Congreso del Estado
Matilde Cabrera Ipiña: la primera diputada potosina
Nieta de gobernadores y alcaldes y testigo de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, esta mujer revolucionó la vida pública de San Luis Potosí a mediados del Siglo XX
Por: Bernardo Vera
El Congreso del Estado de San Luis Potosí develó la placa “Diputada Matilde Cabrera Ipiña”, que ahora da nombre al Instituto de Investigaciones Legislativas, esto en honor a esta mujer que a mediados del Siglo XX rompió todos los paradigmas de la política potosina al convertirse en la primera regidora en el estado y posteriormente en la primera diputada.
A continuación hacemos un repaso por la vida y trayectoria de la esta icónica pionera de la participación de las mujeres en espacios públicos:
Matilde Cabrera Ipiña de Corsi nació el 30 de octubre de 1906 en San Luis Potosí. Fue bisnieta de Pantaleón Ipiña, considerado el primer alcalde potosino después de la proclamación de la independencia de México, esto entre 1827-1830. También fue nieta de José Encarnación Ipiña, gobernador interino del estado en el año de 1911, cuyas ideas liberales lo pusieron en conflicto con José María Espinoza y Cuevas, otro aspirante al poder ejecutivo estatal de corriente porfirista. Su padre, Octaviano Cabrera Hernández, falleció muy joven, y a pesar de que se dictaminó un accidente, siempre existió la sospecha de que había sido asesinado.
Matilde fue la mayor de seis hermanos, quienes al estar en el contexto de la Revolución Mexicana, se mudaron constantemente entre diversas haciendas y ciudades del país, en un matriarcado debido a la muerte de su padre.
En 1927, su familia decidió trasladarse a San Remo, Italia, donde Matilde aprendió francés, italiano y alemán en el Colegio del Sagrado Corazón. Un episodio destacado en la vida de Matilde, fue su matrimonio con Pedro Ponce de la Maza, quien trabajó para la Legación Mexicana en Berlín, y debido al puesto diplomático de su esposo, coincidió en varias ocasiones con Adolf Hitler, aunque nunca demostró afinidad por la ideología del político y militar alemán.
La potosina trabajó en la radio alemana desde 1938 hasta 1942, año en que México rompió relaciones culturales y diplomáticas con este país debido a la Segunda Guerra Mundial. Durante su estancia en Alemania, fue testigo de los bombardeos por parte de Inglaterra, y no pudo volver a México hasta 1945, tras concluir el conflicto y gracias a la intervención del General Bilardo, ministro de Portugal.
Diez años después, y ya establecida en su ciudad de origen, Cabrera Ipiña recibió la invitación de Gonzalo N. Santos para que ocupara el cargo de primera regidora del Ayuntamiento de la capital en septiembre de 1955. Durante su paso por la administración pública, se ocupó de parques, jardines, teatros y cines. Sin embargo, a la mitad de su periodo, Manuel Álvarez López, el entonces gobernador del estado, le pidió que solicitara licencia de su cargo y aceptara una curul en el Congreso local por el primer distrito de la capital potosina. Su respuesta fue sí, y tras la campaña electoral, el resultado fue a su favor, convirtiéndose, a sus 50 años de edad, en la primera mujer diputada en San Luis Potosí. 
La labor de Matilde Cabrera en el Legislativo local destacó por la puesta en marcha de obras en beneficio social de personas y municipios vulnerables, como la gestión de una sala completa de operaciones para la Cruz Roja en 1957, apoyo para equipo de bombeo en Villa de Arista, el desazolve y reparación de la presa de Bocas y cinco pozos profundos en Villa de Arista, y la gestión para llevar la electricidad a los municipios de Charcas, Venado, Moctezuma y la región agrícola de Villa de Arista. Además, gestionó la reinstalación del Consulado estadounidense en la entidad.
Luego de esos cinco años en la función pública, decidió alejarse de ese ámbito y concentrarse en sus estudios de genealogía y heráldica, donde logró su incorporación a la Academia Mexicana de Historia y Geografía, el Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica de Madrid, así como de la Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica. Durante toda su vida también destacó su obra literaria, con la publicación de varios libros como “Cuatro Grandes Dinastías Mexicanas”; “Los Bledos”; “Leyendas y memorias de una hacienda”; “La Lonja de San Luis Potosí: un siglo de tradición” (1957); “La familia Hernández Soto de San Luis Potosí” (1966); “Refutación genealógica del libro ‘El valle del Maíz, S.L.P.’” (1970); “La casa de Cabrera en San Luis Potosí” (1975); “Los perros de Cucú: ‘Xoloitzcuintli’, ‘Titán’ y ‘Vagabundo’” (1980); y “Mis viajes: memorias de ayer y hoy, Volumen 1” (1985), entre otros. Existen pocos registros sobre su fallecimiento, pero se asegura que se produjo en el año de 1993.
