agosto 8, 2026

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La agonía de los trámites telefónicos obligatorios para personas sordas en México

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Bancos, instituciones gubernamentales e incluso servicios de emergencia carecen de protocolos para atender a la población con discapacidad auditiva

Por: Ana G Silva

La sordera es una de las discapacidades más comunes en el mundo: según datos del censo INEGI 2020, en México hay aproximadamente 2.3 millones de personas que padecen algún discapacidad auditiva; más del 50% son mayores de 60 años; alrededor del 34% tienen entre 30 y 59 años, 14% personas de 18 a 29 años y finalmente el 2% lo ocupan menores de edad; a pesar de esto, las políticas de inclusión para estas personas aún están lejos de ejecutarse, es por eso que La Orquesta conversó con Susana Gómez, secretaria y coordinadora de proyectos de la Coalición de Personas Sordas AC (CoPeSor), la cual trabaja en la generación de políticas públicas para este sector, y Roberto Morris, empresario y persona con hipoacusia (incapacidad total o parcial para escuchar sonidos en uno o ambos oídos), para conocer una cómo es lidiar con uno de los aspectos de la vida en donde mayor discriminación y atraso existe en materia de inclusión para personas sordas: los trámites que obligatoriamente se deben hacer por vía telefónica.

Roberto Morris denunció el pasado 29 de noviembre, a través de su cuenta de Twitter, la discriminación que sufre al ser una persona con dispacapacidad auditiva por parte de Banorte, pues el banco obliga a sus clientes y clientas a realizar ciertos trámites por vía telefónica:

 

El mensaje recibió el apoyo de un número importante de personas y la respuesta tanto del banco como de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef),

sin embargo, estas fueron genéricas y no le ofrecieron ni a él ni a ninguna otra persona en la misma situación una solución.

Roberto contó que, como personas con hipoacusia, el usar un medios basado completamente auditivos, hace que trámites que deberían tomar cinco minutos tarden hasta una hora, si es que finalmente se pueden concretar. También apuntó que en ocasiones la falta de protocolos lo ha obligado a tener que repetir algunos trámites o hacer otros adicionales, esto le ocasiona tener que pagar costos adicionales continuamente.

Es casi casi un impuesto que los bancos imponen a las personas con discapacidad, en mi caso auditiva, no sé cómo es para quienes tienen otras discapacidades, pero estoy seguro que tampoco existen los protocolos necesarios de atención”.

Susana Gómez dijo que estos trámites son una limitación al acceso para los servicios financieros, además de que pone a las personas sordas en vulnerabilidad para hacer una vida independiente, pues los hacen que necesitar de familiares u otras personas para solventar la dificultad; agregó que esto da pie a que se cometan abusos contra personas con discapacidad.

La activista apuntó que el problema es mucho más grande de lo que aparenta, ya que los colectivos de personas sordas son muy diversos y van desde personas hipoacúsicas, personas sordas que se comunican con Lengua de Señas, personas de la tercera edad que han perdido la audición, en el caso de las últimas se agudiza la dependencia de ayuda externa.

Gómez explicó que la situación no se limita a servicios bancarios, sino que se extiende a otras áreas e incluso instituciones pública, aunque en educación, acotó, ha habido voluntad, “no por parte de la SEP, sino en instituciones locales, también en algunos gobiernos como Tijuana, Jalisco y Michoacán que han abierto servicios de videollamadas para personas sordas”

.

La representante de CoPeSor informó que uno de los casos más preocupantes es el de la seguridad, pues los números de emergencia, como el 911, son casi imposibles de utilizar para personas con discapacidad auditiva que se encuentran en peligro.

Morris agregó que la existencia de estas barreras de inclusión demuestra la falta de protocolos y procedimientos para personas sordas, pues pareciera que son “invisibles en la sociedad”:

“He vivido situaciones parecidas con la Secretaría de Relaciones Exteriores en el trámite del pasaporte, como eso de que te sientan y gritan tu nombre, no lo escuchas y nadie tiene la atención para avisarte; siempre pasa lo mismo, se resuelve por actitudes bondadosas de personas, ya sea una persona en el banco que le echa un poquito más de ganas para ayudarte o una persona en oficinas que decide ser más amable, eso se aprecia muchísimo, pero no es correcto, porque la institución no debe depender de persona buenas que ayuden por su propia voluntad, deben tener protocolos y procesos específicos para atender personas con discapacidad”.

