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La criminalización del aborto en SLP: al año 9 mujeres son detenidas
En lo que va del 2020 se han registrado nueve casos
Por: Roberto Rocha
Desde 2015, 46 mujeres han sido detenidas y por tanto criminalizadas por abortar en el estado de San Luis Potosí. Mientras que, aunque en los últimos años han surgido varias iniciativas que han tenido como fin despenalizar el aborto en el estado, ninguna ha logrado prosperar en el Congreso local.
En 2020, durante los primeros ocho meses del año, se han registrado nueve carpetas de investigación en el estado por el delito de aborto, de acuerdo con lo registrado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. De mantenerse el mismo ritmo en los cuatro meses restantes, este año sería el que más detenciones ocurrirían por abortos en San Luis Potosí.
En 2015 se registraron cinco detenciones por aborto, ocho en 2016, siete en 2017, diez en 2018 y siete en 2019, además de los nueve de los primeros ocho meses de 2020.
En cambio, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México registra que, igual desde 2015, en esa entidad de la República, 92 mujeres residentes de San Luis Potosí se han practicado Interrupciones Legales de Embarazos, un procedimiento que en la capital del país se realiza de forma gratuita.
De acuerdo con una estimación de las investigadoras Fátima Juárez y Susheela Singh, de la organización Guttmacher Institute, por cada cada mil mujeres residentes de San Luis Potosí y en edad reproductiva en 2009, 28.6 habrían practicado abortos inducidos, lo que representaría 17 mil 561 interrupciones de embarazos en un año.
De entre esos casos, 4.3 mujeres por cada mil potosinas en edad reproductiva habría tenido complicaciones de salud a causa del aborto, que, en 2009, habría significado un total de 2 mil 606 mujeres con problemas ocasionados por inducir abortos por embarazos no deseados.
El alto número de mujeres afectadas en su salud a causa de la realización de abortos clandestinos es uno de los puntos más promovidos en las iniciativas que buscan despenalizar el aborto en San Luis Potosí.
Sin embargo, hasta la fecha, el Código Penal de San Luis Potosí solo considera no castigable el aborto cuando sea resultado de un accidente de la mujer embarazada, que el embarazo se deba a una violación o inseminación indebida y cuando la mujer embarazada corra peligro de muerte en caso de no provocarse el aborto.
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El INEGI señala que la Fiscalía potosina no proporcionó información sobre su número de agentes, peritos y policías ministeriales
Por: Ana G Silva
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí cerró 2025 con 50 mil 201 procedimientos pendientes de concluir dentro de carpetas de investigación, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El rezago se acumuló mientras la Fiscalía registró durante el año 60 mil 59 carpetas de investigación abiertas, de las cuales 12 mil 58 tenían una persona imputada y 48 mil una no identificada como imputada.
En el mismo periodo, la Fiscalía reportó 67 mil 191 determinaciones o conclusiones en la etapa de investigación inicial y otras 6 mil 384 correspondientes a investigación complementaria. Sin embargo, al cierre del año permanecían pendientes 50 mil 201 procedimientos entre ambas etapas.
El dato no significa que 50 mil 201 de las carpetas abiertas durante 2025 hayan quedado sin resolver, pues el propio INEGI aclara que tanto las determinaciones como los procedimientos pendientes pueden corresponder a investigaciones iniciadas durante ese año o en ejercicios anteriores.
La cifra refleja, en cambio, el volumen de procedimientos de investigación que permanecían abiertos al finalizar 2025, tanto en la etapa inicial como en la complementaria.
También aumenta el rezago de órdenes judiciales
La carga de trabajo de la Fiscalía también se refleja en las órdenes judiciales.
Al comenzar 2025, San Luis Potosí tenía mil 440 órdenes judiciales
Esto representa un incremento de 170 órdenes pendientes respecto al inicio del año.
El INEGI considera dentro de este apartado órdenes de aprehensión, reaprehensión, comparecencia, citación y otras, tanto del sistema penal para personas adultas como del sistema de justicia para adolescentes.
La Fiscalía tampoco reportó cuántos agentes tiene
El Censo deja además un vacío para dimensionar con qué capacidad humana se enfrenta este volumen de investigaciones.
