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Activistas buscan tipificar crímenes de odio contra la comunidad LGBT+
En breve presentarán una propuesta ante del Congreso del Estado para que el código penal dé los lineamientos de estos delitos y endurezca las penas para quien los comete
Por: Ana G. Silva
El miércoles, activistas y organizaciones en pro de los derechos humanos presentaron una solicitud ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí para que les brinde una opinión técnica con la que, posteriormente, puedan enviar al Congreso una iniciativa ciudadana para modificar el código penal y tipificar los crímenes de odio en contra de personas LGBT+ en el estado.
Andrés Costilla, dirigente de la organización Amigos Potosinos en Lucha Contra el Sida, explicó: “hemos hecho un análisis a lo largo de la historia en San Luis Potosí, donde destaca que se han cometido crímenes de odio contra esta comunidad y muchas veces esos crímenes no se tipifican de la manera adecuada. Si bien, en el código penal actual se especifican los crímenes de odio por diferentes motivos: religión, condición de salud, por status social, orientación social, por identidad de género, queda ambiguo o no queda bien especificado cómo es que se perpetúa. Entonces al momento de que un juez revisa el código no tiene los elementos suficientes de interpretación o qué características tendría un crimen de este tipo y muchas veces queda como homicidios simple, homicidios dolosos, o en riña”, destacó el activista.
En la propuesta participan varios activistas del estado, así como organizaciones como Inclusión e igualdad AC, Amigos potosinos en lucha contra el sida, el Comité Organizador de la marcha LGBT en San Luis Potosí. Costilla destacó de una posible alianza con más personas, como un abogado y una egresada en Criminología que están interesados en participar y que también tiene una propuesta. “Nos estamos acercando para ver si podemos hacer algo en común que es una iniciativa ciudadana respaldada con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, con la mesa de atención a la diversidad sexual”.
En la reunión con el fiscal especializado en materia de Derechos Humanos, Francisco Pablo Alvarado Silva, y Esteban Pérez Mendieta, jefe de Unidad de Protección a Migrantes, Grupos Vulnerables, de la Diversidad Sexual, Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos con activistas de las poblaciones LGBTTTI se les planteó el panorama de México dentro de Latinoamérica, donde nuestro país ocupa el segundo lugar en crímenes de odio contra integrantes de este grupo.
“Necesitábamos la reunión con el fiscal especializado en Derechos Humanos para armar la propuesta y que después sea presentada en el Congreso del Estado como una iniciativa ciudadana que viene respaldada por estas instituciones con opiniones técnicas favorables. El fiscal nos ayudaría a emitir una opinión favorable, es decir, revisando el código penal y la propuesta, el punto es ver que sí existe esta necesidad para adecuar el código penal y se tipifiquen, el fiscal tiene que exponer por qué existe esta necesidad de acuerdo a la experiencia en su institución y por qué se requiere una iniciativa de esta naturaleza”.
El activista mencionó que el objetivo es lograr que se castigue con penas más duras a quienes cometen crímenes de odio, además de honrar la memoria de las víctimas:
“Hace más de un año afuera del Greko mataron a un joven, al parecer fueron taxistas, el juez determinó que fue un crimen en riña, cuando había elementos para calificarlo como un crimen de odio: como que el lugar de donde se encontraba es abiertamente gay o que fueron varios sus atacantes”.
Costilla se refirió a otro ejemplo: “también está el caso de una menor de edad que se identificaba como persona trans, Giovanni. Fue hace un año, y hasta ahora se detuvo a los presuntos responsables de este crimen y como aún no tenía su cambio de identidad, pues no entra como un feminicidio, pero tampoco está la figura del transfeminicidio en el código penal, entonces no queremos que quede impune”.
Andrés Costilla dijo que para catalogar un crimen de odio a esta comunidad se necesitan conocer las características de cómo se cometió:
“Muchas veces puede ser un crimen simple, pero cuando se comete una tortura, o cuando les ponen unas marcas visibles en la piel que puede decir ‘puto’ u otras palabras, podemos hablar de un crimen de odio, o cuando hay una saña inusual como al apuñalar muchas veces”.
El activista indicó que aunque en el estado están tipificados los crímenes de odio son generales y no en una situación específica como lo es a la comunidad gay.
Costilla agregó que luego de esta reunión ya tienen un diagnóstico de problemáticas de las poblaciones LGBT+, en la que Alvarado Silva destacó que lo que se busca en la FGE es que sea eficaz y eficiente, además de que estuvo de acuerdo con seguir colaborando en la propuesta.
