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Activistas buscan tipificar crímenes de odio contra la comunidad LGBT+
En breve presentarán una propuesta ante del Congreso del Estado para que el código penal dé los lineamientos de estos delitos y endurezca las penas para quien los comete
Por: Ana G. Silva
El miércoles, activistas y organizaciones en pro de los derechos humanos presentaron una solicitud ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí para que les brinde una opinión técnica con la que, posteriormente, puedan enviar al Congreso una iniciativa ciudadana para modificar el código penal y tipificar los crímenes de odio en contra de personas LGBT+ en el estado.
Andrés Costilla, dirigente de la organización Amigos Potosinos en Lucha Contra el Sida, explicó: “hemos hecho un análisis a lo largo de la historia en San Luis Potosí, donde destaca que se han cometido crímenes de odio contra esta comunidad y muchas veces esos crímenes no se tipifican de la manera adecuada. Si bien, en el código penal actual se especifican los crímenes de odio por diferentes motivos: religión, condición de salud, por status social, orientación social, por identidad de género, queda ambiguo o no queda bien especificado cómo es que se perpetúa. Entonces al momento de que un juez revisa el código no tiene los elementos suficientes de interpretación o qué características tendría un crimen de este tipo y muchas veces queda como homicidios simple, homicidios dolosos, o en riña”, destacó el activista.
En la propuesta participan varios activistas del estado, así como organizaciones como Inclusión e igualdad AC, Amigos potosinos en lucha contra el sida, el Comité Organizador de la marcha LGBT en San Luis Potosí. Costilla destacó de una posible alianza con más personas, como un abogado y una egresada en Criminología que están interesados en participar y que también tiene una propuesta. “Nos estamos acercando para ver si podemos hacer algo en común que es una iniciativa ciudadana respaldada con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, con la mesa de atención a la diversidad sexual”.
En la reunión con el fiscal especializado en materia de Derechos Humanos, Francisco Pablo Alvarado Silva, y Esteban Pérez Mendieta, jefe de Unidad de Protección a Migrantes, Grupos Vulnerables, de la Diversidad Sexual, Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos con activistas de las poblaciones LGBTTTI se les planteó el panorama de México dentro de Latinoamérica, donde nuestro país ocupa el segundo lugar en crímenes de odio contra integrantes de este grupo.
“Necesitábamos la reunión con el fiscal especializado en Derechos Humanos para armar la propuesta y que después sea presentada en el Congreso del Estado como una iniciativa ciudadana que viene respaldada por estas instituciones con opiniones técnicas favorables. El fiscal nos ayudaría a emitir una opinión favorable, es decir, revisando el código penal y la propuesta, el punto es ver que sí existe esta necesidad para adecuar el código penal y se tipifiquen, el fiscal tiene que exponer por qué existe esta necesidad de acuerdo a la experiencia en su institución y por qué se requiere una iniciativa de esta naturaleza”.
El activista mencionó que el objetivo es lograr que se castigue con penas más duras a quienes cometen crímenes de odio, además de honrar la memoria de las víctimas:
“Hace más de un año afuera del Greko mataron a un joven, al parecer fueron taxistas, el juez determinó que fue un crimen en riña, cuando había elementos para calificarlo como un crimen de odio: como que el lugar de donde se encontraba es abiertamente gay o que fueron varios sus atacantes”.
Costilla se refirió a otro ejemplo: “también está el caso de una menor de edad que se identificaba como persona trans, Giovanni. Fue hace un año, y hasta ahora se detuvo a los presuntos responsables de este crimen y como aún no tenía su cambio de identidad, pues no entra como un feminicidio, pero tampoco está la figura del transfeminicidio en el código penal, entonces no queremos que quede impune”.
Andrés Costilla dijo que para catalogar un crimen de odio a esta comunidad se necesitan conocer las características de cómo se cometió:
“Muchas veces puede ser un crimen simple, pero cuando se comete una tortura, o cuando les ponen unas marcas visibles en la piel que puede decir ‘puto’ u otras palabras, podemos hablar de un crimen de odio, o cuando hay una saña inusual como al apuñalar muchas veces”.
El activista indicó que aunque en el estado están tipificados los crímenes de odio son generales y no en una situación específica como lo es a la comunidad gay.
Costilla agregó que luego de esta reunión ya tienen un diagnóstico de problemáticas de las poblaciones LGBT+, en la que Alvarado Silva destacó que lo que se busca en la FGE es que sea eficaz y eficiente, además de que estuvo de acuerdo con seguir colaborando en la propuesta.
“Ya en varios estados se han estado trabajando activistas colegas a través de la coalición mexicana LGBT y en San Luis Potosí queremos modificar nuestro código penal y ampliarlo y tener esos elementos para que se pueda explicar abiertamente”.
Por último, detalló que la iniciativa ciudadana se presentaría en un mes ante el Congreso de San Luis Potosí, una vez revisadas las cuestiones finales, donde tendrán una asesoría de técnica legislativa donde se les revisará que la propuesta esté presentable:
“La enviaremos al Congreso para que sea dictaminada, ver en qué comisión será enviada, que seguramente será en la Comisión de Justicia y ver a qué otra la envían, y una vez dictaminada de manera favorable, la suban al pleno para ser votada”.
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Varios medios difundieron imágenes en las que el presidente municipal aparecería accionando un arma de fuego en la vía pública
Por: Redacción
Imágenes difundidas en redes sociales por varios medios de comunicación muestran, presuntamente, al presidente municipal de San Vicente Tancuayalab, Gilberto González Zumaya, realizando detonaciones de arma de fuego al aire durante un supuesto festejo en la vía pública.
