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Gobierno de SLP admite pago a empresas fake y adelanta investigación
Medios nacionales informaron que diversas dependencias del gobierno de San Luis Potosí pagaron facturas a empresas fake, según el SAT
Por: Redacción
Ada Amelia Andrade Contreras, Oficial Mayor del Gobierno de Estado de San Luis Potosí, aseguró que el Poder Ejecutivo tiene un control sobre la contratación de empresas que prestan servicios a las diversas dependencias estatales; esto luego de que se diera a conocer que la empresa 79 Integración Empresarial Center, señalada por el SAT como empresa que realiza operaciones ficticias, realizó operaciones para el gobierno.
La funcionaria confirmó una operación en el Periódico Oficial del Estado por la cantidad de 26 mil pesos en el año de 2017, y que incluso en la Secretaría de Educación se detectaron 3 operaciones con la cantidad de 556 mil 924 pesos por conceptos de papelería que datan de diciembre de 2017 y primeros días de 2018, por lo cual se investiga la confiabilidad de estas operaciones.
Al respecto, el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras, confirmo que, de ser así, las irregularidades serán castigadas conforme a la ley.
La empresa conocida como 79 Integración Empresarial Center (79 IEC) fue señalada de realizar varias operaciones millonarias dentro de instituciones del Estado, esta misma con dirección ubicada en Reforma 1015; los habitantes de esta dirección informaron al SAT que se trataba de un domicilio particular y que no tenían relación con la citada empresa, misma que también hizo facturas para personas físicas y morales, las cuales en operaciones sumaron hasta 114 millones de pesos el pasado año.
El 31 de octubre de 2018, la Administración General de Auditoría del SAT, a través de un oficio informó que 12 ayuntamientos, DIF de Mexquitic, SEGE, UASLP, e incluso el Gobierno del Estado pagaron alrededor de 143 facturas durante todo el año pasado, llegando a la suma de 15 millones de pesos; son, por lo menos 17 dependencias de gobierno las que fueron señaladas de haber este tipo de empresas para facturar de esta manera.
Dicho lo anterior, el gobierno de San Luis Potosí, a partir de 2018, dijo haber fortalecido el padrón de proveedores y sus contratistas, para así blindarse de empresas que estuvieron presentando irregularidades en sus domicilios, y que fueron señaladas por facturar operaciones simuladas, y así garantizar la entrega de bienes, obras y servicios, según informaron propia la Oficial Mayor y el Contralor General del Estado José Gabriel Rosillo Iglesias.
Finalmente, Carreras López confirmo que la Contraloría del Estado es la encargada de revisar este tema, recordando que ya se había elaborado la normatividad en la cual las empresas tenían que estar regularizadas por parte de cada una de las dependencias.
https://laorquesta.mx/incendio-en-una-empresa-de-asfalto-slp/
El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
También lee: Diputados federales del PAN exigen a FGR investigación contra Sánchez Zumaya
Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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