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La criminalización del aborto en SLP: al año 9 mujeres son detenidas
En lo que va del 2020 se han registrado nueve casos
Por: Roberto Rocha
Desde 2015, 46 mujeres han sido detenidas y por tanto criminalizadas por abortar en el estado de San Luis Potosí. Mientras que, aunque en los últimos años han surgido varias iniciativas que han tenido como fin despenalizar el aborto en el estado, ninguna ha logrado prosperar en el Congreso local.
En 2020, durante los primeros ocho meses del año, se han registrado nueve carpetas de investigación en el estado por el delito de aborto, de acuerdo con lo registrado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. De mantenerse el mismo ritmo en los cuatro meses restantes, este año sería el que más detenciones ocurrirían por abortos en San Luis Potosí.
En 2015 se registraron cinco detenciones por aborto, ocho en 2016, siete en 2017, diez en 2018 y siete en 2019, además de los nueve de los primeros ocho meses de 2020.
En cambio, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México registra que, igual desde 2015, en esa entidad de la República, 92 mujeres residentes de San Luis Potosí se han practicado Interrupciones Legales de Embarazos, un procedimiento que en la capital del país se realiza de forma gratuita.
De acuerdo con una estimación de las investigadoras Fátima Juárez y Susheela Singh, de la organización Guttmacher Institute, por cada cada mil mujeres residentes de San Luis Potosí y en edad reproductiva en 2009, 28.6 habrían practicado abortos inducidos, lo que representaría 17 mil 561 interrupciones de embarazos en un año.
De entre esos casos, 4.3 mujeres por cada mil potosinas en edad reproductiva habría tenido complicaciones de salud a causa del aborto, que, en 2009, habría significado un total de 2 mil 606 mujeres con problemas ocasionados por inducir abortos por embarazos no deseados.
El alto número de mujeres afectadas en su salud a causa de la realización de abortos clandestinos es uno de los puntos más promovidos en las iniciativas que buscan despenalizar el aborto en San Luis Potosí.
Sin embargo, hasta la fecha, el Código Penal de San Luis Potosí solo considera no castigable el aborto cuando sea resultado de un accidente de la mujer embarazada, que el embarazo se deba a una violación o inseminación indebida y cuando la mujer embarazada corra peligro de muerte en caso de no provocarse el aborto.
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Ciudad
¡Ahora sí ya neta! Soledad se va a separar de Interapas
El alcalde Juan Manuel Navarro sostiene que necesita una estructura enfocada exclusivamente en las necesidades de Soledad
Por: Redacción
Juan Manuel Navarro, alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, actualizó sobre el tema de la separación entre el municipio e Interapas para mejorar el servicio de agua en la zona y detalló las razones por las que el evento se ap lazó tanto.
El alcalde aclaró que ya se encuentran en la etapa final del trámite y que en los próximos días se dará el anuncio final y detalló que el siguiente paso será que se constituya el Cabildo para lograr el acuerdo que dará pie a la separación.
Asimismo, Navarro advirtió que el organismo operador del agua no cuenta con las capacidades técnicas, económicas ni urbanas para brindar un servicio satisfactorio de agua al pueblo soledense.
“Para la gente, la falta de agua no es un problema sencillo ni fácil, hoy en día el organismo operador del agua de soledad no tiene la capacidad técnica, económica ni urbana para brindar el servicio del agua de soledad”, informó.
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Destacadas
Serrano plantea regular portales digitales y páginas de noticias en SLP
El diputado dijo que la iniciativa buscaría garantizar el derecho de réplica para personas mencionadas en publicaciones
Por: Redacción
El diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Serrano Cortés, adelantó que se encuentra en construcción una propuesta legislativa para regular portales digitales y páginas informativas en San Luis Potosí, con el objetivo de garantizar mecanismos de identificación pública y fortalecer el derecho de réplica.
Aunque aclaró que todavía no existe una iniciativa formal presentada ante el Congreso del Estado, explicó que la idea surgió a partir de planteamientos realizados por periodistas, comunicadores y propietarios de medios durante las discusiones relacionadas con la legislación sobre inteligencia artificial y contenidos digitales.
De acuerdo con Serrano, uno de los principales objetivos sería que los portales informativos cuenten con información visible sobre sus responsables y formas de contacto, de manera que cualquier persona tenga la posibilidad de solicitar aclaraciones, presentar pruebas o ejercer su derecho de réplica cuando considere que una publicación contiene datos falsos o inexactos.
