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La agonía de los trámites telefónicos obligatorios para personas sordas en México
Bancos, instituciones gubernamentales e incluso servicios de emergencia carecen de protocolos para atender a la población con discapacidad auditiva
Por: Ana G Silva
La sordera es una de las discapacidades más comunes en el mundo: según datos del censo INEGI 2020, en México hay aproximadamente 2.3 millones de personas que padecen algún discapacidad auditiva; más del 50% son mayores de 60 años; alrededor del 34% tienen entre 30 y 59 años, 14% personas de 18 a 29 años y finalmente el 2% lo ocupan menores de edad; a pesar de esto, las políticas de inclusión para estas personas aún están lejos de ejecutarse, es por eso que La Orquesta conversó con Susana Gómez, secretaria y coordinadora de proyectos de la Coalición de Personas Sordas AC (CoPeSor), la cual trabaja en la generación de políticas públicas para este sector, y Roberto Morris, empresario y persona con hipoacusia (incapacidad total o parcial para escuchar sonidos en uno o ambos oídos), para conocer una cómo es lidiar con uno de los aspectos de la vida en donde mayor discriminación y atraso existe en materia de inclusión para personas sordas: los trámites que obligatoriamente se deben hacer por vía telefónica.
Roberto Morris denunció el pasado 29 de noviembre, a través de su cuenta de Twitter, la discriminación que sufre al ser una persona con dispacapacidad auditiva por parte de Banorte, pues el banco obliga a sus clientes y clientas a realizar ciertos trámites por vía telefónica:
Me canse de escribir que @BanorteEscucha y TODOS los bancos deben tener protocolos para que gente sorda pueda hacer trámites en persona y no OBLIGADAMENTE por teléfono ¡NO ESCUCHAMOS NADA!
Sus prácticas son discriminatorias.@CONAPRED @AsocBancosMx @CondusefMX
— Roberto Morris (@RobertoMorris) November 29, 2022
El mensaje recibió el apoyo de un número importante de personas y la respuesta tanto del banco como de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), sin embargo, estas fueron genéricas y no le ofrecieron ni a él ni a ninguna otra persona en la misma situación una solución.
Roberto contó que, como personas con hipoacusia, el usar un medios basado completamente auditivos, hace que trámites que deberían tomar cinco minutos tarden hasta una hora, si es que finalmente se pueden concretar. También apuntó que en ocasiones la falta de protocolos lo ha obligado a tener que repetir algunos trámites o hacer otros adicionales, esto le ocasiona tener que pagar costos adicionales continuamente.
“Es casi casi un impuesto que los bancos imponen a las personas con discapacidad, en mi caso auditiva, no sé cómo es para quienes tienen otras discapacidades, pero estoy seguro que tampoco existen los protocolos necesarios de atención”.
Susana Gómez dijo que estos trámites son una limitación al acceso para los servicios financieros, además de que pone a las personas sordas en vulnerabilidad para hacer una vida independiente, pues los hacen que necesitar de familiares u otras personas para solventar la dificultad; agregó que esto da pie a que se cometan abusos contra personas con discapacidad.
La activista apuntó que el problema es mucho más grande de lo que aparenta, ya que los colectivos de personas sordas son muy diversos y van desde personas hipoacúsicas, personas sordas que se comunican con Lengua de Señas, personas de la tercera edad que han perdido la audición, en el caso de las últimas se agudiza la dependencia de ayuda externa.
Gómez explicó que la situación no se limita a servicios bancarios, sino que se extiende a otras áreas e incluso instituciones pública, aunque en educación, acotó, ha habido voluntad, “no por parte de la SEP, sino en instituciones locales, también en algunos gobiernos como Tijuana, Jalisco y Michoacán que han abierto servicios de videollamadas para personas sordas” .
La representante de CoPeSor informó que uno de los casos más preocupantes es el de la seguridad, pues los números de emergencia, como el 911, son casi imposibles de utilizar para personas con discapacidad auditiva que se encuentran en peligro.
Morris agregó que la existencia de estas barreras de inclusión demuestra la falta de protocolos y procedimientos para personas sordas, pues pareciera que son “invisibles en la sociedad”:
“He vivido situaciones parecidas con la Secretaría de Relaciones Exteriores en el trámite del pasaporte, como eso de que te sientan y gritan tu nombre, no lo escuchas y nadie tiene la atención para avisarte; siempre pasa lo mismo, se resuelve por actitudes bondadosas de personas, ya sea una persona en el banco que le echa un poquito más de ganas para ayudarte o una persona en oficinas que decide ser más amable, eso se aprecia muchísimo, pero no es correcto, porque la institución no debe depender de persona buenas que ayuden por su propia voluntad, deben tener protocolos y procesos específicos para atender personas con discapacidad”.
