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La agonía de los trámites telefónicos obligatorios para personas sordas en México
Bancos, instituciones gubernamentales e incluso servicios de emergencia carecen de protocolos para atender a la población con discapacidad auditiva
Por: Ana G Silva
La sordera es una de las discapacidades más comunes en el mundo: según datos del censo INEGI 2020, en México hay aproximadamente 2.3 millones de personas que padecen algún discapacidad auditiva; más del 50% son mayores de 60 años; alrededor del 34% tienen entre 30 y 59 años, 14% personas de 18 a 29 años y finalmente el 2% lo ocupan menores de edad; a pesar de esto, las políticas de inclusión para estas personas aún están lejos de ejecutarse, es por eso que La Orquesta conversó con Susana Gómez, secretaria y coordinadora de proyectos de la Coalición de Personas Sordas AC (CoPeSor), la cual trabaja en la generación de políticas públicas para este sector, y Roberto Morris, empresario y persona con hipoacusia (incapacidad total o parcial para escuchar sonidos en uno o ambos oídos), para conocer una cómo es lidiar con uno de los aspectos de la vida en donde mayor discriminación y atraso existe en materia de inclusión para personas sordas: los trámites que obligatoriamente se deben hacer por vía telefónica.
Roberto Morris denunció el pasado 29 de noviembre, a través de su cuenta de Twitter, la discriminación que sufre al ser una persona con dispacapacidad auditiva por parte de Banorte, pues el banco obliga a sus clientes y clientas a realizar ciertos trámites por vía telefónica:
Me canse de escribir que @BanorteEscucha y TODOS los bancos deben tener protocolos para que gente sorda pueda hacer trámites en persona y no OBLIGADAMENTE por teléfono ¡NO ESCUCHAMOS NADA!
Sus prácticas son discriminatorias.@CONAPRED @AsocBancosMx @CondusefMX
— Roberto Morris (@RobertoMorris) November 29, 2022
El mensaje recibió el apoyo de un número importante de personas y la respuesta tanto del banco como de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), sin embargo, estas fueron genéricas y no le ofrecieron ni a él ni a ninguna otra persona en la misma situación una solución.
Roberto contó que, como personas con hipoacusia, el usar un medios basado completamente auditivos, hace que trámites que deberían tomar cinco minutos tarden hasta una hora, si es que finalmente se pueden concretar. También apuntó que en ocasiones la falta de protocolos lo ha obligado a tener que repetir algunos trámites o hacer otros adicionales, esto le ocasiona tener que pagar costos adicionales continuamente.
“Es casi casi un impuesto que los bancos imponen a las personas con discapacidad, en mi caso auditiva, no sé cómo es para quienes tienen otras discapacidades, pero estoy seguro que tampoco existen los protocolos necesarios de atención”.
Susana Gómez dijo que estos trámites son una limitación al acceso para los servicios financieros, además de que pone a las personas sordas en vulnerabilidad para hacer una vida independiente, pues los hacen que necesitar de familiares u otras personas para solventar la dificultad; agregó que esto da pie a que se cometan abusos contra personas con discapacidad.
La activista apuntó que el problema es mucho más grande de lo que aparenta, ya que los colectivos de personas sordas son muy diversos y van desde personas hipoacúsicas, personas sordas que se comunican con Lengua de Señas, personas de la tercera edad que han perdido la audición, en el caso de las últimas se agudiza la dependencia de ayuda externa.
Gómez explicó que la situación no se limita a servicios bancarios, sino que se extiende a otras áreas e incluso instituciones pública, aunque en educación, acotó, ha habido voluntad, “no por parte de la SEP, sino en instituciones locales, también en algunos gobiernos como Tijuana, Jalisco y Michoacán que han abierto servicios de videollamadas para personas sordas” .
La representante de CoPeSor informó que uno de los casos más preocupantes es el de la seguridad, pues los números de emergencia, como el 911, son casi imposibles de utilizar para personas con discapacidad auditiva que se encuentran en peligro.
Morris agregó que la existencia de estas barreras de inclusión demuestra la falta de protocolos y procedimientos para personas sordas, pues pareciera que son “invisibles en la sociedad”:
“He vivido situaciones parecidas con la Secretaría de Relaciones Exteriores en el trámite del pasaporte, como eso de que te sientan y gritan tu nombre, no lo escuchas y nadie tiene la atención para avisarte; siempre pasa lo mismo, se resuelve por actitudes bondadosas de personas, ya sea una persona en el banco que le echa un poquito más de ganas para ayudarte o una persona en oficinas que decide ser más amable, eso se aprecia muchísimo, pero no es correcto, porque la institución no debe depender de persona buenas que ayuden por su propia voluntad, deben tener protocolos y procesos específicos para atender personas con discapacidad”.