El INEGI señala expresamente que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí no proporcionó información sobre las personas fiscales o agentes del Ministerio Público, personas peritas y personas policías ministeriales, investigadoras o judiciales.
Esto impide establecer, a partir de este Censo, cuántos agentes del Ministerio Público, peritos o policías investigadores tiene la Fiscalía para atender las investigaciones que permanecían pendientes al terminar el año.
El dato resulta relevante porque, mientras el registro estadístico permite conocer el tamaño del rezago, no permite relacionarlo con la cantidad de personal encargado de atenderlo en San Luis Potosí.
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El gobernador dijo que el partido definirá su candidatura a la gubernatura hasta diciembre o enero
Por: Redacción
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) decidirá hasta diciembre o enero quién será su candidata o candidato a la gubernatura de San Luis Potosí, adelantó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Dijo que el partido “tiene una baraja de candidatos” y no depende de una sola persona.
“No exclusivamente obedecemos solamente hacia una candidata o un candidato”, dijo. Agregó que no se puede “descartar una carta que puede ser a la vez muy fuerte y una carta de unidad”, sin decir a quién se refería.
Las cartas del Verde
Sin dar nombres, el gobernador habló de cuatro perfiles: el presidente del partido, el secretario de Gobierno, un alcalde de la zona metropolitana que “ha hecho mucho” y un diputado federal que “se ha abocado mucho a andar caminando en la capital potosina”. Antes, en una entrevista con Pulso, ya había mencionado cuatro posibles candidatos.
El dirigente estatal del Verde es Ignacio Segura Morquecho y el secretario general de Gobierno es J. Guadalupe Torres Sánchez. En marzo, Gallardo Cardona los llamó, junto con el alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz
El gobernador explicó que el Verde lleva “otros tiempos muy diferentes a Morena, al PAN, al PRI” y a MC, y que su decisión llegará “casi contrarregistro”, es decir, poco antes de que se registren formalmente las candidaturas. “Para no especular y para no estar dando bandazos”, dijo.
700 mil afiliados
Gallardo Cardona dijo que el partido ya tiene 700 mil afiliados en el estado. En abril, Torres Sánchez habló de más de 650 mil y se planteó como meta superar los 800 mil votos en 2027.
Cuando le preguntaron si el Verde ganará la gubernatura sin importar quién sea el candidato, respondió: “Pues tiene que, ¿no?”.
Sobre si pedirá licencia, dijo que va a esperar. “Muy seguramente me gustaría ir a campaña. A mí me gustan mucho las campañas”, comentó.
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Las escuelas privadas, que dan clases con tablets, todavía deben llegar a un acuerdo con la SEGE
Por: Redacción
La restricción del celular en las aulas de educación básica de San Luis Potosí aplicará también a los maestros, confirmó Deysi Maribel López Sierra, titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE).
López Sierra explicó que en educación básica el uso del celular dentro del salón está prohibido “al 100%”, y que solo podrán llevarse celulares, tablets u otros dispositivos cuando tengan un uso pedagógico. Al preguntarle si la medida alcanza a los docentes, respondió: “Sí, para todos”.
La funcionaria reconoció que todavía falta dialogar con las escuelas privadas, donde muchas clases se imparten con tablets. “Hay que llegar a un acuerdo y que sobre todo la educación no pague”, dijo.
Los planteles particulares ya estaban en la discusión. El 23 de septiembre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó que las escuelas públicas no tendrían problema para cumplir la norma y que son las particulares las que, en muchas ocasiones, se resisten a este tipo de disposiciones. Ese mismo día adelantó que se pediría a los maestros no usar el celular durante las clases.
El dictamen que aprobó la Comisión de Educación del Congreso del Estado
Para media superior, donde la medida no aplica tal cual, la SEGE buscará un consenso en el foro del 15 de octubre, al que asistirán Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y el gobernador. Participarán madres y padres de familia, docentes y alumnos. Del encuentro también saldrán recomendaciones para educación superior.
La regulación estatal entrará en vigor el 3 de noviembre, la misma fecha que el acuerdo federal publicado el 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
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