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La agonía de los trámites telefónicos obligatorios para personas sordas en México
Bancos, instituciones gubernamentales e incluso servicios de emergencia carecen de protocolos para atender a la población con discapacidad auditiva
Por: Ana G Silva
La sordera es una de las discapacidades más comunes en el mundo: según datos del censo INEGI 2020, en México hay aproximadamente 2.3 millones de personas que padecen algún discapacidad auditiva; más del 50% son mayores de 60 años; alrededor del 34% tienen entre 30 y 59 años, 14% personas de 18 a 29 años y finalmente el 2% lo ocupan menores de edad; a pesar de esto, las políticas de inclusión para estas personas aún están lejos de ejecutarse, es por eso que La Orquesta conversó con Susana Gómez, secretaria y coordinadora de proyectos de la Coalición de Personas Sordas AC (CoPeSor), la cual trabaja en la generación de políticas públicas para este sector, y Roberto Morris, empresario y persona con hipoacusia (incapacidad total o parcial para escuchar sonidos en uno o ambos oídos), para conocer una cómo es lidiar con uno de los aspectos de la vida en donde mayor discriminación y atraso existe en materia de inclusión para personas sordas: los trámites que obligatoriamente se deben hacer por vía telefónica.
Roberto Morris denunció el pasado 29 de noviembre, a través de su cuenta de Twitter, la discriminación que sufre al ser una persona con dispacapacidad auditiva por parte de Banorte, pues el banco obliga a sus clientes y clientas a realizar ciertos trámites por vía telefónica:
Me canse de escribir que @BanorteEscucha y TODOS los bancos deben tener protocolos para que gente sorda pueda hacer trámites en persona y no OBLIGADAMENTE por teléfono ¡NO ESCUCHAMOS NADA!
Sus prácticas son discriminatorias.@CONAPRED @AsocBancosMx @CondusefMX
— Roberto Morris (@RobertoMorris) November 29, 2022
El mensaje recibió el apoyo de un número importante de personas y la respuesta tanto del banco como de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), 
Roberto contó que, como personas con hipoacusia, el usar un medios basado completamente auditivos, hace que trámites que deberían tomar cinco minutos tarden hasta una hora, si es que finalmente se pueden concretar. También apuntó que en ocasiones la falta de protocolos lo ha obligado a tener que repetir algunos trámites o hacer otros adicionales, esto le ocasiona tener que pagar costos adicionales continuamente.
“Es casi casi un impuesto que los bancos imponen a las personas con discapacidad, en mi caso auditiva, no sé cómo es para quienes tienen otras discapacidades, pero estoy seguro que tampoco existen los protocolos necesarios de atención”.
Susana Gómez dijo que estos trámites son una limitación al acceso para los servicios financieros, además de que pone a las personas sordas en vulnerabilidad para hacer una vida independiente, pues los hacen que necesitar de familiares u otras personas para solventar la dificultad; agregó que esto da pie a que se cometan abusos contra personas con discapacidad.
La activista apuntó que el problema es mucho más grande de lo que aparenta, ya que los colectivos de personas sordas son muy diversos y van desde personas hipoacúsicas, personas sordas que se comunican con Lengua de Señas, personas de la tercera edad que han perdido la audición, en el caso de las últimas se agudiza la dependencia de ayuda externa.
Gómez explicó que la situación no se limita a servicios bancarios, sino que se extiende a otras áreas e incluso instituciones pública, aunque en educación, acotó, ha habido voluntad, “no por parte de la SEP, sino en instituciones locales, también en algunos gobiernos como Tijuana, Jalisco y Michoacán que han abierto servicios de videollamadas para personas sordas” 
La representante de CoPeSor informó que uno de los casos más preocupantes es el de la seguridad, pues los números de emergencia, como el 911, son casi imposibles de utilizar para personas con discapacidad auditiva que se encuentran en peligro.
Morris agregó que la existencia de estas barreras de inclusión demuestra la falta de protocolos y procedimientos para personas sordas, pues pareciera que son “invisibles en la sociedad”:
“He vivido situaciones parecidas con la Secretaría de Relaciones Exteriores en el trámite del pasaporte, como eso de que te sientan y gritan tu nombre, no lo escuchas y nadie tiene la atención para avisarte; siempre pasa lo mismo, se resuelve por actitudes bondadosas de personas, ya sea una persona en el banco que le echa un poquito más de ganas para ayudarte o una persona en oficinas que decide ser más amable, eso se aprecia muchísimo, pero no es correcto, porque la institución no debe depender de persona buenas que ayuden por su propia voluntad, deben tener protocolos y procesos específicos para atender personas con discapacidad”.
