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La decadencia de avenida Venustiano Carranza
Asesinatos, suicidios, asaltos, invasión de propiedades… el abandono de la zona ha convertido al lugar en un sitio de alto riesgo
Por: Ana G Silva
La muerte de Sua Jocsan Marín, un joven de 24 años que fue asesinado luego de ser asaltado sobre la avenida Venustiano Carranza esquina con Tomasa Esteves de la capital de San Luis Potosí, ha causado indignación en la sociedad potosina, pero este hecho parece ser solo una de las consecuencias que en los últimos meses han traído el abandono comercial y habitacional de la zona, la falta de vigilancia y el descuido de la infraestructura urbana.
La Orquesta dio a conocer, el 5 de octubre de 2022, el caso del Nido del Crimen, una vivienda ubicada en el número 905 de Carranza en la capital de San Luis Potosí, entre las calles Francisco Eduardo Tres Guerras y Francisco de P. Mariel, la cual fungía como sede de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), que en los últimos años ha sido utilizada como puente para invadir otras propiedades, pero debido a un conflicto con el Gobierno Estatal, durante la gestión de Juan Manuel Carreras, se mantiene abandonada en tanto no resuelve el litigio, por lo que ahor se convertido en refugio de personas en situación de calle y escondite de ladrones; espacio para la venta y consumo inseguro de drogas; acceso para la invasión de otras propiedades; además de que en su exterior, el 4 de noviembre del 2021, un joven de 17 años se suicidó.
La propiedad está abandonada y es habitada por al menos 15 personas de manera fija y decenas más que buscan refugio, lo que se ha convertido en uno de los factores para que ahora la colonia Moderna sea un sitio peligroso, pues los robos a casas, invasiones de terrenos, asaltos, tráfico y destrucción de la propiedad privada se han incrementado.
Un mes después de haber dado a conocer la noticia sobre este sitio, se reportó un incendio en el interior, al que acudieron a apagar elementos del Cuerpo de Bomberos; Adolfo Benavente Duque, comandante de la corporación indicó que el siniestro fue provocado por personas que invadieron la casa que pelean por apropiarse de los materiales que roban y después venden.
La Secretaría de Seguridad determinó, el 14 de noviembre de 2022, crear una unidad de la Guardia Civil para que vigile este sitio y otros parecidos ubicados en el Centro Histórico y sus alrededores, pero unos días después los vecinos tomaron la determinación de sellar el lugar, después del hartazgo de la inseguridad, incluso el gobierno del estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, se comprometió a ayudarles. Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Ayuntamiento capitalino también había informado que mantendría patrullajes y contacto con residentes de la avenida para conocer cualquier reporte de riesgo en el inmueble.
Este medio volvió, seis meses después, a hablar vecinas y vecinos, quienes apuntaron que no se habían solucionado los problemas de inseguridad. Los y las residentes afirmaron que los robos e invasión de propiedad continúan, pues la casa sigue abandonada y las labores de patrullaje que se habían prometido duraron poco más de una semana.
La madrugada del 1 de mayo, se reportó el asesinato de Sua Jocsan Marín, muerto a puñaladas cuando presuntamente él y sus acompañantes se resistieron a un asalto.
Miguel Gallegos, vocero de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dijo que la Policía Municipal de San Luis Potosí, responsabilidad del gobierno de Enrique Galindo, “tiene que sacar sus patrullas a las calles, sobre todo en espacios donde las familias se sientan vulnerables”. Mientras que Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, dijo que el problema de seguridad en la zona se debe a los horarios en los antros y “quizá no es necesario ampliar la vigilancia”, aunque luego se comprometió a ampliar la presencia policiaca.
Una semana después del crimen, amigos y familiares de Sua se manifestaron en lugar de lo ocurrido, en ella se presentó un pliego petitorio en el que se acusa a los gobierno de Ricardo Gallardo y Enrique Galindo de ser ineficientes en la investigación, no brindar seguridad, revictimizar a las personas afectadas y hacer una exclusión sistemática de los derechos de las personas jóvenes en San Luis Potosí.
