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La agonía de los trámites telefónicos obligatorios para personas sordas en México
Bancos, instituciones gubernamentales e incluso servicios de emergencia carecen de protocolos para atender a la población con discapacidad auditiva
Por: Ana G Silva
La sordera es una de las discapacidades más comunes en el mundo: según datos del censo INEGI 2020, en México hay aproximadamente 2.3 millones de personas que padecen algún discapacidad auditiva; más del 50% son mayores de 60 años; alrededor del 34% tienen entre 30 y 59 años, 14% personas de 18 a 29 años y finalmente el 2% lo ocupan menores de edad; a pesar de esto, las políticas de inclusión para estas personas aún están lejos de ejecutarse, es por eso que La Orquesta conversó con Susana Gómez, secretaria y coordinadora de proyectos de la Coalición de Personas Sordas AC (CoPeSor), la cual trabaja en la generación de políticas públicas para este sector, y Roberto Morris, empresario y persona con hipoacusia (incapacidad total o parcial para escuchar sonidos en uno o ambos oídos), para conocer una cómo es lidiar con uno de los aspectos de la vida en donde mayor discriminación y atraso existe en materia de inclusión para personas sordas: los trámites que obligatoriamente se deben hacer por vía telefónica.
Roberto Morris denunció el pasado 29 de noviembre, a través de su cuenta de Twitter, la discriminación que sufre al ser una persona con dispacapacidad auditiva por parte de Banorte, pues el banco obliga a sus clientes y clientas a realizar ciertos trámites por vía telefónica:
Me canse de escribir que @BanorteEscucha y TODOS los bancos deben tener protocolos para que gente sorda pueda hacer trámites en persona y no OBLIGADAMENTE por teléfono ¡NO ESCUCHAMOS NADA!
Sus prácticas son discriminatorias.@CONAPRED @AsocBancosMx @CondusefMX
— Roberto Morris (@RobertoMorris) November 29, 2022
El mensaje recibió el apoyo de un número importante de personas y la respuesta tanto del banco como de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), sin embargo, estas fueron genéricas y no le ofrecieron ni a él ni a ninguna otra persona en la misma situación una solución.
Roberto contó que, como personas con hipoacusia, el usar un medios basado completamente auditivos, hace que trámites que deberían tomar cinco minutos tarden hasta una hora, si es que finalmente se pueden concretar. También apuntó que en ocasiones la falta de protocolos lo ha obligado a tener que repetir algunos trámites o hacer otros adicionales, esto le ocasiona tener que pagar costos adicionales continuamente.
“Es casi casi un impuesto que los bancos imponen a las personas con discapacidad, en mi caso auditiva, no sé cómo es para quienes tienen otras discapacidades, pero estoy seguro que tampoco existen los protocolos necesarios de atención”.
Susana Gómez dijo que estos trámites son una limitación al acceso para los servicios financieros, además de que pone a las personas sordas en vulnerabilidad para hacer una vida independiente, pues los hacen que necesitar de familiares u otras personas para solventar la dificultad; agregó que esto da pie a que se cometan abusos contra personas con discapacidad.
La activista apuntó que el problema es mucho más grande de lo que aparenta, ya que los colectivos de personas sordas son muy diversos y van desde personas hipoacúsicas, personas sordas que se comunican con Lengua de Señas, personas de la tercera edad que han perdido la audición, en el caso de las últimas se agudiza la dependencia de ayuda externa.
Gómez explicó que la situación no se limita a servicios bancarios, sino que se extiende a otras áreas e incluso instituciones pública, aunque en educación, acotó, ha habido voluntad, “no por parte de la SEP, sino en instituciones locales, también en algunos gobiernos como Tijuana, Jalisco y Michoacán que han abierto servicios de videollamadas para personas sordas” .
La representante de CoPeSor informó que uno de los casos más preocupantes es el de la seguridad, pues los números de emergencia, como el 911, son casi imposibles de utilizar para personas con discapacidad auditiva que se encuentran en peligro.
Morris agregó que la existencia de estas barreras de inclusión demuestra la falta de protocolos y procedimientos para personas sordas, pues pareciera que son “invisibles en la sociedad”:
“He vivido situaciones parecidas con la Secretaría de Relaciones Exteriores en el trámite del pasaporte, como eso de que te sientan y gritan tu nombre, no lo escuchas y nadie tiene la atención para avisarte; siempre pasa lo mismo, se resuelve por actitudes bondadosas de personas, ya sea una persona en el banco que le echa un poquito más de ganas para ayudarte o una persona en oficinas que decide ser más amable, eso se aprecia muchísimo, pero no es correcto, porque la institución no debe depender de persona buenas que ayuden por su propia voluntad, deben tener protocolos y procesos específicos para atender personas con discapacidad”.