La integrante de CoPesor aseveró que existen deficiencias en el trabajo legislativa para acabar con las barreras de inclusión, pues aunque algunas legisladoras y legisladores tienen apertura para contribuir, no es una voludad generalizada: “Un ejemplo de esto es que recientemente hubo alguna iniciativa para que se reformara la Ley de Protección y Defensa de Usuarios y Servicios Financieros en la que se contemplaban medidas y protocolos de inclusión de personas sordas, pero se quedó ahí, nunca pasó”.
Susana apuntó que los pocos avances que se logran en el ámbito legislativo no se llevan a la práctica por parte de las organizaciones gubernamentales, por lo que de nada sirve que se armonicen leyes, sino se va a destinar presupuesto; añadió que en los organismos de gobierno atienden a personas con discapacidad continúan con un modelo donde no ejecutan acciones, sino que se limitan a dar cursos de sensibilización y eso genera que no se avance.
Roberto Morris destacó la importancia de crear políticas públicas y regulaciones más inteligentes para personas sordas y con otra discapacidad, pues es un problema nacional e incluso internacional.
CoPeSor ha generado iniciativas en el Congreso de la Unión para tratar de corregir el déficit en materia de inclusión, la última fue una modificación a la Ley de Movilidad, que “aunque estaba muy completa tenía detalles que tienen que ver con los accesos de Lengua de Señas”, además de incorporar la accesibilidad cognitiva, la cual fue aprobada por diputados y fue enviada al Senado.
“Ya hemos llevado iniciativas al Congreso, hemos cabildeado con algunos diputados. Otra de nuestras misiones es estar al pendiente de que de verdad nuestros representantes en el Congreso están trabajando, en el tema, porque hay que tener en cuenta que muchas veces la inclusión no es tratada como una prioridad, no siempre nos hacen caso y no siempre pasan las propuestas que llevamos, pero lo intentamos”.
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El pasado 3 de julio el padre de “Chuy” Nava fue detenido por agresiones contra una mujer, sin embargo fue liberado a las pocas horas; no sería la primera carpeta en su contra por este delito
Por: Redacción
A casi un mes de la detención de J. Santos “N”, padre del presidente municipal de Cerro de San Pedro, Jesús “Chuy” Nava, perteneciente al PRI, el caso se ha convertido en un asunto con implicaciones políticas que amenazan con marcar el futuro del grupo que actualmente gobierna el municipio.
A través de redes sociales, habitantes del municipio han externado sus dudas sobre la actuación de las autoridades, los señalamientos de un posible tráfico de influencias, las versiones sobre presuntas presiones para que la víctima otorgara el perdón y el antecedente de otras investigaciones por hechos similares han colocado al gobierno municipal en el centro de una controversia que trasciende el ámbito judicial y comienza a impactar la imagen del proyecto político de la familia Nava.
La madrugada del 3 de julio comenzaron a difundirse en redes sociales reportes ciudadanos sobre la presunta detención de J. Santos “N”, identificado como padre del alcalde de Cerro de San Pedro.
De acuerdo con las versiones difundidas por vecinos, el hombre habría sido asegurado tras un incidente en agravio de una mujer identificada como Mayra “N”. También trascendió que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos.
La información señalaba que el detenido fue trasladado a las celdas preventivas mientras se definía su situación jurídica. Sin embargo, horas más tarde comenzaron a circular publicaciones que afirmaban que había recuperado su libertad el mismo día.
Las críticas por el hecho se dirigieron hacia el presidente municipal, al considerar que su parentesco con el señalado podía influir en el desarrollo del procedimiento.
Durante los días posteriores, diversos usuarios en redes sociales exigieron que el caso fuera investigado sin privilegios, mientras reclamaban que la ley se aplicara de la misma manera que en cualquier otro asunto de violencia contra las mujeres.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha explicado públicamente cuál fue el seguimiento jurídico del caso.
No se ha informado cuáles fueron las actuaciones ministeriales derivadas de la detención, si la investigación continúa abierta, ni bajo qué circunstancias se determinó la situación jurídica del señalado. Tampoco existe una postura oficial que responda a los cuestionamientos surgidos entre la población respecto al procedimiento.
Fuentes cercanas al caso consultadas por este medio aseguraron que la víctima habría sido presionada para otorgar el perdón al presunto agresor. Aunque esta versión no ha sido confirmada por la Fiscalía General del Estado ni por otra autoridad competente, representa uno de los principales cuestionamientos que rodean el caso, debido a que pondría en entredicho las condiciones en las que se desarrolló el procedimiento.
De acuerdo con información obtenida por este medio, esta no sería la primera carpeta de investigación relacionada con presuntos hechos de violencia que enfrenta J. Santos “N”; pues hay dos más en los años 2019 y 2020.
