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#¿HayTiro? “El Tigre” responde a diputados panistas acusados de recibir sobornos
Por: Redacción
Hace una semana el periodista Juan José Rodríguez Medina, conocido como “El Tigre”, escribió en su columna titulada “Vamos de mal a peor”, publicada en el diario Pulso, que los diputados de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, así como varios integrantes del resto de los partidos habrían recibido un soborno para votar a favor de la ratificación de Javier Delgado Sam como consejero de la Judicatura y la elección de Felipe Aurelio Torres Zúñiga como fiscal anticorrupción, ante esto la diputada Sonia Mendoza Díaz negó dichos señalamientos a La Orquesta, además de invitar a Rodríguez Medina a denunciar el hecho con pruebas, por lo que el periodista respondió a sus críticas esta semana a través de su nueva columna “A veces son hasta divertidos”.
Rodríguez Medina dijo que cada uno de los legisladores recibirían cada uno por un millón de pesos por parte del Gobierno del Estado, sin embargo hubo desacuerdos con la entrega y cantidad del dinero a los diputados por lo que este plan se echó para abajo.
“El miércoles 26, los seis diputados albiazules se reunieron con su dirigencia partidista a las ocho de la mañana para recibir la buena nueva y convenir el sentido de sus votos en la sesión que comenzaría dos horas más tarde. En esa reunión, alguien dijo que, según el Secretario General de Gobierno, por lo menos una dama de las ahí presentes había recibido varios cientos de miles de pesos con anterioridad, con lo que ardió Troya. La aludida lo negó airada y categóricamente, y exigió que su coordinador de fracción arreglara de inmediato una entrevista de todo el grupo con Alejandro Leal Tovías para aclarar paradas”, una alusión indirecta a la propia Mendoza Díaz.
Rodríguez Medina inscribió este jueves:
“En los casos en que hago una denuncia o revelación que no acompaño con pruebas de valor judicial no es por falta de ganas, es porque no puedo; y la razón por la que no puedo es muy sencilla: porque no soy autoridad. Es decir, porque carezco de atribuciones legales para, por ejemplo, exigirle a doña Sonia y compañeros de viaje que me proporcionen en un plazo perentorio copias certificadas de los estados de cuenta bancarios, -cheques, inversiones o fideicomisos- de los últimos dos años. Son documentos que tienen en sus archivos tanto los bancos como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero si se los solicito me mandarán por un tubo si no es que hasta me reprenden por impertinente.
“Y esa misma falta de facultades propias de autoridad me impide, por poner otro ejemplo, expedir citatorios para que la señora o cualquiera de sus otros 26 colegas acudan puntualmente a una mesa de café a responder mis preguntas, advertidos de que pueden ir a prisión si me mienten. Qué no daría yo porque la ley me autorizara a requerir de la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto una investigación sobre ingresos, gastos, ahorros, adquisiciones y demás movimientos financieros de cualquier servidor público. Tampoco me está permitido solicitar órdenes de apre hensión, aseguramientos o cateos. ¡Imagínense ustedes!”.
Esto en alusión a las declaraciones de la diputada panista:
“De manera personal, puedo decir que nunca me he sentado con alguien del gobierno estatal a la hora de tomar una decisión legislativa, ni he participado de este tipo de negociaciones. Desconozco por qué el señor Rodríguez hace este señalamiento, pero todo lo que asevera tiene que comprobarlo, porque son señalamientos altamente complicados. Debemos salir, pedir que se sancione a los responsables si es que existió esta situación o a quien lanza el señalamiento y no lo puede demostrar”.
El periodista también agregó:
“En cuanto al comentario ese, de tono intimidatorio, en el sentido de que se sancione a los responsables ‘o a quien lanza el señalamiento y no lo puede demostrar’, lo único que puedo decir es, señora, estoy a sus órdenes.
“Con frecuencia hago aquí alguna revelación o denuncia acompañada de documentos probatorios, a veces oficiales a veces privados. Eso sucede cuando las fuentes me los proporcionan o cuando puedo conseguirlos, pero no porque los solicite mediante oficio sino por la complicidad de quienes los tienen en su poder.
“¿Cómo entonces publico cuestiones delicadas sin tener a la mano las pruebas de calidad judicial? Respondo en forma sintetizada porque hay otro asunto, justamente de esta naturaleza, que no puedo dejar para después: Todo es producto de una delicada relación de confianza mutua entre un servidor y los informantes. Ellos confían en que publicaré lo que me cuentan sin alterarlo; confían también en que si el asunto involucra desfavorablemente a determinado personaje, yo no voy a ir a buscarlo para negociar la información”.
Otros de los involucrados en los presuntos sobornos, fue el también panista Rolando Hervert, que afirmó hace una semana: “El Partido Acción Nacional no se presta ni se prestará a ningún chantaje político ni centralista para el fiscal carnal, tan fue así que nuestra propuesta, que fue iniciativa de un servidor y del PAN: la separación y la autonomía del fiscal anticorrupción. No por una pluma o una voz que alguien diga vamos a caer en un juego político. Simplemente exhorto a que si existe alguna situación de ese tipo que lo denuncie por el medio adecuado, no a través de la tinta”.
La respuesta del columnista ante estas peticiones fue:
“Me permito recordarle a don Rolando que soy periodista y que justamente mis instrumentos de trabajo son la pluma y la tinta. No quiero pensar que si yo fuera albañil, él me exigiría que levante una barda de ladrillos sin usar ni mezcla ni cuchara. En cuanto a eso de ‘por el medio adecuado’, no sé por qué Pulso le parece inadecuado”.
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Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
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El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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