La integrante de CoPesor aseveró que existen deficiencias en el trabajo legislativa para acabar con las barreras de inclusión, pues aunque algunas legisladoras y legisladores tienen apertura para contribuir, no es una voludad generalizada: “Un ejemplo de esto es que recientemente hubo alguna iniciativa para que se reformara la Ley de Protección y Defensa de Usuarios y Servicios Financieros en la que se contemplaban medidas y protocolos de inclusión de personas sordas, pero se quedó ahí, nunca pasó”.
Susana apuntó que los pocos avances que se logran en el ámbito legislativo no se llevan a la práctica por parte de las organizaciones gubernamentales, por lo que de nada sirve que se armonicen leyes, sino se va a destinar presupuesto; añadió que en los organismos de gobierno atienden a personas con discapacidad continúan con un modelo donde no ejecutan acciones, sino que se limitan a dar cursos de sensibilización y eso genera que no se avance.
Roberto Morris destacó la importancia de crear políticas públicas y regulaciones más inteligentes para personas sordas y con otra discapacidad, pues es un problema nacional e incluso internacional.
CoPeSor ha generado iniciativas en el Congreso de la Unión para tratar de corregir el déficit en materia de inclusión, la última fue una modificación a la Ley de Movilidad, que “aunque estaba muy completa tenía detalles que tienen que ver con los accesos de Lengua de Señas”, además de incorporar la accesibilidad cognitiva, la cual fue aprobada por diputados y fue enviada al Senado.
“Ya hemos llevado iniciativas al Congreso, hemos cabildeado con algunos diputados. Otra de nuestras misiones es estar al pendiente de que de verdad nuestros representantes en el Congreso están trabajando, en el tema, porque hay que tener en cuenta que muchas veces la inclusión no es tratada como una prioridad, no siempre nos hacen caso y no siempre pasan las propuestas que llevamos, pero lo intentamos”.
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Lááástima, Zu-ma-yi-ta. Apuntes de Jorge Saldaña.
Morena no le abrió la puerta; El PT le reevendió la entrada.
Culto Público, hijos de “En esta casa creemos en Morena y no entra el huachicol”:
Hay una escena creo que universal de esas que dan risa, lástima y vergüenza al mismo tiempo: esa en la que llega a una fiesta un colado sin invitación.
Pero no el colado con oficio. El otro. El que llega tarde, a la brava, sudado, con invitación comprada al vecino del primo de un amigo.
Lo dejan pasar, sí, pero por la puerta de atrás, la que huele a cocina y fritanga.
Adentro, los anfitriones ya se enteraron. Y sin escándalo, se van.
Eso pasó esta viernes en el WTC de la Ciudad de México con Gerardo Sánchez Zumaya, empresario huasteco que sueña —porque gratis todavía es— con ser gobernador de San Luis Potosí en 2027.
Llegó acá muy bravo, con acarreados, matracas, danzantes (de los de verdad -no sus asesores-) y anunciándose como abanderado de Morena para ser defensor de la Transformación.
Llegó a registrarse “porque si vamos a cumplir” -dijeron todo el día-, pero Morena hizo lo que hacen los anfitriones cuando llega el huelemoles que no estaba en la lista: se levantó de la mesa.
Ariadna Montiel y Citlalli Hernández estaban ahí. Cuando apareció Zumaya, se retiraron. El mensaje no necesitó una foto: ¿me concede este baile? No, señor. Con usted no. Ni por error.
Lo recibió el PT. Solo el PT. Y entonces el que entró bravo, salió como el emoji que aparece cuando uno escribe la palabra payaso.
Conviene recordar quién es Zumaya, porque él prefiere que la memoria pública ande distraída. Es originario de Tanquián de Escobedo, tiene unos 34 años y hace no tanto era un modesto comerciante local de la Huasteca.
Lo que vino después no lo explica en sus reels: en pocos años, su empresa Petrogesa y razones sociales vinculadas a su nombre acumularon contratos con Pemex que, según fuentes documentales, van de cientos a más de mil millones de pesos.
Las cifras bailan, pero la pregunta no: ¿cómo pasa un comerciante regional a contratista petrolero de esa escala en lo que tarda un sexenio en irse?
Sobre él pesan señalamientos por presunto lavado de dinero, facturero, huachicol y operaciones financieras que la UIF tiene documentadas con suficiencia.
La última es una acusación por un delito federal que generó una orden de aprehensión en su contra, y si está libre es porque se amparó. Y aquí conviene decirlo sin confundir a Usted mi Culto Público: un amparo no es absolución, es un paréntesis judicial, una puerta que dice “espere tantito”, no diploma de inocencia.
Eso revisó Morena antes de cerrarle la puerta al Batman de pacotilla. No fue la mano de Gallardo. No fue una conspiración contra el “incómodo” huasteco. Fue el filtro de no cargar perfiles con expedientes abiertos, operaciones sospechosas o vínculos que huelan a gasolina robada antes de empezar campaña.
