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#LaParadoja Diputados panistas habría solicitado sobornos millonarios para aprobar al fiscal anticorrupción
El periodista Juan José Rodríguez señaló que cada congresista pidió al poder ejecutivo un millón de pesos; ellos lo niegan y aseguran que tomarán acciones
Por: Sebastián Escorza y Luis Moreno
Ayer, el periodista Juan José Rodríguez Medina escribió en su columna titulada “Vamos de mal a peor”, publicada en el diario Pulso, que los diputados y diputadas de la bancada del PAN en el Congreso de San Luis Potosí, así como varios integrantes del resto de los partidos habrían recibido un soborno cada uno por un millón de pesos por parte del Gobierno del Estado para votar a favor de la ratificación de Javier Delgado Sam como consejero de la Judicatura y la elección de Felipe Aurelio Torres Zúñiga como fiscal anticorrupción. En entrevista para La Orquesta, el columnista dijo que fueron los propios congresistas quienes solicitaron los pagos al gobierno de Juan Manuel Carreras:
“Estoy seguro que no fue el ejecutivo el que buscó la vía del soborno, eso vino de los diputados, o de buena parte de ellos y ellas. El gobierno estatal no lo ofreció, eso marca una diferencia aunque finalmente haya dicho que sí a la solicitud. Es la cúspide de los colmos: corromper para designar a un fiscal anticorrupción”.
En el texto original, Rodríguez Medina narró:
“El pasado martes 25 de agosto, víspera de la sesión del Congreso donde se votarían la ratificación de Javier Delgado Sam como consejero de la Judicatura, por segunda ocasión, y la elección del nuevo fiscal anticorrupción, se reunieron en una salita del Centro de Convenciones el representante de la fracción legislativa del Partido Acción Nacional, que por cierto no es diputado, y enviados del Ejecutivo. El arreglo fue relativamente rápido y fácil: los seis votos panistas estaban disponibles a razón de un millón de pesos cada uno. “Hecho”, fue la respuesta. Un anticipo de 200 mil pesos por cabeza sería entregado al día siguiente y el resto unos pocos días después”.
Los votos panistas a los que se refiere el columnista son los de Ricardo Villareal, José Antonio Zapata, Rubén Guajardo, Vianey Montes, Rolando Hervert y Sonia Mendoza, estos dos últimos son aspirantes a candidatos de su partido a la gubernatura de San Luis Potosí.
Sin embargo, párrafos más adelante apunta a que legisladores de todas las bancadas también estarían involucrados:
“Figurarían dos de Morena, uno que oficialmente sigue siendo del PT, uno del Verde, el dizque independiente y uno o dos más de la llamada Chiquillada”.
Al respecto de estos señalamientos, la diputada Sonia Mendoza respondió:
“De manera personal, puedo decir que nunca me he sentado con alguien del gobierno estatal a la hora de tomar una decisión legislativa, ni he participado de este tipo de negociaciones. Desconozco por qué el señor Rodríguez hace este señalamiento, pero todo lo que asevera tiene que comprobarlo, porque son señalamientos altamente complicados”.
La diputada también dijo que espera que en próximos días el coordinador de la bancada del PAN y el presidente del partido llamen a una reunión para definir las acciones que tomaran para contestar como bloque a la acusación:
“Debemos salir pedir que se sancione a los responsables si es que existió esta situación o a quien lanza el señalamiento y no lo puede demostrar”.
El también panista, Rolando Hervert negó haber solicitado dinero para la aprobación del fiscal:
“El Partido Acción Nacional no se presta ni se prestará a ningún chantaje político ni centralista para el fiscal carnal, tan fue así que nuestra propuesta, que fue iniciativa de un servidor y del PAN: la separación y la autonomía del fiscal anticorrupción. No por una pluma o una voz que alguien diga vamos a caer en un juego político. Simplemente exhorto a que si existe alguna situación de ese tipo que lo denuncie por el medio adecuado, no a través de la tinta”.
Hervet agregó que “el implicar a diputados panistas con un presunto acto de corrupción obedece a un tema político por temas electorales, porque saben que es el partido que está con todas las posibilidades de ganar la gubernatura y empiezan los golpes bajos”.
Sonia Mendoza dijo que es incongruente lo escrito por Juan José Rodríguez, pues la mayoría de los integrantes de la fracción panista votaron para rechazar la terna de perfiles enviados por el gobernador Juan Manuel Carreras, sin embargo, el periodista explicó porque la votación no se habría concretado de acuerdo a lo pactado:
“El miércoles 26, los seis diputados albiazules se reunieron con su dirigencia partidista a las ocho de la mañana para recibir la buena nueva y convenir el sentido de sus votos en la sesión que comenzaría dos horas más tarde. En esa reunión, alguien dijo que según el Secretario General de Gobierno, por lo menos una dama de las ahí presentes había recibido varios cientos de miles de pesos con anterioridad, con lo que ardió Troya. La aludida lo negó airada y categóricamente, y exigió que su coordinador de fracción arreglara de inmediato una entrevista de todo el grupo con Alejandro Leal Tovías para aclarar paradas”, una alusión indirecta a la propia Mendoza Díaz.
