junio 17, 2026

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La agonía de los trámites telefónicos obligatorios para personas sordas en México

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Bancos, instituciones gubernamentales e incluso servicios de emergencia carecen de protocolos para atender a la población con discapacidad auditiva

Por: Ana G Silva

La sordera es una de las discapacidades más comunes en el mundo: según datos del censo INEGI 2020, en México hay aproximadamente 2.3 millones de personas que padecen algún discapacidad auditiva; más del 50% son mayores de 60 años; alrededor del 34% tienen entre 30 y 59 años, 14% personas de 18 a 29 años y finalmente el 2% lo ocupan menores de edad; a pesar de esto, las políticas de inclusión para estas personas aún están lejos de ejecutarse, es por eso que La Orquesta conversó con Susana Gómez, secretaria y coordinadora de proyectos de la Coalición de Personas Sordas AC (CoPeSor), la cual trabaja en la generación de políticas públicas para este sector, y Roberto Morris, empresario y persona con hipoacusia (incapacidad total o parcial para escuchar sonidos en uno o ambos oídos), para conocer una cómo es lidiar con uno de los aspectos de la vida en donde mayor discriminación y atraso existe en materia de inclusión para personas sordas: los trámites que obligatoriamente se deben hacer por vía telefónica.

Roberto Morris denunció el pasado 29 de noviembre, a través de su cuenta de Twitter, la discriminación que sufre al ser una persona con dispacapacidad auditiva por parte de Banorte, pues el banco obliga a sus clientes y clientas a realizar ciertos trámites por vía telefónica:

 

El mensaje recibió el apoyo de un número importante de personas y la respuesta tanto del banco como de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef),

sin embargo, estas fueron genéricas y no le ofrecieron ni a él ni a ninguna otra persona en la misma situación una solución.

Roberto contó que, como personas con hipoacusia, el usar un medios basado completamente auditivos, hace que trámites que deberían tomar cinco minutos tarden hasta una hora, si es que finalmente se pueden concretar. También apuntó que en ocasiones la falta de protocolos lo ha obligado a tener que repetir algunos trámites o hacer otros adicionales, esto le ocasiona tener que pagar costos adicionales continuamente.

Es casi casi un impuesto que los bancos imponen a las personas con discapacidad, en mi caso auditiva, no sé cómo es para quienes tienen otras discapacidades, pero estoy seguro que tampoco existen los protocolos necesarios de atención”.

Susana Gómez dijo que estos trámites son una limitación al acceso para los servicios financieros, además de que pone a las personas sordas en vulnerabilidad para hacer una vida independiente, pues los hacen que necesitar de familiares u otras personas para solventar la dificultad; agregó que esto da pie a que se cometan abusos contra personas con discapacidad.

La activista apuntó que el problema es mucho más grande de lo que aparenta, ya que los colectivos de personas sordas son muy diversos y van desde personas hipoacúsicas, personas sordas que se comunican con Lengua de Señas, personas de la tercera edad que han perdido la audición, en el caso de las últimas se agudiza la dependencia de ayuda externa.

Gómez explicó que la situación no se limita a servicios bancarios, sino que se extiende a otras áreas e incluso instituciones pública, aunque en educación, acotó, ha habido voluntad, “no por parte de la SEP, sino en instituciones locales, también en algunos gobiernos como Tijuana, Jalisco y Michoacán que han abierto servicios de videollamadas para personas sordas”

.

La representante de CoPeSor informó que uno de los casos más preocupantes es el de la seguridad, pues los números de emergencia, como el 911, son casi imposibles de utilizar para personas con discapacidad auditiva que se encuentran en peligro.

Morris agregó que la existencia de estas barreras de inclusión demuestra la falta de protocolos y procedimientos para personas sordas, pues pareciera que son “invisibles en la sociedad”:

“He vivido situaciones parecidas con la Secretaría de Relaciones Exteriores en el trámite del pasaporte, como eso de que te sientan y gritan tu nombre, no lo escuchas y nadie tiene la atención para avisarte; siempre pasa lo mismo, se resuelve por actitudes bondadosas de personas, ya sea una persona en el banco que le echa un poquito más de ganas para ayudarte o una persona en oficinas que decide ser más amable, eso se aprecia muchísimo, pero no es correcto, porque la institución no debe depender de persona buenas que ayuden por su propia voluntad, deben tener protocolos y procesos específicos para atender personas con discapacidad”.

La integrante de CoPesor aseveró que existen deficiencias en el trabajo legislativa para acabar con las barreras de inclusión, pues aunque algunas legisladoras y legisladores tienen apertura para contribuir, no es una voludad generalizada: “Un ejemplo de esto es que recientemente hubo alguna iniciativa para que se reformara la Ley de Protección y Defensa de Usuarios y Servicios Financieros en la que se contemplaban medidas y protocolos de inclusión de personas sordas, pero se quedó ahí, nunca pasó”.

