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La agonía de los trámites telefónicos obligatorios para personas sordas en México
Bancos, instituciones gubernamentales e incluso servicios de emergencia carecen de protocolos para atender a la población con discapacidad auditiva
Por: Ana G Silva
La sordera es una de las discapacidades más comunes en el mundo: según datos del censo INEGI 2020, en México hay aproximadamente 2.3 millones de personas que padecen algún discapacidad auditiva; más del 50% son mayores de 60 años; alrededor del 34% tienen entre 30 y 59 años, 14% personas de 18 a 29 años y finalmente el 2% lo ocupan menores de edad; a pesar de esto, las políticas de inclusión para estas personas aún están lejos de ejecutarse, es por eso que La Orquesta conversó con Susana Gómez, secretaria y coordinadora de proyectos de la Coalición de Personas Sordas AC (CoPeSor), la cual trabaja en la generación de políticas públicas para este sector, y Roberto Morris, empresario y persona con hipoacusia (incapacidad total o parcial para escuchar sonidos en uno o ambos oídos), para conocer una cómo es lidiar con uno de los aspectos de la vida en donde mayor discriminación y atraso existe en materia de inclusión para personas sordas: los trámites que obligatoriamente se deben hacer por vía telefónica.
Roberto Morris denunció el pasado 29 de noviembre, a través de su cuenta de Twitter, la discriminación que sufre al ser una persona con dispacapacidad auditiva por parte de Banorte, pues el banco obliga a sus clientes y clientas a realizar ciertos trámites por vía telefónica:
Me canse de escribir que @BanorteEscucha y TODOS los bancos deben tener protocolos para que gente sorda pueda hacer trámites en persona y no OBLIGADAMENTE por teléfono ¡NO ESCUCHAMOS NADA!
Sus prácticas son discriminatorias.@CONAPRED @AsocBancosMx @CondusefMX
— Roberto Morris (@RobertoMorris) November 29, 2022
El mensaje recibió el apoyo de un número importante de personas y la respuesta tanto del banco como de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), sin embargo, estas fueron genéricas y no le ofrecieron ni a él ni a ninguna otra persona en la misma situación una solución.
Roberto contó que, como personas con hipoacusia, el usar un medios basado completamente auditivos, hace que trámites que deberían tomar cinco minutos tarden hasta una hora, si es que finalmente se pueden concretar. También apuntó que en ocasiones la falta de protocolos lo ha obligado a tener que repetir algunos trámites o hacer otros adicionales, esto le ocasiona tener que pagar costos adicionales continuamente.
“Es casi casi un impuesto que los bancos imponen a las personas con discapacidad, en mi caso auditiva, no sé cómo es para quienes tienen otras discapacidades, pero estoy seguro que tampoco existen los protocolos necesarios de atención”.
Susana Gómez dijo que estos trámites son una limitación al acceso para los servicios financieros, además de que pone a las personas sordas en vulnerabilidad para hacer una vida independiente, pues los hacen que necesitar de familiares u otras personas para solventar la dificultad; agregó que esto da pie a que se cometan abusos contra personas con discapacidad.
La activista apuntó que el problema es mucho más grande de lo que aparenta, ya que los colectivos de personas sordas son muy diversos y van desde personas hipoacúsicas, personas sordas que se comunican con Lengua de Señas, personas de la tercera edad que han perdido la audición, en el caso de las últimas se agudiza la dependencia de ayuda externa.
Gómez explicó que la situación no se limita a servicios bancarios, sino que se extiende a otras áreas e incluso instituciones pública, aunque en educación, acotó, ha habido voluntad, “no por parte de la SEP, sino en instituciones locales, también en algunos gobiernos como Tijuana, Jalisco y Michoacán que han abierto servicios de videollamadas para personas sordas” .
La representante de CoPeSor informó que uno de los casos más preocupantes es el de la seguridad, pues los números de emergencia, como el 911, son casi imposibles de utilizar para personas con discapacidad auditiva que se encuentran en peligro.