La integrante de CoPesor aseveró que existen deficiencias en el trabajo legislativa para acabar con las barreras de inclusión, pues aunque algunas legisladoras y legisladores tienen apertura para contribuir, no es una voludad generalizada: “Un ejemplo de esto es que recientemente hubo alguna iniciativa para que se reformara la Ley de Protección y Defensa de Usuarios y Servicios Financieros en la que se contemplaban medidas y protocolos de inclusión de personas sordas, pero se quedó ahí, nunca pasó”.
Susana apuntó que los pocos avances que se logran en el ámbito legislativo no se llevan a la práctica por parte de las organizaciones gubernamentales, por lo que de nada sirve que se armonicen leyes, sino se va a destinar presupuesto; añadió que en los organismos de gobierno atienden a personas con discapacidad continúan con un modelo donde no ejecutan acciones, sino que se limitan a dar cursos de sensibilización y eso genera que no se avance.
Roberto Morris destacó la importancia de crear políticas públicas y regulaciones más inteligentes para personas sordas y con otra discapacidad, pues es un problema nacional e incluso internacional.
CoPeSor ha generado iniciativas en el Congreso de la Unión para tratar de corregir el déficit en materia de inclusión, la última fue una modificación a la Ley de Movilidad, que “aunque estaba muy completa tenía detalles que tienen que ver con los accesos de Lengua de Señas”, además de incorporar la accesibilidad cognitiva, la cual fue aprobada por diputados y fue enviada al Senado.
“Ya hemos llevado iniciativas al Congreso, hemos cabildeado con algunos diputados. Otra de nuestras misiones es estar al pendiente de que de verdad nuestros representantes en el Congreso están trabajando, en el tema, porque hay que tener en cuenta que muchas veces la inclusión no es tratada como una prioridad, no siempre nos hacen caso y no siempre pasan las propuestas que llevamos, pero lo intentamos”.
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Tensos como cuerda de piñata | Apuntes de Jorge Saldaña
APUNTES
La tensión entre la autoridad estatal y municipal está alcanzando límites peligrosos. Es una tensión diaria, inocultable, palpable y al rojo vivo.
A pesar de expresiones esporádicas como esa de “no es tiempo de enfrentarse con nadie”, las mismas duran lo que dos parpadeos, se disuelven a la velocidad de las redes y se transforman nuevamente en señalamientos de ida y vuelta.
Sin necesidad, los umbrales de tolerancia de Ricardo Gallardo y Enrique Galindo se desvanecen y el asunto ya traspasó lo institucional.
El núcleo del enojo —porque así lo comunican— radica en una suerte de competencia de colocación de mensajes y acciones que Gallardo los atribuye a Galindo y viceversa.
El riesgo es que esta guerra absurda se les salga de las manos y sean otros quienes, por “quedar bien”, escalen las hostilidades.
Se les llama “acomedidos”.
Gente que, asumiendo bandos y buscando una especie de “comprobación de lealtades”, toman “iniciativas” por su cuenta y alimentan el encono entre sus respectivos jefes.
Que eso ocurra es tanto como para un general no controlar el uso de su armamento ni a su tropa.
Como ejemplo, hace apenas un rato, el gobernador se quejó, notoriamente alterado y molesto, de que el municipio paga y pauta para que se difundan mentiras, como la del supuesto “búnker” del fraccionamiento Club de Golf, cuando se trató de un asunto doméstico (de alcances mucho más grotescos… pero finalmente un asunto íntimo con mucha violencia de género).
Por su parte, ayer domingo, el alcalde dejó ver en una entrevista (porque no acusó) que la manifestación en su contra… tenía todas las características de ser un acto de provocación.
Las mujeres inconformes se defendieron, como manada en peligro, insistiendo en que eran vecinas de la Garita de Jalisco, sin embargo, llamó la atención que no tuvieron intención de dialogar ni antes, durante ni después del evento.
Su consigna era muy vaga, poco clara, y el objetivo manifiesto, visto por muchos asistentes, era claramente arruinar el evento municipal. ¿Las mandaron? ¿Se mandaron solas? ¿Fue manifestación genuina? ¿Alguien ve Moros con tranchetes o tormentas en vasos con hielo?
El alcalde, en una frase, dejó ver lo que interpretó del asunto: “Lamento que se hayan cruzado esos límites.”