Susana apuntó que los pocos avances que se logran en el ámbito legislativo no se llevan a la práctica por parte de las organizaciones gubernamentales, por lo que de nada sirve que se armonicen leyes, sino se va a destinar presupuesto; añadió que en los organismos de gobierno atienden a personas con discapacidad continúan con un modelo donde no ejecutan acciones, sino que se limitan a dar cursos de sensibilización y eso genera que no se avance.

Roberto Morris destacó la importancia de crear políticas públicas y regulaciones más inteligentes para personas sordas y con otra discapacidad, pues es un problema nacional e incluso internacional.

CoPeSor ha generado iniciativas en el Congreso de la Unión para tratar de corregir el déficit en materia de inclusión, la última fue una modificación a la Ley de Movilidad, que “aunque estaba muy completa tenía detalles que tienen que ver con los accesos de Lengua de Señas”, además de incorporar la accesibilidad cognitiva, la cual fue aprobada por diputados y fue enviada al Senado.

“Ya hemos llevado iniciativas al Congreso, hemos cabildeado con algunos diputados. Otra de nuestras misiones es estar al pendiente de que de verdad nuestros representantes en el Congreso están trabajando, en el tema, porque hay que tener en cuenta que muchas veces la inclusión no es tratada como una prioridad, no siempre nos hacen caso y no siempre pasan las propuestas que llevamos, pero lo intentamos”.

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#4 Tiempos

Hagamos Fan Fest, eso lo paga el pueblo | Columna de Haniel Valdés

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Acento Ajeno

 

La clase política potosina parece estar de acuerdo en una sola cosa: es hora de pelearse. Sin embargo para coordinarse y ahorrar dinero público, para cumplir promesas de campaña o terminar las obras conjuntas, para dialogar como adultos o políticos maduros, serios, profesionales, en lugar de andar tirando piedras con cuanta pregunta lanzan mis colegas del gremio, para eso: “no señor, no tenemos tiempo”.

El Mundial de 2026 está dejando una imagen que resume buena parte de la relación entre el gobernador Ricardo Gallardo y el alcalde Enrique Galindo: dos Fan Fest en la misma ciudad, financiados con recursos públicos distintos, promovidos por gobiernos distintos y dirigidos exactamente al mismo público, los potosinos.

Por un lado, el Gobierno del Estado adquirió un paquete de derechos de transmisión para llevar los partidos a San Luis Potosí, Soledad, Ciudad Valles y Rioverde. Por otro, el Ayuntamiento capitalino firmó sus propios acuerdos para organizar transmisiones en Plaza del Carmen.

La pregunta es inevitable: ¿era realmente necesario dos fan fest en la capital del estado?

Porque más allá de los argumentos políticos o administrativos que cada autoridad pueda presentar, el resultado práctico fue que dos gobiernos sostenidos por los mismos contribuyentes terminaron desarrollando estructuras paralelas para ofrecer exactamente el mismo servicio: que los ciudadanos vieran partidos del Mundial en espacios públicos.

Pantallas, logística, promoción, personal operativo, actividades complementarias y derechos de transmisión. Todo por duplicado.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha transparentado completamente cuánto costaron los derechos de transmisión en cada caso. Se especula que mientras el Ayuntamiento capitalino gastó unos 11 millones, el “tetrapack” estatal superó los 60 millones.

Estas cifras pueden o no ser ciertas, pero lo que sí se conoce es que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno del Estado comprometieron millones de pesos en contratos relacionados con sus Fan Fest destinando recursos para un mismo esquema de transmisiones mundialistas, solo que en dos plazas distintas.

El problema no es que existan eventos para acercar el Mundial a la gente. Eso puede justificarse perfectamente. El problema es la ausencia de coordinación institucional.

¿Alguien analizó cuánto habría costado un solo gran Fan Fest respaldado por ambas administraciones?

¿Alguien calculó cuánto dinero público se habría ahorrado compartiendo infraestructura, producción y permisos?

¿Alguien explicó por qué era mejor tener dos proyectos compitiendo entre sí en lugar de uno complementario?

La impresión que queda es incómoda: la rivalidad política terminó pesando más que la eficiencia administrativa.

Mientras los discursos oficiales hablan de unidad, promoción turística y convivencia familiar, las decisiones muestran otra cosa. Muestran dos gobiernos empeñados en demostrar quién podía organizar el mejor evento, aunque eso implique gastar más recursos públicos de los necesarios.

Yo veo dos niños pequeños, organizando su cumpleaños y peleados por ver quien hace la fiesta más linda. ¿El problema? Como los niños son de la misma familia, el dinero sale de la misma bolsa y los invitados son exactamente los mismos “amiguitos”.

El Mundial dura unas semanas. Las consecuencias de gastar sin coordinación permanecen mucho más tiempo.

