En San Luis Potosí aún no hay fecha para que comience a operar la Guardia Nacional, que incumplió el compromiso de implementar un mando civil

Por: El Saxofón

A contrapelo de sus partidos, la mayoría de los gobernadores de los estados del país, aceptaron sin chistar la creación de la Guardia Nacional, propuesta por el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y tampoco dijeron nada cuando se incumplió el compromiso de dotar a la nueva corporación de un mando civil, y se impuso a un militar en retiro.

Ningún gobernador hasta ahora, ha hecho eco de las advertencias de las Organizaciones de la Sociedad Civil que señalan el riesgo para los derechos humanos que implica esta nueva forma de militarización.

Los mandatarios se han replegado, y han asumido tácita o expresamente la debilidad e incapacidad de sus cuerpos policiacos para controlar la violencia y la criminalidad.

Para los gobiernos estatales, que el Gobierno Federal vuelva a asumir en sus manos la agenda de seguridad les quita un peso de encima.

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la administración federal buscó delegar responsabilidades en materia de seguridad a los gobernadores. Fueron numerosos los “respetuosos” llamados desde la Secretaría de Gobernación a los gobiernos locales, a que hicieran su parte en el trabajo.

A la luz de las cifras y de los hechos, falló el gobierno federal, pero también fallaron los gobiernos locales, y eso se sabe en cada estado. La inseguridad creció más que en el sexenio anterior. Las entidades que recibieron apoyo, algunas mejoraron, otras siguen igual. Pero mientras se apoyaba a unas, en otras la delincuencia iba creciendo hasta llegar a casos graves como el de Guanajuato.

Otras entidades, como Tamaulipas, siguen estando igual que en años anteriores. Tal parece que allí no pasa sino lo que la delincuencia quiere que pase.

El 18 de abril de 2018, el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong hizo el enésimo llamado a las autoridades a fortalecer las instituciones de seguridad municipales y estatales, y asumir una labor de corresponsabilidad para enfrentar con mayor eficacia a la delincuencia. Osorio Chong, lamentó que los intereses electorales y partidistas frenaran la depuración de las corporaciones policiales y manifestó su rechazo a un eventual mando mixto, que por entonces se discutía en el Congreso de la Unión.

Este fue uno de los últimos llamados a los gobiernos estatales a hacer su parte en el tema de la inseguridad, pero antes hubo varios.

El 21 de diciembre de 2016 Osorio Chong, urgió a los estados y municipios a fortalecer sus instituciones de seguridad y justicia, así como a potenciar sus capacidades operativas para hacer frente a la inseguridad.

En esa ocasión, durante la 41 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, advirtió que la función que desempeñaban las fuerzas federales debía ser complementaria y concurrente a la labor que realizan las autoridades locales.

“Es indispensable fortalecer las capacidades del Estado, particularmente las locales, en donde la debilidad institucional ha cedido espacios de acción y expansión al fenómeno delictivo”, manifestó.

En presencia del entonces presidente Enrique Peña Nieto y los gobernadores, Osorio Chong destacó que la Federación había otorgado recursos, brindado capacitación y asistencia técnica, y compartido tecnología e información con entidades y municipios.

El 2 de febrero de 2017, el titular de la Segob, encabezó junto con el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, la reunión de seguridad en esa entidad, donde aseveró que era fundamental fortalecer las instituciones de seguridad local para combatir con mayor eficacia la delincuencia.

El 5 de mayo de ese mismo año, justificó que el incremento de inseguridad en el país era debido a la debilidad de instituciones policiales en estados y municipios. Además se refirió a la desarticulación de bandas del crimen organizado que se quedaron sin sus líderes y la falta de legislación en materia de seguridad, como otros factores importantes.

Por esa misma época, en una entrevista con Ciro Gómez Leyva en su espacio de Radio Fórmula, Osorio Chong subrayó que ante la falta de un marco legal adecuado para atender el tema de la inseguridad en el país, la Federación tiene que actuar. Sin embargo, añadió, el problema era que estados y municipios no habían cumplido con el fortalecimiento de sus instituciones de policía, y advirtió que  se les condicionaría el apoyo.

“Si nos piden (estados y municipios) renovación de convenio para que las Fuerzas Armadas estén en sus estados, sí lo vamos a firmar a partir del compromiso de formación de instituciones. Si no hay compromiso, no firmamos. No es un acto de irresponsabilidad, sino al contrario”, dijo.

En suma, la segunda mitad del sexenio pasado se fue en repartir culpas: cuando se recrudecía la violencia en alguna entidad, el gobierno estatal en turno tenía dos opciones: o pedía ayuda, o acusaba el abandono del gobierno federal.

