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La agonía de los trámites telefónicos obligatorios para personas sordas en México
Bancos, instituciones gubernamentales e incluso servicios de emergencia carecen de protocolos para atender a la población con discapacidad auditiva
Por: Ana G Silva
La sordera es una de las discapacidades más comunes en el mundo: según datos del censo INEGI 2020, en México hay aproximadamente 2.3 millones de personas que padecen algún discapacidad auditiva; más del 50% son mayores de 60 años; alrededor del 34% tienen entre 30 y 59 años, 14% personas de 18 a 29 años y finalmente el 2% lo ocupan menores de edad; a pesar de esto, las políticas de inclusión para estas personas aún están lejos de ejecutarse, es por eso que La Orquesta conversó con Susana Gómez, secretaria y coordinadora de proyectos de la Coalición de Personas Sordas AC (CoPeSor), la cual trabaja en la generación de políticas públicas para este sector, y Roberto Morris, empresario y persona con hipoacusia (incapacidad total o parcial para escuchar sonidos en uno o ambos oídos), para conocer una cómo es lidiar con uno de los aspectos de la vida en donde mayor discriminación y atraso existe en materia de inclusión para personas sordas: los trámites que obligatoriamente se deben hacer por vía telefónica.
Roberto Morris denunció el pasado 29 de noviembre, a través de su cuenta de Twitter, la discriminación que sufre al ser una persona con dispacapacidad auditiva por parte de Banorte, pues el banco obliga a sus clientes y clientas a realizar ciertos trámites por vía telefónica:
Me canse de escribir que @BanorteEscucha y TODOS los bancos deben tener protocolos para que gente sorda pueda hacer trámites en persona y no OBLIGADAMENTE por teléfono ¡NO ESCUCHAMOS NADA!
Sus prácticas son discriminatorias.@CONAPRED @AsocBancosMx @CondusefMX
— Roberto Morris (@RobertoMorris) November 29, 2022
El mensaje recibió el apoyo de un número importante de personas y la respuesta tanto del banco como de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), sin embargo, estas fueron genéricas y no le ofrecieron ni a él ni a ninguna otra persona en la misma situación una solución.
Roberto contó que, como personas con hipoacusia, el usar un medios basado completamente auditivos, hace que trámites que deberían tomar cinco minutos tarden hasta una hora, si es que finalmente se pueden concretar. También apuntó que en ocasiones la falta de protocolos lo ha obligado a tener que repetir algunos trámites o hacer otros adicionales, esto le ocasiona tener que pagar costos adicionales continuamente.
“Es casi casi un impuesto que los bancos imponen a las personas con discapacidad, en mi caso auditiva, no sé cómo es para quienes tienen otras discapacidades, pero estoy seguro que tampoco existen los protocolos necesarios de atención”.
Susana Gómez dijo que estos trámites son una limitación al acceso para los servicios financieros, además de que pone a las personas sordas en vulnerabilidad para hacer una vida independiente, pues los hacen que necesitar de familiares u otras personas para solventar la dificultad; agregó que esto da pie a que se cometan abusos contra personas con discapacidad.
La activista apuntó que el problema es mucho más grande de lo que aparenta, ya que los colectivos de personas sordas son muy diversos y van desde personas hipoacúsicas, personas sordas que se comunican con Lengua de Señas, personas de la tercera edad que han perdido la audición, en el caso de las últimas se agudiza la dependencia de ayuda externa.
Gómez explicó que la situación no se limita a servicios bancarios, sino que se extiende a otras áreas e incluso instituciones pública, aunque en educación, acotó, ha habido voluntad, “no por parte de la SEP, sino en instituciones locales, también en algunos gobiernos como Tijuana, Jalisco y Michoacán que han abierto servicios de videollamadas para personas sordas” .
La representante de CoPeSor informó que uno de los casos más preocupantes es el de la seguridad, pues los números de emergencia, como el 911, son casi imposibles de utilizar para personas con discapacidad auditiva que se encuentran en peligro.
Morris agregó que la existencia de estas barreras de inclusión demuestra la falta de protocolos y procedimientos para personas sordas, pues pareciera que son “invisibles en la sociedad”:
“He vivido situaciones parecidas con la Secretaría de Relaciones Exteriores en el trámite del pasaporte, como eso de que te sientan y gritan tu nombre, no lo escuchas y nadie tiene la atención para avisarte; siempre pasa lo mismo, se resuelve por actitudes bondadosas de personas, ya sea una persona en el banco que le echa un poquito más de ganas para ayudarte o una persona en oficinas que decide ser más amable, eso se aprecia muchísimo, pero no es correcto, porque la institución no debe depender de persona buenas que ayuden por su propia voluntad, deben tener protocolos y procesos específicos para atender personas con discapacidad”.
