El secretario Juárez Hernández informó que los sobrevuelos reportados en Tamazunchale, Rayón y la zona metropolitana han resultado ser operaciones autorizadas de empresas o trabajadores

Por: Redacción

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) informó que los reportes sobre drones detectados en distintos municipios de San Luis Potosí no han estado relacionados, hasta el momento, con actividades delictivas.

El titular de la dependencia, Jesús Juárez Hernández, explicó que la Guardia Civil Estatal ha atendido los avisos ciudadanos recibidos tanto en la Huasteca como en la zona metropolitana, con el objetivo de descartar cualquier riesgo para la seguridad.

“Hemos recibido reportes, no solamente en Tamazunchale, sino inclusive aquí en la zona metropolitana. Hemos acudido siempre a ese tipo de solicitudes y, en la mayoría, creo que en su totalidad, han sido descartados como alguna acción criminal o alguna situación ilegal”, afirmó.

El funcionario señaló que, en la mayoría de los casos, los drones pertenecían a empresas o trabajadores que realizaban labores de medición, supervisión o inspección, aunque en algunos casos no se había informad o previamente sobre esas operaciones, lo que generó preocupación entre la población.

“A veces son los mismos trabajadores o las empresas que no habían avisado que estaban realizando algún trabajo o algún tipo de medición”, explicó.

Respecto a los reportes surgidos recientemente en Tamazunchale y Rayón, Juárez Hernández indicó que no contaba con información específica sobre esos casos, aunque señaló que es común que la Guardia Civil atienda este tipo de llamados para verificar que no exista la participación de grupos delictivos.

Añadió que la regulación del uso de drones corresponde a las autoridades federales, mientras que la función de la SSPCE consiste en responder a los reportes ciudadanos y descartar riesgos para la seguridad pública.

“Nosotros acudimos a los auxilios para descartar que sea algún grupo criminal o alguna banda que quiera estar observando alguna empresa; es una labor de prevención”, puntualizó.

El secretario reiteró que, hasta ahora, las inspecciones realizadas por la corporación no han confirmado el uso de drones con fines ilícitos en los casos reportados en territorio potosino.

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De manera preliminar, se reporta que dos elementos de la Guardia Civil Estatal resultaron lesionados quienes fueron trasladados para recibir atención médica

Por: Redacción

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) informa que, derivado de una agresión contra elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) en el municipio de San Ciro de Acosta, se implementó un operativo especial en la región para reforzar la seguridad y dar con los probables responsables

Como parte de la respuesta institucional, fuerzas estatales, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, fortalecen la presencia operativa en la Zona Media mediante recorridos terrestres, puntos de vigilancia y acciones de búsqueda.

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María Manuela García confirmó que el establecimiento asegurado en la capital ofrecía estos documentos de manera irregular por alrededor de 150 pesos

Por: Redacción

La Fiscalía General del Estado detalló el aseguramiento de un establecimiento en la capital potosina donde presuntamente se expedían este tipo de documentos sin autorización.

La fiscal general María Manuela García Cázares, informó que la investigación se originó tras detectarse que una persona ofrecía permisos que no contaban con la autorización correspondiente y que además eran emitidos por municipios distintos al de residencia de quienes los adquirían.

El caso salió a la luz luego de que un automovilista denunciara haber adquirido un permiso para circular sin placas por 150 pesos y sospechara de su autenticidad, lo que derivó en la investigación y posterior aseguramiento d el inmueble.

“Es un tema que luego la gente lo considera como algo ordinario y que hay diferentes puntos, pero es un hecho de carácter totalmente ilícito”, señaló.

De acuerdo con la funcionaria, el sitio intervenido operaba como un negocio establecido donde se ofrecían diversos servicios a cambio de un pago,

“Era un establecimiento y ofrecía el servicio y se cobraba por ello“, explicó.

La Fiscalía aún investiga cuánto tiempo llevaba operando el negocio y el número de documentos que pudieron haber sido emitidos antes del aseguramiento del inmueble.

García Cázares indicó que las autoridades pueden iniciar investigaciones de oficio, aunque también llamó a la ciudadanía a denunciar este tipo de prácticas, al recordar que los permisos deben ser expedidos únicamente por las autoridades facultadas para ello.

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