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García Castillo informó que el proceso electoral local arrancará en noviembre de 2026, una vez aprobada la reforma a la legislación electoral
Por: Redacción
El Congreso del Estado aprobó una reforma a la legislación electoral que fija el inicio del proceso local 2026-2027 para el mes de noviembre, informó el diputado José Roberto García Castillo, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
“Las reformas a la Ley Electoral ya quedaron aprobadas y quedaron establecidas las reglas del juego para el 2027“, afirmó García Castillo. Señaló que cualquier ciudadano que desee registrarse como candidato podrá hacerlo, “siempre que cumpla con los requisitos que establece la ley.”
El diputado indicó que la reforma otorga certeza tanto a los partidos políticos como a las autoridades electorales sobre los tiempos de organización del proceso.
La definición del calendario electoral coincide con los tiempos que algunos partidos ya manejan internamente. El PRI informó esta semana que definirá sus candidatos hasta noviembre, mismo mes en que arranca formalmente el proceso.
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Congreso del Estado
Congreso activa comisión especial para periodistas, pero admite vacíos en su arranque
La comisión presentó un plan de trabajo con foros y propuestas legislativas, aunque sus propias integrantes reconocieron no tener diagnóstico de violencia ni haber escuchado antes las demandas laborales del gremio
Por: Redacción
La LXIV Legislatura instaló la Comisión Especial de Atención a Periodistas con un plan de trabajo que prevé espacios de capacitación, foros de análisis y propuestas legislativas para fortalecer la protección al gremio periodístico.
La comisión quedó presidida por la diputada María Dolores Robles Chairez, con Sara Rocha Medina como secretaria y Marco Antonio Gama Basarte como vocal. Robles Chairez señaló que el objetivo es “generar espacios de diálogo entre el Congreso del Estado, el gremio periodístico, las instituciones públicas, la academia, los organismos especiales y la sociedad civil”. El plan contempla además reuniones de trabajo con la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el Mecanismo de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Sin embargo, al ser cuestionada tras la sesión, Rocha Medina reconoció que la comisión arranca con vacíos importantes: no cuentan con un diagnóstico sobre la situación de violencia contra periodistas en el estado, y fue la primera vez que escuchó la demanda del gremio sobre derechos laborales. “Es la primera vez que lo escucho. Pero sin ningún problema, si presentan alguna iniciativa, le damos el trámite necesario”, afirmó.
La diputada precisó además que la comisión es de carácter temporal y no ha contemplado convertirse en permanente. “No se ha pensado nada, es la primera instalación”, indicó. En la sesión estuvieron presentes Verónica Onofre Serment, coordinadora de la Unidad Estatal para la Protección de Personas Defensoras, y Miguel Ángel Méndez Montes, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno.
Congreso del Estado
Proponen castigar con 8 años de prisión a quien genere pánico con disparos o explosivos en SLP
Las penas aumentarían si las víctimas son menores, mujeres, adultos mayores o personas con discapacidad
Por: Redacción
Con el objetivo de fortalecer la seguridad de las personas en espacios públicos, ante armas de fuego, detonación de artefactos explosivos o utilizando sustancias químicas o inflamables, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa de reforma al artículo 169 del Código Penal del Estado, en el capítulo relacionado a la exposición al peligro.
Se indica que se comete el delito de exposición al peligro quien, sin causa justificada, coloque en situación de peligro, zozobra o de inseguridad a cualquier persona, disparando armas de fuego, detonando otros artefactos explosivos o utilizando sustancias químicas o inflamables, en enfrentamientos, riñas, peleas, asaltos, persecuciones indebidas, y todos aquellos eventos que produzcan el mismo resultado, en lugares públicos, de acceso público, de tránsito o donde concurra la gente, o bien, cuando se realice desde un lugar privado hacia aquellos. Independientemente de otros delitos que le resulten.
Se proponen sanciones de cuatro a ocho años de prisión y sanción pecuniaria de cuatrocientos a ochocientos días del valor de la unidad de medida y actualización.
Además, establece que las penas previstas se incrementen hasta en una mitad cuando el delito se cometa en contra de niñas, niños, adolescentes, mujeres por razones de género, adultos mayores o personas con discapacidad; se realice en las inmediaciones o el interior de centros educativos, de salud, de asistencia social, recintos oficiales o de espectáculos públicos,
Las mismas penas se aplicarán a quien realice las conductas descritas utilizando armas réplica, de aire, de gas o de cualquier otra naturaleza que, por sus características exteriores, sean aptas para coaccionar o intimidar, simulando ser armas de fuego reales.
En su exposición de motivos, la legisladora señala que la delincuencia ha sofisticado sus métodos de coacción. La utilización de sustancias químicas, ácidas o altamente inflamables como herramientas de intimidación y agresión en entornos urbanos es una realidad que exige una respuesta legislativa contundente.
El marco jurídico vigente no contempla estas modalidades de puesta en peligro con la especificidad requerida, lo que obliga a los juzgadores a realizar la reclasificación del delito o, peor aún, en la liberación del imputado por atipicidad de la conducta, situación que se busca corregir con esta iniciativa.
La iniciativa se turnó a la Comisión Primera de Justicia para su análisis.
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