La integrante de CoPesor aseveró que existen deficiencias en el trabajo legislativa para acabar con las barreras de inclusión, pues aunque algunas legisladoras y legisladores tienen apertura para contribuir, no es una voludad generalizada: “Un ejemplo de esto es que recientemente hubo alguna iniciativa para que se reformara la Ley de Protección y Defensa de Usuarios y Servicios Financieros en la que se contemplaban medidas y protocolos de inclusión de personas sordas, pero se quedó ahí, nunca pasó”.
Susana apuntó que los pocos avances que se logran en el ámbito legislativo no se llevan a la práctica por parte de las organizaciones gubernamentales, por lo que de nada sirve que se armonicen leyes, sino se va a destinar presupuesto; añadió que en los organismos de gobierno atienden a personas con discapacidad continúan con un modelo donde no ejecutan acciones, sino que se limitan a dar cursos de sensibilización y eso genera que no se avance.
Roberto Morris destacó la importancia de crear políticas públicas y regulaciones más inteligentes para personas sordas y con otra discapacidad, pues es un problema nacional e incluso internacional.
CoPeSor ha generado iniciativas en el Congreso de la Unión para tratar de corregir el déficit en materia de inclusión, la última fue una modificación a la Ley de Movilidad, que “aunque estaba muy completa tenía detalles que tienen que ver con los accesos de Lengua de Señas”, además de incorporar la accesibilidad cognitiva, la cual fue aprobada por diputados y fue enviada al Senado.
“Ya hemos llevado iniciativas al Congreso, hemos cabildeado con algunos diputados. Otra de nuestras misiones es estar al pendiente de que de verdad nuestros representantes en el Congreso están trabajando, en el tema, porque hay que tener en cuenta que muchas veces la inclusión no es tratada como una prioridad, no siempre nos hacen caso y no siempre pasan las propuestas que llevamos, pero lo intentamos”.
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Aprueban ley Malena en el Congreso de SLP
Después de dos años inactiva, la reforma busca castigar los ataques con ácido a mujeres
Por: Redacción
El Pleno del Congreso de San Luis Potosí aprobó el pasado viernes la ley Malena, que tipifica como feminicidio en grado de tentativa los ataques con ácido a mujeres, convirtiéndose en el estado número 15 en aprobar esta legislación.
Esta iniciativa recibe su nombre por María Elena Ríos, saxofonista oaxaqueña, quien tras un ataque de ácido en 2019 ha encabezado la lucha para reconocer esta ley y dar penas más severas a los agresores que realizan estos actos de violencia.
La reforma modifica la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal del Estado, estableciendo penas de 40 a 70 años de cárcel a las personas que cometan este delito.
Martha Patricia Ardillas Aradillas, diputada promotora de esta iniciativa, señaló que la reforma representa un avance significativo para la protección de las mujeres y para visibilizar un tipo de violencia que, hasta ahora, era tratado como una simple lesión, sin reconocer la gravedad y el impacto que tiene en la vida de las víctimas.
Por su parte, María Elena Ríos, expresó en rueda de prensa su agradecimiento por el respaldo legislativo y señaló la importancia de la reforma, pues los ataques con ácido son una forma extrema de violencia que destruye la vida de las mujeres, no solo físicamente sino también emocional y socialmente .
Esta reforma también busca visibilizar los ataques con ácido y otras sustancias como actos de violencia extrema y no solo “violencia física”, esto con el objetivo de poder implementar acciones específicas para su prevención y erradicación, y garantizar la procuración de justicia dada la naturaleza única de estos ataques.
Además, la ley estipula que las agresiones de este tipo, aunque no causen alteraciones inmediatas en la salud de la víctima, serán tratadas como intentos de feminicidio.
La ley permaneció “congelada” durante dos años, ya que fue turnada para su revisión en comisionen en marzo del 2023, pero no fue votada y aprobada hasta abril de este año.
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El fin del Realito… ¿se acerca?
Autoridades de los diferentes órdenes de gobierno analizan la rescisión del contrato e invertir en otras obras de infraestructura hídrica
Por: Bernardo Vera
Las constantes fallas por el servicio de agua proveído por el acueducto de El Realito, así como la aparición de alternativas de proveeduría de agua potable a la zona metropolitana, vislumbran de manera más cercana una posible rescisión del contrato con la empresa Aquos.