La integrante de CoPesor aseveró que existen deficiencias en el trabajo legislativa para acabar con las barreras de inclusión, pues aunque algunas legisladoras y legisladores tienen apertura para contribuir, no es una voludad generalizada: “Un ejemplo de esto es que recientemente hubo alguna iniciativa para que se reformara la Ley de Protección y Defensa de Usuarios y Servicios Financieros en la que se contemplaban medidas y protocolos de inclusión de personas sordas, pero se quedó ahí, nunca pasó”.
Susana apuntó que los pocos avances que se logran en el ámbito legislativo no se llevan a la práctica por parte de las organizaciones gubernamentales, por lo que de nada sirve que se armonicen leyes, sino se va a destinar presupuesto; añadió que en los organismos de gobierno atienden a personas con discapacidad continúan con un modelo donde no ejecutan acciones, sino que se limitan a dar cursos de sensibilización y eso genera que no se avance.
Roberto Morris destacó la importancia de crear políticas públicas y regulaciones más inteligentes para personas sordas y con otra discapacidad, pues es un problema nacional e incluso internacional.
CoPeSor ha generado iniciativas en el Congreso de la Unión para tratar de corregir el déficit en materia de inclusión, la última fue una modificación a la Ley de Movilidad, que “aunque estaba muy completa tenía detalles que tienen que ver con los accesos de Lengua de Señas”, además de incorporar la accesibilidad cognitiva, la cual fue aprobada por diputados y fue enviada al Senado.
“Ya hemos llevado iniciativas al Congreso, hemos cabildeado con algunos diputados. Otra de nuestras misiones es estar al pendiente de que de verdad nuestros representantes en el Congreso están trabajando, en el tema, porque hay que tener en cuenta que muchas veces la inclusión no es tratada como una prioridad, no siempre nos hacen caso y no siempre pasan las propuestas que llevamos, pero lo intentamos”.
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Candidatos podrían usar exámenes de confianza como estrategia electoral: Ceepac
El consejero Juan Manuel Ramírez recordó que los exámenes ya no serán obligatorios para quienes busquen un cargo público en SLP
Por: Redacción
Aunque los exámenes de control y confianza serán voluntarios para quienes aspiren a un cargo de elección popular en San Luis Potosí, su aplicación podría convertirse en una herramienta de campaña para que las candidaturas busquen generar confianza entre el electorado, consideró Juan Manuel Ramírez García, consejero del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).
El funcionario explicó que, tras la reciente reforma electoral aprobada por el Congreso del Estado, las personas candidatas podrán decidir libremente si se someten a estas evaluaciones, sin que el resultado o la negativa a realizarlas represente un impedimento para competir en las elecciones de 2027.
“Puede convertirse en un elemento adicional de campaña”, señaló Ramírez García, al considerar que algunos partidos o aspirantes podrían utilizar voluntariamente estas pruebas como una forma de demostrar transparencia o fortalecer su imagen ante la ciudadanía.
El consejero indicó que el próximo proceso electoral será el primero en el que exista esta posibilidad, por lo que también servirá para evaluar el interés de las candidaturas en participar en el mecanismo y la respuesta que tenga entre el electorado.
Recordó que, durante la discusión de la reforma, el Congreso decidió eliminar la obligatoriedad de los exámenes de control y confianza al considerar que exigirlos como requisito para registrarse podría vulnerar el derecho constitucional de las personas a ser votadas.
Además de este cambio, la reforma electoral incorporó otras modificaciones relevantes que entrarán en vigor para el proceso electoral local de 2027, el cual iniciará formalmente en noviembre.
Entre ellas destaca la posibilidad de que personas en prisión preventiva, sin sentencia firme, puedan ejercer su derecho al voto; el uso de plataformas digitales para el registro de candidaturas y la realización de diversos trámites ante la autoridad electoral; así como nuevas reglas para la distribución del financiamiento público a los partidos políticos.
En este último punto, la legislación contempla mayores recursos destinados a actividades relacionadas con juventudes, mujeres, pueblos indígenas y comunidades afromexicanas.
