las calles, sobre todo en espacios donde las familias se sientan vulnerables”. Mientras que Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, dijo que el problema de seguridad en la zona se debe a los horarios en los antros y “quizá no es necesario ampliar la vigilancia”, aunque luego se comprometió a ampliar la presencia policiaca.
Una semana después del crimen, amigos y familiares de Sua se manifestaron en lugar de lo ocurrido, en ella se presentó un pliego petitorio en el que se acusa a los gobierno de Ricardo Gallardo y Enrique Galindo de ser ineficientes en la investigación, no brindar seguridad, revictimizar a las personas afectadas y hacer una exclusión sistemática de los derechos de las personas jóvenes en San Luis Potosí.
El 9 de mayo, José Luis Ruiz Contreras, fiscal general del estado, informó que se indagará si hubo negligencia u omisión por parte de los elementos de la patrulla 2696 de la Guardia Civil Estatal (GCE) que se negaron a auxiliar a Sua cuando estaba en el suelo herido por arma blanca.
El crimen contra Sua llevó a que distintas personas denunciaron a este medio que la responsabilidad de lo ocurrido puede recaer en el Bar Glitter, de donde salieron las víctimas antes de ser atacadas, pues los elementos de seguridad del lugar están relacionados con los grupos de asaltantes que operan en la zona.
Un amigo cercano de Sua (quien pidió mantenerse en el anonimato) dijo que en redes sociales existen múltiples quejas contra los meseros de este lugar, pues roban las pertenencias de los clientes. Además de otros casos donde el personal de seguridad excede el uso de la fuerza para desalojar a las personas, al golpearlas, por lo que en ocasiones ha causado lesiones de gravedad.
Otra fuente aseguró que se ha reportado un posible vínculo entre los elementos de seguridad del bar y grupos de asaltantes que operan en la colonia Moderna, quienes aprovechan el estado de ebriedad en el que salen algunos clientes para asaltarlos. Compartió que la misma agencia de seguridad operaba en “Greko”, otro bar metros adelante que fue clausurado.
La Orquesta recibió varios videos y denuncias de vecinos y vecinas en los que se revelan varios atracos a casas y automóviles suscitados en calles como Rivas Guillen, Carranza y Tomas Esteves, los cuales también parecen guardar relación con el llamado Nido del Crimen.
Recientemente, La Orquesta recibió varios videos y denuncias de vecinos y vecinas en los que se revelan varios atracos a casas y automóviles suscitados en calles como Rivas Guillen, Carranza y Tomas Esteves, los cuales también parecen guardar relación con el llamado Nido del Crimen.
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Destacadas
¿Por qué hay tan pocas mujeres en las preliberaciones de SLP?
Las mujeres representan una fracción menor de la población carcelaria en San Luis Potosí, lo que se refleja en los números de cada evento de preliberación
Por: Redacción
Nohemi Proal Huerta, secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, aclaró que las preliberaciones en San Luis Potosí no se otorgan con cuotas de género ni se concentran en un solo centro penitenciario: el criterio es exclusivamente la situación procesal de cada persona privada de libertad (PPL).
La funcionaria respondió así a cuestionamientos sobre si existirían eventos de preliberación exclusivos para el penal femenino de Xolol, donde la presencia de mujeres beneficiadas ha sido notoriamente baja en ejercicios anteriores.
“No nos basamos en que sean más hombres o más mujer es. De hecho, la población femenina dentro de los centros es mucho menor a la de los hombres
“, afirmó Proal Huerta.La secretaria explicó que cada evento de preliberación aplica al universo total de PPL en todos los centros del estado — no a un penal en específico — y que el beneficio se otorga a quienes cumplen los requisitos de acuerdo a su proceso, independientemente del género.
Sobre el evento más reciente, Proal Huerta reconoció que las mujeres fueron la menor parte de las beneficiadas, aunque sostuvo que el resultado fue “mucho más equilibrado que otros”.
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Guardia Civil actuó por orden judicial en desalojo de Tampamolón: Jesús Juárez
Desalojos de este tipo —ordenados por jueces civiles y mercantiles— ocurren dos o tres veces al día en la entidad, según el funcionario responsable de seguridad estatal
Por: Redacción
Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, afirmó que la participación de la Guardia Civil Estatal en el desalojo de familias indígenas en el predio La Peña de Tampamolón fue realizada como “apoyo” a una orden judicial de restitución de inmueble emanada de un juzgado civil, y que la corporación actúa conforme a “fundamento legal” sin conocer los expedientes específicos de cada caso.
En respuesta a cuestionamientos sobre la intervención de la corporación en el desalojo, que circuló en redes sociales con denuncias de agresiones, detenciones y daños, Juárez Hernández precisó que la Guardia Civil no fue convocada de oficio sino mediante solicitud formal de la autoridad judicial. “No fuimos convocados mediante oficio para apoyar nada más”, dijo durante la entrevista.
El funcionario sostuvo que la corporación cumple un rol limitado en estos operativos: ejecutar la orden sin intervenir en la evaluación de los expedientes civiles que la originan. “No conocemos el expediente, solamente cumplimos con el ordenamiento”, afirmó Juárez Hernández, al reiterar que desconoce el trasfondo específico del desalojo en Tampamolón.
Según el titular de Seguridad, los desalojos con apoyo de fuerzas públicas —ya sean municipales, estatales o de la Policía de Investigación— son procedimientos recurrentes en la entidad. “Son de recurrentes, dos o tres diarias “, indicó. Precisó que la mayoría corresponde a restituciones civiles de inmuebles: conflictos donde un juez civil resuelve en favor de una de las partes y ordena el desalojo del predio ocupado.
Juárez Hernández justificó la presencia de fuerzas de seguridad en estos actos como medida preventiva ante posibles conflictos entre los actores involucrados. “Precisamente por eso es necesaria la presencia de la fuerza pública para evitar que los actores entren en conflicto“, comentó, aunque aclaró nuevamente que la corporación no revisa ni participa en la decisión judicial que origina el desalojo.
El contexto del desalojo en Tampamolón incluye denuncias en redes sociales de presuntas agresiones, detenciones y daños a viviendas, según reportaron habitantes de la comunidad que identificaron a las familias desalojadas como indígenas náhuatl y tének. La participación de la fuerza pública en estos conflictos agrarios ha generado cuestionamientos sobre represión y supervisión de las corporaciones.
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Ciudad
Valladares promete plan hídrico de largo plazo para San Luis Potosí
El legislador afirmó que la falta de agua es su prioridad y prometió trabajar en una solución de corto plazo, además de un plan hídrico de mediano y largo plazo para la capital y el estado.
Por: Redacción
Juan Carlos Valladares, diputado federal, se comprometió a resolver el problema de abasto de agua en su distrito en el corto plazo y a impulsar un plan hídrico de largo plazo para San Luis Potosí.
El legislador regresó a su distrito con “buenas noticias” y proyectos en marcha y aprovechó para reiterar que el agua es una prioridad que no data solo de campaña.
“Es un tema que ha generado muchísima problemática y obviamente frustración y hartazgo de la población”, reconoció Valladares, quien sostuvo que existe una solución “en el corto plazo”.
El diputado llamó a construir una visión estructural. “La capital, el estado tiene que tener proyectos muy importantes en cuestión hídrica y creo que tenemos que trabajar en ello”, afirmó.
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