El 9 de mayo, José Luis Ruiz Contreras, fiscal general del estado, informó que se indagará si hubo negligencia u omisión por parte de los elementos de la patrulla 2696 de la Guardia Civil Estatal (GCE) que se negaron a auxiliar a Sua cuando estaba en el suelo herido por arma blanca.
El crimen contra Sua llevó a que distintas personas denunciaron a este medio que la responsabilidad de lo ocurrido puede recaer en el Bar Glitter, de donde salieron las víctimas antes de ser atacadas, pues los elementos de seguridad del lugar están relacionados con los grupos de asaltantes que operan en la zona.
Un amigo cercano de Sua (quien pidió mantenerse en el anonimato) dijo que en redes sociales existen múltiples quejas contra los meseros de este lugar, pues roban las pertenencias de los clientes. Además de otros casos donde el personal de seguridad excede el uso de la fuerza para desalojar a las personas, al golpearlas, por lo que en ocasiones ha causado lesiones de gravedad.
Otra fuente aseguró que se ha reportado un posible vínculo entre los elementos de seguridad del bar y grupos de asaltantes que operan en la colonia Moderna, quienes aprovechan el estado de ebriedad en el que salen algunos clientes para asaltarlos. Compartió que la misma agencia de seguridad operaba en “Greko”, otro bar metros adelante que fue clausurado.
La Orquesta recibió varios videos y denuncias de vecinos y vecinas en los que se revelan varios atracos a casas y automóviles suscitados en calles como Rivas Guillen, Carranza y Tomas Esteves, los cuales también parecen guardar relación con el llamado Nido del Crimen.
Recientemente, La Orquesta recibió varios videos y denuncias de vecinos y vecinas en los que se revelan varios atracos a casas y automóviles suscitados en calles como Rivas Guillen, Carranza y Tomas Esteves, los cuales también parecen guardar relación con el llamado Nido del Crimen.
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El INEGI señala que la Fiscalía potosina no proporcionó información sobre su número de agentes, peritos y policías ministeriales
Por: Ana G Silva
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí cerró 2025 con 50 mil 201 procedimientos pendientes de concluir dentro de carpetas de investigación, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El rezago se acumuló mientras la Fiscalía registró durante el año 60 mil 59 carpetas de investigación abiertas, de las cuales 12 mil 58 tenían una persona imputada y 48 mil una no identificada como imputada.
En el mismo periodo, la Fiscalía reportó 67 mil 191 determinaciones o conclusiones en la etapa de investigación inicial y otras 6 mil 384 correspondientes a investigación complementaria. Sin embargo, al cierre del año permanecían pendientes 50 mil 201 procedimientos entre ambas etapas.
El dato no significa que 50 mil 201 de las carpetas abiertas durante 2025 hayan quedado sin resolver, pues el propio INEGI aclara que tanto las determinaciones como los procedimientos pendientes pueden corresponder a investigaciones iniciadas durante ese año o en ejercicios anteriores.
La cifra refleja, en cambio, el volumen de procedimientos de investigación que permanecían abiertos al finalizar 2025, tanto en la etapa inicial como en la complementaria.
También aumenta el rezago de órdenes judiciales
La carga de trabajo de la Fiscalía también se refleja en las órdenes judiciales.
Al comenzar 2025, San Luis Potosí tenía mil 440 órdenes judiciales
Esto representa un incremento de 170 órdenes pendientes respecto al inicio del año.
El INEGI considera dentro de este apartado órdenes de aprehensión, reaprehensión, comparecencia, citación y otras, tanto del sistema penal para personas adultas como del sistema de justicia para adolescentes.
La Fiscalía tampoco reportó cuántos agentes tiene
El Censo deja además un vacío para dimensionar con qué capacidad humana se enfrenta este volumen de investigaciones.
El INEGI señala expresamente que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí no proporcionó información sobre las personas fiscales o agentes del Ministerio Público, personas peritas y personas policías ministeriales, investigadoras o judiciales.
