En breve presentarán una propuesta ante del Congreso del Estado para que el código penal dé los lineamientos de estos delitos y endurezca las penas para quien los comete 

Por: Ana G. Silva

El miércoles, activistas y organizaciones en pro de los derechos humanos presentaron una solicitud ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí para que les brinde una opinión técnica con la que, posteriormente, puedan enviar al Congreso una iniciativa ciudadana para modificar el código penal y tipificar los crímenes de odio en contra de personas LGBT+ en el estado.

Andrés Costilla, dirigente de la organización Amigos Potosinos en Lucha Contra el Sida, explicó: “hemos hecho un análisis a lo largo de la historia en San Luis Potosí, donde destaca que se han cometido crímenes de odio contra esta comunidad y muchas veces esos crímenes no se tipifican de la manera adecuada. Si bien, en el código penal actual se especifican los crímenes de odio por diferentes motivos: religión, condición de salud, por status social, orientación social, por identidad de género, queda ambiguo o no queda bien especificado cómo es que se perpetúa. Entonces al momento de que un juez revisa el código no tiene los elementos suficientes de interpretación o qué características tendría un crimen de este tipo y muchas veces queda como homicidios simple, homicidios dolosos, o en riña”, destacó el activista.

En la propuesta participan varios activistas del estado, así como organizaciones como Inclusión e igualdad AC, Amigos potosinos en lucha contra el sida, el Comité Organizador de la marcha LGBT en San Luis Potosí. Costilla destacó de una posible alianza con más personas, como un abogado y una egresada en Criminología que están interesados en participar y que también tiene una propuesta. “Nos estamos acercando para ver si podemos hacer algo en común que es una iniciativa ciudadana respaldada con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, con la mesa de atención a la diversidad sexual”.

En la reunión con el fiscal especializado en materia de Derechos Humanos, Francisco Pablo Alvarado Silva, y Esteban Pérez Mendieta, jefe de Unidad de Protección a Migrantes, Grupos Vulnerables, de la Diversidad Sexual, Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos con activistas de las poblaciones LGBTTTI se les planteó el panorama de México dentro de Latinoamérica, donde nuestro país ocupa el segundo lugar en crímenes de odio contra integrantes de este grupo.

“Necesitábamos la reunión con el fiscal especializado en Derechos Humanos para armar la propuesta y que después sea presentada en el Congreso del Estado como una iniciativa ciudadana que viene respaldada por estas instituciones con opiniones técnicas favorables. El fiscal nos ayudaría a emitir una opinión favorable, es decir, revisando el código penal y la propuesta, el punto es ver que sí existe esta necesidad para adecuar el código penal y se tipifiquen, el fiscal tiene que exponer por qué existe esta necesidad de acuerdo a la experiencia en su institución y por qué se requiere una iniciativa de esta naturaleza”.

El activista mencionó que el objetivo es lograr que se castigue con penas más duras a quienes cometen crímenes de odio, además de honrar la memoria de las víctimas:

“Hace más de un año afuera del Greko mataron a un joven, al parecer fueron taxistas, el juez determinó que fue un crimen en riña, cuando había elementos para calificarlo como un crimen de odio: como que el lugar  de donde se encontraba es abiertamente gay o que fueron varios sus atacantes”.

Costilla se refirió a otro ejemplo: “también está el caso de una menor de edad que se identificaba como persona trans, Giovanni. Fue hace un año, y hasta ahora se detuvo a los presuntos responsables de este crimen y como aún no tenía su cambio de identidad, pues no entra como un feminicidio, pero tampoco está la figura del transfeminicidio en el código penal, entonces no queremos que quede impune”.

Andrés Costilla dijo que para catalogar un crimen de odio a esta comunidad se necesitan conocer las características de cómo se cometió:

“Muchas veces puede ser un crimen simple, pero cuando se comete una tortura, o cuando les ponen unas marcas visibles en la piel que puede decir ‘puto’ u otras palabras, podemos hablar de un crimen de odio, o cuando hay una saña inusual como al apuñalar muchas veces”.

El activista indicó que aunque en el estado están tipificados los crímenes de odio son generales y no en una situación específica como lo es a la comunidad gay.

Costilla agregó que luego de esta reunión ya tienen un diagnóstico de problemáticas de las poblaciones LGBT+, en la que Alvarado Silva destacó que lo que se busca en la FGE es que sea eficaz y eficiente, además de que estuvo de acuerdo con seguir colaborando en la propuesta.

“Ya en varios estados se han estado trabajando activistas colegas a través de la coalición mexicana LGBT y en San Luis Potosí queremos modificar nuestro código penal y ampliarlo y tener esos elementos para que se pueda explicar abiertamente”.

Por último, detalló que la iniciativa ciudadana se presentaría en un mes ante el Congreso de San Luis Potosí, una vez revisadas las cuestiones finales, donde tendrán una asesoría de técnica legislativa donde se les revisará que la propuesta esté presentable:

“La enviaremos al Congreso para que sea dictaminada, ver en qué comisión será enviada, que seguramente será en la Comisión de Justicia y ver a qué otra la envían, y una vez dictaminada de manera favorable, la suban al pleno para ser votada”.

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