Morris agregó que la existencia de estas barreras de inclusión demuestra la falta de protocolos y procedimientos para personas sordas, pues pareciera que son “invisibles en la sociedad”:
“He vivido situaciones parecidas con la Secretaría de Relaciones Exteriores en el trámite del pasaporte, como eso de que te sientan y gritan tu nombre, no lo escuchas y nadie tiene la atención para avisarte; siempre pasa lo mismo, se resuelve por actitudes bondadosas de personas, ya sea una persona en el banco que le echa un poquito más de ganas para ayudarte o una persona en oficinas que decide ser más amable, eso se aprecia muchísimo, pero no es correcto, porque la institución no debe depender de persona buenas que ayuden por su propia voluntad, deben tener protocolos y procesos específicos para atender personas con discapacidad”.
La integrante de CoPesor aseveró que existen deficiencias en el trabajo legislativa para acabar con las barreras de inclusión, pues aunque algunas legisladoras y legisladores tienen apertura para contribuir, no es una voludad generalizada: “Un ejemplo de esto es que recientemente hubo alguna iniciativa para que se reformara la Ley de Protección y Defensa de Usuarios y Servicios Financieros en la que se contemplaban medidas y protocolos de inclusión de personas sordas, pero se quedó ahí, nunca pasó”.
Susana apuntó que los pocos avances que se logran en el ámbito legislativo no se llevan a la práctica por parte de las organizaciones gubernamentales, por lo que de nada sirve que se armonicen leyes, sino se va a destinar presupuesto; añadió que en los organismos de gobierno atienden a personas con discapacidad continúan con un modelo donde no ejecutan acciones, sino que se limitan a dar cursos de sensibilización y eso genera que no se avance.
Roberto Morris destacó la importancia de crear políticas públicas y regulaciones más inteligentes para personas sordas y con otra discapacidad, pues es un problema nacional e incluso internacional.
CoPeSor ha generado iniciativas en el Congreso de la Unión para tratar de corregir el déficit en materia de inclusión, la última fue una modificación a la Ley de Movilidad, que “aunque estaba muy completa tenía detalles que tienen que ver con los accesos de Lengua de Señas”, además de incorporar la accesibilidad cognitiva, la cual fue aprobada por diputados y fue enviada al Senado.
“Ya hemos llevado iniciativas al Congreso, hemos cabildeado con algunos diputados. Otra de nuestras misiones es estar al pendiente de que de verdad nuestros representantes en el Congreso están trabajando, en el tema, porque hay que tener en cuenta que muchas veces la inclusión no es tratada como una prioridad, no siempre nos hacen caso y no siempre pasan las propuestas que llevamos, pero lo intentamos”.
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Desfogue de la presa Zimapán incrementa niveles del río Moctezuma
La Conagua informó que el agua llegará a los municipios de Tierra Blanca, Axtla, Tamazunchale, Tanquián y San Vicente
Por: Redacción
Darío Fernando González Castillo, delegado estatal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que el río Moctezuma se desbordó parcialmente debido al desfogue controlado de la presa Zimapán, el cual se sumará a la creciente generada por las intensas lluvias registradas en los últimos días, situación que representa un riesgo latente para varios municipios de la región Huasteca.
El funcionario explicó que la presa Zimapán, ubicada entre Hidalgo y Querétaro, alcanzó su nivel máximo de almacenamiento con más de mil 562 millones de metros cúbicos de agua, como consecuencia de las fuertes precipitaciones ocurridas en el Estado de México y la Ciudad de México. Ante ello, y tras una reunión con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la dirección nacional de Conagua, se determinó iniciar un desfogue de 360 metros cúbicos por segundo, sumando 60 adicionales por la operación de las turbinas.
González Castillo señaló que el agua liberada ya llegó a la estación hidrométrica de Tierra Blanca, avanzando hacia Tamazunchale, Tanquián, San Vicente y otras zonas bajas donde se mantiene vigilancia permanente.
“Estuvimos conteniendo lo más posible, pero la presa llegó a su límite. Este desfogue se suma a los escurrimientos naturales que ya traen los ríos de la Huasteca, por eso el riesgo es mayor”, explicó el delegado.
Aclaró además que, aunque se ha hablado del río Axtla, este no recibe directamente el flujo del embalse; sin embargo, el aumento del nivel del Moctezuma impide el desagüe natural del Axtla, lo que provoca anegaciones y una acumulación de agua hacia comunidades como Huichihuayán y Matlapa.
“En Matlapa, tan solo en una noche, tuvimos una precipitación de 250 milímetros, lo que equivale a tres meses de lluvia en un solo día”, detalló.