Esto impide establecer, a partir de este Censo, cuántos agentes del Ministerio Público, peritos o policías investigadores tiene la Fiscalía para atender las investigaciones que permanecían pendientes al terminar el año.
El dato resulta relevante porque, mientras el registro estadístico permite conocer el tamaño del rezago, no permite relacionarlo con la cantidad de personal encargado de atenderlo en San Luis Potosí.
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El gobernador dijo que el partido definirá su candidatura a la gubernatura hasta diciembre o enero
Por: Redacción
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) decidirá hasta diciembre o enero quién será su candidata o candidato a la gubernatura de San Luis Potosí, adelantó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Dijo que el partido “tiene una baraja de candidatos” y no depende de una sola persona.
“No exclusivamente obedecemos solamente hacia una candidata o un candidato”, dijo. Agregó que no se puede “descartar una carta que puede ser a la vez muy fuerte y una carta de unidad”, sin decir a quién se refería.
Las cartas del Verde
Sin dar nombres, el gobernador habló de cuatro perfiles: el presidente del partido, el secretario de Gobierno, un alcalde de la zona metropolitana que “ha hecho mucho” y un diputado federal que “se ha abocado mucho a andar caminando en la capital potosina”. Antes, en una entrevista con Pulso, ya había mencionado cuatro posibles candidatos.
El dirigente estatal del Verde es Ignacio Segura Morquecho y el secretario general de Gobierno es J. Guadalupe Torres Sánchez. En marzo, Gallardo Cardona los llamó, junto con el alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz
El gobernador explicó que el Verde lleva “otros tiempos muy diferentes a Morena, al PAN, al PRI” y a MC, y que su decisión llegará “casi contrarregistro”, es decir, poco antes de que se registren formalmente las candidaturas. “Para no especular y para no estar dando bandazos”, dijo.
700 mil afiliados
Gallardo Cardona dijo que el partido ya tiene 700 mil afiliados en el estado. En abril, Torres Sánchez habló de más de 650 mil y se planteó como meta superar los 800 mil votos en 2027.
Cuando le preguntaron si el Verde ganará la gubernatura sin importar quién sea el candidato, respondió: “Pues tiene que, ¿no?”.
Sobre si pedirá licencia, dijo que va a esperar. “Muy seguramente me gustaría ir a campaña. A mí me gustan mucho las campañas”, comentó.
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Las escuelas privadas, que dan clases con tablets, todavía deben llegar a un acuerdo con la SEGE
Por: Redacción
La restricción del celular en las aulas de educación básica de San Luis Potosí aplicará también a los maestros, confirmó Deysi Maribel López Sierra, titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE).
López Sierra explicó que en educación básica el uso del celular dentro del salón está prohibido “al 100%”, y que solo podrán llevarse celulares, tablets u otros dispositivos cuando tengan un uso pedagógico. Al preguntarle si la medida alcanza a los docentes, respondió: “Sí, para todos”.
La funcionaria reconoció que todavía falta dialogar con las escuelas privadas, donde muchas clases se imparten con tablets. “Hay que llegar a un acuerdo y que sobre todo la educación no pague”, dijo.
Los planteles particulares ya estaban en la discusión. El 23 de septiembre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó que las escuelas públicas no tendrían problema para cumplir la norma y que son las particulares las que, en muchas ocasiones, se resisten a este tipo de disposiciones. Ese mismo día adelantó que se pediría a los maestros no usar el celular durante las clases.
El dictamen que aprobó la Comisión de Educación del Congreso del Estado
Para media superior, donde la medida no aplica tal cual, la SEGE buscará un consenso en el foro del 15 de octubre, al que asistirán Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y el gobernador. Participarán madres y padres de familia, docentes y alumnos. Del encuentro también saldrán recomendaciones para educación superior.
La regulación estatal entrará en vigor el 3 de noviembre, la misma fecha que el acuerdo federal publicado el 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
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