Los demás aspirantes salieron con constancias de tres logos: Morena, PT y Verde. Zumaya salió con uno. Uno solito. El del partido que, al menos en San Luis Potosí, parece haber confundido la puerta de entrada con una taquilla.
Él dice que es lo mismo, pero no es lo mismo.
En política hay gestos que valen más que mil golpes de boletín:
Sheinbaum vino a San Luis Potosí. Vino a la Universidad Politécnica (que no a la UASLP para que ni se sigan adornando) Abrazó a Ricardo Gallardo, gobernador del Verde, ese mismo Verde al que Zumaya acusa de perseguirlo.
La presidenta abrazó Ricardo. No abrazó al huasteco. Y al día siguiente, en televisión nacional, circuló un reportaje sobre irregularidades atribuidas a Zumaya. Casualidad de agenda, dicen algunos. Sí, cómo no, y yo soy Mickey Mouse.
El mensaje no está cifrado: este perfil no es de nosotros. No lo avalamos. No nos lo carguen. (Rúmbele para Tabasco si quiere)
También está su voz. El audio que circuló de la conversación entre él, el otro huachicolero de Tekmol y el líder informativo de la huasteca, Samuel Roa.
Ese audio no revela a un empresario incomprendido ni a un político perseguido. Revela un tono de mafioso, ese de quienes creen que el dinero y las majaderías arregla todo lo que de la ley estorba y que el poder es herramienta personal antes que responsabilidad pública.
La voz no se ampara. Su postura de verdulera contra verdulera (con perdón de las mismas) los dibujó a los dos de la estatura que tienen.
Zumaya no lo dice, pero se le sale por todos sus orificios: quiere gobernar para cobrar. Para ajustar cuentas. Para convertir el Palacio de Gobierno en ventanilla de revancha. No para resolver el agua, la seguridad, el empleo o la pobreza. Quiere el poder como tribunal personal.
Esa es la razón más peligrosa para querer gobernar. Y es la única que tiene.
Lo malo es que Zumaya no se gobierna ni a sí mismo, y un hombre que no puede gobernar su avaricia, su enojo y su necesidad de revancha, no tiene autoridad moral para pedirle a San Luis Potosí las llaves de la casa.
Y entonces está el PT: el partido que en San Luis Potosí no actuó como partido, sino como revendedor.
Don Beto Anaya puede destituir al delegado potosino mañana. Puede desconocer el registro. Puede lavar la cara nacional del PT con un comunicado de tres párrafos. Lo que no puede deshacer es que su estructura en San Luis Potosí demostró, en un solo acto, que tiene precio y que el precio lo paga cualquiera que llegue con suficiente efectivo y misma desesperación.
El dato duele: el PT solo ronda el cuatro por ciento de votación en el estado. Cuatro. Zumaya presumió entrar a la fiesta de la Transformación por la puerta de un partido que, sin Morena, no llega ni al valet parking.
Al desnudo, Zumaya no es el transformador perseguido. No es el outsider incómodo. No es heredero de ninguna causa noble. Es un hombre con órdenes de aprehensión en suspenso por un amparo, con empresas que deben responder una pregunta básica —¿de dónde salió tanto dinero en tan poco tiempo?— y con un audio de su propia voz que ya lo describió mejor que cualquier columna.
Morena lo dijo sin decirlo. La presidenta lo dijo abrazando a otro. El reportaje nacional lo dijo con cifras y fechas. La constancia con un solo logo lo dijo en silencio. Los aspirantes que sí cargaron los tres emblemas lo dijeron con su sola presencia: Zumaya no es la 4T, es un “come cuando hay” de los que Sheinbaum se está sacudiendo. Igual que a los Rochas Moyas, los Andys, los Adanes y, sí…los Zumayitas.
Yo soy Jorge Saldaña.
Bonus: El registro morenista se cerró a las 12 de la noche de ayer. Los lugares eran seis y se anunciaron cuatro. Faltan dos. Un hombre y una mujer, que se pudieron registrar ya tarde y sin hacer ruido…(Se la dejo de tarea)
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Lo dicho: Morena le da palo a Sánchez Zumaya y no lo inscribe. El PT lo aceptó
Carlos Arreola, Aid Ávila, Ana Dora Cabrera, Daniel Montelongo y Antonio Lorca buscan encabezar el proyecto del partido guinda en SLP
Por: Redacción
Cinco perfiles han formalizado sus aspiraciones para encabezar la Coordinación Estatal de la Transformación y la Soberanía Nacional en San Luis Potosí, figura que podría convertirse en la antesala de la candidatura al Gobierno del Estado en 2027 dentro de una posible alianza integrada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Entre los registros destaca el caso del empresario huasteco Gerardo Sánchez Zumaya, quien no logró incorporarse al proceso interno del partido guinda debido a las investigaciones y expedientes federales que mantiene abiertos, por presunto lavado de dinero, huachicolero y otros delitos, mismos por los que se tuvo que amparar para no ser detenido luego de que se supiera que pesa sobre el una orden de aprehensión. Esta circunstancia le impidió poder inscribirse por Morena y solo lo respaldó el Partido del Trabajo, que no tiene ninguna cláusula de filtro para que se registren presuntos delincuentes.
