Congreso del Estado
Matilde Cabrera Ipiña: la primera diputada potosina
Nieta de gobernadores y alcaldes y testigo de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, esta mujer revolucionó la vida pública de San Luis Potosí a mediados del Siglo XX
Por: Bernardo Vera
El Congreso del Estado de San Luis Potosí develó la placa “Diputada Matilde Cabrera Ipiña”, que ahora da nombre al Instituto de Investigaciones Legislativas, esto en honor a esta mujer que a mediados del Siglo XX rompió todos los paradigmas de la política potosina al convertirse en la primera regidora en el estado y posteriormente en la primera diputada.
A continuación hacemos un repaso por la vida y trayectoria de la esta icónica pionera de la participación de las mujeres en espacios públicos:
Matilde Cabrera Ipiña de Corsi nació el 30 de octubre de 1906 en San Luis Potosí. Fue bisnieta de Pantaleón Ipiña, considerado el primer alcalde potosino después de la proclamación de la independencia de México, esto entre 1827-1830. También fue nieta de José Encarnación Ipiña, gobernador interino del estado en el año de 1911, cuyas ideas liberales lo pusieron en conflicto con José María Espinoza y Cuevas, otro aspirante al poder ejecutivo estatal de corriente porfirista. Su padre, Octaviano Cabrera Hernández, falleció muy joven, y a pesar de que se dictaminó un accidente, siempre existió la sospecha de que había sido asesinado.
Matilde fue la mayor de seis hermanos, quienes al estar en el contexto de la Revolución Mexicana, se mudaron constantemente entre diversas haciendas y ciudades del país, en un matriarcado debido a la muerte de su padre.
En 1927, su familia decidió trasladarse a San Remo, Italia, donde Matilde aprendió francés, italiano y alemán en el Colegio del Sagrado Corazón. Un episodio destacado en la vida de Matilde, fue su matrimonio con Pedro Ponce de la Maza, quien trabajó para la Legación Mexicana en Berlín, y debido al puesto diplomático de su esposo, coincidió en varias ocasiones con Adolf Hitler, aunque nunca demostró afinidad por la ideología del político y militar alemán.
La potosina trabajó en la radio alemana desde 1938 hasta 1942, año en que México rompió relaciones culturales y diplomáticas con este país debido a la Segunda Guerra Mundial. Durante su estancia en Alemania, fue testigo de los bombardeos por parte de Inglaterra, y no pudo volver a México hasta 1945, tras concluir el conflicto y gracias a la intervención del General Bilardo, ministro de Portugal.
Diez años después, y ya establecida en su ciudad de origen, Cabrera Ipiña recibió la invitación de Gonzalo N. Santos para que ocupara el cargo de primera regidora del Ayuntamiento de la capital en septiembre de 1955. Durante su paso por la administración pública, se ocupó de parques, jardines, teatros y cines. Sin embargo, a la mitad de su periodo, Manuel Álvarez López, el entonces gobernador del estado, le pidió que solicitara licencia de su cargo y aceptara una curul en el Congreso local por el primer distrito de la capital potosina. Su respuesta fue sí, y tras la campaña electoral, el resultado fue a su favor, convirtiéndose, a sus 50 años de edad, en la primera mujer diputada en San Luis Potosí. 
La labor de Matilde Cabrera en el Legislativo local destacó por la puesta en marcha de obras en beneficio social de personas y municipios vulnerables, como la gestión de una sala completa de operaciones para la Cruz Roja en 1957, apoyo para equipo de bombeo en Villa de Arista, el desazolve y reparación de la presa de Bocas y cinco pozos profundos en Villa de Arista, y la gestión para llevar la electricidad a los municipios de Charcas, Venado, Moctezuma y la región agrícola de Villa de Arista. Además, gestionó la reinstalación del Consulado estadounidense en la entidad.
Luego de esos cinco años en la función pública, decidió alejarse de ese ámbito y concentrarse en sus estudios de genealogía y heráldica, donde logró su incorporación a la Academia Mexicana de Historia y Geografía, el Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica de Madrid, así como de la Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica. Durante toda su vida también destacó su obra literaria, con la publicación de varios libros como “Cuatro Grandes Dinastías Mexicanas”; “Los Bledos”; “Leyendas y memorias de una hacienda”; “La Lonja de San Luis Potosí: un siglo de tradición” (1957); “La familia Hernández Soto de San Luis Potosí” (1966); “Refutación genealógica del libro ‘El valle del Maíz, S.L.P.’” (1970); “La casa de Cabrera en San Luis Potosí” (1975); “Los perros de Cucú: ‘Xoloitzcuintli’, ‘Titán’ y ‘Vagabundo’” (1980); y “Mis viajes: memorias de ayer y hoy, Volumen 1” (1985), entre otros. Existen pocos registros sobre su fallecimiento, pero se asegura que se produjo en el año de 1993.
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Congreso del Estado
Congreso pide a Protección Civil actualizar atlas de riesgos de los 59 municipios
En 2025, solo Soledad y la capital tenían su atlas completo
Por: Redacción
El Pleno del Congreso del Estado aprobó un exhorto, propuesto por la diputada Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez, para que la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) trabaje con los 59 municipios en la actualización de sus atlas de riesgos ante la temporada de lluvias. Un exhorto es una petición formal del Congreso a otra autoridad: no la obliga, pero le pide que actúe.