“A petición de algunos periodistas y comunicadores es la regulación. No tiene nada que ver con otra cosa más que con identidad; es decir, el derecho equilibrado de que se pueda sacar una nota y que la contraparte pueda replicar y contrarréplicar una nota y presentar evidencias, fotografías y todo”, señaló.
El legislador reconoció que actualmente existen decenas o incluso cientos de páginas digitales cuyo origen o responsables son difíciles de identificar, situación que, a su juicio, dificulta que las personas afectadas puedan responder a publicaciones que consideren perjudiciales.
Por ello, adelantó que una de las posibilidades que se analiza es establecer sanciones para aquellos sitios que operen sin cumplir con los requisitos de identificación y contacto.
“Todos estos portales deberán tener un directorio y datos de contacto. La manera de poder hacerlos cumplir con la ley será el establecimiento de sanciones, así de sencillo”, declaró.
Serrano también cuestionó la proliferación de perfiles y páginas que difunden información falsa o promueven ataques a través de redes sociales, por lo que consideró necesario abrir una discusión sobre los límites entre la libertad de expresión y el derecho de las personas a defenderse de publicaciones que consideren inexactas.
No obstante, insistió en que la propuesta no busca restringir la actividad periodística ni censurar opiniones. Aseguró que géneros como la caricatura, la sátira, la parodia o las columnas de opinión no serían objeto de regulación bajo este esquema.
“La intención es evitar que se den por verdaderas realidades inexistentes con fines alejados de la labor periodística. Ya sé que es un tema polémico y va a dar mucho de qué hablar”, reconoció.
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Destacadas
Diez años sin Zoé Zuleica: señalan cinco años de omisiones en la investigación
Su madre, Carolina Gómez, denunció presuntas omisiones de la Fiscalía y presentó una queja ante la CEDH por el manejo de la investigación
Por: Redacción
A una década de la desaparición de Zoé Zuleica, su madre Carolina Gómez y representantes del Centro de Derechos Humanos “Samuel Ruiz” denunciaron presuntas omisiones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la investigación del caso y anunciaron la presentación de una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Durante una rueda de prensa realizada frente a la AntiMonumenta, en Plaza de Armas, la madre de la joven aseguró que, pese al paso de los años y las dificultades enfrentadas, continuará buscándola.
“Ha sido muy difícil, pero hemos seguido y no me voy a rendir hasta encontrar a Zoé”, expresó.
Por su parte, representantes jurídicos del caso informaron que la queja presentada ante la CEDH va dirigida contra la Fiscalía General del Estado, su titular y el agente del Ministerio Público encargado de la investigación, a quien señalan por presuntas omisiones acumuladas durante varios años.
Entre las irregularidades denunciadas destaca la falta de renovación de una ficha de búsqueda internacional que, según explicaron, debió mantenerse vigente debido a la posibilidad de que Zoé pudiera encontrarse en Estados Unidos.
De acuerdo con los denunciantes, dicha omisión habría permanecido durante aproximadamente cinco años, lo que consideran una afectación directa al derecho de la familia a una búsqueda efectiva.
Una de las principales solicitudes dirigidas a la fiscal María Manuela García Cázares es el cambio de la persona encargada de la carpeta de investigación.
Los representantes legales aclararon que no buscan una sanción laboral contra el funcionario, sino que consideran necesario asignar el caso a otra persona debido a las presuntas omisiones registradas.
Asimismo, argumentaron que la existencia de una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos genera condiciones que hacen conveniente que otro funcionario continúe con la investigación.
La familia también solicitó que se retomen las campañas de difusión que en años anteriores permitieron colocar la imagen de Zoé Zuleica en espectaculares, carreteras y distintos espacios públicos.
Recordaron que durante administraciones pasadas existieron acuerdos para mantener activa la difusión de su fotografía durante varios periodos del año, estrategia que posteriormente dejó de aplicarse.
Además, pidieron que la búsqueda se fortalezca mediante campañas digitales permanentes, videos en redes sociales y materiales difundidos en varios idiomas, incluyendo lenguas indígenas.
“Zoé podría estar en cualquier lugar y tenemos que llegar a todos esos espacios”, señalaron.
Tras la rueda de prensa, los familiares anunciaron que acudirían a las instalaciones de la Fiscalía para solicitar una audiencia con la titular de la dependencia María Manuela García Cázares y plantear directamente sus peticiones.
Aclararon que la movilización tendría un carácter pacífico y que su objetivo principal es lograr que la búsqueda vuelva a tener la prioridad institucional que consideran necesaria.
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