Ciudadanos señalan que la falta de orientación y los requisitos extra generan gastos y pérdidas de tiempo innecesarias

Por: Redacción

Diversos usuarios de los servicios que ofrece el Registro Civil han expresado su frustración por los largos tiempos de espera y múltiples requisitos que deben cumplir trámites documentales.

Según testimonios, quienes acuden a realizar gestiones se ven obligados a realizar otras diligencias fuera de las oficinas como obtener copias o impresiones de documentos. Algunos incluso señalan negocios de fotocopiado en los alrededores de las instalaciones que se han convertido en una parada habitual para completar requisitos.

Aún así muchos usuarios relatan que al cumplir con esos pasos son remitidos a otras áreas o sedes donde sus gestiones no se resuelven, lo que retrasa aún más el proceso y causa confusión.

Un caso que llama la atención es el de una persona originaria de Guadalajara, que indicó no haber podido comunicarse vía telefónica con el registro para actualizar su CURP

Además de la lentitud, quienes utilizan el servicio también reportan saturación en la atención y orientación poco clara por parte del personal. Ante esta situación, varios ciudadanos aseguran que terminan guiándose por la experiencia de otros para cumplir con los procedimientos, lo que genera gastos extras y desplazamientos innecesarios.

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El Legislativo tiene que definir quien se hará cargo antes de que acabe el mes, pues se les acaba el plazo establecido por la Suprema Corte

Por: Redacción

Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunciara en enero que el Congreso del Estado tenía pendiente la realización de tres consultas, los representantes del Poder Legislativo se reunieron con el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) para que éstos pudieran organizar los procesos.

Sin embargo, el Ceepac se habría negado a formar parte de estas consultas, pues indicaron que si estos son asuntos pendientes del Congreso, ellos mismos son quienes se deberían de hacer cargo.

El diputado Héctor Serrano señaló que se mantienen en pláticas con el Consejo para poder llegar a un acuerdo, pero en caso de no tener éxito, están listos para buscar alguna otra institución a la cual asignarle la tarea.

Al Legislativo se le acaba el tiempo para definir quién tomará las riendas de estos procesos, pues según señaló el legislador del Partido Verde, tienen que dejar esto listo antes de que acabe el mes, por lo que solo les quedan tres días.

La Suprema Corte dictó que el Congreso de San Luis Potosí tiene pendiente realizar las consultas asignadas a población indígena, afromexicana y con discapacidad, las cuales se suman a las que ya tenían pendientes en materia del cambio de sistema de partidos a usos y costumbres, y de la Ley de Movilidad.

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La designación del nuevo titular en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas consolida la continuidad institucional y refuerza la protección de los derechos

Por: Redacción

Como parte del fortalecimiento de las instituciones encargadas de garantizar justicia y acompañamiento, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, ha impulsado una política pública enfocada en consolidar organismos más cercanos, eficientes y con enfoque humanista.

En este contexto, la designación de Juan Gerardo Castillo Mata al frente de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) representa un paso firme hacia la continuidad de un modelo que prioriza la defensa de los derechos humanos y el respaldo a quienes más lo necesitan.

Con más de una década de experiencia en la atención y defensa de víctimas, el nuevo titular detalló que su agenda estará centrada en el acompañamiento integral, la restitución de derechos y el fortalecimiento de las áreas operativas en todo el Estado. Este trabajo se desarrolla en coordinación con más de 30 colectivos sociales

El fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, el seguimiento puntual de los casos y la vinculación permanente con organismos de derechos humanos y colectivos sociales forman parte de una estrategia que prioriza la dignidad, la justicia y la reparación integral del daño. Estas acciones reflejan el cambio que se vive, avanzando con una visión renovada que coloca a las víctimas en el centro de las decisiones públicas.

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