El exhorto también pide a la CEPC revisar el Programa Estatal de Protección Civil, en especial lo que tiene que ver con la prevención de desastres por lluvias, y actualizar los planes de contingencia para esta temporada.
Martínez Vázquez explicó que un atlas de riesgos actualizado permite a las autoridades y a la población saber con precisión qué zonas pueden sufrir inundaciones, deslaves y desbordamientos. Con eso se pueden hacer evacuaciones a tiempo, planear mejor el crecimiento de las ciudades y proteger el patrimonio de las familias. “La prevención salva vidas; con instrumentos actualizados cuidamos a nuestras niñas y niños, a nuestros adultos mayores y a las familias que año con año sufren por las lluvias”, dijo.
¿Cuántos municipios tienen su atlas?
En noviembre de 2025, Mauricio Ordaz Flores, entonces titular de la CEPC, informó que solo Soledad y la capital cumplían al 100 por ciento con su atlas de riesgos. En agosto de este año, la actual coordinadora, Nadia Ochoa Limón, no dio una cifra de cuántos municipios lo tienen actualizado; dijo que se daría a conocer más adelante. El 26 de septiembre, la CEPC informó que el Atlas Estatal de Riesgos ya tiene 150 capas de información de consulta pública e incluye por primera vez a Villa de Pozos.
El exhorto llega después de las lluvias de la semana pasada, que llevaron al alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, a activar la emergencia en la ciudad por una lluvia de 50 milímetros. Este lunes, ante la llegada del Frente Frío número 1, la CEPC pidió a los municipios tener listos sus albergues.
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Congreso del Estado
Gámez Macías presenta reforma constitucional para financiar infraestructura hidráulica
La propuesta establece que los ayuntamientos destinen al menos 15% de su hacienda a infraestructura de agua potable, drenaje y tratamiento
Por: Redacción
El diputado Luis Fernando Gámez Macías presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado para garantizar recursos para la infraestructura hidráulica en los municipios.
La propuesta establece que los ayuntamientos deberán destinar anualmente cuando menos 15 por ciento de su hacienda a la construcción, ampliación, rehabilitación, conservación y mantenimiento de la infraestructura necesaria para los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, y tratamiento y disposición de aguas residuales.
El legislador señaló que el acceso al agua es un derecho humano fundamental y que uno de los reclamos de la ciudadanía en todo el estado es la falta de infraestructura adecuada, las redes obsoletas y la falta de tratamiento de aguas.
Explicó que, al elevarlo a rango constitucional, se asegura la inversión y se obliga a las administraciones municipales a priorizar un servicio básico, para evitar que los recursos se destinen a otros rubros.
«Sin agua no hay desarrollo, no hay salud ni bienestar; esta reforma busca que cada municipio, sin importar su tamaño, invierta de manera obligatoria y transparente en el agua potable en sus casas, el drenaje y el tratamiento de aguas», afirmó.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Agua para su análisis y dictamen.
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La pena aumentará hasta en una mitad cuando la víctima sea mujer, niña, niño o adolescente
Por: Redacción
La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado, que preside la diputada Leticia Vázquez Hernández, aprobó el dictamen que adiciona el artículo 342 Bis al Código Penal del Estado de San Luis Potosí, para sancionar la difusión indebida de imágenes y material relacionado con víctimas y escenas del crimen por parte de servidores públicos.
Vázquez Hernández indicó que la adición establece un tipo penal para sancionar a servidores públicos que, en el ejercicio de sus funciones en la procuración e impartición de justicia y sin autorización legal, divulguen, publiquen, transmitan, compartan o entreguen imágenes o videos de cadáveres, restos humanos, lesiones o circunstancias del fallecimiento de una persona, cuando esa conducta vulnere la dignidad, privacidad o intimidad de la víctima o de sus familiares.
Añadió que la iniciativa toma como referencia el caso de Ingrid Escamilla, feminicidio ocurrido en febrero de 2020 en la Ciudad de México, cuyas imágenes de la escena del crimen fueron filtradas y difundidas por medios de comunicación y redes sociales.
El artículo 342 Bis se incorpora en el apartado de delitos cometidos por servidores públicos. Sancionaría a quien, por sí o por interpósita persona, con motivo del ejercicio de sus funciones en la procuración o impartición de justicia y fuera de los supuestos autorizados por la ley, audiograbe, comercie, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita o videograbe imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o partes de ellos relacionados con un hecho que la ley señale como delito, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que presentan.
De acuerdo con el dictamen, se impondría pena de prisión de tres a ocho años y sanción pecuniaria de 300 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
La pena y la sanción pecuniaria aumentarían hasta en una mitad cuando la víctima sea mujer, niña, niño o adolescente, o cuando el contenido se difunda en medios de comunicación, redes sociales o plataformas digitales con fines de exposición pública o lucro.
El dictamen se turnará al pleno para su votación.
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