Juan Francisco Aguilar Hernández, presidente del PAN en San Luis Potosí, afirmó que este viernes buscará reunirse con todos los diputados de sus partido para que expliquen lo ocurrido: “Niego haber estado en la junta a la que se refieren o haber aceptado un arreglo como el señalado”.
La Orquesta pidió un posicionamiento oficial al gobierno estatal, no obstante, el área de comunicación social rechazó hacer declaraciones al respecto.
CÓMO LLEGARÍA EL FISCAL
El pasado 26 agosto, el Congreso del Estado sesionó para elegir, siete meses después de la renuncia de Jorge Vera, a un nuevo fiscal anticorrupción. No obstante, en medio de las protestas de varios grupos de manifestantes que afirmaban que Juan Manuel Carreras pretendía imponer a Felipe Aurelio Torres Zúñiga, los diputados rechazaron la terna enviada por el gobernador y que se completaba con Leticia García Torres y Xóchitl Martínez Calderón. Esto significa que el mandatario deberá formular una nueva, en la que puede incluir a dos de los tres participantes, de ser nuevamente rechazada, podrá designar de forma directa a quién tendrá el cargo.
Ante la inminencia de la nueva votación Juan José Rodríguez afirmó que será mucho más complicado que se vuelvan a ofrecer sobornos para influir en el resultado:
“Siento menos factible que esto ocurra, no solo por el hecho de lo que haya publicado yo. En la fracción del PAN se pelearon cuando se habló de que una de las integrantes había recibido dinero, eso ya establece un grado de dificultad para que se pongan de acuerdo. Pero además va a ser mucho más difícil que acuerden algo así, porque los ojos de la gente estarán muy atentos”.
Finalmente, Rodríguez Medina apuntó que de ser nombrado Torres Zúñiga como fiscal, su gestión no comenzaría en las mejores condiciones: “por lo menos llegará con un desgaste. Él es el más ajeno a su propia circunstancia, porque hasta donde yo sé, nunca participó de ningún tipo de negociación, incluso no sé qué tan enterado estaba, pero va a llegar marcado con algo que ni siquiera le corresponde”.
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El pasado 3 de julio el padre de “Chuy” Nava fue detenido por agresiones contra una mujer, sin embargo fue liberado a las pocas horas; no sería la primera carpeta en su contra por este delito
Por: Redacción
A casi un mes de la detención de J. Santos “N”, padre del presidente municipal de Cerro de San Pedro, Jesús “Chuy” Nava, perteneciente al PRI, el caso se ha convertido en un asunto con implicaciones políticas que amenazan con marcar el futuro del grupo que actualmente gobierna el municipio.
A través de redes sociales, habitantes del municipio han externado sus dudas sobre la actuación de las autoridades, los señalamientos de un posible tráfico de influencias, las versiones sobre presuntas presiones para que la víctima otorgara el perdón y el antecedente de otras investigaciones por hechos similares han colocado al gobierno municipal en el centro de una controversia que trasciende el ámbito judicial y comienza a impactar la imagen del proyecto político de la familia Nava.
La madrugada del 3 de julio comenzaron a difundirse en redes sociales reportes ciudadanos sobre la presunta detención de J. Santos “N”, identificado como padre del alcalde de Cerro de San Pedro.
De acuerdo con las versiones difundidas por vecinos, el hombre habría sido asegurado tras un incidente en agravio de una mujer identificada como Mayra “N”. También trascendió que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos.
La información señalaba que el detenido fue trasladado a las celdas preventivas mientras se definía su situación jurídica. Sin embargo, horas más tarde comenzaron a circular publicaciones que afirmaban que había recuperado su libertad el mismo día.
Las críticas por el hecho se dirigieron hacia el presidente municipal, al considerar que su parentesco con el señalado podía influir en el desarrollo del procedimiento.
Durante los días posteriores, diversos usuarios en redes sociales exigieron que el caso fuera investigado sin privilegios, mientras reclamaban que la ley se aplicara de la misma manera que en cualquier otro asunto de violencia contra las mujeres.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha explicado públicamente cuál fue el seguimiento jurídico del caso.
No se ha informado cuáles fueron las actuaciones ministeriales derivadas de la detención, si la investigación continúa abierta, ni bajo qué circunstancias se determinó la situación jurídica del señalado. Tampoco existe una postura oficial que responda a los cuestionamientos surgidos entre la población respecto al procedimiento.
Fuentes cercanas al caso consultadas por este medio aseguraron que la víctima habría sido presionada para otorgar el perdón al presunto agresor. Aunque esta versión no ha sido confirmada por la Fiscalía General del Estado ni por otra autoridad competente, representa uno de los principales cuestionamientos que rodean el caso, debido a que pondría en entredicho las condiciones en las que se desarrolló el procedimiento.
