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La criminalización del aborto en SLP: al año 9 mujeres son detenidas
En lo que va del 2020 se han registrado nueve casos
Por: Roberto Rocha
Desde 2015, 46 mujeres han sido detenidas y por tanto criminalizadas por abortar en el estado de San Luis Potosí. Mientras que, aunque en los últimos años han surgido varias iniciativas que han tenido como fin despenalizar el aborto en el estado, ninguna ha logrado prosperar en el Congreso local.
En 2020, durante los primeros ocho meses del año, se han registrado nueve carpetas de investigación en el estado por el delito de aborto, de acuerdo con lo registrado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. De mantenerse el mismo ritmo en los cuatro meses restantes, este año sería el que más detenciones ocurrirían por abortos en San Luis Potosí.
En 2015 se registraron cinco detenciones por aborto, ocho en 2016, siete en 2017, diez en 2018 y siete en 2019, además de los nueve de los primeros ocho meses de 2020.
En cambio, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México registra que, igual desde 2015, en esa entidad de la República, 92 mujeres residentes de San Luis Potosí se han practicado Interrupciones Legales de Embarazos, un procedimiento que en la capital del país se realiza de forma gratuita.
De acuerdo con una estimación de las investigadoras Fátima Juárez y Susheela Singh, de la organización Guttmacher Institute, por cada cada mil mujeres residentes de San Luis Potosí y en edad reproductiva en 2009, 28.6 habrían practicado abortos inducidos, lo que representaría 17 mil 561 interrupciones de embarazos en un año.
De entre esos casos, 4.3 mujeres por cada mil potosinas en edad reproductiva habría tenido complicaciones de salud a causa del aborto, que, en 2009, habría significado un total de 2 mil 606 mujeres con problemas ocasionados por inducir abortos por embarazos no deseados.
El alto número de mujeres afectadas en su salud a causa de la realización de abortos clandestinos es uno de los puntos más promovidos en las iniciativas que buscan despenalizar el aborto en San Luis Potosí.
Sin embargo, hasta la fecha, el Código Penal de San Luis Potosí solo considera no castigable el aborto cuando sea resultado de un accidente de la mujer embarazada, que el embarazo se deba a una violación o inseminación indebida y cuando la mujer embarazada corra peligro de muerte en caso de no provocarse el aborto.
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¿Por qué hay tan pocas mujeres en las preliberaciones de SLP?
Las mujeres representan una fracción menor de la población carcelaria en San Luis Potosí, lo que se refleja en los números de cada evento de preliberación
Por: Redacción
Nohemi Proal Huerta, secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, aclaró que las preliberaciones en San Luis Potosí no se otorgan con cuotas de género ni se concentran en un solo centro penitenciario: el criterio es exclusivamente la situación procesal de cada persona privada de libertad (PPL).
La funcionaria respondió así a cuestionamientos sobre si existirían eventos de preliberación exclusivos para el penal femenino de Xolol, donde la presencia de mujeres beneficiadas ha sido notoriamente baja en ejercicios anteriores.
“No nos basamos en que sean más hombres o más mujer es. De hecho, la población femenina dentro de los centros es mucho menor a la de los hombres
“, afirmó Proal Huerta.La secretaria explicó que cada evento de preliberación aplica al universo total de PPL en todos los centros del estado — no a un penal en específico — y que el beneficio se otorga a quienes cumplen los requisitos de acuerdo a su proceso, independientemente del género.
Sobre el evento más reciente, Proal Huerta reconoció que las mujeres fueron la menor parte de las beneficiadas, aunque sostuvo que el resultado fue “mucho más equilibrado que otros”.
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Guardia Civil actuó por orden judicial en desalojo de Tampamolón: Jesús Juárez
Desalojos de este tipo —ordenados por jueces civiles y mercantiles— ocurren dos o tres veces al día en la entidad, según el funcionario responsable de seguridad estatal
Por: Redacción
Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, afirmó que la participación de la Guardia Civil Estatal en el desalojo de familias indígenas en el predio La Peña de Tampamolón fue realizada como “apoyo” a una orden judicial de restitución de inmueble emanada de un juzgado civil, y que la corporación actúa conforme a “fundamento legal” sin conocer los expedientes específicos de cada caso.
En respuesta a cuestionamientos sobre la intervención de la corporación en el desalojo, que circuló en redes sociales con denuncias de agresiones, detenciones y daños, Juárez Hernández precisó que la Guardia Civil no fue convocada de oficio sino mediante solicitud formal de la autoridad judicial. “No fuimos convocados mediante oficio para apoyar nada más”, dijo durante la entrevista.
El funcionario sostuvo que la corporación cumple un rol limitado en estos operativos: ejecutar la orden sin intervenir en la evaluación de los expedientes civiles que la originan. “No conocemos el expediente, solamente cumplimos con el ordenamiento”, afirmó Juárez Hernández, al reiterar que desconoce el trasfondo específico del desalojo en Tampamolón.
Según el titular de Seguridad, los desalojos con apoyo de fuerzas públicas —ya sean municipales, estatales o de la Policía de Investigación— son procedimientos recurrentes en la entidad. “Son de recurrentes, dos o tres diarias “, indicó. Precisó que la mayoría corresponde a restituciones civiles de inmuebles: conflictos donde un juez civil resuelve en favor de una de las partes y ordena el desalojo del predio ocupado.
Juárez Hernández justificó la presencia de fuerzas de seguridad en estos actos como medida preventiva ante posibles conflictos entre los actores involucrados. “Precisamente por eso es necesaria la presencia de la fuerza pública para evitar que los actores entren en conflicto“, comentó, aunque aclaró nuevamente que la corporación no revisa ni participa en la decisión judicial que origina el desalojo.
El contexto del desalojo en Tampamolón incluye denuncias en redes sociales de presuntas agresiones, detenciones y daños a viviendas, según reportaron habitantes de la comunidad que identificaron a las familias desalojadas como indígenas náhuatl y tének. La participación de la fuerza pública en estos conflictos agrarios ha generado cuestionamientos sobre represión y supervisión de las corporaciones.
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Ciudad
Valladares promete plan hídrico de largo plazo para San Luis Potosí
El legislador afirmó que la falta de agua es su prioridad y prometió trabajar en una solución de corto plazo, además de un plan hídrico de mediano y largo plazo para la capital y el estado.
Por: Redacción
Juan Carlos Valladares, diputado federal, se comprometió a resolver el problema de abasto de agua en su distrito en el corto plazo y a impulsar un plan hídrico de largo plazo para San Luis Potosí.
El legislador regresó a su distrito con “buenas noticias” y proyectos en marcha y aprovechó para reiterar que el agua es una prioridad que no data solo de campaña.
“Es un tema que ha generado muchísima problemática y obviamente frustración y hartazgo de la población”, reconoció Valladares, quien sostuvo que existe una solución “en el corto plazo”.
El diputado llamó a construir una visión estructural. “La capital, el estado tiene que tener proyectos muy importantes en cuestión hídrica y creo que tenemos que trabajar en ello”, afirmó.
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