La integrante de CoPesor aseveró que existen deficiencias en el trabajo legislativa para acabar con las barreras de inclusión, pues aunque algunas legisladoras y legisladores tienen apertura para contribuir, no es una voludad generalizada: “Un ejemplo de esto es que recientemente hubo alguna iniciativa para que se reformara la Ley de Protección y Defensa de Usuarios y Servicios Financieros en la que se contemplaban medidas y protocolos de inclusión de personas sordas, pero se quedó ahí, nunca pasó”.

Susana apuntó que los pocos avances que se logran en el ámbito legislativo no se llevan a la práctica por parte de las organizaciones gubernamentales, por lo que de nada sirve que se armonicen leyes, sino se va a destinar presupuesto; añadió que en los organismos de gobierno atienden a personas con discapacidad continúan con un modelo donde no ejecutan acciones, sino que se limitan a dar cursos de sensibilización y eso genera que no se avance.

Roberto Morris destacó la importancia de crear políticas públicas y regulaciones más inteligentes para personas sordas y con otra discapacidad, pues es un problema nacional e incluso internacional.

CoPeSor ha generado iniciativas en el Congreso de la Unión para tratar de corregir el déficit en materia de inclusión, la última fue una modificación a la Ley de Movilidad, que “aunque estaba muy completa tenía detalles que tienen que ver con los accesos de Lengua de Señas”, además de incorporar la accesibilidad cognitiva, la cual fue aprobada por diputados y fue enviada al Senado.

“Ya hemos llevado iniciativas al Congreso, hemos cabildeado con algunos diputados. Otra de nuestras misiones es estar al pendiente de que de verdad nuestros representantes en el Congreso están trabajando, en el tema, porque hay que tener en cuenta que muchas veces la inclusión no es tratada como una prioridad, no siempre nos hacen caso y no siempre pasan las propuestas que llevamos, pero lo intentamos”.

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Congreso del Estado

Deudores alimentarios podrían enfrentar cárcel por ocultar bienes en SLP

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Familiares o terceros que actúen como titulares aparentes de bienes también podrían ser sancionados

Por: Redacción

La diputada María Dolores Robles Chairez  presentó la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer las medidas contra quienes evadan deliberadamente sus obligaciones alimentarias y sancionar la participación de terceras personas que colaboren para impedir su cumplimiento.

La reforma busca cerrar espacios de impunidad mediante la incorporación de disposiciones que permitan identificar y sancionar conductas encaminadas a colocar de manera intencional al deudor alimentario en una situación de insolvencia, así como aquellas acciones realizadas con apoyo de terceros para ocultar o transferir bienes.

Explicó que la propuesta se desarrolla en dos vertientes principales: establecer de manera objetiva determinadas conductas evasivas del deudor alimentario y penalizar la coparticipación de terceras personas que, con conocimiento de la obligación existente, contribuyan a impedir su cumplimiento.

La diputada María Dolores Robles Chairez destacó que la modificación busca brindar mayores herramientas jurídicas para proteger el derecho de niñas, niños y demás personas acreedoras alimentarias, evitando que maniobras de carácter patrimonial sean utilizadas para obstaculizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad judicial.

Señaló que existen casos en los que los deudores alimentarios recurren a actos jurídicos o materiales que aparentemente pueden ser lícitos, pero que tienen como finalidad eludir sus responsabilidades. Entre estas prácticas se encuentran la renuncia voluntaria a empleos estables, la solicitud de licencias sin goce de sueldo durante periodos relacionados con procesos familiares y la transferencia de bienes a familiares o personas de confianza que actúan como titulares aparentes.

Con esta iniciativa se busca establecer que comete el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar quien se coloque intencionalmente en estado de insolvencia con el propósito de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias establecidas por la ley.

La legislación establecerá que, salvo prueba en contrario, se presumirá dicha intención cuando el deudor, sin causa justificada, renuncie a su empleo o solicite licencia sin goce de sueldo, cuando este constituya su único o principal medio para obtener ingresos.

Asimismo, se establecen sanciones para quienes, durante un proceso judicial o existiendo una resolución firme, enajenen intencionalmente de manera parcial o total sus bienes con la finalidad de eludir obligaciones alimentarias.