En el video, la persona señalada como el edil acciona el arma en un sitio donde se encuentran habitantes. Disparar al aire implica un riesgo para quienes están cerca, pues el proyectil puede caer y causar lesiones.
El hecho se suma al contexto de seguridad que atraviesa el municipio. El 21 de octubre, la Guardia Civil Estatal detuvo a dos hombres que se identificaron como policías municipales, Pascual “N”, de 43 años, y Nicasio “N”, de 56. Se les imputa portación de arma sin licencia, una pistola calibre 9 milímetros
Dos días antes, el 19 de octubre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que la Fiscalía General del Estado y la FGR investigan la actividad de grupos criminales en Tanquián de Escobedo y San Vicente Tancuayalab. El 26 de octubre, la SSPC señaló que ambos municipios se encontraban en calma, con presencia de las corporaciones de seguridad y del Ejército.
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Dijo que el dinero se queda en la economía local y que las obras tienen garantía de tres años
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, informó que en el segundo periodo de su gobierno el 100 por ciento de la obra pública del Ayuntamiento se contrata con constructores potosinos, y que en los cinco años el promedio fue de entre 96 y 98 por ciento. El resto corresponde a obra muy especializada que se contrata fuera.
Explicó que el dinero se queda en el estado, porque la mano de obra, los directores de obra y los materiales son potosinos, y que en algunas colonias se contrató a personal de la propia colonia. Añadió que una parte pequeña de cada contrato se destina al DIF Municipal.
Dijo que en cinco años el Ayuntamiento ha realizado más de 240 obras y que ninguna constructora le ha fallado. Indicó que pidió a los constructores una garantía de 36 meses, cuando la ley obliga a año y medio, y que aceptaron. Como ejemplo, mencionó que el constructor de la avenida Chapultepec, que se deslava por las bajadas de agua, la sigue reparando mientras dure la garantía.
Al plantearle la contratación de empresas foráneas por el gobierno estatal, respondió que cada gobernante tiene sus propios criterios y que no quiere opinar sobre su motivación. Afirmó que él lo hace por San Luis Potosí, porque la obra pública es un detonador económico y el dinero que se invierte en el estado “derrama tres o cuatro veces”, además de dar empleo.
Recordó que obras como el distribuidor Juárez y las de la avenida Salvador Nava las hicieron constructores potosinos, y que ingenieros de la UASLP construyen en el mundo, entre ellos en un túnel de Santiago de Chile. “¿Por qué traer gente de fuera si aquí tenemos capacidad técnica, experiencia, compromiso?”, cuestionó.
Galindo opinó que quien llegue a la alcaldía debe mantener esta política: “Claro que debe seguir como política pública”, dijo.
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El organismo además reportó que en 2024 ninguno de los 254 entes obligados mereció recibir sanción alguna
Con un presupuesto de 25.9 millones en 2024 a la CEGAIP en SLP apenas le alcanzó para atender 392 solicitudes (poco más de una al día)
Por: Ana G Silva
Cada solicitud de información que recibió en 2024 el organismo garante de transparencia de San Luis Potosí equivale a cerca de 66 mil pesos de su presupuesto. En todo el año, no impuso una sola sanción por incumplimientos.
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) ejerció 25.9 millones de pesos durante 2024 y recibió 392 solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales. Así lo reporta el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal (CNTAIPPDPE) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicado el 28 de octubre.
Al dividir el presupuesto ejercido entre las solicitudes recibidas, cada una equivale a 66 mil 71 pesos. Es una proporción: el presupuesto también cubre la resolución de recursos de revisión, la vigilancia de las instituciones obligadas y la capacitación, tareas cuyo costo el censo no desglosa.
Ese mismo año, la CEGAIP tenía bajo su vigilancia a 254 sujetos obligados: dependencias, ayuntamientos, organismos y otros entes que reciben recursos públicos. Reportó no haber sancionado a ninguno por incumplir sus obligaciones de transparencia.
Solo cinco entidades aplicaron sanciones en 2024: Hidalgo, Nuevo León, Nayarit, Aguascalientes y Sinaloa. Entre todas sumaron 349, de las cuales 305 fueron económicas y 44 administrativas, y Hidalgo concentró 41.5 por ciento. En 2022, los organismos garantes del país habían impuesto 1 mil 494.
Más caro por solicitud en otros estados
La proporción no es exclusiva de San Luis Potosí. El organismo del Estado de México ejerció 240.8 millones de pesos y recibió 1 mil 498 solicitudes, alrededor de 160 mil pesos por cada una. En la Ciudad de México, con 153.8 millones y 1 mil 754 solicitudes, fueron unos 87 mil pesos.
En conjunto, los organismos garantes estatales ejercieron 1 mil 506 millones de pesos y recibieron 13 mil 173 solicitudes en 2024, en promedio unos 114 mil pesos por solicitud.
Lo que el censo no mide
El informe no indica cuántas respuestas a solicitudes en San Luis Potosí fueron declaraciones de inexistencia, es decir, cuando la institución responde que “no cuenta con la información”. Tampoco dice cuántas fueron negativas ni cuántos recursos de revisión se presentaron contra ellas.
A escala nacional, 90.6 por ciento de las solicitudes que respondieron los organismos garantes se atendió en el plazo legal. El censo no ofrece ese dato por entidad.
Las cifras retratan el último año completo del modelo anterior. La reforma constitucional publicada en diciembre de 2024 eliminó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y a los organismos garantes locales, entre ellos la CEGAIP.
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