De acuerdo con información obtenida por este medio, esta no sería la primera carpeta de investigación relacionada con presuntos hechos de violencia que enfrenta J. Santos “N”; pues hay dos más en los años 2019 y 2020.
La dimensión política comenzó prácticamente desde el primer día. Diversas publicaciones ciudadanas en Facebook cuestionaron que el padre del alcalde recuperara su libertad pocas horas después de su detención y señalaron un posible uso de influencias para favorecerlo.
Incluso algunos mensajes compararon el caso con otros procesos de violencia contra mujeres que sí derivaron en condenas penales, argumentando que la aplicación de la justicia parece variar cuando los involucrados mantienen vínculos con el poder político.
El caso también coincide con el momento en que distintos grupos políticos comienzan a preparar la sucesión municipal.
Fuentes cercanas a la vida política de Cerro de San Pedro señalaron a este medio que integrantes de la familia del actual presidente municipal buscan mantenerse como un grupo con influencia dentro del gobierno local una vez concluida la administración encabezada por Jesús “Chuy” Nava.
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La buena noticia es que, comparado con junio de 2025, el indicador bajó 12.3 puntos porcentuales, lo que refleja una mejora respecto al año pasado
Por: Ana G Silva
La percepción de inseguridad entre los habitantes de San Luis Potosí aumentó durante el segundo trimestre de 2026, en contraste con la tendencia nacional, que registró una disminución. Sin embargo, al comparar los resultados con el mismo periodo del año pasado, la entidad muestra una mejora importante de más de 12 puntos porcentuales.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada este 24 de julio por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló que el 62.5 por ciento de la población de 18 años y más en la ciudad de San Luis Potosí considera que vivir en la capital es inseguro, frente al 57.6 por ciento reportado en marzo de este mismo año.
Este incremento ocurre mientras que, a nivel nacional, la percepción de inseguridad siguió una trayectoria opuesta. En el conjunto de las 91 ciudades evaluadas por la ENSU, el porcentaje de personas que consideran insegura su ciudad pasó de 61.5 a 59.8 por ciento, lo que representó una disminución estadísticamente significativa respecto al trimestre anterior.
Aunque el aumento registrado en San Luis Potosí no fue señalado por el INEGI como un cambio estadísticamente significativo, sí coloca a la capital potosina por encima del promedio nacional, pues casi dos de cada tres habitantes continúan percibiendo a la ciudad como un lugar inseguro para vivir.
La comparación anual muestra un panorama distinto
Pese al incremento observado entre marzo y junio de este año, el comportamiento cambia al revisar el comparativo anual.
En junio de 2025, 74.8 por ciento de los habitantes de San Luis Potosí afirmaba sentirse inseguro en la ciudad. Para junio de 2026, esa cifra disminuyó a 62.5 por ciento
Esta reducción coloca a San Luis Potosí entre las ciudades que lograron mejorar su percepción de seguridad respecto al año anterior. De acuerdo con la ENSU, 23 ciudades del país registraron disminuciones significativas en la percepción de inseguridad durante el último año, mientras que únicamente seis presentaron incrementos.
A nivel nacional también se observó una mejora anual, al pasar de 63.2 por ciento en junio de 2025 a 59.8 por ciento en junio de 2026.
A pesar de la mejora anual, la capital potosina continúa ubicándose ligeramente por encima del promedio del país en percepción de inseguridad.
Mientras el promedio nacional se ubicó en 59.8 por ciento, en San Luis Potosí alcanzó 62.5 por ciento, una diferencia de 2.7 puntos porcentuales, lo que refleja que la percepción ciudadana sobre la seguridad aún no logra alinearse con la tendencia nacional de recuperación.
La ENSU mide trimestralmente la percepción de seguridad de la población de 18 años y más en 91 ciudades del país, con el objetivo de generar información sobre la forma en que la ciudadanía evalúa las condiciones de seguridad pública y aportar elementos para el diseño de políticas públicas en esta materia.
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La Fiscalía potosina, en coordinación con fuerzas estatales y federales, detuvo a un presunto involucrado en la agresión ocurrida la mañana de este domingo
Por: Redacción
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informa que, tras la agresión a la Guardia Civil Estatal ocurrida esta mañana en la comunidad de Cerrito de la Cruz, en la delegación de La Pila, de esta capital, y en la que fallecieron dos elementos de dicha corporación, la Policía de Investigación, la Guardia Civil Estatal y el Ejército Mexicano aseguraron a un presunto involucrado en estos hechos.
El operativo de rastreo y búsqueda interinstitucional se activó justo después de que los números de emergencia reportaran esta mañana la agresión a policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, mientras que personal de la Vicefiscalía Científica recupera indicios en el lugar para fortalecer las investigaciones
La FGESLP agregó que, conforme avancen las diligencias, se dará a conocer la actualización correspondiente a través de los canales institucionales, con el fin de no afectar el desarrollo de la investigación.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí refrenda su compromiso de trabajar con probidad, profesionalismo y justicia a favor de las y los potosinos.
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