La dimensión política comenzó prácticamente desde el primer día. Diversas publicaciones ciudadanas en Facebook cuestionaron que el padre del alcalde recuperara su libertad pocas horas después de su detención y señalaron un posible uso de influencias para favorecerlo.
Incluso algunos mensajes compararon el caso con otros procesos de violencia contra mujeres que sí derivaron en condenas penales, argumentando que la aplicación de la justicia parece variar cuando los involucrados mantienen vínculos con el poder político.
El caso también coincide con el momento en que distintos grupos políticos comienzan a preparar la sucesión municipal.
Fuentes cercanas a la vida política de Cerro de San Pedro señalaron a este medio que integrantes de la familia del actual presidente municipal buscan mantenerse como un grupo con influencia dentro del gobierno local una vez concluida la administración encabezada por Jesús “Chuy” Nava.
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La buena noticia es que, comparado con junio de 2025, el indicador bajó 12.3 puntos porcentuales, lo que refleja una mejora respecto al año pasado
Por: Ana G Silva
La percepción de inseguridad entre los habitantes de San Luis Potosí aumentó durante el segundo trimestre de 2026, en contraste con la tendencia nacional, que registró una disminución. Sin embargo, al comparar los resultados con el mismo periodo del año pasado, la entidad muestra una mejora importante de más de 12 puntos porcentuales.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada este 24 de julio por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló que el 62.5 por ciento de la población de 18 años y más en la ciudad de San Luis Potosí considera que vivir en la capital es inseguro, frente al 57.6 por ciento reportado en marzo de este mismo año.
Este incremento ocurre mientras que, a nivel nacional, la percepción de inseguridad siguió una trayectoria opuesta. En el conjunto de las 91 ciudades evaluadas por la ENSU, el porcentaje de personas que consideran insegura su ciudad pasó de 61.5 a 59.8 por ciento, lo que representó una disminución estadísticamente significativa respecto al trimestre anterior.
Aunque el aumento registrado en San Luis Potosí no fue señalado por el INEGI como un cambio estadísticamente significativo, sí coloca a la capital potosina por encima del promedio nacional, pues casi dos de cada tres habitantes continúan percibiendo a la ciudad como un lugar inseguro para vivir.
La comparación anual muestra un panorama distinto
Pese al incremento observado entre marzo y junio de este año, el comportamiento cambia al revisar el comparativo anual.
En junio de 2025, 74.8 por ciento de los habitantes de San Luis Potosí afirmaba sentirse inseguro en la ciudad. Para junio de 2026, esa cifra disminuyó a 62.5 por ciento
Esta reducción coloca a San Luis Potosí entre las ciudades que lograron mejorar su percepción de seguridad respecto al año anterior. De acuerdo con la ENSU, 23 ciudades del país registraron disminuciones significativas en la percepción de inseguridad durante el último año, mientras que únicamente seis presentaron incrementos.
A nivel nacional también se observó una mejora anual, al pasar de 63.2 por ciento en junio de 2025 a 59.8 por ciento en junio de 2026.
A pesar de la mejora anual, la capital potosina continúa ubicándose ligeramente por encima del promedio del país en percepción de inseguridad.
Mientras el promedio nacional se ubicó en 59.8 por ciento, en San Luis Potosí alcanzó 62.5 por ciento, una diferencia de 2.7 puntos porcentuales, lo que refleja que la percepción ciudadana sobre la seguridad aún no logra alinearse con la tendencia nacional de recuperación.
La ENSU mide trimestralmente la percepción de seguridad de la población de 18 años y más en 91 ciudades del país, con el objetivo de generar información sobre la forma en que la ciudadanía evalúa las condiciones de seguridad pública y aportar elementos para el diseño de políticas públicas en esta materia.
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La Fiscalía potosina, en coordinación con fuerzas estatales y federales, detuvo a un presunto involucrado en la agresión ocurrida la mañana de este domingo
Por: Redacción
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informa que, tras la agresión a la Guardia Civil Estatal ocurrida esta mañana en la comunidad de Cerrito de la Cruz, en la delegación de La Pila, de esta capital, y en la que fallecieron dos elementos de dicha corporación, la Policía de Investigación, la Guardia Civil Estatal y el Ejército Mexicano aseguraron a un presunto involucrado en estos hechos.
El operativo de rastreo y búsqueda interinstitucional se activó justo después de que los números de emergencia reportaran esta mañana la agresión a policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, mientras que personal de la Vicefiscalía Científica recupera indicios en el lugar para fortalecer las investigaciones
La FGESLP agregó que, conforme avancen las diligencias, se dará a conocer la actualización correspondiente a través de los canales institucionales, con el fin de no afectar el desarrollo de la investigación.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí refrenda su compromiso de trabajar con probidad, profesionalismo y justicia a favor de las y los potosinos.
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