Porque el dinero utilizado para financiar proyectos paralelos no pertenece ni al gobernador ni al alcalde. Pertenece a los ciudadanos.

Y los ciudadanos tienen derecho a preguntarse si realmente era indispensable pagar dos veces por lo mismo.

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SLP podría tener vuelos directos a España y Mazatlán

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La ruta a España sería una de las conexiones internacionales más ambiciosas para el aeropuerto potosino, declaró la titular de Sectur

Por: Redacción

San Luis Potosí podría sumar en los próximos años nuevas conexiones aéreas nacionales e internacionales. La aerolínea Volaris ya realiza estudios para evaluar la viabilidad de abrir vuelos directos desde el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga hacia Mazatlán y Madrid, confirmó la titular de la Secretaría de Turismo estatal (Sectur), Yolanda Josefina Cepeda Echavarría.

La funcionaria explicó que la empresa se encuentra en la fase de análisis de aforo de pasajeros y demanda potencial para determinar si ambas rutas pueden operar de manera rentable desde la entidad.

Cepeda Echavarría destacó que existe disposición de las aerolíneas para explorar destinos que actualmente no cuentan con conexión directa desde San Luis Potosí, lo que representa una oportunidad para fortalecer la conectividad aérea del estado y atraer un mayor número de visitantes.

Uno de los proyectos que genera mayor expectativa es la eventual ruta directa entre San Luis Potosí y Madrid, la cual abriría una puerta estratégica hacia el mercado europeo.

“Estamos haciendo todo lo necesario para atraer este tipo de vuelos”, afirmó la secretaria, quien señaló que el Gobierno estatal trabaja paralelamente en la promoción turística internacional para posicionar a San Luis Potosí como un destino atractivo para visitantes españoles.

La funcionaria explicó que la estrategia busca generar las condiciones necesarias para que una conexión aérea de este tipo tenga demanda suficiente tanto para viajeros de negocios como para turistas.

Además de los proyectos relacionados con el aeropuerto de la capital, Cepeda Echavarría informó que también existen avances para fortalecer la conectividad en la Huasteca potosina.

Detalló que en el Aeropuerto Nacional de Tamuín se encuentran en trámite dos posibles rutas aéreas que podrían iniciar operaciones una vez concluida la ampliación de la pista, proyecto que actualmente enfrenta retrasos debido a la adquisición de un terreno necesario para completar la obra.

La negociación, indicó, es encabezada por la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado y presenta avances positivos. De concretarse, la ampliación de la pista podría quedar concluida e inaugurarse a más tardar en 2029, permitiendo la llegada de nuevas operaciones aéreas a la región.

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“Yo puedo vestir lo que quiera”: diputado del PT justifica reloj Cartier

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Tomás Zavala defendió sus relojes de lujo asegurando que es un “empresario exitoso”, pese a representar a un distrito con altos niveles de pobreza y mantener una actividad legislativa cuestionada

Por: Redacción

El diputado local del Partido del Trabajo (PT), Tomás Zavala González, salió a defender el uso de un reloj Cartier valuado en hasta 380 mil pesos y aseguró que no tiene por qué ocultar su estilo de vida, pues afirmó que su fortuna proviene de sus negocios y no del servicio público.

Luego de que se exhibiera públicamente el accesorio de lujo, el legislador minimizó las críticas y sostuvo que puede usar “lo que quiera” porque, según dijo, todo lo ha ganado trabajando como empresario.

Yo puedo vestir lo que yo quiera porque yo me lo gano. A nadie le he robado”, declaró.

Zavala incluso reconoció que además del Cartier también utiliza relojes Rolex y afirmó que posee esos artículos desde hace años, aunque evitó dar detalles sobre el tamaño real de sus negocios.

“No te voy a decir todos”, respondió cuando se le pidió precisar sus empres as y fuentes de ingresos.

El diputado argumentó que la austeridad promovida por la llamada Cuarta Transformación debería aplicarse únicamente a “políticos que engañan al pueblo”

, deslindándose así del discurso que Morena y sus aliados han impulsado en los últimos años.

La austeridad es para los políticos que engañan al pueblo. Yo no estoy engañando al pueblo porque soy un empresario exitoso”, insistió.

Las declaraciones generaron cuestionamientos debido a que Zavala representa a una zona con importantes niveles de rezago social y porque su desempeño legislativo ha sido señalado por mantener baja participación en tribuna y escasa presencia en iniciativas de alto impacto público.

Pese a ello, el legislador sostuvo que fue elegido por la ciudadanía y negó cualquier incongruencia entre portar artículos de lujo y ejercer un cargo público.

“Yo aquí estoy porque el pueblo me eligió y vengo a servir al pueblo. Ya les dí un poco de entrevista, aquí estamos a la orden, aquí hay un amigo diputado”, concluyó.

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