Dario Fernando González Castillo, delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en San Luis Potosí, detalló que han tenido acercamiento con el gobierno del estado, y el tema ha sido abordado en las oficinas centrales de esta dependencia federal.
Externó que hay una propuesta por parte del área jurídica de la Conagua; en caso de concretarse una rescisión, deberá existir un proceso de mediación y avenencia con las partes afectadas y la empresa.
“En una rescisión se tendrían que ver tanto los temas de adeudo que tiene la empresa española con el gobierno, y los mismos adeudos que se tuvieran sobre el manejo y mantenimiento por parte del gobierno hacia la empresa. Por eso se ve el tema conciliador, para poderlo terminar de esa forma, que es la propuesta que ha hecho el jurídico de Conagua y es lo primero que se está buscando”.
Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, externó su aprobación de rescindir el contrato con el Realito, en caso de que no vaya a remediarse sus inconsistencias de manera pronta.
Agregó que anteriormente había hasta setenta colonias afectadas por las fallas del Realito, y actualmente se ha reducido a cuarenta, luego de conectarlas a la red de pozos. Sin embargo, aún queda un buen número de colonias afectadas, que representan hasta 30 mil habitantes sin el servicio de agua, o entregado de mala calidad por la empresa Aquos.
“Yo sigo pagando al Realito. Cada mes que le pago el Realito podría iniciar la perforación de un nuevo pozo, yo pago cuatro o 5 millones de pesos mensuales al Realito, sin agua; si tuviera agua le pagaría 15. Sin agua, yo podría estar perforando pozos cada dos meses, terminarlos y resolver el tema del Realito”, manifestó.
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La muerte del Papa Francisco: un testigo potosino en el corazón del Vaticano
Jesús Priego, sacerdote y rector en Roma, vivió de cerca la partida del Santo Padre, quien nos contó sobre el legado que deja
Por: Ana G Silva
Desde Roma, el sacerdote potosino Juan Jesús Priego Rivera, colaborador de La Orquesta, ex vocero del Arzobispado de San Luis Potosí y actual rector del Pontificio Colegio Mexicano, vivió de forma cercana e intensa la noticia del fallecimiento del Papa Francisco, la cual calificó como inesperada, a pesar del deterioro en la salud del pontífice.
“Habíamos seguido los reportes médicos, y aunque eran pesimistas, cuando lo vimos salir a dar la bendición el domingo (día de la Resurrección), nos llenamos de esperanza”, expresó el sacerdote en entrevista. Sin embargo, un derrame cerebral terminó por apagar la vida del pontífice, en lo que describió como un giro repentino que tomó por sorpresa incluso al entorno más cercano al Vaticano.
Priego Rivera relató que se encontraba en oración dentro de la capilla del Colegio cuando comenzaron a sonar las alertas: “Salí y llegaron muchos mensajes al mismo tiempo. Ahí supe que algo había pasado. Todos hablaban de la muerte del Santo Padre”.
Desde su rol como rector del Pontificio Colegio Mexicano —una institución que alberga a sacerdotes mexicanos en formación en Roma—, explicó que no hay un protocolo específico más allá de lo espiritual y lo simbólico: “Oramos por él, asistimos a las ceremonias, y recibiremos a los dos cardenales mexicanos electores, Carlos Aguiar Retes y Francisco Robles Ortega, quienes se hospedarán con nosotros durante el Cónclave”.
Priego también compartió el impacto emocional de la noticia: “Primero lo tomas con incredulidad. Pensé que quizá era otra noticia falsa. Pero cuando lo confirmas, te das cuenta de que se ha cerrado un capítulo importante para la Iglesia”.
Sobre el legado del Papa Francisco, el padre Jesús Priego fue claro: “Como toda figura fuerte, fue polémico. Pero si vemos su pontificado con objetividad, nos damos cuenta de que su prioridad era clara: llevar la Iglesia hacia los más pobres, hacia los olvidados, hacia los que viven en los márgenes”.
Priego subrayó también la relevancia de ese mensaje en el contexto mexicano: “Tenemos un país donde más de la mitad de la población vive en pobreza. El Papa insistía en no instrumentalizar al pobre, no convertirlo en un número o un voto. El pobre es una persona con necesidades reales: salud, empleo, seguridad. Y eso nos interpela a todos, no solo al Estado”.
Desde Roma, el sacerdote potosino se convierte en uno de los pocos mexicanos que están viviendo estos días desde el corazón de la Iglesia. Su testimonio, cercano y humano, lo describe como una figura papal que buscó tocar las heridas del mundo contemporáneo.
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