“Ya en varios estados se han estado trabajando activistas colegas a través de la coalición mexicana LGBT y en San Luis Potosí queremos modificar nuestro código penal y ampliarlo y tener esos elementos para que se pueda explicar abiertamente”.
Por último, detalló que la iniciativa ciudadana se presentaría en un mes ante el Congreso de San Luis Potosí, una vez revisadas las cuestiones finales, donde tendrán una asesoría de técnica legislativa donde se les revisará que la propuesta esté presentable:
“La enviaremos al Congreso para que sea dictaminada, ver en qué comisión será enviada, que seguramente será en la Comisión de Justicia y ver a qué otra la envían, y una vez dictaminada de manera favorable, la suban al pleno para ser votada”.
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La diputada Sara Rocha aseguró que condicionar la utilización de estos dispositivos ayudará al desarrollo integral de los estudiantes
Por: Redacción
La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma al artículo 60 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de delimitar el uso de los dispositivos electrónicos en el ámbito educativo.
La reforma establece que “las autoridades educativas determinarán el uso complementario que se dará al uso del celular y demás dispositivos electrónicos como material educativo de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de estudiantes del nivel secundaria, estableciendo para ello los lineamientos necesarios para su aplicación dentro de la jornada escolar, quedando prohibido su uso dentro de los planteles de educación primaria”.
Dicho proceso deberá contar con la participación de directivos, docentes, madres, padres o tutores y, de acuerdo con el principio del interés superior de la niñez. Las autoridades educativas participaran en el diseño e implementación en coordinación con las autoridades correspondientes, de manera permanente y transversal, de las estrategias, campañas y programas formativos dirigidos a toda la comunidad educativa sobre el desarrollo del uso responsable de dispositivos electrónicos.
La congresista aseguró que “en un mundo globalizado donde la tecnología juega un papel cada más importante en el desarrollo de las diversas actividades que realizan las personas en todos los ámbitos de su vida, en especial los dispositivos electrónicos como son los teléfonos y relojes inteligentes, tabletas, computadoras, laptops
Sin embargo, recalcó que además de las ventajas que conlleva el uso de la tecnología, también genera efectos nocivos por el uso excesivo que cada vez más se está dando en todo el mundo, afectando la salud mental, los procesos de socialización y en general la forma de interactuar entre las personas.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis.
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Los citatorios se abrieron para diez ciudadanos de Sinaloa, mientras que uno alterno incluyó a funcionarios de Chihuahua
Por: Roberto Mendoza
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió citatorios para diez ciudadanos del estado de Sinaloa, entre los que se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, como parte de una investigación derivada de una acusación formal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
Sobre esta primera acción ministerial, la dependencia federal determinó: “dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad“.
Dentro del expediente judicial radicado en la corte estadounidense se incluye al senador en activo Enrique Inzunza, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. A diferencia del mandatario estatal con licencia, el legislador conserva su escaño y fuero constitucional; su última ubicación reportada en territorio sinaloense data del 10 de mayo, tras registrar ausencias en sus funciones legislativas desde finales de abril.
De forma paralela a esta indagatoria, la instancia de procuración de justicia federal desarrolla una investigación en curso requiriendo la presencia de autoridades de Chihuahua por la cadena de mando en el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.
Respecto a este caso, el órgano autónomo detalló: “están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el ex fiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.
Los requerimientos ministeriales ejecutados responden al seguimiento de las operaciones logísticas en ambas entidades y a las acciones pertinentes de los respectivos planes de investigación.
Para fundamentar el alcance de las comparecencias y entrevistas en sede federal, la institución de justicia precisó: “En ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”.
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La gobernadora en persona recibe el documento, asegura que se presentará aun con fuero
Por: Roberto Mendoza
Dos agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron este 23 de mayo al Palacio de Gobierno de Chihuahua para notificar el requerimiento oficial a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, quien garantizó su asistencia programada para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas: “Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, aseguró.
El origen del citatorio ministerial responde a la investigación federal iniciada tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos.
La indagatoria, documentada, examina la participación operativa de dos agentes estadounidenses en territorio estatal con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de determinar si la administración de Chihuahua violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Ante el requerimiento de la autoridad federal, la mandataria estatal abordó su situación jurídica frente a la protección constitucional de su cargo y estableció un contraste operativo respecto a las indagatorias dirigidas a otros ejecutivos estatales: “Voy a tener que estar en la FGR compareciendo, aunque yo una servidora tenga fuero constitucional. ¿con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ni a ningún otro gobernador de este país?
La integración de la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación contempla hasta el momento la emisión de citatorios previos dirigidos a 50 funcionarios estatales, como parte de las diligencias para establecer si las autoridades locales incurrieron en una invasión de competencias de jurisdicción federal.
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