Ramírez García señaló que será hasta el desarrollo del proceso electoral cuando pueda medirse el impacto real de estas modificaciones y, particularmente, si los exámenes de control y confianza terminan convirtiéndose en un factor que influya en las campañas o en la percepción de los votantes.
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Cerca de 200 migrantes potosinos son repatriados cada mes
El Gobierno estatal afirmó que las deportaciones no alcanzaron los niveles que se preveían
Por: Redacción
Aunque el endurecimiento de la política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump generó expectativas de deportaciones masivas, en San Luis Potosí el fenómeno ha sido menor de lo previsto. Cada mes, alrededor de 200 potosinos repatriados desde Estados Unidos reciben atención por parte del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI), informó su director, Luis Enrique Hernández Segura.
El funcionario aclaró que la cifra aún es estimada, ya que el Gobierno del Estado mantiene un proceso de validación de datos junto con el Instituto Nacional de Migración (INM) para determinar el número oficial de personas que han regresado a la entidad durante este año.
Hernández explicó que 2026 ha sido un periodo atípico en materia migratoria y aseguró que, contrario a lo que se anticipaba tras el cambio de políticas en Estados Unidos, las repatriaciones han mostrado una tendencia a la baja.
“El comportamiento de nuestros connacionales ha sido muy responsable”, señaló el titular del IMEI, al considerar que el impacto real de las medidas migratorias estadounidenses no ha alcanzado las dimensiones que se pronosticaban cuando comenzaron los anuncios del gobierno de Trump.
El director del instituto indicó que las personas que retornan a San Luis Potosí reciben acompañamiento a través de protocolos enfocados en cuatro ejes: identidad, salud, seguridad y asistencia social, con el objetivo de facilitar su reincorporación al estado.
Añadió que estos mecanismos también contemplan a familias que regresan con hijos nacidos en Estados Unidos o con doble nacionalidad, aunque reconoció que no existen datos específicos sobre programas diferenciados para menores binacionales ni sobre estrategias particulares para su incorporación a los sistemas educativo o de salud.
Hernández sostuvo que, además de atender a quienes regresan al estado, el IMEI participa en caravanas de servicios dirigidas a comunidades migrantes y sus familias, acciones que incluso se han extendido a otras entidades del país, aunque no precisó cuáles ni la frecuencia con la que se realizan.
Finalmente, insistió en que, pese a la atención mediática que ha recibido el tema migratorio durante los últimos meses, San Luis Potosí no ha registrado un incremento extraordinario en el número de repatriaciones y confió en que la tendencia continúe durante el resto del año.
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Reabren casi todos los parajes de la Huasteca tras tregua de las lluvias
La mayoría de los parajes de la Huasteca ya están abiertos tras mejorar las condiciones de los ríos. Solo El Jabalí sigue fuera de operación
Por: Redacción
Tras tres días consecutivos sin lluvias, la mayoría de los parajes turísticos de la Huasteca Potosina reanudaron actividades y ya reciben visitantes, informó la Secretaría de Turismo del Estado con base en el reporte más reciente elaborado en conjunto con la Coordinación Estatal de Protección Civil.
La disminución de las precipitaciones permitió que los niveles de los ríos descendieran y que el agua recuperara mayor claridad, lo que redujo los riesgos para los turistas que visitan la región durante el actual periodo vacacional.
De acuerdo con el informe correspondiente a este sábado 27 de junio, únicamente el paraje El Jabalí, en el municipio de Aquismón, permanece cerrado al público debido a las condiciones que aún presenta la zona.
En contraste, los principales atractivos turísticos de Tamasopo, Ciudad Valles, El Naranjo, Xilitla y el resto de Aquismón ya se encuentran abiertos, aunque algunos mantienen restricciones para determinadas actividades acuáticas como medida preventiva.
Las autoridades señalaron que la reapertura fue posible gracias a la mejora en las condiciones hidrológicas registradas durante la última mitad de la semana, luego de las intensas lluvias que provocaron el cierre temporal de diversos parajes por el incremento en los caudales y la alta turbiedad del agua.
La Secretaría de Turismo exhortó a los visitantes a respetar las indicaciones del personal de Protección Civil y de los operadores turísticos, ya que las restricciones vigentes buscan garantizar la seguridad de quienes acuden a disfrutar de los destinos naturales de la Huasteca.
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