La diferencia quedó reflejada incluso en las constancias de registro difundidas por los aspirantes. Mientras el resto presentan documentos con los emblemas de Morena, PT y PVEM, la constancia de Sánchez Zumaya únicamente contiene el logotipo petista.
Fuentes partidistas señalaron que Morena ha comenzado a aplicar criterios más estrictos para la selección de perfiles, en concordancia con la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para crear mecanismos internos de verificación de antecedentes, operaciones financieras sospechosas y posibles vínculos con actividades ilícitas de quienes aspiren a representar al movimiento en procesos electorales.
Entre quienes sí buscan la Coordinación Estatal se encuentra Aid Ávila, médico originario de la Huasteca Potosina, quien se identifica como fundador tanto del Partido Verde Ecologista como de Morena . En 2018 participó como promotor de la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador en Tamazunchale y, en 2021, intentó contender por la gubernatura, aunque su aspiración fue descartada por criterios de paridad de género.
También figura Ana Dora Cabrera Vázquez, periodista y activista con presencia en diversos espacios de participación ciudadana.
Otro de los aspirantes es Daniel Montelongo, militante con trayectoria partidista que se ha caracterizado por mantener una postura crítica hacia diversos actores de Morena y cuestionar públicamente el desempeño de funcionarios y representantes del movimiento.
Por su parte, Carlos Artemio Arreola Mallol, diputado local y presidente del Consejo Político Estatal de Morena, confirmó hace unas semanas su intención de participar en el proceso. Proveniente de una familia con amplia trayectoria política, durante meses posicionó el lema “Es tiempo de mujeres” antes de anunciar formalmente sus aspiraciones.
Finalmente, Antonio Lorca Valle informó que realizó su registro vía electrónica el pasado 24 de junio para buscar la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.
Aunque aún no se han definido los mecanismos finales de selección, el proceso comienza a perfilar a los actores que buscarán encabezar el proyecto político de la llamada Cuarta Transformación en San Luis Potosí rumbo a la sucesión gubernamental de 2027.
También lee: Morena cierra la puerta a Sánchez Zumaya; se registró por el PT
Ciudad
“El Realito” acumula 72 fallas y corta agua en 27 colonias
Desde 2021, el acueducto registra interrupciones recurrentes sin solución definitiva; la nueva suspensión deja sin servicio a colonias del norte, centro y oriente de la capital potosina.
Por: Redacción
Los tanques de almacenamiento del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Interapas) dejaron de recibir agua proveniente del acueducto “El Realito” la mañana de este viernes, en lo que sería la interrupción número 72 del sistema desde 2021; 27 colonias de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí quedaron sin servicio.
Para reducir el impacto, Interapas activó su protocolo de atención a contingencias, el mismo que aplica en cada suspensión del acueducto: distribuirá agua mediante pipas en las colonias afectadas y pondrá en operación pozos de reserva para amortiguar la falta del líquido.
La suspensión no estuvo acompañada de ningún comunicado oficial por parte de los operadores del sistema “El Realito”, lo que dejó a los usuarios sin información sobre las causas o la duración del corte. Fue Interapas quien activó la contingencia de manera unilateral ante la ausencia de flujo en sus tanques de almacenamiento.
El corte afecta a las colonias Balcones del Valle, Barrio de Santiago, Zona Centro, Himno Nacional secciones 1 y 2, Jardines de Oriente, La Esmeralda, Lomas de Satélite, Maya Mil, Ricardo B. Anaya, San Juan de Guadalupe, Simón Díaz, El Aguaje, Barrio de Tequis, Universitaria, Valle Dorado, Bella Vista, Colonia Jardín, Virreyes, Del Llano, San Patricio, Prados de San Vicente, Cecilia Occelli, Constitución, Viveros, Ciudadela e Independencia.
“El Realito” es el principal acueducto que abastece a la Zona Metropolitana de San Luis Potosí. Desde 2021, el sistema ha acumulado múltiples interrupciones derivadas de fallas en su operación, con una frecuencia que no ha disminuido a lo largo de los años. Con la suspensión de este viernes, el acueducto sumaría 72 fallas en cinco años, incrementando también el número de días totales en que la metrópoli ha dependido de pipas y pozos de emergencia para abastecerse.
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