En ambos casos, estoy seguro (o por lo menos así me gusta pensar)
que ni el gobernador o el secretario general están enviando a “reventar” eventos de Galindo, ni el alcalde está detrás de los ataques mediáticos de los que se queja Ricardo.La responsabilidad de ambos es haber generado este ambiente de presión política a punto de erupción, produciendo sin control actos que ejecutan, con o sin consigna imaginaria, en el mejor de los casos, sus subalternos.
En el camino, el desgaste se lo llevan ellos, los corajes los padecen ellos, y mientras tanto, el ambiente político se enrarece y se polariza.
De acuerdo a lo que este aprendiz de reportero sabe, la comunicación institucional… es nula, lo que es un pésimo indicador.
Esta no es una guerra fría, es una guerra declarada y activa.
Habrá daños colaterales y al final pierde el Estado.
¿Cómo va a terminar esto?
Ambos gobiernos continúan con sus agendas de trabajo, y los dos tienen bastante qué presumir en obras y acciones: infraestructura, programas sociales, bacheo, iluminación, recuperación de espacios, grandes proyectos de movilidad, etc.
¿Para qué desviar la agenda pública de sus acciones desperdiciando su tiempo en efímeros golpeteos discursivos?
Finalmente, si están en guerra, ¿están seguros de controlar sus ejércitos?
Para nadie en los medios es un secreto que, con o sin conocimiento de sus jefes, perfiles y páginas son manejadas por funcionarios de Palacio (no me hagan dar nombres).
En una ruta hacia una tregua estratégica, ¿no sería sano para todos que cesaran la operación de sus portales “dejatemadreo”?
Es una idea.
Por lo menos dejarían de ser víctimas del algoritmo y de lo que ven en sus redes, que los está alterando y la ciudadanía lo nota.
Para cambiar la percepción, empiecen por cambiar la narrativa.
Yo soy Jorge Saldaña
Hasta mañana
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Seduvop denuncia robo de postes y cableado en la Vía Alterna
Leticia Vargas detalló que el hurto ha impedido que se concluya las obras de alumbrado
Por: Redacción
Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), denunció que la instalación del alumbrado público en la Vía Alterna y Avenida Salk ha sido severamente obstaculizada por el robo constante de infraestructura, incluyendo postes completos.
“Van a plena luz del día, los cortan, los cargan en camionetas y se los llevan, incluso los postes enteros. En Salk, tengo reportados más de 20 robos”, declaró Vargas Tinajero, al subrayar que ya se han interpuesto denuncias ante las autoridades correspondientes.
Aunque en algunos casos los responsables han sido detenidos, el problema persiste. Vargas no descarta que los responsables sean vecinos o personas que los venden por kilo , debido al tipo de materiales metálicos involucrados.
La funcionaria advirtió que estas acciones no solo afectan el desarrollo urbano, sino que ponen en riesgo la vida de quienes manipulan los cables, al hacerlo sin conocimientos técnicos ni medidas de seguridad. “Sí hay riesgo de electrocución, y es muy alto”, advirtió.
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1 de cada 5 embarazos en SLP es adolescente
La titular de los Servicios de Salud indicó que las embarazadas adolescentes tienen entre 13 y 17 años, aunque no hay un incremento inusual
Por: Redacción
Elizabeth Dávila Chávez, directora general de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, aseguró que no se ha registrado un incremento inusual en embarazos adolescentes durante el 2025, aunque reconoció que este fenómeno sigue presente y representa un desafío en salud pública pues uno de cada 5 embarazos son de menores de edad.
Dávila explicó que el porcentaje de embarazos en menores de edad se mantiene estable, dentro de los parámetros de años anteriores: “No se ha salido de la curva. Existen embarazos en adolescentes, pero no van a la alza.”
Según estimaciones de la dependencia, alrededor del 20% de los embarazos registrados anualmente en el estado corresponden a menores de edad, principalmente en rangos de 13 a 17 años. La funcionaria subrayó la gravedad del problema:
“Una madre de 13, 14 o 15 años es todavía una niña. Por eso estamos trabajando fuertemente para evitarlo.”
Para ello, destacó que se ejecutan programas dirigidos a la salud sexual y reproductiva de niñas, niños y adolescentes, con énfasis en la educación sexual, la prevención del embarazo no planificado y el acceso a servicios de salud. Estos esfuerzos se realizan en coordinación con los municipios, los DIFs y las instituciones educativas.
Dávila Chávez reiteró que, aunque la situación está contenida, no puede relajarse la estrategia, pues los embarazos adolescentes no solo implican riesgos para la salud de la madre y del bebé, sino también consecuencias sociales, educativas y económicas a largo plazo.
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