Las iniciativas reparten tareas entre la Secretaría de Salud, los 59 ayuntamientos y el Instituto Potosino de la Juventud, con atención especial a las personas jóvenes

Por: Redacción

La diputada local María Aranzazu Puente Bustindui presentó dos iniciativas para que más instituciones participen en la prevención del suicidio en San Luis Potosí. Una reforma la Ley de Salud Mental del Estado y Municipios y la otra la Ley de la Persona Joven para el Estado y Municipios.

La primera propuesta busca que los municipios organicen programas y campañas de prevención y sensibilización a través de sus Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y en coordinación con la Secretaría de Salud. También plantea que los DIF detecten los primeros casos de riesgo, orienten a las personas y las canalicen a tiempo a los servicios de atención, siguiendo los protocolos de la autoridad sanitaria.

Según la legisladora, la prevención necesita una respuesta coordinada. La Secretaría de Salud fija los criterios técnicos y los protocolos, pero también hay que fortalecer a las instituciones que tratan todos los días con las personas y sus familias. Explicó que la reforma aprovecha estructuras que ya existen en la ley estatal y deja claro qué le toca hacer a cada municipio.

El Instituto de la Juventud también entraría

La segunda iniciativa agrega una fracción al artículo 68 de la Ley de la Persona Joven. Con ella, el Instituto Potosino de la Juventud participaría junto con la Secretaría de Salud y los 59 ayuntamientos en acciones, programas y campañas de prevención y sensibilización sobre el suicidio.

El Instituto también tendría que identific ar señales de alerta, orientar a quien lo necesite y canalizarlo a tiempo a los servicios de atención, de acuerdo con los protocolos de la Secretaría de Salud. Estas acciones irían dirigidas a toda la población, con atención especial a las personas jóvenes. Puente Bustindui sostuvo que así cada autoridad participaría desde sus atribuciones y bajo los mismos criterios técnicos.

Jóvenes, el grupo con la tasa más alta

Las propuestas llegan cuando San Luis Potosí está por encima del promedio nacional. Según datos preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas 2025 del Inegi, el estado cerró el año con una tasa de 9.1 suicidios por cada 100 mil habitantes, frente a 6.7 en el país, y ocupó el sexto lugar nacional.

En todo el país, la población de 15 a 29 años registró la tasa más alta de todos los grupos de edad, con 10.2 casos por cada 100 mil habitantes. Ese grupo concentró 38.1% de los suicidios de 2025, y el suicidio fue su tercera causa de muerte.

Las iniciativas se turnaron a las comisiones de Salud y Asistencia Social, y de Niñas, Niños, Adolescentes, Juventud y Deporte. Ahí se analizan y se dictaminan antes de poder llegar a votación en el Pleno.

También lee: Mujeres de 15 a 29 y hombres de 30 a 44 concentran las mayores tasas de su1c1d10

El concepto servirá de base para programas y políticas de igualdad en el estado

Por: Redacción

El Pleno del Congreso del Estado aprobó incluir el concepto de corresponsabilidad familiar en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de San Luis Potosí, a propuesta de la diputada Brisseire Sánchez López.

La ley entenderá la corresponsabilidad familiar como el reparto equilibrado de las tareas domésticas y las responsabilidades familiares entre todas las personas que viven en un hogar, no solo entre el padre y la madre. Eso incluye a hijas, hijos y otras personas que comparten el mismo techo.

Según la diputada, el reparto abarca las tareas de la casa y su organización, así como el cuidado, la educación y el afecto de las personas que dependen de otras. El objetivo es dividir de manera justa el tiempo de cada integrante del hogar, sobre todo entre mujeres y hombr es.

De acuerdo con la exposición de motivos, es decir, la explicación que acompaña a la propuesta, tener el concepto escrito en la ley da certeza jurídica

La carga sigue en las mujeres

El reparto todavía está lejos de ser equilibrado. Según datos del INEGI, las mujeres dedican 39.7 horas a la semana al trabajo doméstico, de cuidados y voluntario sin pago, frente a 18.2 horas de los hombres.

En julio, el diputado Marco Antonio Gama Basarte presentó otra iniciativa en esta línea: crear la Ley del Sistema Estatal de Cuidados, que busca reconocer el trabajo de cuidados no remunerado, hecho principalmente por mujeres.

También lee: Más mujeres al frente de los hogares de SLP, pero con más carga: INEGI

Rodrigo Lecourtois dijo que el aumento solo cubre el ajuste salarial pactado con los sindicatos

Por: Redacción

El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) pidió 311 millones de pesos para operar en 2027, 6 millones más que este año. El auditor superior del Estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, entregó el proyecto a la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso del Estado.

El IFSE es el organismo que revisa cómo gastan el dinero público el Gobierno del Estado, los ayuntamientos y otras instituciones. Su presupuesto debe pasar por el Congreso: según el artículo 68 de la Ley de Fiscalización, a los diputados les toca conocerlo y opinar sobre él, explicó el presidente de la comisión, Luis Fernando Gómez Macías.

La comisión analizará la propuesta y la enviará a la Directiva del Congreso para que se incluya en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado 2027, la ley que fija cuánto dinero recibe cada dependencia el próximo año.

“Es un presupuesto acorde, responsable, que no considera ni siquiera el ajuste inflacionario”, dijo Gómez Macías.

Más trabajo con la ASF

El diputado explicó que el IFSE tendrá más carga en 2027 por la coordinación con la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En julio, ambos organismos firmaron un convenio que permite al IFSE auditar por primera vez recursos federales que llegan al estado.

Lecourtois López aseguró que el proyecto “no plantea aumentos caprichosos”. Según explicó, el incremento solo cubre el ajuste de sueldos que el Gobierno del Estado acordó con los sindicatos y que se aplicará el próximo año.

El auditor recordó que el año pasado se aprobó un presupuesto similar, al que el Poder Ejecutivo le hizo ajustes y que quedó con un aumento de 5 millones. Por eso, dijo, este año el aumento es pequeño: 2.03 por ciento.

También lee: 1,794 millones de pesos por justificar: primeras observaciones del IFSE