El delegado subrayó que Conagua mantiene comunicación constante con los alcaldes de los municipios afectados, y pidió a la población seguir los reportes oficiales y evitar zonas cercanas a ríos y arroyos.
“Agradecemos el agua, porque en tiempos de sequía hace falta, pero este año ha sido totalmente atípico”, concluyó.
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Sin reportes de violencia directa contra sacerdotes en SLP: Arquidiócesis y SSPC
Aunque se han registrado actos de intimidación en zonas rurales, no se han reportado agresiones graves contra personal eclesiástico
Por: Redacción
El vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Tomás Cruz Perales, informó que, hasta la fecha, no se han recibido reportes de atentados o hechos delictivos contra sacerdotes o personal de iglesias en el estado.
Sin embargo, señaló que en algunas zonas rurales, algunos sacerdotes han sido víctimas de actos de intimidación, en los que personas los detienen para cuestionarlos sobre sus actividades o su identidad, sin que estos incidentes hayan escalado a mayores agresiones.
Cruz Perales indicó que las regiones consideradas de mayor riesgo son aquellas que colindan con Zacatecas y ciertos puntos de la zona Huasteca, aunque recalcó que los casos mencionados no han pasado de simples encuentros intimidantes.
“La gente, en general, ha respetado al personal eclesiástico; no ha habido agresiones ni cuestionamientos mayores”, expresó el vocero.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí, Jesús Juárez Hernández
, confirmó que no existen reportes formales de violencia contra miembros de la Iglesia, aunque sí han identificado casos aislados de robo de pertenencias o intentos de extorsión.El funcionario señaló que, cuando ocurre algún incidente de este tipo, es la propia Iglesia la que se comunica con las autoridades para solicitar apoyo. Además, precisó que no solo Zacatecas es considerado una zona de riesgo, sino también otros estados fronterizos como Nuevo León, Guanajuato y Veracruz, donde se ha detectado la presencia de fuerzas de seguridad debido a situaciones de riesgo.
“Los cuerpos de seguridad están en total disposición para atender cualquier situación que ponga en riesgo al personal eclesiástico o la comunidad”, concluyó Juárez Hernández.
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Agresor de Hope queda en libertad tras pagar 4 bultos de croquetas
Aunque golpearon y quemaron viva a la perrita, los otros dos acusados buscan el mismo beneficio judicial
Por: Redacción
A casi seis meses del brutal ataque que sufrió Hope —una perrita rociada con gasolina y quemada viva en abril pasado—, la Asociación Protectora de Animales Huella Amiga A.C. informó que uno de los agresores logró su liberación tras ofrecer una “reparación del daño” de apenas dos mil 500 pesos por la cremación del animal y cuatro bultos de croquetas de 10 kilos.
El acuerdo fue aceptado por la jueza, pese a la oposición de la organización y de los tutores de Hope (antes llamada Greta). Además, se estableció que el responsable deberá acudir a terapia psicológica una vez al mes por seis meses y firmar de forma mensual para garantizar la “no repetición del delito”.
“Hicimos uso de la voz y manifestamos nuestra postura de no aceptar las propuestas, más sin embargo la juez no lo aceptó”, señaló la asociación en su publicación.
Respecto a los otros dos agresores, uno se presentó con defensa particular y el otro con abogado de oficio; ambos solicitaron también la suspensión del proceso, ofreciendo dividir el costo de la cremación, entregar seis bultos de croquetas en un lapso de seis meses y acudir a atención psicológica.
La jueza fijó la audiencia intermedia para el 5 de enero de 2026, aunque Huella Amiga advirtió que, antes de esa fecha, los acusados podrían volver a solicitar la suspensión del procedimiento y quedar en libertad total, “ya que la ley actual lo permite”.
“Seguiremos luchando para avanzar hasta donde la ley actual lo permita. Confíen en que no desistiremos”, reafirmó la asociación.
La organización recordó que en 2021 se aprobó en el Congreso de San Luis Potosí el aumento de la pena por maltrato animal hasta 5 años de cárcel, sin embargo, ninguna persona ha sido encarcelada por este delito en el estado.
Por ello, reiteraron el llamado a apoyar la iniciativa #LeyHope, que busca impedir que este tipo de agresores puedan evadir la cárcel mediante acuerdos económicos o “reparaciones del daño”.
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