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La asignación de obra en SLP: por dedazo y chueco

Ayuntamiento habría violado el artículo 94 de la Ley de Obras Públicas al otorgar contratos por más de 16 mdp, en la modalidad de asignación directa.

Por Redacción

De acuerdo a la información publicada por la propia administración municipal capitalina, el gobierno encabezado por Xavier Nava Palacios habría violado el artículo 94 de la Ley de Obras Públicas y el decreto 766, de obligatoria observación, al otorgar contratos por más de 16 millones de pesos, con cuatro constructores ligados al alcalde, obras por montos superiores a los que establece la ley en la modalidad de asignación directa.

Tras la publicación del artículo periodístico en que se consignó que en tres meses la administración no había licitado un solo metro cuadrado de obra pública, el gobierno municipal respondió con la publicación de una lista de más de 80 obras que actualmente ejecutan pero que, justificaron, no se licitaron o concursaron, sino que se asignaron a constructores de forma directa.

Son 80 obras que se encuentran actualmente en proceso dentro del territorio capitalino y cuentan en su conjunto con un techo financiero de 82 millones de pesos, de acuerdo a las declaraciones del propio alcalde.

Distribuida en un boletín informativo que envió la propia alcaldía, se consigna una entrevista del alcalde Nava Palacios en la que asegura que son “obras prioritarias” las que se están ejecutando y anunció que en la página de internet del municipio se encontraría el listado de la ubicación y monto de cada una de ellas.

Efectivamente, en su página de internet el municipio puso a disposición de los ciudadanos dicho listado, así como la modalidad en que fue asignada cada una de las obras. Las 80 inversiones coinciden en el mismo método: la adjudicación directa.

La Ley de Obras Públicas contempla esta figura de la asignación directa como una modalidad absolutamente legal para adjudicar a los constructores interesados la obra pública, siempre y cuando se ciña a los montos que determina el decreto del Ejecutivo del Estado para cada caso.

En San Luis Potosí, se encuentra vigente el decreto número 766, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 14 de diciembre del año 2017, en el que se establecen dichos montos.

En la modalidad de adjudicación directa, los montos de la obra no podrán superar el millón 60 mil pesos más IVA, a partir de esta cantidad y hasta los 2 millones 980 mil pesos más se tendrá que usar la modalidad de “invitación restringida” y a partir de esa cantidad, toda la obra pública que implique mayores recursos tendrá que ser asignada a través de una licitación pública.

Acompañando al listado de obras, el municipio publicó también el decreto que lo inculpa, pues no consideraron que a simple vista, 27 de las obras anunciadas se exceden del monto legal para la adjudicación directa, si se considera a los montos publicados antes de sumarles el Impuesto al Valor Agregado.

La publicación municipal no fue precisa en informar si dichos montos contaban o no con el impuesto, por ello para fines periodísticos se consideró que dichos montos ya tienen IVA y por lo tanto son solamente cuatro las obras que se encuentran fuera de la ley.

La primera obra ilegal fue adjudicada a la constructora Quid SA de CV, a través del contrato MSLP-DOP-AD-32-2018, por un monto de 4 millones 628 mil 836 pesos, superando el tope legal de 3 millones 456 mil pesos, impuestos incluidos, que contempla la ley.

La segunda obra ilegal fue adjudicada a la empresa Paviasfaltos SA de CV, propiedad de la familia Muñiz Werge, por un monto de 3 millones 903 mil 933 pesos y 49 centavos.

La tercera obra se la asignaron a la empresa Vialidades y Construcciones Torres SA de CV, también por exactamente 3 millones 903 mil 933 pesos y 49 centavos.

La última obra ilegal detectada corresponde a la asignada a Maquinaria y Rentas Potosinas SA de CV por 3 millones 903 mil 967 pesos y 71 centavos.

Esas cuatro obras, suman en su conjunto más de 16 millones de pesos, y llama la atención que las tres últimas fueron beneficiarias de prácticamente el mismo monto de 3 millones 903 mil 933 pesos con diferencia de centavos. Como si una obra de 11 millones se hubiera repartido a las empresas de las familias Muñiz Werge y Torres.

 

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