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El gobierno de López Obrador, que apenas arranca, se ha mostrado consciente de lo mal que siguen estando las corporaciones locales. En este sentido, el Gobierno Federal ha retomado en sus manos la responsabilidad de recuperar la seguridad en las entidades federativas; igual que ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón, o en los primeros años del sexenio de Enrique Peña Nieto; lo que presuntamente difiere, son las formas y la estrategia.

Hubo algunos cambios, se quitó a la Secretaría de Gobernación su responsabilidad en este tema y se creó la Secretaría de Seguridad.

Hasta hace unas semanas, la Secretaría de Seguridad, al mando de Alfonso Durazo Montaño, tenía identificadas a 21 regiones del país que requerían atención urgente; sin embargo, el pasado 13 de marzo, se dio a conocer que dichas regiones habían aumentado a 45, y que incluso podrían aumentar a 70.

Sin embargo, por ahora, la Guardia Nacional recién creada y al mando del General Luis Rodríguez Bucio, actuará en 21 regiones, mientras que para las 24 restantes, entre las que se incluye San Luis Potosí, aún no hay fecha para que inicien las operaciones de la nueva corporación federal.

Se trata de 24 ciudades en 16 estados del país, entre las que destacan: Cuernavaca, Morelia, Uruapan, Puerto Lázaro Cárdenas, Oaxaca capital, Hermosillo, Ciudad Nezahualcóyotl, Querétaro capital, San Luis Potosí capital, La Paz, Fresnillo, Tlaxcala capital, Puebla capital y Villahermosa.

Alfonso Durazo reconoció que hay 50 regiones que necesitan atención urgente, sin embargo, también dijo que no hay personal suficiente para cubrirlas, por lo que hay que esperar.

Como se puede ver, en el discurso es notorio que el gobierno federal ha asumido la responsabilidad de la seguridad en dichas regiones. Si bien se sigue haciendo alusión a la coordinación que debe haber con las autoridades locales, esta no se nota en los hechos.

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A más de diez años del inicio de la guerra contra el narco, el Estado luce cansado, descompuesto. Años de “combate”, miles de millones de pesos destinados a la seguridad en estados y municipios, hasta hoy, no se traducen en un solo saldo favorable. Nuevo León por ejemplo, que vivió una época de terror y logró controlar el problema durante unos años, hoy vuelve a vivir tiempos violentos.

Nuevo León vive una ola de violencia, principalmente en los municipios de la zona metropolitana de Monterrey que comprende Cadereyta, Santiago, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, Apodaca, Santa Catarina, Santiago y San Pedro Garza García. Robo y homicidio son los principales delitos.

El caso de Nuevo León, o el aumento sostenido de la incidencia delictiva en San Luis Potosí en los últimos años, prueban que la criminalidad está sin control y que, por más estrategia que apliquen los gobiernos, la violencia siempre está a un tris de estallar.

La nueva manera de enfrentar la delincuencia apenas empieza a cobrar forma, por ahora el gobierno federal ha podido ponerse de acuerdo con la mayoría de los gobernadores, habrá que ver qué pasa cuando la estrategia se aplique de lleno y empiece a generar resultados, sean estos cuales fueren, positivos o negativos.

Sin duda alguna, en los últimos 12 años, el Estado ha perdido el monopolio de la violencia, y éste ha quedado en manos de los criminales.

Llevamos doce años invirtiendo dinero en las corporaciones locales. Para eso se crearon programas como el Subsemun (Subsidio para la Seguridad Municipal), el Fortaseg (Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad), el FASP (Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública) y no hay resultados.

En los últimos 3 años, de 2016 al 2018, la criminalidad aumentó en varias regiones del país, y se sigue diciendo que las policías estatales y municipales carecen de equipamiento y formación; incluso muchas autoridades locales consideran que enfrentarse a los grupos de crimen organizado es imposible.

De esta manera recursos y discurso han ido concentrando la responsabilidad de la seguridad pública cada vez más en el nivel federal.

El gobierno de López Obrador ha decidido apoyar su estrategia en el Ejército y la Marina, las únicas corporaciones que mantienen un nivel alto de credibilidad, pese a los atropellos que sus elementos han cometido, algunos de los cuales han sido de conocimiento público.

El cuadro que nos han pintado en los últimos años, le hacen pensar a cualquiera que no hay otra opción. Algunos han planteado qué hacer para evitarlo: fortalecer a las policías estatales y municipales, pero no han planteado el cómo. Llevamos 12 años en eso y no hemos logrado fortalecer nada.

Ante este panorama cualquiera diría que sacar al Ejército de las calles y devolverlo a los cuarteles sería una decisión descabellada, aún aquellos que se oponen a la militarización.

https://laorquesta.mx/2017-ano-mas-robos-violentos-homicidios-violaciones/