De igual manera, se sancionará a quienes, teniendo conocimiento de la existencia de una obligación alimentaria o de un proceso judicial en curso, ayuden al deudor a ocultar bienes, acepten figurar como titulares aparentes de estos o realicen actos jurídicos simulados con el propósito de evitar que se cumplan las obligaciones alimentarias.

Para estas conductas se contempla una sanción de seis meses a tres años de prisión, además de una sanción pecuniaria de 60 a 300 días del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia para su análisis y dictamen correspondiente.

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Ayuntamiento de SLP

SSPC de la Capital implementa operativo vial para agilizar accesos y salidas de la FENAPO 2026

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Durante la feria habrá modificaciones en avenida de las Torres, Simón Díaz y Francisco Martínez de la Vega, con rutas específicas para entrar y salir del recinto

Por: Redacción

Con el objetivo de agilizar la movilidad y facilitar el acceso de las familias a la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2026, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Capital, a través de la Dirección General de Policía Vial y Movilidad, implementa un operativo especial de circulación vehicular durante el desarrollo del evento.

Para el acceso de vehículos, se realiza cambio a un solo sentido de circulación en  la avenida de las Torres, de norponiente a suroriente, por lo que los vehículos que ingresen a la zona de la FENAPO deberán hacerlo desde Calzada de Guadalupe, utilizando esta vialidad como acceso principal. Como alternativa, se contará con un acceso secundario por avenida Simón Díaz, proveniente de avenida de la Constitución.

Para la salida del recinto, el flujo vehicular se distribuirá principalmente hacia Circuito Potosí, mediante la incorporación desde avenida de las Torres. Como salida secundaria, los automovilistas podrán continuar por esta misma vialidad para incorporarse a avenida Simón Díaz, con dirección a avenida de la Constitución y el fraccionamiento Simón Díaz.

Como parte de la estrategia de movilidad, la avenida Francisco Martínez de la Vega, en el tramo comprendido entre avenida de las Torres y avenida Simón Díaz, permanecerá cerrada al tránsito vehicular. El primer tramo, de avenida de las Torres al callejón peatonal América del Sur,

será habilitado como callejón peatonal, mientras que el segundo tramo funcionará como zona exclusiva para ascenso y descenso de taxis.

La SSPC de la Capital exhorta a las y los asistentes a la FENAPO a planificar sus traslados, respetar la señalización y las indicaciones del personal de Policía Vial, así como considerar el uso de transporte público para facilitar la movilidad en los alrededores del recinto.

Estas medidas buscan mantener un flujo vehicular ordenado y seguro durante la feria, privilegiando tanto la movilidad de quienes acuden al recinto como la seguridad de peatones, usuarios del transporte público y habitantes de las zonas aledañas.

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Ingresa ex gobernador de Guerrero al penal del Altiplano

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Ángel “N” buscó prisión domiciliaria por tener mas de 70 años; el juzgado federal rechazó la petición

Por: Roberto Mendoza

El exgobernador de Guerrero, Ángel “N”, recibió el dictado de prisión preventiva oficiosa en el penal de máxima seguridad del Altiplano, imputado por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia. La Fiscalía General de la República (FGR) sustentó la acusación señalando la instrucción directa para desaparecer los videos del Palacio de Justicia de Iguala.

Durante la audiencia inicial, el imputado ingresó a la segunda sala del Centro de Justicia Penal Federal en una silla de ruedas tras presentar alteraciones en su presión arterial que retrasaron la diligencia. La defensa legal solicitó al juez de control la medida cautelar de prisión domiciliaria, argumentando la edad de 70 años del exfuncionario y un cuadro clínico conformado por diabetes, hipertensión y una infección reciente

. El juzgador federal rechazó la petición al determinar que no se acreditaron los requisitos legales probatorios para otorgar el arraigo domiciliario, ratificando la reclusión.

El equipo legal del exgobernador se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que la resolución sobre su vinculación a proceso se definirá la próxima semana. En su intervención frente a la autoridad judicial, el exmandatario estatal manifestó su postura ante los señalamientos del Ministerio Público de la Federación: “Ayer fui detenido a las 10 de la mañana después de 12 años de la desaparición de los normalistas… Nunca me he escondido“.

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Opinión

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